4   +   10   =  

Si bien hay que reconocer que se han logrado algunos avances significativos para corregir las desigualdades de género en Colombia, “estas aún prevalecen, en especial en el sector rural”.

 

Por: Alan González Salazar

Gracias al análisis de género de Silvia Rozas, en las pruebas de logro educativo en Colombia, hoy sabemos que existe un trato diferenciado, por lo menos en lo que compete a la formación de la identidad y el conocimiento al interior de las aulas. La autora cita el estudio de Jane y Peter French, Desequilibrios por razón de género en la enseñanza primaria, un informe sobre la interacción, para consolidar la hipótesis que en la escuela mixta “los niños se roban la atención de los profesores, dejando a las niñas en un sumiso segundo plano”.

Señala además que en el Informe de Desarrollo Humano para Colombia “se encuentra que el rendimiento de los planteles femeninos para primaria es más alto que el de los establecimientos mixtos y masculinos”. Ahora bien, cuando la autora analiza el tipo de colegio (masculino, femenino y mixto), según el logro promedio alcanzado por los estudiantes, descubre que “tienen mejores resultados los colegios femeninos en lenguaje y matemáticas en los dos grados tercero y quinto”, por lo que no se podría sostener la teoría de la competencia y superioridad de aptitudes de los varones en las consideradas ciencias duras.

Por otro lado, Edelmira Pérez, y María Adelaida Farah, al estudiar el género y el desarrollo rural en Colombia, encuentran que las consideraciones de género “no aparecen en la elaboración de proyectos y mucho menos en su evaluación”; es decir, que existe una brecha creciente “entre la participación de las mujeres en el manejo agropecuario y la tecnología que se les transfiere”; y si las mujeres tienen una mayor participación, esta es en las labores de post-cosecha, lo cual hace que la oferta tecnológica se estreche aún más y resulte, para las autoras, inadecuada, pues los “procesos productivos que eran realizados por mujeres, son apropiados por los hombres cuando se incrementa el nivel tecnológico”.

Si bien hay que reconocer que se han logrado algunos avances significativos para corregir las desigualdades de género en Colombia, “estas aún prevalecen, en especial en el sector rural”. Mientras estos obstáculos estructurales (pobreza, educación, violencia, inequitativa distribución de la tierra, entre otros) no se superen, afirman Pérez y Farah, “la equidad de género no podrá verse reflejada en la realidad”.

Ilustración / BBC

Sesgo de género

El país ha evolucionado desde el concepto de mujer campesina al enfoque de género, si se quiere, pero “las políticas siguen siendo sectoriales, los programas puntuales, el presupuesto asignado escaso, los resultados débiles”. Para las autoras, “el mayor avance está en el papel que han jugado las organizaciones de mujeres campesinas tanto como mecanismo de presión para obtener beneficios del Estado como para el impulso de su participación en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional”.

En los sistemas de información en general, y en lo rural en específico, “hay un sesgo de género, ya que no hacen visibles las diferencias entre sexos y edades”. Es histórica la invisibilidad del aporte económico “que produce el trabajo reproductivo hecho especialmente por mujeres, pero en donde hay también participación de hombres, niños y ancianos”, los cuales no son factores tenidos en cuenta en los estudios centrados en el campo.

También se requiere, aconsejan las autoras, “redefinir los mecanismos de recolección de información, incluir nuevas variables e indicadores y modificar la forma como se redactan las preguntas, para que no haya sesgos de género en los términos  expresiones que se utilizan”. Por ejemplo, cuando se pregunta en las encuestas“¿Quién es el jefe del hogar?, se asume que hay un solo jefe y es masculino. En esta perspectiva, el mismo Departamento Nacional de Planeación sugería a finales del siglo XX:

    • Construir y consolidar un sistema nacional de información.
    • Desagregar por sexo las estadísticas del sistema de indicadores sociodemográficos de la Unidad de Desarrollo Social DNP.
    • Realizar un seguimiento del comportamiento del mercado laboral formal e informal rural, por sexo y subsector económico (ingresos, demanda, oferta laboral, empleo rural, competitividad de hombres y mujeres), lo que implica revisar con una perspectiva de género las encuestas realizadas para tal fin.
    • Generar estadísticas desagregadas por sexo y edades sobre:
    • Producción agropecuaria y generación de ingresos.
    • El trabajo comunitario tanto de mujeres como de hombres, jóvenes y ancianos y sus relaciones con las demás actividades pertenecientes a otros ámbitos, y las relaciones con las instancias de poder familiar, económico y político.
    • La participación de las mujeres, jóvenes y ancianos en la distribución del poder. Comprende actividades de dirección, afiliación a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de base, además de las que se realizan en todas las instancias de decisión de la administración pública tanto nacionales como locales.

Ilustración / Al Poniente

Margarita María Peláez Mejía y Luz Stella Rodas Rojas, desde su estudio de las políticas de género en el Estado colombiano, argumentan que la preocupación central de los países ricos ante los problemas que plantea el subdesarrollo, “quedó plasmado en el informe presentado por la primera misión extranjera que llegó a Colombia en 1949, organizada por el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y dirigida por el economista Lauchin Currie”, donde por primera vez en el país se crea la preocupación, la necesidad y perspectiva del “desarrollo”, ya que, paralelamente a la presentación de este informe, “se inicia la creación de una serie de organismos estatales centralizados, de carácter técnico, orientados a institucionalizar la planeación del desarrollo”. El discurso del desarrollo, que producen los economistas y ejecutan los planificadores. Citan ellas a Escobar:

se acompañaba de prácticas y estrategias racionalizadoras en las cuales se destacan acciones dirigidas a involucrar numerosos sectores sociales al nuevo modelo, mediante programas “que tienen que ver con los campesinos, las clases marginales, los analfabetas, la gente desnutrida, las mujeres, las instituciones financieras, la ciudad, la salud, etcétera.

     En Colombia, la Reforma Constitucional de 1936 estableció el carácter interventor del Estado en la planificación económica y social, “y la de 1945 asignó al Congreso de la República la función de elaborar planes y programas de fomento de la economía” (p.10). Fue entonces, a partir de la década del ochenta, que en el país se aprueba, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Copes):

     la Política Nacional para la Mujer Campesina (1984), siendo la primera vez que el máximo organismo de decisiones en política del país aborda el tema de la situación de la mujer. Posteriormente se impulsó la creación de Anmucic (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia), gracias a lo cual se logra, antes de terminar la década, incluir a las mujeres en proyectos de titulación de tierras. También en 1988, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acoge y pone en marcha el programa Hogares de Bienestar (Hobis) a nivel nacional, para facilitar a las mujeres trabajadoras el cuidado de sus niños.

     Gracias a la presión internacional y a la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en Colombia dichas sugerencias se traducen, posteriormente, en la promulgación de la Ley 051 de 1981. La Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Copenhague en 1980, aprueba, a su vez, el Programa de Acción para la segunda mitad del decenio, el cual asumirá el país, en plena correspondencia con Década de la Mujer, la cual culmina con la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Nairobi en el año de 1985, y con el documento, Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 2000.

De forma posterior, Caroline Moser identificó y clasificó estas concepciones, como: “enfoque de Bienestar, enfoque de la Equidad, enfoque Antipobreza, enfoque de la Eficiencia y enfoque de Empowering o de empoderamiento de las mujeres”. Con base en el análisis de cada enfoque, la autora mencionada propuso el enfoque Género en la Planificación, al considerarlo como un hecho fundamental. También la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconoció que no puede existir desarrollo humano sostenible sin la plena participación igualitaria de las mujeres”, pues gracias a ellas, en 1995, un años después, se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijín (China), que con el lema Acción para la igualdad, la paz y el desarrollo, “se propone contribuir eficazmente a eliminar los obstáculos fundamentales que impiden el progreso de la mayoría de las mujeres”. Desde 1984 hasta 1998, el gobierno colombiano, en consecuencia, ha promulgado y aprobado cinco políticas para las mujeres, a saber:

    • Política para la Mujer Rural (1984).
    • Política Integral para las Mujeres Colombianas (1992)
    • Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud (1992)
    • Política para el Desarrollo de la Mujer Rural (1993)
    • Política en Equidad y Participación para las Mujeres (1994).

Ilustración / Mineducación Colombia

Es importante señalar que estos enfoques no son sucesivos en el tiempo, por el contrario, “coexisten, se mezclan y hacen parte de las prácticas institucionales vigentes”, en estos cambios de poder y visión del futuro que llevan al país a asumir “el modelo de desarrollo neoliberal, que surgió como respuesta a la crisis del modelo de acumulación sobre el cual se erigió el Estado Benefactor”; y en relación con las políticas públicas:

este modelo se expresa en el recorte de gasto público social, privatización de las empresas de servicios públicos, apertura económica indiscriminada, ajuste fiscal, hegemonía del capital financiero especulativo y deslaboralización del mercado de trabajo: informalización y degradación del trabajo, domesticación del trabajo y feminización laboral.

El Estado colombiano crea entonces la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y, a nivel regional o local, se crean Secretarías, Subsecretarias u Oficinas de la Mujer. Ya para el año de 1996 se institucionaliza la Dirección Nacional de Equidad y se promulga la EPAM, forma institucional precedida por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijín. Así, las concepciones que orientan los planes de desarrollo formulados por los diferentes gobiernos, “dependen de la visión de desarrollo a la que se apueste y del énfasis del enfoque de planeación puesto, bien sea en la resolución de las demandas de la población (planeación proactiva), o centrado en la construcción de visión del futuro (planeación proyectiva)”. Esta política pública se empezó a impulsar en las décadas del cincuenta y el sesenta, bajo el modelo económico desarrollista, y se consolidó en la época que coincidió con la denominada Década del Desarrollo (1960-1970).

 

Referencias

  • Rozas, Silvia (1998). Análisis de género en las pruebas de logro educativo. (p.208-230). Departamento Nacional de Planeación (1998). Género, Equidad y Desarrollo. Tercer Mundo Editores. Bogotá, Colombia.
  • Pérez, Edelmira y Farah, María Adelaida (1998). Género y desarrollo rural: de lo invisible a lo visible. (p.p. 263-294). Departamento Nacional de Planeación (1998). Género, Equidad y Desarrollo. Tercer Mundo Editores. Bogotá, Colombia.
  • Peláez Mejía, Margarita María y Rodas Rojas, Luz Stella (2002). Políticas de género en el Estado colombiano: Un camino de conquistas sociales. Editorial universidad de Antioquia, Colombia.