Estamos en temporada electoral desde el pasado 27 de julio, tiempo límite para inscripción de candidaturas a  elecciones regionales,  en las cuales se van  a  escoger alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales en todos los entes territoriales del país.

 

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina

Estas elecciones, al año siguiente de las presidenciales, han generado en los últimos días un debate en la política nacional, bajo el argumento de unificarlas todas en una misma fecha buscando ahorrar recursos, pues el despliegue electoral cuesta, para este año, sumando la totalidad de los entes territoriales, 818.000 millones de pesos. Según información dada por Juan Carlos Galindo al  periódico El Espectador en los últimos días. Esto sumado a los 1,7 billones de pesos que costaron los procesos electorales del 2018, entre elecciones al congreso, consultas interpardistas, elecciones presidenciales y consulta anticorrupción, porque sin duda el común denominador del 2018 fue electoral y político.  Sumando todo esto, tendremos que entre 2018 y 2019 el país habrá gastado en procesos electorales más de 2, 5 billones de pesos en menos de dos años.

Esto a la luz de los demagogos de la austeridad y la regla fiscal es un argumento irrebatible, los economistas al servicio del gobierno (sobre todo de este gobierno) sustentan que unificar las elecciones  sería muy provechoso para los gastos del Estado.

Lo que parece muy razonable, no lo es, viéndolo desde los costos democráticos que esta unificación traería. Porque la influencia del partido de gobierno dominante sería tal que todas las corporaciones de elección popular estarían cooptadas por quien gane las presidenciales, teniendo en cuenta el amplio poder que tiene esta  figura para el país, y las maquinarías serían invencibles, ahí sí, por cuenta de la cantidad de dinero y puestos que irrigarían los partidos con más poder económico.

No habría espacio para que la oposición y los partidos alternativos, las candidaturas independientes y las demás organizaciones minoritarias que participan en las elecciones, sin las maquinarias políticas y el dinero a cántaros de los partidos hegemónicos, olieran el poder y pudieran poner sus agendas en el proceso político del país.

Así, pues, que la democracia cuesta, y por razones de representatividad, pluralismo y contradicciones ideológicas es sano que las elecciones regionales y las nacionales sean en fechas diferentes, buscando preservar la posibilidad repartir un poco mejor la torta del poder.

De no ser así, sería Uribe Turbay  quién estuviera liderando las encuestas en Bogotá para la alcaldía y no Claudia López.

Pero vengamos a lo regional y miremos cómo está el panorama. Los partidos hegemónicos en coalición, el Liberal y el Conservador, proponen a Carlos Maya como su candidato a la alcaldía de Pereira. Maya tiene a su haber que fue nombrado por el actual alcalde Juan Pablo Gallo como secretario de Hacienda, en el primer tramo de su administración, de la cual se retiró para fraguar contra Mario Marín Hincapié su aspiración a la primera magistratura de la capital.

Su rival más opcionado, y que podría ganarle, es Mauricio Salazar, disidente conservador, quien ha construido su aspiración posando de independiente y con el apoyo de María Irma Noreña, su esposa, quien fue gerente de Aguas y Aguas y precandidata en el 2015 contra Gallo, al cual adhirió finalmente.

Salazar fue representante a la Cámara por el partido Conservador Colombiano, y expersonero de Pereira, plantea su candidatura por firmas desde la cual también impulsa una lista al Concejo. La pregunta es: ¿cómo financia Salazar su aspiración que le alcanza para impulsar lista propia al Concejo de Pereira?

Siguen en la palestra electoral el exgobernador Botero, quien  debe estar buscando reencaucharse después del fracaso de la campaña de Germán Vargas Lleras, de quien fuera su gerente de campaña; Carlos Alfredo Crosthwaite, que con un Polo Democrático en disputas internas por el manejo del partido y con una débil coalición en la que participan Colombia Humana y la Unión Patriótica, no registra más del 3 %  de intención de voto y que debe pelearse los votos de la izquierda con Alejandro García Ríos, un recién invitado a la mesa de los Verdes, del ala fajardista del Partido Alianza Verde, y quien no cuenta con el apoyo de todos los sectores de este partido; este joven prospecto de la política no ha podido sacudirse la idea generalizada en la izquierda de ser el candidato impuesto por Luis Enrique Arango, ex rector de la UTP,  y con quien, de seguro, si no despega en las encuestas,  el exrector buscará negociar con el más opcionado, mantener las dos secretarías municipales que son de su entero resorte –Educación y Planeación– que le permitan consolidar su nada oculta idea de aspirar a la alcaldía en el 2023.

Finaliza este ramillete la aspirante Carolina Bustamante, la que también posando de independiente propone lista propia al Concejo  y que cuenta con el apoyo de Martha Elena Bedoya y el sotismo, quienes solapadamente han permeado su campaña. A esta joven candidata le formulo la misma pregunta que a Salazar: ¿cómo financia su aspiración que le alcanza para impulsar lista propia al Concejo de Pereira?  Finalmente,  aparece un desconocido Jesús María Hernández, sobre el cual no hay nada qué decir.

Alea jacta est, exclamó Julio César cruzando el Rubicón; alea jacta est para estas aspiraciones que poco proponen y mucho derrochan en recursos e inútiles divisiones por nimiedades y tibiezas.

@rubio_miguel