xenofobiaLos mensajes xenófobos en redes sociales contra los venezolanos durante los toques de queda en Cali y en Bogotá, donde fueron acusados de asaltar residencias y locales comerciales, fueron el triste epílogo del inesperado triunfo del ultraconservador Alejandro Ordóñez.

 

Por Edgar Quintero Herrera

En febrero, la encuesta bimensual de Gallup proyectaba que el 61% de los colombianos  estaban de acuerdo con la atención del gobierno colombiano a la inmigración masiva de venezolanos. Una sólida mayoría respaldaba la política migratoria del gobierno de Iván Duque.

Semanas atrás, un desconocido diputado se autoproclamaba presidente interino de Venezuela. Juan Guaidó desafiaba al gobierno de Nicolás Maduro y le inyectaba esperanza a una oposición perseguida y fragmentada. Un nuevo capítulo del final del régimen chavista, siempre anunciado, empezaba a rodarse.

El 22 de febrero, un multitudinario concierto del lado colombiano de la frontera con Venezuela consagró el mandato de Juan Guaidó, reconocido por más de cincuenta Estados. La foto del líder opositor venezolano junto a Iván Duque, Sebastián Piñera y Mario Abdo retrataba, además, el decidido apoyo regional que impulsaba a su sorpresivo gobierno interino.

Diez meses después los pronósticos sobre la caída de Nicolás Maduro han vuelto a fallar y el liderazgo de Juan Guaidó se ha debilitado entre las fracturas internas de la oposición y las denuncias por presuntos actos de corrupción que involucran a miembros de sus filas.

La estrategia diplomática del Grupo de Lima, la alianza de 15 países de la región para presionar por una transición democrática en Venezuela, hace agua. Los gobiernos de miembros como Chile y Colombia reman con desesperación bajo tormentosos horizontes nacionales, desbordados por las protestas y hundidos en las encuestas.

Entre tanto, la imagen de los inmigrantes venezolanos en Colombia, su principal destino, se ha deteriorado de forma sostenida. Según la encuesta de diciembre de Gallup, el 62% de los colombianos está en contra de que el gobierno acoja a los ciudadanos que cruzan la frontera para establecerse en el país, desesperados, en muchas ocasiones, por el hambre y la violencia.

¿Por qué la solidaridad de los colombianos frente al drama venezolano parece esfumarse?, ¿estamos vacunados contra los niveles de intolerancia frente a la inmigración que vemos en Estados Unidos y en Europa?, ¿cuáles son las condiciones políticas que han contenido la xenofobia?, ¿una fuerza política intentará capitalizar esos sentimientos?

Según la ACNUR, para el año entrante se estima en 6.5 millones la cantidad de migrantes venezolanos por el mundo. Foto / Crónica

Incentivos para la solidaridad

La solidaridad del Gobierno Nacional y de la sociedad colombiana con la diáspora venezolana ha sido genuina. Las políticas de Migración Colombia, la autoridad migratoria del país, lo demuestran. El esfuerzo humano, logístico y fiscal del Estado colombiano, desplegado por el anterior gobierno y sostenido por el actual, es ejemplar.

Existen, además, incentivos que estimulan la solidaridad.

El primero, la política exterior del gobierno Duque. Liderar la presión diplomática contra el el régimen de Nicolás Maduro exige ser solidario con sus víctimas. La atención a los inmigrantes venezolanos y la garantía de sus derechos son obligaciones del Estado colombiano. También refuerzan las denuncias sobre las arbitrariedades del gobierno venezolano.

El segundo pasa por el discurso del Centro Democrático, el partido de gobierno. El uribismo ha proyectado sobre los inmigrantes venezolanos las consecuencias perversas de un futuro gobierno progresista en Colombia. El fantasma castrochavista. Dentro de su narrativa, los inmigrantes son víctimas de un modelo fracasado que los colombianos deben rechazar, desactivando las banderas anti-inmigrantes ondeadas, generalmente, por partidos de derecha.

Existen otras dos condiciones más elementales que favorecen la solidaridad con los cientos de miles de venezolanos que han cruzado la frontera: la novedad del fenómeno y los lazos culturales que unen a las dos naciones.

Colombia no es, y nunca ha sido, un país receptor de migrantes, como Estados Unidos o Argentina (o la misma Venezuela). El país vive, actualmente, la ola migratoria más grande de su historia republicana. La sociedad y los actores políticos han estado enfrentando una problemática social novedosa. Mientras se adaptaron a ella era difícil que los sentimientos xenófobos brotaran naturalmente. Mucho menos que un partido los integrara a su oferta política.

Finalmente, son venezolanos. Hablan el mismo idioma, profesan mayoritariamente la misma religión, comparten símbolos y próceres. Mares y sabores. La solidaridad tiene menos obstáculos.

El cruce a pie del páramo de Berlín, en Santander, es uno de los mayores retos para la multitud errante que sale de Venezuela hacia Colombia. Foto / AP

La destrucción de un consenso

No es casual que sean dos políticos de Santander, el próspero departamento al nororiente del país, quienes representen con mayor claridad el creciente desgaste del consenso a favor de los venezolanos. Son políticos locales que no lideran un pulso internacional contra un gobierno autoritario y representan a un electorado que por su cercanía con la frontera vive la crisis migratoria con particular intensidad.

Desde el 2017 Rodolfo Hernández, el destituido alcalde de Bucaramanga, ha denigrado públicamente de los inmigrantes. El énfasis de sus insultos ha estado en los costos de la prestación de servicios públicos a los nuevos habitantes, como la atención a las mujeres embarazadas.

Recientemente, durante la campaña para las elecciones locales de octubre, la diputada cristiana Ángela Hernández, candidata a la gobernación de Santander por el Partido Liberal, propuso un control migratorio más estricto en el departamento bajo el argumento, éticamente condenable, de que estaban llegando “personas indeseables”.

También existe el ejemplo, cada vez menos excepcional, de un líder político con proyección nacional que crítica con ferocidad el modelo venezolano y promueve la xenofobia. Da la casualidad que también es santandereano. En mayo de este año Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia ante la OEA, en contra de la posición mayoritaria del Gobierno, señaló que la migración venezolana era parte de un sofisticado plan para irradiar el “Socialismo del siglo XXI” y desestabilizar a la región.

La tesis de la conspiración internacional, promovida en solitario por Ordóñez en las distantes tribunas de la OEA, casó perfectamente y encontró una enorme caja de resonancia con la estrategia del Gobierno Duque y el Centro Democrático para deslegitimar las protestas multitudinarias que desde el 21 de noviembre se han convocado en el país.

Las denuncias sobre agentes internacionales infiltrados en las movilizaciones ciudadanas, dirigidos, según la excéntrica tesis del uribismo, por el Foro de Sao Paulo y materializadas en la cuestionada deportación de 59 personas extranjeras que mereció, incluso, un pronunciamiento del presidente Duque, resquebrajaron el sólido sentimiento de solidaridad que el Gobierno y el principal partido de su coalición habían mantenido a favor de los inmigrantes venezolanos.

Las actitudes xenófobas crecen de manera paulatina entre los colombianos, a la espera de que alguien las capitalice políticamente. Fotografía / CNN

Los mensajes xenófobos en redes sociales contra los venezolanos durante los toques de queda en Cali y en Bogotá, donde fueron acusados de asaltar residencias y locales comerciales, fueron el triste epílogo del inesperado triunfo del ultraconservador Alejandro Ordóñez.

Las condiciones parecen ideales. Un convulsionado contexto regional que ha puesto a la crisis venezolana en un segundo plano. Una estrategia diplomática, liderada por Colombia, que ha fracasado. El cambio de discurso frente a los inmigrantes del principal partido de la derecha colombiana. Una lectura paranoica del Gobierno sobre la protesta social que ha suscrito conspiraciones internacionales con visos xenófobos.

Y si a esas condiciones nacionales e internacionales, sumamos los problemas que tienen las autoridades locales para gestionar una crisis migratoria sin precedentes en el país, tenemos un escenario muy peligroso.

Héctor Abad Faciolince, en una de sus columnas de El Espectador, escribió que entre buena parte de los colombianos intuía cierta xenofilia. Sus gobiernos, continuaba, han sido los xenófobos a lo largo de la historia. No estoy seguro. Los colombianos no son personas excepcionales y los problemas de una sociedad —la criminalidad, el déficit de los hospitales públicos— tramitados por una plataforma política que los asocie con la inmigración tiene la capacidad de generar un rabioso movimiento anti-inmigrante.