ESTAMOS EN CRISIS

Es por esto que, con el ánimo de ser propositiva, he lanzado una propuesta a las fuerzas políticas de centro que conozco en mi región, para iniciar un desescalamiento del conflicto a nivel local.

 

Escribe / Martha Alzate – Fotografía / Santiago Ramírez

El Estado colombiano viene en esta penosa situación de crisis prolongada durante muchísimos años, pero a veces la historia proporciona eventos que aceleran los sucesos y tal vez estemos asistiendo a uno de esos momentos.

La pandemia ha dejado empobrecida a la población, y el prolongado encierro ha generado un clima de ansiedad e incertidumbre que deja a sus habitantes con serias secuelas que no sólo contribuyen a deteriorar las condiciones materiales y de subsistencia, de por sí ya precarias (pérdida de empleo, retroceso en el poder adquisitivo, falta de oportunidades de ascenso social, dificultades para acceder a la educación virtual, etc.), sino psicológicas. No conocemos bien las consecuencias de la exposición prolongada a esta presión sicológica global que ha implicado la pandemia de la covid 19, amplificada por la interconectividad global y el poder de transmisión de la información, sobre todo a través de redes sociales.

En este estado de cosas, a mi juicio dos apostadores, dos bandos radicales en contienda por el poder en Colombia, decidieron hacer una jugada muy arriesgada. Es una situación que estaba ya latente desde las pasadas elecciones presidenciales, que mostró sus primeros síntomas en los inicios del gobierno de Iván Duque, y que después de tener su pico entre el 21 de noviembre del 2019 (primer paro masivo de este ciclo) y el 21 de febrero del 2020, se vio abruptamente interrumpida por la inesperada y desconocida pandemia que empezó a asolar al mundo y que arribó a Colombia en marzo de 2020.

Respiración artificial para un gobierno poco preparado para enfrentar este tipo de situaciones límite: la bomba social acumulada en Colombia (antes y aún más después de la pandemia), y la pandemia en sí misma con todos sus elementos conexos como el desmantelado sistema de salud, la quiebra masiva (por corrupción) de los hospitales regionales, las cuarentenas, la necesidad de disciplina social, etc., y una encrucijada acerca de la cual se ha debatido el mundo entero con respuestas diversas, y que se podría sintetizar burdamente así: la vida o la economía.

Falso dilema, entre otras cosas, porque economistas internacionales muy serios han manifestado cómo, en un mundo globalizado de economías capitalistas fuertemente interdependientes, la gestión de cada parte de esta ecuación depende de la otra. Quiero decir que varios países que optaron por medidas que incluían desde los encierros o aislamientos drásticos (Australia) hasta compra masiva y anticipada de vacunación para toda la población (Inglaterra, Israel), entendieron, en mi opinión, que para salvar la economía primero era prioritario contener el virus y salvar a la población. Los que escogieron medidas oscilantes entre un extremo y el otro de la ecuación, como Colombia, han obtenido los peores resultados en ambas variables.

Teniendo este panorama de presente, es importante volver a la apuesta.

La derecha política más radical se sentía electoralmente perdida de cara a las próximas elecciones presidenciales, antes de los eventos de la última semana (paro del 28 de abril de 2021). Y la izquierda extrema quiso retomar lo que había dejado empezado haciendo uso de la justa indignación de la población y de su hartazgo generalizado con el sistema (desigualdad, injusticia, violencia y corrupción), haciendo un llamado a continuar con su estrategia de paros masivos, suspendido súbitamente por los eventos ya mencionados acaecidos después de marzo del 2020.

Muy a la colombiana, el “Florero de Llorente” fue el proyecto de reforma tributaria que cursaba en el Congreso, terquedad del gobierno que creyó poder valerse del miedo al contagio como herramienta de sofocamiento de la protesta social ante una reforma claramente inconveniente y gravosa para con el pueblo colombiano; y, por otro lado, irresponsabilidad y temeridad de los promotores de un paro en un momento en que no sólo se arriesgan todos los indicadores de salud pública relativos a la pandemia, que todavía sigue y que ha llegado a estos eventos en la cima de la tercera ola, la peor en términos de contagios y muertes en el país, sino que lanzaron una chispa a una pradera seca, a una población agobiada por la escasez de todo tipo.

Como dije en un artículo anterior, hay fuerzas sociales que cuando se desencadenan pierden el control de sus detonadores y toman solas una dinámica ampliada e impredecible.

Tal podría ser el caso de lo que ocurre hasta ahora, 6 de mayo de 2021, en donde el conflicto que se desató entre estas dos fuerzas extremas que han puesto a la población en la mitad de sus ambiciones de poder, va dejando una estela de destrucción y muerte, violación de los derechos humanos, y desvalorización de los preceptos democráticos, justicia por la propia mano, población civil armada, vandalismo, muertos, desaparecidos, destrozo de la infraestructura pública de las principales ciudades, etc.

No vale la pena recabar en ello puesto que es de amplio conocimiento lo que ha sucedido.

Lo que sí merece reflexión es, no solo sumarse al coro de lamentos que son necesarios y válidos, sino buscar salidas rápidas a una crisis que cada día se torna más compleja y que podría terminar en la imposición de la fuerza con costos muchos más altos en vidas, violación de los derechos humanos y pérdidas materiales.  Un escenario a todas luces muy negativo tomando en cuenta el punto de donde parte la situación de la sociedad colombiana al momento de llegar estas protestas.

La pregunta difícil de resolver sería: ¿cómo buscar espacios de concertación entre dos extremos que cada día se radicalizan más? Y con ello me refiero no sólo a los extremos del espectro político; justamente el conflicto ha escalado a un nivel que ha logrado implicar a la población civil y a sus intereses particulares. Por un lado, muchos jóvenes en la calle a los que esta sociedad no les ofrece ningún panorama de desarrollo digno a futuro; por el otro, grandes, medianos y pequeños propietarios de negocios, locales, comercios, fábricas, etc., que tienen negocios rentables y que generan empleos, y que, al tiempo tienen patrimonio.

Estamos ad portas de un enfrentamiento entre estas dos clases de ciudadanos, compatriotas todos, pero opuestos por sus propios intereses de situación y clase social en esta coyuntura. Adicionalmente, no podemos olvidar que la mafia no es solo un negocio ilícito que algunos practican directamente, es también una cultura, a este tipo de mentalidad del todo vale, del desconocimiento del otro, de la negación de derechos y la justicia por mano propia, le habla la polarización y las amenazas de caos y de derrumbamiento del estado de derecho. Como dijera un periodista muy documentado en los avatares de las redes criminales en mi ciudad, Pereira, en determinadas situaciones los factores puestos en juego convierten en criminales a personas que en condiciones normales jamás estuvieron vinculados a la acción criminal.

Es por esto que, con el ánimo de ser propositiva, he lanzado una propuesta a las fuerzas políticas de centro que conozco en mi región, para iniciar un desescalamiento del conflicto a nivel local. Iniciar con una representatividad local que en cabeza de los políticos de centro (en sus múltiples variantes y amplitudes) puedan constituirse en voceros entre las autoridades locales (Alcalde y Gobernador) y los marchantes, para acordar una agenda de cortísimo plazo que logre dos objetivos concretos: romper el sitio de las ciudades que genera penuria, desabastecimiento y desesperación a la ciudadanía en general y parar la masacre de civiles, al tiempo que se detiene la vandalización de los bienes públicos y privados.

Esto me parece posible puesto que, si bien muchas de las reivindicaciones que se han enunciado como peticiones por parte de los marchantes o sus supuestos representantes (como el auto denominado comité nacional de paro) son del orden nacional (algunas francamente incumplibles en muchos años), el escenario de los disturbios, de las dificultades de abastecimiento provocadas por el bloque de las principales vías de acceso, de las protestas, muertes, desapariciones y destrozos, son en esta movilización particular las principales ciudades y, en general, la escala regional.

Considero que ni el gobierno nacional ni los interlocutores o supuestos interlocutores de los manifestantes han demostrado voluntad alguna de negociar con celeridad, lo cual constituye en sí mismo un verdadero crimen, puesto que mientras ellos continúan jugando a sus cálculos políticos el pueblo colombiano se desangra impunemente en las calles.

Así que esta es mi propuesta:

Conformar una mesa de diálogo con los representantes de los partidos políticos moderados o de centro, que pueda sentarse al tiempo con los marchantes y gobernantes locales. Iniciar por la ciudad, por ejemplo, la nuestra, Pereira, que tristemente ha entregado ayer en sacrificio a uno de sus hijos, el líder estudiantil Lucas Villa, convertido en el ícono de estas protestas.

Estructurar una agenda con varios niveles de decisión y de tiempo, es decir, acciones del orden local o nacional, del corto plazo (como las que ya mencioné), y del mediano y largo plazo (que en este contexto deberían ser semanas o máximo un par de meses).

No renunciar a ninguna de las reivindicaciones solicitadas, por ahora, pero actuar de inmediato para detener el derramamiento de sangre y el potencial enfrentamiento entre la misma población en razón de sus intereses que ahora se empiezan a convertir en opuestos.

Creo que es posible. En Pereira y Risaralda tenemos buenos dirigentes, gente con canas y experiencia, y jóvenes políticos entusiastas y comprometidos.

Y todos los que estamos en contra de la violencia nos podemos sumar en el único bando posible en estos momentos, el de la moderación y la sensatez.

Yo me uno, yo me sumo, ¿y usted?

@MarthaAlzate_