EL PELIGRO EN COLOMBIA ES QUE NADA CAMBIE

No es raro escuchar que muchas personas digan que ahora estamos viviendo en las ciudades lo que durante años vivimos en el campo. Sin embargo, la historia de Colombia nos muestra que la protesta siempre ha tenido un tratamiento netamente militar.

 

Escribe / Jairo Antonio López[1] – Ilustra / Stella Maris

Después de 29 días del Paro Nacional en Colombia las cifras no pueden ser más dramáticas. Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 20 de mayo, en el marco de las manifestaciones sociales, se han presentado por lo menos 52 asesinatos (39 producto de violencia policial), 1645 detenciones arbitrarias, 715 civiles lesionados, 87 casos de violencia de género y 89 personas desaparecidas. Este panorama evidencia que Colombia vive una crisis humanitaria y de derechos humanos de dimensiones inadmisibles.

El escalonamiento de la violencia ha sido responsabilidad directa del tratamiento que le ha dado el gobierno colombiano de Iván Duque a las protestas. Si bien estas han sido mayoritariamente masivas y pacíficas, desde el principio el enfoque oficial fue el de manejar militarmente una crisis que demanda, urgentemente, negociación política. Como si fuera un guion dirigido, todos los días del Paro Nacional se presentan marchas pacíficas en el día, mientras en las tardes y la noche la policía, el ESMAD y militares entran a agredir las marchas, apareciendo vándalos para destruir edificaciones y generar caos, lo que crece el ciclo de violencia. Cientos de videos y grabaciones evidencian los abusos, atropellos y graves violaciones de derechos humanos que ha cometido el Estado durante estos días en diferentes partes del país, siendo Cali uno de los epicentros de esta tragedia. Muchas personas que venían desencantadas con el gobierno empiezan a justificar la represión y violencia.

Más que ser las primeras manifestaciones del “despertar ciudadano”, la coyuntura del Paro Nacional debe ser leída dentro de un proceso más amplio en el que hemos asistido, en la última década, a masivas movilizaciones estudiantiles, por la paz, de sectores como el camionero, los indígenas, el agrario campesino, y de jóvenes cansados de los abusos gubernamentales, la corrupción y la falta de alternativas económicas. Justamente esta densidad de manifestaciones se encontró con un camino sin salida durante el pésimo manejo de la pandemia, los intentos de seguir profundizando las desigualdades y descargando las cargas tributarias en los bolsillos de la clase media. Todas las manifestaciones muestran, además, una masiva participación de jóvenes que desean tener alternativas para una vida digna, una nueva generación que no vivió el bipartidismo histórico, que nunca sintió afinidad nostálgica por la lucha guerrillera, y que fue testigo de lo esperanzadores que llegaron a ser los Acuerdos de Paz de La Habana para abrir oportunidades de reconstrucción económica y social. Una generación que ha estado mucho más conectada con el mundo y ha tenido acceso a fuentes de información más allá que los tradicionales cercos mediáticos de los que tanto se han beneficiado históricamente las élites colombianas.

Sin embargo, es una generación que rápidamente se ha visto desencantada por las traiciones y las mentiras de los gobiernos. Una generación que ha visto cómo el país retrocede en materias tan básicas como la lucha contra la pobreza, pues en el 2020 Colombia registra más de 20 millones de pobres (42,5% de su población) y 7,57 millones de personas en pobreza extrema (15.1% de la población). La pobreza se suma a la histórica posición de ser uno de los países más desiguales del mundo, y el de mayor desigualdad entre sus territorios de América Latina. Este desencanto, sumado a las humillaciones a las que ha sido sometida la gran parte de la población colombiana, con inhumanas cifras de desplazamiento forzado y despojo, violencia criminal, violencia política, racismo, marginación y exclusión, ha desembocado en un sentimiento de rabia muy profundo.

También ha sido una generación que tiene nuevas formas de comunicación. Que le ha podido mostrar al mundo, en vivo y en directo, la forma como las fuerzas estatales han reaccionado ante los reclamos. La brutalidad que siempre había estado allí, pero era censurada por los grandes medios, hoy está a la vista de todos. Por eso los intentos por controlar las redes y las señales de transmisión. No es raro escuchar que muchas personas digan que ahora estamos viviendo en las ciudades lo que durante años vivimos en el campo. Sin embargo, la historia de Colombia nos muestra que la protesta siempre ha tenido un tratamiento netamente militar. Casos como los de Medellín o Barrancabermeja donde hubo “pacificación” a sangre y fuego nos tienen también que servir de espejo para entender lo que pasa en Cali: las estrategias de represión por parte de particulares no son nuevas, hacen parte de la historia de un país que durante muchos años se ha negado a reconocer su realidad. Esa realidad que hoy que es transmitida en vivo y en directo y es imposible de negar (tal vez sólo los más cínicos puedan hacerlo).

Es claro que durante los episodios vividos durante el Paro Nacional muchos actores entran a tratar sacar provecho del caos, el desorden y la violencia. Sin embargo, la respuesta gubernamental no sólo ha sido la de afrontar la situación de una manera belicista, sino también la de hacer peligrosos llamados a que sea la propia población civil la que tome justicia por sus propias manos. Esto ocurrió con el llamado del alcalde de la ciudad de Pereira a conformar un “frente común para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”; poco después de estos llamados hemos visto las imágenes de civiles armados que han atentado contra la vida de los y las manifestantes.

Lo más importante será el tipo de tramitación que se le dé a estos estallidos sociales y populares. En el 2019 la estrategia fue dilatar las “conversaciones nacionales”. Hasta el día de hoy el gobierno nacional se ha reunido a “dialogar” con miembros de su propia bancada (diálogo de espejos), con integrantes de algunas bancadas de oposición (incluso algunos que hicieron desde el inicio llamados a no marchar), con dudosos representantes de “las juventudes” (reducidas a 50 jóvenes de los cuales muchos no han participado en las manifestaciones), y hasta con los altos jerarcas de las iglesias. La coyuntura obliga al gobierno a negociar no sólo con el Comité Nacional del Paro, sino también con los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, indígenas y obreras que han resistido la embestida y las humillaciones históricas. Con los jóvenes de los barrios populares, las comunas y zonas marginalizadas, donde es claro que se siembran los sentimientos de rabia y humillación. De no ser así el malestar social y la indignación seguirá latente. Corremos el riesgo de estar ante pactos de caballeros, como los de mitad de siglo XX, que sólo derivaron en condiciones para que la violencia y la guerra escalara. El reto hoy es que la democracia colombiana responda como una verdadera democracia, no como lo ha hecho hasta el momento, como un gobierno civil con mano militar. Es urgente que haya medidas de transformación concretas. El peligro es que todo se calme para que nada cambie.

[1] Sociólogo colombiano. Profesor de la Universidad Veracruzana en México.