No obstante, a pesar de que se han desactivado muchos de los factores de violencia asociados con el conflicto, en particular los que tenían que ver con la confrontación entre las FARC y el estado colombiano, han surgido nuevas dinámicas violentas…

 

Texto / Camilo Alzate – Fotografías / Maritza Palma Lozano

“Cerramos el 2017 con la tasa de homicidios más baja de los últimos cuarenta años y tenemos el menor número de secuestros, el menor número de víctimas por minas antipersonales, el menor número de atentados”. Esas fueron las palabras de Juan Manuel Santos durante su último discurso como presidente de Colombia, el 20 de julio de 2018, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, un canto de victoria del presidente que había llegado a la Casa de Nariño con la mayor votación en la historia del país, precisamente porque era considerado por muchos colombianos como un héroe de guerra, aunque luego se convirtió en el segundo Nobel colombiano a nombre de la paz.

La afirmación de Santos merece ser analizada en contexto, pues la reducción de los homicidios es un proceso histórico que ya venía por lo menos desde una década antes. Según las mediciones del Ministerio de Defensa, en 2010 ocurrieron 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa que fue decreciendo progresivamente. En 2013 bajó a 32, en 2014, con el primer año de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC la tasa había disminuido aún más hasta 28, en 2015 bajó a 26, en 2016 a 25, hasta que finalmente alcanzó su punto más bajo en el último medio siglo durante 2017 situándose en 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2018 y 2019 hubo un ligero repunte a 25.

Si la tasa actual se compara con la del año 1990, donde ocurrieron 81 homicidios por cada cien mil habitantes, resulta evidente que en la última década ha habido una reducción positiva de la violencia. Sin embargo, ¿qué tanto de esta reducción obedece efectivamente al silencio de los fusiles que trajo el proceso de paz con las FARC?

Fue a partir de 2013 que el número de incidentes con minas decreció de manera evidente.

Estadísticas más específicas dan luces al respecto. Según datos de la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonales, una entidad que depende de la Presidencia de la República, en 2017, tras la firma definitiva de los acuerdos de La Habana hubo 56 víctimas relacionadas con estos artefactos. Si esa cifra se comparan con las estadísticas que eran producto de la guerra frontal contra las FARC, por ejemplo las del año 2010, donde se contabilizaron 680 víctimas o las del 2012 donde hubo 589, resulta obvio como la disminución tiene un vínculo claro con el proceso de paz, incluso antes de su firma, puesto que los ceses unilaterales y bilaterales durante el proceso, así como las campañas de desminado llevadas a cabo por la misma guerrilla, contribuyeron positivamente en la reducción de accidentes con minas antipersona.

Fue a partir de 2013 que el número de incidentes con minas decreció de manera evidente, aunque varias entidades como la Cruz Roja internacional han alertado de un repunte en los dos últimos años, repunte que ocurre justamente en zonas como Catatumbo, Arauca o el norte del Cauca, donde la implementación de los acuerdos de paz ha tenido grandes tropiezos y nuevos grupos armados han entrado en disputas por las rutas del narcotráfico. En 2019 se presentaron 344 víctimas de minas, según la Cruz Roja y 40% fueron civiles.

Las reducciones de heridos en combate por parte de la Fuerza Pública también fueron notables y evidentes. En 2016 el Hospital Militar, que en años de plena confrontación como 2011 reportó haber atendido 437 heridos en combate, en 2017 registró una cifra mínima de 12 militares heridos, una reducción del 97%.

El desplazamiento, una de las consecuencias más nefastas y visibles del conflicto armado, también sufrió impactos después de los acuerdos de La Habana. Los casos de desplazamiento forzado disminuyeron en un 79% según informó la Unidad para las Víctimas, mientras que en muchas zonas del país se genera el fenómeno contrario: el retorno de las comunidades que poco a poco intentan recomponer el tejido social destruido por la guerra.

Según Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, es innegable que la paz con las FARC se tradujo en una reducción positiva de la violencia.

Los casos de secuestros de los últimos tres años también revelan una disminución importante de este delito que está muy asociado con el conflicto. El GAULA reportó 195 casos en 2017, 179 en 2018 y 88 en 2019, esta última es la estadística más baja desde 1985. Las estadísticas de los últimos años están muy por debajo de las de finales de los noventa que superaron los 3.000 secuestros anuales alcanzando un pico histórico de 3.572 personas plagiadas en el año 2000.

No obstante, a pesar de que se han desactivado muchos de los factores de violencia asociados con el conflicto, en particular los que tenían que ver con la confrontación entre las FARC y el estado colombiano, han surgido nuevas dinámicas violentas que muchos sectores consideran son producto de la salida de la guerrilla de sus antiguos territorios y del reacomodo de poderes en torno a las rentas ilegales. Una de las dinámicas más visibles es el asesinato de líderes sociales, que se calculan ya supera los 600 asesinatos tras de la firma de los acuerdos de La Habana.

“Uno diría que esa violencia mutó. Sí hubo una disminución en términos de muertes producto de los enfrentamientos entre la insurgencia y fuerza pública. Pero producto del no copamiento de los territorios por parte del estado y en cambio la llegada de otros actores armados el ciclo de violencia continuó contra las comunidades”, asegura Andrés Giraldo, integrante del partido FARC que ahora trabaja en el Congreso de la República como asesor de la bancada. “La garantía de no repetición no se materializó, específicamente en relación con la población excombatiente sigue siendo objetivo militar a tal punto que el partido tuvo que radicar una medida cautelar ante la CIDH, por lo menos para visibilizar en el escenario internacional”.

Según Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, es innegable que la paz con las FARC se tradujo en una reducción positiva de la violencia. “Especialmente en el último año de negociación y después de pactada la tregua bilateral en 2016, además del primer año de implementación: todos los índices bajaron”, reconoce Arboleda, quien no obstante llama la atención en la forma como estos logros del acuerdo pueden desdibujarse muy pronto si no se insiste en la implementación. “Desafortunadamente a partir del nuevo gobierno todo volvió a incrementarse. Se ha buscado hacer trizas el acuerdo de paz, se ha insistido en no negociar con el ELN, una falla de Santos que pensó que después de la firma con las FARC el grupo quedaba diezmado y que se agravó con la postura del Centro Democrático de no negociar. Lo mismo pasó con el paramilitarismo y el narcotráfico que coparon espacios que no fueron recuperados por el gobierno”.

Las estadísticas son contundentes y no dejan lugar a dudas: el proceso de paz creó las condiciones para una reducción significativa de los índices de violencia en Colombia, este probablemente sea su mayor logro, pero es un logro frágil que amenaza con volverse “trizas”, según la metáfora que ha utilizado el partido de gobierno. Dependerá de la sociedad colombiana elegir si vuelve al pasado dándole la espalda a los acuerdos de La Habana, o si más bien profundiza en su implementación, que se traducirá en mayores índices de estabilidad política para el país.