El primer intento de reforma agraria en Colombia se lleva a cabo en 1926 por parte del gobierno para evitar una crisis alimentaria.

  

Por: Víctor Hugo Mejía Anichárico

La oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal.

Jorge Eliécer Gaitán

 

Las palabras del caudillo asesinado hace 70 años retumban en las consecuencias que aún se viven en nuestro país. Toda una historia de violencia partidista, luego viene la conformación de grupos armados por fuera de la Ley que han estado inmiscuidos en el conflicto armado colombiano.

En el Estado colombiano siempre han gobernado las mismas familias pertenecientes a las élites, por eso Gaitán era inadmisible para ellos; la historia del país está manchada con los asesinatos de rivales políticos.

En Colombia imperan las clases sociales, según el lugar donde se viva se pertenece a un grupo social que revela la condición económica. Pero los conflictos han abarcado todo el territorio, por eso gran cantidad de población ha migrado a lo largo y ancho del país, y por fuera de él.

Gaitán defendía la tenencia de la tierra para quien la cultivaba y la defendía como una despensa para la parte urbana; el campesino tenía prioridad en su discurso. Fue claro en tildar a los políticos como politiqueros que solo perseguían los intereses personales y de sus adeptos, olvidándose de los verdaderos problemas nacionales de la población, situación que aún persiste en el territorio nacional.

La distribución racional de la tierra, una de sus proclamas: “observad cuánta tierra sin cultivar cuyos propietarios las mantienen en descanso indebido, mientras multitud de hombres que nacieron con el mismo derecho sobre ella, no tienen un solo rincón donde refugiar sus vidas maceradas“. Un reclamo a los dueños de las tierras que esperan que se valorice para venderlas. Ello es consecuencia de la monopolización de la misma.

El Régimen de Tierras establecido en las reformas que hizo aprobar Gaitán, reclamaba la revisión orgánica de la Ley de Tierras en la cual se les da prioridad a los colonos que la hacen productiva, excluyendo a cualquier otro titular de las tierras cultivadas.

Pero no ha sido solo la lucha de Gaitán en su vida pública a favor de los menos favorecidos, es toda una historia de Colombia desde antes, durante y después de la Colonia hasta nuestros días, siempre en permanente conflicto de intereses por la tierra. Veamos un poco de antecedentes.

Otra práctica eran “los Resguardos”, referenciados en la misma obra, porciones de terreno adjudicadas colectivamente a los indígenas de un determinado clan o tribu.

En el principio fue la tierra

En la época de la invasión española a nuestro territorio, las órdenes de la Corona eran apropiarse de todo cuanto, según ellos, conquistaran, incluyendo tierras, mares y ríos. Allí existieron instituciones como “la encomienda”, abordada en la Introducción a la historia económica de Colombia de Álvaro Tirado Mejía, abogado y profesor universitario, en la cual no daba ningún derecho sobre la tierra, pero en la práctica el encomendero muchas veces se apoderaba de ella.

Otra práctica eran “los Resguardos”, referenciados en la misma obra, porciones de terreno adjudicadas colectivamente a los indígenas de un determinado clan o tribu. Además, el régimen monetario se fue apoderando de estos centros de economía natural y las ventas de tierras que realizaba la Corona a partir del siglo XVI, así como el robo descarado de las mismas consumado por los terratenientes vecinos, al reducir el resguardo a su mínima extensión territorial, obligaron a sus habitantes a emigrar a los centros urbanos o a las haciendas para alquilarse como asalariados o para laborar la tierra por el sistema de aparcería.

Todo estaba acompasado por los intereses del Estado y de las clases dominantes.

Gran parte de los conflictos sociales que existen en el suelo colombiano se presentan por el dominio de la tierra. La historia de Colombia siempre ha estado cobijada por aspectos como el despojo de tierras de las masas en beneficio de unos pocos. El conflicto empezó desde que fueron arrebatadas las tierras a los indígenas por parte de los invasores españoles y no culminará hasta que la tierra no quede en poder de las personas que realmente la trabajan. Tan solo habían transcurrido cinco años desde el descubrimiento de América y ya el problema de la tierra hacía tambalear al gobierno de Colón, dice Tirado Mejía. Muchos aspectos han rodeado el despojo de tierras a una gran parte de nuestra población: los indígenas, los campesinos, las negritudes, y otra cantidad de población de las clases menos favorecidas.

Para la época de la Independencia, ya existía una gran cantidad de tierra en manos de una reducida oligarquía. Millones de campesinos sin tierra trabajando como peones mal pagos, y las fértiles en manos de terratenientes era la imagen para la época de la República. Es un recorrido oscuro de atropello a la propiedad de la tierra por parte de terratenientes contra los aborígenes y las clases campesinas.

Desde 1920 el campo vivía una serie de problemas que iban en contra de una adecuada producción agrícola.

La inalcanzable reforma agraria

Otro antecedente de este conflicto han sido los intentos fracasados de reformas agrarias.

El primer intento de reforma agraria en Colombia se lleva a cabo en 1926 por el gobierno para evitar una crisis alimentaria. Desde 1920 el campo vivía una serie de problemas que iban en contra de una adecuada producción agrícola. Una alta concentración de la tierra podría disminuir la producción. Violencia provocada por la inadecuada distribución de la tierra hacia enfrentar constantemente a terratenientes con campesinos. Albert Berry del departamento de economía de la universidad de Toronto, del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, se pronunció sobre la grave ambigüedad en torno a los derechos de posesión de la tierra, traducido en el alto grado de malestar rural y la contribución que la distribución de la tierra ha dado a muchos otros problemas sociales y económicos del país durante el siglo XX y parte del XXI. Desde 1920 hasta la actualidad en el país se reglamentaron 11 leyes de reforma agraria, sin que ninguna de ellos hubiese tenido el alcance deseado. Para algunos los intentos de reforma agraria en el país han sido una suma de fracasos. El desenlace de estas reformas inconclusas fue un proceso de contrarreforma.

La negociación política alrededor de una reforma agraria, con un énfasis hacia la capitalización y modernización tecnológica de la agricultura y la incorporación de nuevas tierras a la producción intentaba acabar el caldo de cultivo de la guerra, en desarrollo de un acuerdo político entre el Congreso, el gobierno y los gremios de la producción agrícola, conocido como el Acuerdo de Chicoral, según Álvaro Balcázar, ex director de la Unidad de Consolidación y asesor de dicho acuerdo realizado en 1972.

Esta fase de la política colombiana campesina fue un rechazo a la reforma agraria como comúnmente se conocía. En el Acuerdo de Chicoral, se recalca en una comisión bipartidista con fuerte representación de las familias antiguas terratenientes, por ello se toman una serie de decisiones como la de suprimir la opción de expropiación de tierras.

El sistema de reforma agraria no funcionó como tal debido a la formulación aislada de políticas y prioridades propias en cada entidad, al grado disímil en la planificación de instituciones y entidades territoriales, a la especialización y dispersión de funciones y al estado diferenciado del proceso de descentralización en todas ellas.

Héctor Mondragón, economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, en su ponencia “La economía rural y la guerra”, afirmaba que a partir del acuerdo mencionado, se determina un sistema de acciones estatales en el campo colombiano, que apuntan a atenuar los efectos del atraso del sector, sin afectar el sistema de propiedad del suelo, además, que el proyecto gubernamental, en vez de contrarrestar la tendencia a los altos precios, la consolidaba, al mismo tiempo que dejaba al Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), ya desaparecido, y a los campesinos completamente al arbitrio de las propuestas de los propietarios. En realidad, el Estado abandona la reforma agraria al limitar su acción a la simple entrega del subsidio de compra de tierras a campesinos.

Otro aspecto es la estructura del espacio rural en Colombia, la cual wxpone características como alta concentración y polarización de la propiedad, poco potencial de crecimiento, poca inversión, bajo nivel de ahorro, debilidad e incertidumbre sobre los derechos de propiedad, uso ineficiente del suelo, políticas discriminatorias contra el campesino y pequeños propietarios, entre otras, hace que la distribución de las tierras sea el elemento al cual se le atribuyen la mayoría de problemas de la estructura agraria.

Es lamentable que muchos de los asesinatos no se denuncien por temor a las represalias y a la ineficacia del sistema jurídico colombiano…

En la tierra germina la violencia

Absalón Machado, profesor de la Universidad Nacional, en su documento “Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto”, asegura que la mayor parte de estas tierras se encuentran en manos de los “señores de la propiedad (narcotráfico, grupos armados, paramilitarismo, etc…)”, los cuales defienden sus territorios con las armas, imponen tributos obligatorios, ejercen amedrentamiento y castigo con la pena de muerte o el desplazamiento obligado a quien cometa violación de sus normas y códigos de conducta, o a quien no se someta a sus reglas.

Ante esta pavorosa situación, es urgente que el Estado, incluidos todos sus estamentos, asuma la responsabilidad que le corresponde frente a la dolorosa indiferencia social y la escandalosa inoperancia de la justicia, por eso mismo que dé la cara a la verdad y a la reparación de víctimas. Es lamentable que muchos de los asesinatos no se denuncien por temor a las represalias y a la ineficacia del sistema jurídico colombiano reflejado en la impunidad de muchos de los actos delictivos. A ello se suma la alianza siniestra entre miembros del Ejército, terratenientes, políticos, paramilitares, etc…, los cuales recurren al terror para arrasar con todo lo que no esté de acuerdo con sus negras intenciones.

No se vislumbra en el corto plazo el enjuiciamiento de los autores materiales de los asesinatos de líderes reclamantes de tierras, mucho menos los responsables intelectuales, y en este sentido se deberían encaminar los esfuerzos institucionales del Estado para desenmascarar los verdaderos responsables de estos crímenes. Es de anotar que los homicidios contra personas involucradas en restitución de tierras se cuadruplicaron entre 2015 y 2018. Pareciera que reclamar la tierra de la cual se es dueño fuera una sentencia de muerte. Según el informe de la Procuraduría, los homicidios se han presentado cuando los procesos están relacionados con la propiedad, el uso o tenencia de la tierra en áreas rurales y en zonas estratégicas para el crecimiento urbano y el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura.

Es válido culminar este documento como empezó: ¿Por qué asesinan a los líderes reclamantes de tierras?, y agregaríamos: ¿y quiénes los ordenan?