PROYECTOS PÚBLICOS PARA BENEFICIAR A LOS AMIGOTES (I)

Me referiré aquí a dos proyectos de iniciativas de alcaldes, cuyos costos han sido y serán una carga para las finanzas locales, con servicios por prestar que dejan o dejarán mucho qué pensar.

 

Por / Carlos Alfredo Crosthwaite F.

El país está azotado por la gran corrupción que desaparece nuestra riqueza y las rentas recibidas por impuestos, pues se invierten en proyectos altamente deficientes, a iniciativa de autoridades nacionales y regionales. Para el caso de Pereira, son innumerables los proyectos públicos que han sido un descalabro, en los que la comunidad siempre pierde y que solo han servido para enriquecer a los protegidos de los mandatarios de turno, pues sus impuestos son precisamente invertidos, y las obras entregadas son de mala calidad y deficientes.

 Son muchos los ejemplos. Me referiré aquí a dos proyectos de iniciativas de alcaldes, cuyos costos han sido y serán una carga para las finanzas locales, con servicios por prestar que dejan o dejarán mucho qué pensar. El primero de ellos el proyecto de privatización del servicio de alumbrado público del alcalde Luis Alberto Duque (QEPD), aprobado en el Concejo sin estudios pertinentes en 1998; solo se presentó una exposición de motivos fraudulenta, pues afirmó la existencia de 41.500 luminarias para el cálculo de las tarifas y la autorización de su concesión, arrebatándole su administración, operación y mantenimiento a la empresa de energía.

 En el año 2000, después de una ardua pelea y de ser concesionado el servicio por la vía de una irregular licitación, se estableció que las luminarias existentes eran 21.200, o sea el 50% de lo afirmado. Procedieron a rebajar solo el 30% de la tarifa, que se cobró durante más de un año y nunca se reintegraron los mayores valores recibidos. En el 2014 el Consejo de Estado ordenó la liquidación del contrato, revertieron a la ciudad un sistema de alumbrado con no menos del 65% de sus luminarias obsoletas; mientras el concesionario ENELAR obtuvo ganancias anuales del 15%, después que su aporte inicial fue de apenas $150 millones, recuperados en el primer año de operación, y de ñapa, en maniobra irregular en la liquidación, les reconocieron varios miles de millones de pesos. Hoy la ciudadanía paga una costosa tarifa por un mal servicio, la operación y compra de energía se hace a Enerpereira, mediante contratación directa, incumpliendo lo establecido en el Decreto 2424 de 2006: “en los contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre concurrencia de los oferentes en igualdad de condiciones”. El dinero desapareció.

 Otro proyecto que rueda por igual camino es el Megacable. Contratado sin estudios, solo un prediseño, estos son ejecutados por los mismos contratistas. Es la hora que no se conoce la fecha de culminación y mucho menos el costo definitivo. La administración se pasa por la faja las órdenes de la interventoría. El gerente del proyecto afirmó en una entrevista que están detenidos algunos de los procesos indispensables que se requieren para la finalización de las obras, por el cierre de las operaciones aéreas entre Colombia y Europa, omitiendo que desde el 27 de septiembre hay conectividad desde Europa con EEUU y desde allí hacia Colombia. Agregó que se requiere de la presencia de expertos franceses para poner a funcionar el cable, los cuales no han podido viajar, olvidando que el contrato exige que el personal técnico esté en el proyecto, específicamente para el componente electromecánico se debe tener al 100 por ciento de dedicación al director del montaje electromecánico, responsable de dirigir esas actividades. Además, el montaje electromecánico fue subcontratado con Ingecables (empresa colombiana) que ha realizado los montajes en Medellín y otros proyectos en el país.

Aseguró el gerente que es imposible predecir fecha de terminación. Aunque el informe de interventoría de junio de 2020 ya proyectaba una estimación técnica de fechas de terminación de estaciones Olaya, UTP y Villasantana para mayo y la finalización del proyecto para agosto 31, considerando los efectos covid-19. Sin embargo, el pasado mes de mayo la administración municipal, con desacuerdo de la interventoría, le aceptó al contratista una reprogramación con fecha de terminación del pasado 15 de octubre. Así las cosas, ¿por qué para el contratista y la administración municipal sí fue posible predecir la terminación del proyecto el 15 de octubre, si en mayo conocían las limitantes de viajes aéreos desde el extranjero y las demás asociadas a la covid-19? y ahora que estas han disminuido, ¿por qué es imposible predecir la fecha de terminación? ¡Llegó el 15 de octubre de 2020 y nuevamente incumplieron! ¡Ahora, otra ampliación del plazo! Otro proyecto donde pierde el sector público y se benefician los amigotes de los alcaldes de turno. 

@cacrosferro