FUERZA PÚBLICA MANOSEADA

Todo este legado quedará para siempre en la memoria institucional de una fuerza pública que se plegó a los intereses políticos de un partido con dudosas relaciones de poder y nula agenda de gobierno.

 

Escribe / Redacción LA COLA DE RATA

Cada noche ha sido más horrorosa que la anterior. Lo que ha vivido Colombia en los últimos días no tiene precedentes. Un estado desbordado de brutalidad y tirado al horror por cuenta de una ultraderecha que gobierna un país que no conoce.
El Centro Democrático (CD), partido del presidente Duque, ha consolidado un discurso “demócrata” basado en la protección de las fuerzas armadas, pero acorralado por semejante nivel de movilización social, en medio de la pandemia, no halla otra respuesta que la violencia sistemática y desmedida. No se trata de nada nuevo, el CD, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha demostrado ser incapaz de comprender las necesidades del país. Ante la pérdida de capital político que eso supone busca apelar al discurso de protección a “nuestros policías y soldados”, “a nuestros héroes”; sin embargo, aquí le explicamos, con base en los hechos recientes, el por qué al CD en realidad jamás le han importado las fuerzas armadas colombianas:

1.

El CD establece que debe haber un trato especial para los integrantes de las fuerzas públicas, lo cual es constitucional; a pesar de ello, hay casos que rayan sobre las acciones que un agente de campo debe hacer para salvaguardar la vida propia y la de otros, y cuando lo que busca ese agente es eliminar a un enemigo y no llevarlo a la justicia. Para estos casos, en los que agentes de la fuerza armada cruzan la línea del respeto de los derechos humanos, la Constitución establece un tratamiento judicial ordinario, es decir el que cualquier colombiano pudiese tener. No obstante, Uribe confunde tratamiento especial con impunidad. Una cosa es tener tomar una decisión en caliente y otra muy diferente es usar la sevicia y disparar en contra de alguien desarmado como se ha visto en noches recientes. Este tipo de conducta implica una deslegitimación de las fuerzas armadas que erosiona el postulado de “honorabilidad” implícito en el ejercicio.

 

2.

El CD nunca ha promovido –como eje estructural– la educación en derechos humanos de soldados y policías, aun sabiendo de la educación y formación que reciben. Prácticas como la ingesta de sus propias heces fecales y hasta el vómito de otros, aún existen al interior del ejército y jamás se han buscado dignificar desde esta colectividad.

 

3.

El CD nunca ha legislado sobre un cambio en la escala salarial de soldados y policías. Las gestiones de este partido se han visto en profundizar las brechas salariales entre oficiales y suboficiales. En aumentar los privilegios de generales y en disminuir cada vez más los beneficios a los patrulleros. Al interior de la Policía Nacional de Colombia se reproduce el modelo económico que por 20 años el CD lleva impulsando y que ha generado la desigualdad en el país. Mientras un general puede doctorarse en el extranjero y tener licencias, un patrullero, para estudiar un pregrado, tiene que hacerlo solo bajo modalidad virtual y después de jornadas de trabajo que sobrepasan incluso 12 horas. Mientras un general en un operativo no tiene que pagar su alimentación, un patrullero sí tiene que costearla con su dinero.

4.

El CD y Duque se disponen a sacar al ejército a las calles restando aún más legitimidad a la policía. Es claro que este hecho desde una lógica de fuerza pública crea el precedente de incapacidad de la policía para manejar las situaciones de orden público urbano.
Finalmente, la narrativa de los grandes medios de comunicación quedó eclipsada por la avalancha de videos, fotos y testimonios que al paso de las horas han venido esclareciendo lo que también intuíamos: asesinatos de civiles a manos de policías, hostigamiento armado de la población, palizas brutales, vandalismo enfurecido y oportunismo del más bajo. Y desapariciones, muchas desapariciones. Todo este legado quedará para siempre en la memoria institucional de una fuerza pública que se plegó a los intereses políticos de un partido con dudosas relaciones de poder y nula agenda de gobierno.