CAUSAS DE UNA PROTESTA CIUDADANA

Por mi parte, no creo que las manifestaciones se desactiven con facilidad solo por el retiro del proyecto en el Congreso de la República de la reforma tributaria, porque las razones que llevan a la ciudadanía a las calles a manifestar su inconformidad son causas estructurales y no coyunturales.

 

Escribe / Adriana González – Fotografía / Santiago Ramírez

Las marchas sostenidas en Pereira y una parte de Colombia desde el pasado 28 de abril han puesto al descubierto la grave crisis que vive el país y lo insostenible de la situación.

La pandemia puso en evidencia irrefutable el verdadero estado del derecho a la salud en Colombia y la precariedad de la estructura administrativa privada que sustenta el mismo. El desempeño del gobierno para enfrentar la pandemia ha sido desastroso, somos el tercer país de LATAM con el mayor número de infectados y el cuarto en decesos por covid-19.

El DANE, en su informe del 30 de abril, presentó datos perturbadores y escandalosos. El desempleo subió 1.6% respecto del mismo mes de 2020, lo que significa que la tasa para 2021 está en 14,2%, es decir, que de cada 100 colombianos(as) 14 están desempleados; pero las mediciones no corresponden del todo con la verdad verdadera –como decimos los abogados–, toda vez que medir la ocupación significa que todas aquellas personas que están sumergidas en la economía informal se encuentran ocupadas y los inactivos no se contabilizan, porque son aquellos que ya no buscan empleo por llevar períodos largos de desocupación (ver).

Los datos de pobreza son aún más escandalosos con la medición a diciembre de 2020. El DANE informó que el 42,5% de los colombianos está en pobreza monetaria, el aumento respecto de 2019 fue de 6,8%, es decir, que 21 millones de colombiano(as) entran en esta categoría. De esos 21 millones, 7,5 millones están en pobreza monetaria extrema. Para entender el concepto, la pobreza monetaria significa que los ingresos mensuales por persona no superan los $450.000 y quienes están en pobreza monetaria extrema no superan los $180.000 (ver).

Revisadas las estadísticas de homicidios selectivos de líderes sociales e indígenas y defensores de derechos humanos, encontramos, según INDEPAZ, que en lo que va corrido de 2021 han asesinado a 57 personas y 22 excombatientes firmantes de la paz. Entre los años 2016 a 2020 fueron asesinadas 971 personas. Sin contar que en lo corrido del año se han producido 33 masacres, la última el lunes 3 de mayo en el Valle de Cauca, en la que asesinaron 6 personas (ver).

Mientras se observa la grave pobreza, el panorama de las utilidades bancarias escandaliza, pues a diciembre de 2020 éstas suman 14 billones de pesos, un poco más de la mitad de lo que buscaba el gobierno nacional con la reforma tributaria.

El escalonamiento de la violencia, en la que la peor parte se la llevan los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y campesino(as) del país, además las condiciones de pobreza a la que ha llegado casi la mitad de la población por la insistencia de la aplicación del modelo neoliberal, son entre otras causas las estructurales que padece la población.

Un modelo que implicó reducir el Estado en cuanto a las instituciones encargadas de prestar la atención de derechos fundamentales como la salud, educación, servicios públicos domiciliarios, entre otros, pero dejó intacto y hasta podría decirse que aumentó la politiquería y la corrupción en el país, pues ahora desfila un excesivo número de contratistas por las alcaldías, gobernaciones y el sector central.

En algún momento lo dije en Twitter: “Colombia solo tiene democracia cada 4 años”. Y es justo esa ausencia de democracia que se refleja no solo en la precaria participación política de la ciudadanía, sino también en la escasa repartición de la riqueza en el país, la que se evidencia en las enormes brechas de desigualdad, ocupamos el deshonroso cuarto puesto en el mundo.

Por eso, frente a una realidad tan obscena iniciada con César Gaviria Trujillo en el año 1990 –quien hoy con gran cinismo critica a Carrasquilla y lo llama “el rey de la desigualdad”, puesto que puede compartir con el exministro de Hacienda– estas situaciones son el verdadero caldo de cultivo de las protestas dadas en Colombia desde el 28 de abril.

Por mi parte, no creo que las manifestaciones se desactiven con facilidad solo por el retiro del proyecto en el Congreso de la República de la reforma tributaria, porque las razones que llevan a la ciudadanía a las calles a manifestar su inconformidad son causas estructurales y no coyunturales.

La violencia del establecimiento está presente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Cada vez que se niega un derecho es un acto de violencia institucional, cada vez que se deja de atender un anciano(a), un(a) joven, un(a) adulto en una entidad de salud o muere en la puerta de un hospital es un acto de violencia, cada vez que un(a) estudiante debe ir a su establecimiento educativo con el estómago vacío, o realizar largas caminatas por carecer de transporte, es un acto de violencia, cada vez que un padre o madre de familia no tiene como alimentar a sus hijos es un acto de violencia.

Por eso la ciudadanía está cansada de soportar esa violencia simbólica o aparentemente invisible que ejerce constantemente el establecimiento.

Los y las jóvenes, que son quienes mayoritariamente han sostenido las protestas en 2021, es justo la generación que más desesperanza le acompaña, la más perjudicada con esta nefasta política económica aplicada en los últimos 30 años, la que nada tiene que perder, incluso –en muchos casos– su vida pende de la decisión de grupos delincuenciales que habitan en su territorio. Una generación que no tienen nada qué perder y mucho por conquistar.

@adrigonco