LOS FEMINICIDIOS QUE LA FISCALÍA SILENCIÓ EN PEREIRA

La Cola de Rata conoció tres casos de presunto feminicidio en la ciudad, cuyas investigaciones no avanzan en la Fiscalía. Ante la dilación en los procesos, lxs familiares de Paula, Samara y Leidy piden justicia y exigen celeridad.

 

Este texto se produjo en el marco de la primera edición de la beca de periodismo investigativo Ana Cristina, iniciativa de Cuestión Pública en alianza con la Fundación Heinrich Böll.

 

La ruta hacia la obtención de justicia en casos de violencia feminicida en Colombia parece no tener un norte claro. En nuestro país, solo el 13% de los casos de feminicidio llegan a sentencia condenatoria y alrededor del 75% de los casos quedan en impunidad, según explicó a El Tiempo Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en Colombia. 

El departamento de Risaralda no es la excepción: las cifras oficiales están lejos de coincidir con las reportadas por las colectivas feministas. En octubre de 2020, la Fiscalía Seccional de Pereira aseguró que no se presentaron casos de feminicidio durante ese año y que, por otro lado, logró esclarecer los tres casos de tentativa de ese delito que fueron reportados en Pereira y Mistrató.

Esta información resulta desconcertante porque el Observatorio de Violencias Basadas en Género de Risaralda de la Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” informó que el año pasado cerró con 4 feminicidios y 16 feminicidios en grado de tentativa, en el departamento. No es la única organización con datos distintos. Estefanía Rivera del Observatorio de Feminicidios Colombia (OFC) de la Red Feminista Antimilitarista informó que en su conteo, entre 2019 y 2021, se presentaron 19 casos de feminicidios y 9 en grado de tentativa en Risaralda. ¿Cómo es entonces posible que para el ente investigador, encargado de llevar a los presuntos feminicidas ante los jueces, no exista ninguno?

Bastaría, incluso, contrastar el anuncio de la propia Fiscalía Seccional con los datos abiertos de la entidad para notar que algo no cuadra. Desde marzo de 2016 hasta mayo de 2021 se presentaron 72 casos de feminicidios en noticia criminal en Risaralda y en solo 30 de ellos se profirió condena.

Adicional a las posibles contradicciones en las cifras oficiales, la reportería hecha por La Cola de Rata daría cuenta de la ausencia de investigaciones que permitan esclarecer escenarios donde la línea entre homicidio y feminicidio se diluye. Es decir, casos en los que siendo posibles feminicidios, los fiscales decidieron no incluir esta línea de investigación clave para investigar el asesinato de mujeres en el departamento. Además, en los casos que analizamos encontramos que, si el crimen no fue presuntamente cometido por las parejas o exparejas de las víctimas, los tiempos de investigación por parte de la Fiscalía se dilatan y el esclarecimiento del feminicidio se posterga.

Como lo es  la historia de Luisa Fernanda Montoya Chica, mujer que fue violentada sexualmente, asesinada y encontrada envuelta en una cobija en el sector del polideportivo La Aurora del barrió El Japón de Dosquebradas (Risaralda) en 2019. Pese a que se comprobó violación y asesinato, las autoridades profirieron condena por homicidio, no por feminicidio.

Consultada por La Cola de Rata, Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista dijo que el silenciamiento por parte de la Fiscalía regional no hace otra cosa que engrosar la violencia sistemática y estructural en contra de las mujeres en el país:

A continuación la exposición de los casos recabados por La Cola de Rata que no han sido investigados por la justicia en Risaralda; este trabajo periodístico arrojó los hechos y las circunstancias que rodearon a las víctimas. Dichos hallazgos merecen que la Fiscalía enderece el cauce de estas investigaciones como presuntos feminicidios:

 

Olvidadas por la justicia

Paula Esmeralda González Valencia

Nació en Pereira el 11 de febrero de 1999. Era la menor de tres hermanos y creció rodeada del cariño de sus padres. “Ella era muy tierna, muy sencilla y se hacía amiga de todo el mundo. Era feliz, le encantaban los niños y estaba estudiando Pedagogía Infantil. Quería tener su propia guardería”, dijo Gloria Valencia, su madre.

La última vez que Gloria vio a su hija Paula fue el 30 de mayo de 2020, alrededor de las 7:30 p.m., cuando ella le comentó que se vería con Juan Pablo González Echeverri, su esposo.

Al día siguiente, el 31 de mayo, el cuerpo de Paula fue hallado en la profundidad del parque El Oso, ubicado en la ciudadela Cuba. Ninguna de sus pertenencias faltaba, salvo su celular. Según el primer dictamen de Medicina Legal, Paula murió ahogada en un caño ubicado en los límites del parque. En el documento, la institución afirmó: “Se está a la espera de los resultados de laboratorio para determinar la causa de muerte. Hasta el momento la Fiscalía no cuenta con elementos materiales probatorios para inferir cómo se produjo el deceso de la señora González Valencia.”

Aunque se desconoce si el asesinato de Paula fue cometido por su pareja sentimental, su familia tuvo acceso al informe del Instituto de Medicina Legal y en él describen que su cuerpo fue arrastrado y sus pulmones estaban llenos de agua y arena. Por eso, se debería investigar como un feminicidio. Así lo cita el artículo 2 de la Ley 1761 (Rosa Elvira Cely), por la que se tipifica este como un delito autónomo: “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer […] y que haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias: […] Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.”

A más de un año del asesinato de Paula, aún no se conocen avances en la investigación que la Fiscalía lleva en su caso. Hasta la fecha, esta misma entidad ha catalogado el crimen como un homicidio, no como un feminicidio.

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Geraldine Samara Pérez Ruiz 

Fue encontrada sin vida el 6 de septiembre de 2020 junto a las canchas del barrio San Judas en Pereira, zona que limita con el Viaducto César Gaviria Trujillo. Tenía 18 años y era estudiante de décimo grado de bachillerato. Soñaba con escribir poesía y según su madre, Adriana Ruiz, “se quería enamorar y quería vivir una vida plena”.

Su caso también permanece impune. La Fiscalía sostiene que Samara se suicidó, argumentando que su cuerpo fue hallado bajo el Viaducto. “Si yo tengo que vivir con el único propósito de buscar justicia, lo voy a hacer”, expresó su madre, Adriana.

Ante las dilaciones de la investigación por parte de la Fiscalía sobre la muerte de su hija, tuvo que contratar a un investigador privado para conseguir pruebas y aportar en el proceso de indagación en el caso de Samara. “Nosotros [su madre y amigxs] tenemos pruebas de todo lo que pasó esa noche, pero la Fiscalía no toma en cuenta los videos ni las pruebas que le hemos presentado. Siempre dicen que no hay a quién atribuirle cargos y vuelven a decir que fue un suicidio”, comentó la madre de la víctima.

En septiembre de 2021 su abogado Ricardo Villegas presentó un memorial con las pruebas a la Fiscalía. “Lo que yo veo es que no hacen su trabajo. En el memorial que entregamos a esa entidad adjuntamos pruebas como las cartas en las que mi hija [Samara] escribía que su expareja, con quien salió la última noche que fue vista con vida, la violentaba física y psicológicamente. Son pruebas que la Fiscalía se niega a recibir”, aseguró. Adriana y su abogado buscan que se tenga en cuenta la violencia de género de la que Samara fue víctima, exigen que su asesinato sea tipificado e investigado como un feminicidio.

La madre de la víctima denunció otras posibles irregularidades en el caso. “No hubo revisión de las cámaras de seguridad de la zona, ni exploración del lugar donde hallaron el cuerpo de mi hija”, dijo. Solo sabe que su cuerpo fue hallado con múltiples hematomas.

Adriana González, abogada pereirana y defensora de los derechos de las mujeres, aseguró que la Fiscalía está obligada a esclarecer el hecho, encontrar al culpable y a representar a las víctimas. Eso, según explicó a este medio, es perjudicial para las mujeres: “[antes], cuando las víctimas se hacían sujetos procesales, tenían toda una capacidad jurídica dentro del proceso, más autonomía e independencia. Pero ahora el apoderado de las víctimas o de la familia está al arbitrio de las decisiones del fiscal asignado. Eso genera un doble problema: estaríamos hablando de una Fiscalía que, además de ineficiente e incompetente, no representa a las víctimas como debe”.

Adriana Ruiz, mamá de Samara, radicó el 23 de junio de 2021 un derecho de petición a la Fiscalía solicitando información de los avances en la investigación por el asesinato de su hija y conocer el informe de Medicina Legal.

Familiares, amigxs de Samara y colectivas feministas ejercen presión —desde las redes sociales a través del hashtag #JusticiaParaSamara— exigiendo celeridad en la investigación por su asesinato.

Adriana Ruiz sostiene las cartas que su hija escribía donde expresaba los pros y contras de su pareja. Foto: Santiago Ramírez Marín.

 

Los feminicidios de Paula y Samara no habrían sido los únicos que se presentaron en el 2020 y que la Fiscalía de Risaralda no incluyó en su reporte oficial.

Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, en el municipio de La Virginia se registraron dos casos de presunto envenenamiento de las hermanas María Paula Gallego Valencia y Laura Valentina Santa Valencia. Medios de comunicación  reportaron en 2020 el ataque con arma de fuego contra Lina Graciela Corredor Burgos, Verónica López Grajales y el caso de Olga Liliana Posada Zuleta, baleada en Belén de Umbría. A ellas se suma el caso de Ana Milena Bolívar Escalante, cuyo asesinato ocurrió el 24 de diciembre del 2020 y se profirió condena en mayo del 2021. Ninguno de esos crímenes figuró en el conteo y menos en las investigaciones de la Fiscalía.

 

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Leidy Johana Rudas Ospina

 

En 2021 el Observatorio de Feminicidios Colombia reportó ocho feminicidios en Risaralda con corte al 31 de agosto. El caso de Leidy conmocionó al sector del Parque Industrial el pasado 13 de julio: encontraron su cuerpo en un cafetal cerca de la glorieta que conecta al casco urbano de Pereira con este vecindario, en un lugar conocido como ‘El Hueco’.

Leidy nació el 20 de enero de 1991 y vivió gran parte de su infancia bajo los cuidados de su madre. A los 19 años, Leidy conoció uno de los lugares que se convertirían en habituales para ella: el barrio Parque Industrial.

“Ella se amañaba mucho allá, se sentaba en las panaderías a charlar con la gente. Era muy amiguera y la gente le daba cositas. Ella se acostumbró a pedir, a vender bombones y bananitas”, relató a este medio Patricia Ospina, madre de Leidy.

Patricia Ospina, madre de Leidy. Foto: Santiago Ramírez Marín

A pesar de los esfuerzos de Patricia por acudir a la Fiscalía y comunicarse con las autoridades competentes, no obtuvo respuesta sobre la investigación en el caso de Leidy. El Diario, medio de comunicación local, calificó su caso como “raro”. Patricia no comprende las circunstancias en las que murió su hija.

María Lucrecia, abuela de Leidy, aún recuerda todos los momentos que vivió junto a ella desde su nacimiento, eran muy cercanas: “La última vez que la vi la bañé, la perfumé, la organicé y salió como una ricachona, mejor vestida que nosotros. Le pregunté para dónde iba a lo que contestó “voy para donde mi amorcito”. Y yo le decía: “Traiga a ese corazoncito que yo lo quiero conocer”. Pero nunca regresó.

Habitantes de la zona y familiares de Leidy afirman que ella se relacionaba con Edison, mejor conocido como ‘El Mono’, un hombre que al igual que ella recorría parte del lugar reciclando. “Ella reciclaba en un carrito, yo tengo la foto ahí del viernes que hablamos con ella, la niña tenía un short azul, una camisa blanca y el cochecito [de reciclaje]”.

María Lucrecia Valencia, abuela de Leidy, sostiene la última foto de su nieta. Foto: Santiago Ramírez Marín.

Para el 14 de julio, día del entierro de Leidy, Patricia y María Lucrecia estaban desconcertadas. Aún no entendían cómo había sido asesinada. “El día del entierro de la niña me quedé como muerta. Hoy me rindo al dolor, a ratos siento resentimiento, lloro y lloro y luego se me pasa. Ahí voy”, dijo su abuela María Lucrecia con los ojos cerrados mientras contenía su llanto.

Así como la investigación por los asesinatos de Paula y Samara, el caso de Leidy continúa en etapa de investigación preliminar. Ellas hacen parte del conteo de feminicidios que realiza la Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” y el Observatorio de Feminicidios Colombia; pero no figuran en el reporte oficial de feminicidios en Fiscalía.

Para Natalia Restrepo, presidenta de la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand, existe un problema estructural en la tramitología de la Fiscalía para llevar a cabo las denuncias de violencias de género y esta misma situación ocurre con los feminicidios. “El discurso para decir que es violencia basada en género es llevarla a la violencia intrafamiliar, si no es intrafamiliar entonces no lo consideran violencia de género y hay deficiencias desde lo que podemos observar”, explicó Restrepo. Aún se presenta desconocimiento frente a la violencia de género y la manera en que se realizan investigaciones por crímenes de esa naturaleza.

Tras la insistencia y acercamientos de las periodistas de La Cola de Rata a la Fiscalía para entrevistar a lxs fiscales y conocer de primera mano cómo es que están determinando si es o no un presunto feminicidio, el 9 de noviembre de 2021 la Fiscalía nos respondió que no podía dar información sobre las características de los feminicidios, tampoco sobre el protocolo a seguir cuando ocurre un feminicidio, cuáles casos son tipificados como feminicidios, las pruebas válidas, el tiempo de investigación para estos casos ni el por qué se priorizan aquellos en los que hubo o existe  una relación sentimental. La negativa de la información fue argumentada diciendo que lxs fiscales no están autorizados a dar testimonios, ni conceder entrevistas.

Respuesta Fiscalía para embeber. 

 

¿Y quién las protege? 

En la Fiscalía se inició una estrategia para la investigación, esclarecimiento y judicialización de los feminicidios desde 2015 cuando se sancionó la Ley Rosa Elvira Cely. Dentro de ella se obtuvo un presunto esclarecimiento del 87,57% de los casos para 2019 en el país.

Según la entidad, para el año 2021 en Risaralda todos sus casos se encuentran resueltos. Se desconoce por qué su reporte no incluye los asesinatos de Paula González, Samara Ruiz, Leidy Rudas, ni los 42 casos —tanto de feminicidios como de tentativas— documentados por la misma Fiscalía desde el 2016 que siguen sin ser condenados.

En el 2021 se esclareció un caso, el de Ana Milena Bolívar Escalante, ocurrido el 24 de diciembre del 2020, aunque no  fue reportado en el boletín de ese año de la Fiscalía.

En respuesta al derecho de petición enviado por La Cola de Rata para conocer el número de casos reportados por la entidad se obtuvo la siguiente tabla, en el que reconocen solo un caso de feminicidio para el 2020:

Respuesta a derecho de petición de la Fiscalía del número de feminicidios del 2016 al 2021 en Risaralda.

 

Para Rivera, la Coordinadora del Observatorio de Feminicidios Colombia, es importante resaltar que una de las principales características que se tienen en cuenta a la hora de investigar un caso de feminicidio o tentativa del mismo es: “Cuando se tiene la concepción de que el feminicidio solo sucede en las relaciones erótico-afectivas, se despolitiza, porque se lleva […] a una problemática del ámbito familiar, es decir, es un asunto que ella no pudo resolver o […] que no supieron cómo llevar a cabo la solución y que parece individual”.

Lo que evidencia un enfoque generalizado y simplista de las diferentes violencias basadas en género: se ignora que las agresiones se pueden presentar en múltiples escenarios de la vida de las mujeres y que no solo hacen parte de sus relaciones íntimas o de pareja.

Según lo estipulado en la ley 1761 de 2015, se debe tener en cuenta la posibilidad de que hubo un vínculo o una relación erótico-afectiva con la víctima, pero no es esta la única causal para investigar un asesinato como feminicidio, así como tampoco se debe desestimar esta tipificación porque no existan denuncias previas.

Se entiende el feminicidio como el asesinato a mujeres solo por ser mujeres. Adicionalmente, hay varias causas por las que se investigan los feminicidios o intentos de feminicidios, como que haya sido cometido por alguien con quien tenían una relación (de amistad, familiar, de convivencia), por ser compañerxs de trabajo o que existiera antes del feminicidio un ciclo de violencia (sexual, psicológica, económica o cualquier otra) y que se privara de su libertad o se incomunicara antes de ser asesinada. También si había una relación de poder en donde la mujer se viera vulnerada frente a su agresor. Debe tenerse en cuenta que puede tratarse de un crímen de odio, donde hayan asesinado a la mujer por considerarla un enemigo al que se le debe humillar y que tampoco puede tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, sino que su agresor piensa que puede disponer de su cuerpo y vida

Las investigaciones de feminicidios en Risaralda han presentado la misma tendencia: de los 30 casos resueltos desde 2016 hasta 2021, La Cola de Rata encontró que 19 han sido perpetrados por sus parejas o exparejas, mientras que solo en tres de ellos no se comprobó que existiera un vínculo afectivo-sexual entre las mujeres y su victimario.

 

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Desde el Observatorio de Feminicidios de la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand, se ha percibido la misma tendencia (relaciones de pareja o afectivo-sexual) a la hora de esclarecer feminicidios desde la legislación: “La Fiscalía indica que es feminicidio si se tiene solamente en cuenta la Ley 1761. Desde el Observatorio consideramos que esta ley está enfocada únicamente en los delitos que ocurren en el contexto de parejas, sobre todo lo que llaman violencia intrafamiliar”, comentó Mabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio, haciendo referencia a cómo es la investigación de los casos violencia intrafamiliar en contraste al feminicidio.

Por ejemplo, aún no se ha identificado el victimario de Paula Esmeralda González Valencia, pero se sabe que fue asesinada. El cuerpo de Leidy Johana Rudas Ospina fue humillado, expuesto y perdió por completo su autonomía para decidir sobre sí misma. Los familiares de Samara siguen sin encontrar justicia, a pesar de haber salido de casa con su pareja y haber forcejeado con él antes de su muerte.

El panorama que no cambia

¿Qué sucede entonces con los feminicidios de mujeres que han sido racializadas, trabajadoras sexuales, indígenas, campesinas, trans o con cualquier otro tipo de características que las haga más vulnerables? La Política Pública Nacional de Equidad de Género busca que sus asesinatos no queden impunes, independientemente de sus condiciones étnicas, de género e identidad.

Sin embargo, como lo explicó Lucelly Maturana, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata, dentro de la Política Pública de Equidad de Género de Risaralda no existe un enfoque étnico ni relacionado a grupos poblacionales, “situación que no resuelve las necesidades puntuales de las otras, ya que siempre se dice que todas somos iguales y que por ello tenemos los mismos problemas, lo que a la final no ayuda a estrechar la brecha de inequidad tan grande que existe.”

Durante el 2020 hubo 45 casos de transfeminicidios en el país, según Colombia Diversa. Esa organización encontró que la mayoría de los casos se cometieron contra mujeres trans que “ejercen el trabajo sexual, que se encuentran en áreas metropolitanas de alta complejidad en donde también sufren acoso por parte de los transeúntes y de la Policía.”  En lo que va del 2021, se han registrado 29 mujeres trans asesinadas, según la Red Comunitaria Trans.

 

 

Cuando los feminicidios ocurren en un contexto rural es posible que el caso quede en el olvido, no solo por los entes de control, sino por medios de comunicación que se encuentran centralizados en las ciudades. “En otros lugares mucho más alejados, tienen menos importancia comunicativa en Colombia y eso también es importante en términos de analizar cuáles son las vidas de mujeres que más importan”, comentó Rivera, la coordinadora del Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista.

 

“Somos unas convencidas que el silencio no ayuda a solucionar esta problemática, que el estallido social debe ser la línea de acción como primera medida, que todos tengamos claro el rechazo unánime a una práctica como el feminicidio y que ningún cuestionamiento es válido”, dijo Maturana, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata. Así como también se evidenció este año entre abril, mayo y junio, cuando se llevaron a cabo protestas en todo el país, donde estas peticiones fueron realizadas por colectivas feministas, afro y trans en busca de justicia e inclusión, en los que se muestra la importancia de dar a conocer estos casos para ponerlos en el ojo público.

 

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal, al no tener sedes en todos los municipios de Risaralda, obliga a que las mujeres deban ser trasladadas a la seccional de Pereira para llevar a cabo el proceso patológico; lo cual termina en una revictimización debido a las largas esperas, desplazamientos prolongados, así como el limitado acceso a la información y la metodología de la investigación.

 

 

Otro tipo de características, como el estrato socioeconómico, es un factor que perciben lxs familiares de las víctimas como un obstáculo para el esclarecimiento de los casos de sus hijas. No se sienten escuchadxs, acompañadxs y finalmente, sus nombres quedan en el olvido. Patricia Ospina, madre de Leidy,  suscribió a ese sentir que parece colectivo y entiende las razones que terminan por ejercer una justicia desigual que discrimina por estrato social:  “(…) en ninguna parte me atendieron, la colaboración que yo necesitaba, como no soy una mujer rica, al contrario, por ser una madre cabeza de familia que no tengo las posibilidades”.

Gloria Valencia, madre de Paula González y Adriana Ruiz, madre de Samara Ruiz, también perciben que su estrato socioeconómico es un factor determinante por el que la investigación del feminicidio de sus hijas no avanza en la Fiscalía.

Una de las principales conclusiones a las que llega La Cola de Rata es que a pesar de la exigencia  de amigxs, familiares y colectivas feministas por no dejar en la impunidad los feminicidios en Pereira, las investigaciones no muestran resultados y procesos como los de Samara, Paula y Leidy no avanzan.

Para las periodistas de La Cola de Rata, mientras la Fiscalía insista en silenciar los feminicidios por encontrar que los problemas intrafamiliares son de la esfera privada de la mujer, le restará importancia a investigar el fenómeno en el que los hombres asesinan a las mujeres por considerarlas su objeto sexual, de su propiedad o las amas de casa de sus familias. Esta visión ignora a las mujeres como ciudadanas, sujetos con una vida plena, que fueron cortadas por agresores que en muchas ocasiones terminan siendo sus parejas.

 

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Impunidad, desconocimiento y olvido: ¿qué se necesita para que se investiguen los feminicidios?

 

Créditos Cola de Rata

Investigación y texto: Margarita Rojas Torres y Vanessa Valencia Ospina

Edición: Maritza Palma Lozano

Fotografías: Santiago Ramírez

Transcripción: Sofía Duque Aristizábal

 

Cuestión Pública:

Dirección: Diana

Edición: Ingrid, Jose, Diana

Diseño: Heidy González

Edición jurídica: Camilo Vallejo

Webmaster: Valentina Hoyos

 

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