LA LIBERTAD DECISORIA DEL JUEZ

…es deber del juez tener en cuenta casos similares y fallarlos de la misma manera con base en su propia doctrina judicial, como quedó sentado en la Sentencia C-252/01…

 

Escribe / Alan González Salazar – Ilustra / Stella Maris

¿Cómo debe el juez resolver los conflictos jurídicos conservando los principios constitucionales? ¿Cómo articula una posición clara sobre el problema de la obligatoriedad del precedente? En casos ordinarios existe siempre una responsabilidad interpretativa o hermenéutica a la hora de la aplicación directa del texto constitucional. De allí parte la técnica del precedente constitucional, como una estructura compleja que abona el camino para generar credibilidad a los jueces al momento de unificar sus criterios en la interpretación de la Constitución Política de 1991, ya que se sigue creyendo que el derecho consiste en tomar una norma o situación fáctica y descubrir qué derecho fundamental se está violando, como bien lo explica Lancheros–Gámez, lo cual desconoce en cierta medida la dogmática, veremos entonces cómo la Corte Constitucional ha avanzado notoriamente en varias de estas líneas jurisprudenciales.

Si los jueces y abogados desarrollan una lectura constitucional metódica y rigurosa, se verá lo singular del derecho constitucional colombiano, pues, como afirma Lancheros–Gámez:

El Derecho constitucional colombiano ha llegado a tener una identidad propia que lo hace diferente, peculiar y, si se quiere, atractivo para aquellos que deseen observar cómo la jurisprudencia puede complementar y, en algunos casos, desplazar a la ley como fuente principal de Derecho en un sistema jurídico de origen europeo continental.

Gracias a que se ha pasado de tomar la jurisprudencia como una simple fuente auxiliar a una fuente formal de derecho, queda demostrado que el desarrollo y estructuración asociativa del poder vinculante del precedente constitucional en Colombia, surte sus efectos gracias a que su principal función es la de unificar la jurisprudencia y brindar ejemplos de sentencias en firme para que jueces y abogados logren suficiente ilustración frente a casos de alta complejidad o sensibilidad social:

Mediante este procedimiento se examinan mensualmente un promedio de 40.000 expedientes de tutela de todo el país —se radican 2000 diarios—. De este total, solo se seleccionan para revisión aproximadamente sesenta tutelas al mes. En este proceso participan cerca de ochenta funcionarios de distintos niveles de la Corte Constitucional. Hasta el 31 de marzo de 2012 han sido entregadas a este Alto Tribunal un poco más de tres millones cuatrocientas mil sentencias para su revisión.

Se vincula de este modo la ley y el derecho a las necesidades sociales, al responder de forma adecuada y garantizar al Estado social de derecho su búsqueda creacionista de principios jurídicos que garanticen justicia material en casos concretos, en pocas palabras, es deber del juez tener en cuenta casos similares y fallarlos de la misma manera con base en su propia doctrina judicial, como quedó sentado en la Sentencia C-252/01, donde se determina cuándo el juez puede apartarse de la jurisprudencia del máximo órgano de la respectiva jurisdicción. Lo cual quiere decir que están obligados a fundamentar expresamente sus decisiones a partir de la jurisprudencia para determinar la forma como deciden apartase de los fallos de la Corte Suprema como juez de casación.

Ahora bien, la Jurisprudencia Constitucional es siempre rica a la hora de ejemplificar de forma metódica hechos que estructuran la práctica de abogados y jueces. En consecuencia, cuando no ha habido un tránsito legislativo relevante, los jueces están obligados a seguir explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los casos en que el principio o regla jurisprudencial, sigan teniendo aplicación, así lo afirma López Medina. En síntesis, los jueces colombianos, por mandato constitucional, son independientes y sólo están atados a la ley y no al precedente judicial; que el precedente sólo tiene un criterio auxiliar de la actividad judicial, pero que jamás es obligatorio, como dejó en firme en la Sentencia C-836/01, para cuidar que se petrifique el ordenamiento jurídico y se creen sentencias inaceptables al generar injusticias en la toma de fallos que deben estar inspirados en la Constitución, en el derecho legislado y no en los vaivenes del devenir histórico. Lo anterior resulta relevante en la unión u oposición de un sistema romano-germánico y el common law, que son los que caracterizan el manejo técnico de la jurisprudencia en Colombia.

El Consejo de Estado a su vez sugiere otorgarle mayor peso y fuerza a la construcción detallada del concepto de “doctrina probable”, puesto que, según la Corte Constitucional, el cambio jurisprudencial sólo se puede dar por un listado más o menos cerrado de motivas razonables y suficientes. Esto gracias a las libertades concedidas por el Congreso de 1896 que permitió avanzar en la materia al reformar, por petición de la Corte Suprema, el Artículo 361 de la Ley 105 de 1890, por medio del artículo 4° de la Ley 169 en la que quedó especificada la posibilidad que la Corte “varíe la doctrina” en caso de que juzgue errónea sus decisiones anteriores, sin que las tres disposiciones uniformes sobre un mismo punto de derecho constituyan una “doctrina probable”. Así: “La consolidación definitiva de un régimen y de prácticas de precedente constitucional, sin embargo, sólo se da a partir de sentencias de los años 1995-1998 donde la Corte Constitucional en pleno adopta un sistema fuerte de precedentes constitucionales”. De allí el valor que se le confiere a la Sentencia C-836/01, la cual ayuda a reinterpretar “de forma radical” el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, de forma que la presente jurisprudencia se muestre como un sistema fuerte de precedentes y no una disciplina meramente indicativa de doctrina probable como había sido su interpretación casi centenaria.

Por ello el año de 1991 resulta cardinal en los estudios recientes al respecto, no sólo por la Constitución del mismo año si no por la creación de la Corte Constitucional y la expedición del Decreto 2067 y un año después la Sentencia T 406/92, la cual reconoce el valor de la tutela a la hora de generar una jurisprudencia normativo-general, a este nuevo régimen se le denomina “doctrina constitucional”, la cual difiere notoriamente de la “doctrina probable”.

Podemos resumir entonces que un juez de la República de Colombia y demás funcionarios competentes tienen la posibilidad, dentro de su autonomía, de  apartarse de la línea jurisprudencial tratada por las altas cortes, pero siempre que justifique de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia se libera de la obligación de seguir sus propios auto-precedentes y puede dictar fallos  “iguales”, en apariencia, en diversa forma, ya que para la Corte Constitucional el concepto de error en la doctrina jurisprudencial está severamente limitado, pues existe una obligación de respeto relativo del precedente horizontal y vertical en la jurisdicción común, la Corte Constitucional busca entonces unificar y materializar la igualdad frente a la ley, por ello la Sentencia C-836/01 insiste que el “error judicial” no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sin conservar una suficiencia en el juicio.

 

Referencias

López Medina, Diego Eduardo (2006). Interpretación constitucional. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Consejo Superior de la Judicatura. República de Colombia. Editado por la Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

Lancheros-Gámez, Juan Carlos (2012).  El precedente constitucional en Colombia y su estructura argumentativa síntesis de las experiencias de un sistema de control mixto de constitucionalidad a la luz de la sentencia t-292 de 2006 de la Corte Constitucional. Universidad de La Sabana. Recuperado de: http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/2273/3095