PROYECTOS PÚBLICOS PARA BENEFICIAR A LOS AMIGOTES (II)

Informan que se solicitó al contratista mayor personal en las obras, en especial para las estaciones del Olaya, UTP y Villa Santana, donde los trabajos se desarrollan lentamente, lo que afecta la observancia del plazo estipulado.

 

Por / Carlos Alfredo Crosthwaite F.

Carlos Alfredo Crosthwaite. Fotografía / Area Política

Afirmamos sin temor a equívocos que el proyecto Megacable es otra carga más para las pobres finanzas locales, y son pobres, pues no obstante que las diferentes administraciones se ufanan de ejecutar grandes proyectos de inversión, es bueno recordar que estas no se han financiado con recursos impositivos o del ahorro del gasto público, sino que se sufragaron, en su gran mayoría, con los recursos provenientes de la privatización de las empresas de telecomunicaciones, energía y aseo, o sea, entregando el patrimonio colectivo de los ciudadanos.

 

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Igual de pobre es la gestión financiera del municipio, pues los deberes constitucionales no se cumplen. Para la muestra el estado de ruina y eminente colapso de edificaciones del sector educativo, la ausencia de oferta de planes de vivienda que permitan mitigar el crecimiento de las invasiones, donde habitan miles de familias en condiciones calamitosas, la ausencia de agua potable y saneamiento básico en grandes sectores de la zona rural. La pobre inversión social en sectores vulnerables como los jóvenes en drogadicción, la niñez y la tercera edad a la que dejan morir de desnutrición.

Retomando el Informe Megacable del mes de junio, es evidente que la administración desatiende las observaciones del interventor, pues guarda silencio para proteger y tolerar incumplimientos del contratista. Según la ley el interventor tiene obligaciones por cumplir y responde civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución del contrato vigilado.

Cómo explicarle a la ciudadanía que según el interventor no ha sido posible conciliar debidamente el valor final del proyecto con el contratista, desconocen el valor real. Queda plasmado que solicitan presentar nuevamente los documentos de soporte de actividades que el contratista pretende cobrar y que están referenciadas en acta de diciembre 23 de 2019, con obligación de presentar al 8 de enero para verificar, revisar y conceptuar. Están ejecutando obras sin pactar precios, en clara y manifiesta violación del estatuto de contratación pública.

Informan que se solicitó al contratista mayor personal en las obras, en especial para las estaciones del Olaya, UTP y Villa Santana, donde los trabajos se desarrollan lentamente, lo que afecta la observancia del plazo estipulado. De las conclusiones y recomendaciones del informe se remata que en 7 meses de actividades no ha existido programación de inversión, es decir se ejecutó obra sin hacer control al cumplimiento de inversiones y se acepta modificar cronograma de obra sin iniciar proceso sancionatorio por incumplimiento. Esta conclusión demuestra que existe un pacto de tolerancia con estos amigotes de las administraciones de Gallo y Maya, cuando expresa que se continúa a la espera de ajustar el presupuesto, lo cual será posible una vez presentados los diseños definitivos de la estructura de la estación y el puente del terminal.

Así pues, ejecutan contrato multimillonario, sin estudios y violentando el principio de planeación del contrato estatal; además, a falta de análisis, diseños y demás gestiones para definir con certeza las condiciones del proyecto Megacable y del proceso de selección pertinente, con el fin de que la contratación se ejecutara en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible. Con razón el afán de ejecutar por $15.000 millones de pesos la actualización catastral del municipio con el catastro Distrital, sin control y vigilancia ciudadana, y con el solo afán de aumentar el valor de los predios urbanos en al menos el 60%, con mayor recaudo del predial, para sufragar los sobrecostos de este proyecto y los demás que se ejecutan sin planeación. Se lo van a cobrar a la gente. Y que no digan después que no les avisamos.