Explicación del contenido y los alcances del acuerdo de justicia transicional que anunciaron el gobierno y las FARC esta semana. ¿En qué va a consistir el debate, que  pasará con la oposición y cuáles cambios legales implicaría el concretarlo?

 

Por: Jorge A. Restrepo*/Razón Pública

Poner de veras punto final a un conflicto implica remediar sus causas para que no renazca.

Y los acuerdos logrados en La Habana son programas y propuestas de reforma que parecerían eliminar las razones que mantienen la guerra en Colombia: a esto justamente apuntan los acuerdos de desarrollo rural, ampliación de la democracia y lucha contra el narcotráfico.

Por eso a muchos nos sorprendió que tomara dieciocho meses llegar a un acuerdo sobre el núcleo central del conflicto: la violación de los derechos de las víctimas. Pero este plazo no parece excesivo si recordamos que el tema de las víctimas está ligado de manera indisoluble con el de la justicia para los victimarios –en una sociedad para la cual no existe una justicia que no sea de índole retributiva–.

Mientras en La Habana se negociaba, la oposición en Colombia logró articular un discurso  negativo y cerrero que apela a aquellos sentimientos de retribución. Pero aunque retardó e hizo más difícil lograr el acuerdo, está oposición acabó por fortalecer la posibilidad de una paz duradera y sostenible.

El acuerdo de esta semana es el mayor avance hacia la terminación del conflicto, no solo porque completa el cuarto de los seis puntos en la agenda de negociación, sino porque da respuesta a aquella demanda de justicia retributiva mediante una nueva oferta de justicia.

Un sistema independiente y distinto

La Fiscalía General de la Nación entrega a 29 personas los restos de sus familiares dados por desaparecidos.
La Fiscalía General de la Nación entrega a 29 personas los restos de sus familiares
dados por desaparecidos.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El acuerdo en cuestión está basado en un sistema complejo, que incluye componentes de verdad, reparación y justicia.

Si bien los componentes de verdad y reparación exigirían análisis separado, en Colombia se habían presentado avances en ambas áreas. El  acuerdo recoge esos avances y los incorpora dentro de la nueva oferta de justicia.

Lo novedoso del acuerdo es crear un sistema de justicia especial para el conflicto: un sistema que requerirá esfuerzos ingentes y supondrá modificaciones importantes en materia constitucional. Esta justicia transicional no sustituye ni reduce la capacidad institucional al evacuar los casos por la vía del indulto generalizado, sino que amplía la oferta de justicia al crear un aparato institucional nuevo, independiente, superior y autónomo.

La nueva institución, llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no hará parte de las instituciones existentes, de manera que asume funciones jurisdiccionales de la Rama tanto en materia de investigación como de acusación es decir, funciones de policía judicial y de fiscalía.

También se crea una Unidad de Investigación y Acusación. Esta nueva entidad estará dedicada a investigar y acusar ante el Tribunal para la Paz o ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aquellos crímenes que se hayan cometidos en el marco del conflicto armado “en los que no haya habido reconocimiento de responsabilidad”. Si bien podrá solicitar información a la Fiscalía y otros organismos (incluyendo las policías judiciales del CTI y de la Policía), esta “fiscalía” es nueva e independiente.

La justicia especial para la paz tendrá autonomía y superioridad en los asuntos de su competencia, “en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”, según “los términos establecidos en el Acuerdo Final”. La preferencia se acompaña con una disposición para brindar seguridad jurídica: “las decisiones judiciales de la JEP son definitivas y no son objeto de revisión por parte de otro órgano del poder público o entidad del Estado”.

Esta no es una justicia complementaria, como lo fue la de “Justicia y Paz” que se aplicó a los paramilitares, con resultados mixtos. Tampoco implica duplicar lo existente. Se trata de un sistema nuevo -y probablemente mejor- para aplicar justicia.

 

Una mejor justicia

La creación de salas separadas para decidir sobre los casos de amnistía y para investigar y acusar a quienes fueron parte de los hechos delictivos es un avance en el sentido de convertir la concesión de amnistía en un asunto individualizado donde sería más fácil evitar los “colados”  u otorgar beneficios indebidos.

Si bien la amnistía es un asunto de grupo, la presencia de un organismo jurisdiccional y de un proceso judicial para concederla ayuda a que el proceso sea sostenible y facilita la participación de las víctimas.

Por lo demás, la nueva JEP permite que -por primera vez- las víctimas participen en los procesos de la  justicia transicional en Colombia. Y les otorga dientes: las secciones de apelación y revisión del Tribunal Especial para la Paz tendrán la función de decidir “sobre los recursos de las víctimas por vulneración de derechos fundamentales, contra las sentencias de las secciones”.

La inefectiva justicia “antiterrorista” también pasa a ser cuestión del pasado. Esta justicia que tan poco ha servido para proveer seguridad y confrontar las organizaciones surgidas del conflicto desaparecerá con la creación del nuevo sistema.

El acuerdo responde a otras demandas de la ciudadanía al imponer restricciones efectivas a la libertad para los exguerrilleros de las FARC, mediante el “monitoreo propio del sistema, así como un régimen de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los sancionados permanente e independiente”. Además de dar respuesta, en grado menor, a esa demanda ciudadana, esto implica tanto una garantía de seguridad para los excombatientes como una medida de disuasión para que ellos no se hagan parte de otras posibles empresas criminales.

No menos importante –y por primera vez– la justicia buscará responder de maneras directa a los retos del crimen organizado y del paramilitarismo. El acuerdo establece una “unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y sus redes de apoyo, referidas en el punto 3.4. de la Agenda del Acuerdo General”.

Si bien esta entidad funcionará “por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz” –lo cual permitirá adscribirla a la Policía Nacional o incluso a la Fiscalía– parece tener tanto funciones de investigación criminal (de policía judicial y acusación) como de policía (desmantelamiento). Esta unidad no contribuiría solo a combatir el crimen organizado sino a disminuir los riesgos del posconflicto en materia de criminalidad.

 

El debate que viene

Representantes de las Víctimas del conflicto armado llegan a la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba.
Representantes de las Víctimas del conflicto armado llegan a la mesa de
negociaciones en La Habana, Cuba.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El acuerdo desatará un intenso debate político que servirá como punto de partida de la campaña por la refrendación: ni los acuerdos económicos (desarrollo rural y narcotráfico) ni el político (ampliación de la democracia) han sido objeto de tanta controversia y sentimientos encontrados como el de la justicia.

Pero los opositores a la negociación no lograron bloquear este acuerdo. La oposición sí logró demorar la negociación, pero para mejorarla: el acuerdo recoge sus demandas, las de las organizaciones de víctimas y la de parte importante de la opinión pública, lo cual aumentará el apoyo al Acuerdo final.

Es probable que la oposición presente ahora una ruptura interna:

  • Estarán los radicales que se opongan al acuerdo y quienes decidan unirse a él.
  • Es probable que la mayoría de la Fuerza Pública se pliegue al acuerdo para alcanzar los beneficios que ofrece el componente de justicia transicional, diferenciado para los agentes del Estado pero simétrico en beneficios. Una minoría se radicalizará, pero es poco probable que logre bloquear el acuerdo.

Y aquí surge la pregunta sobre el papel de Álvaro Uribe: su disyuntiva es encabezar la oposición radical, cada vez menos representativa, o adherirse al acuerdo en busca de los beneficios para los intereses que él aún representa.

El punto donde la mesa de La Habana no cedió a la oposición fue en impedir que los exguerrilleros participen en política. Esta exigencia –que parecer contra con el respaldo del grueso de la opinión– bien podrá ser el caballito de batalla para oponerse a la refrendación.

Una vez concluido el acuerdo quedan bien definidas las reformas constitucionales que implicaría cumplirlo, pues es poco probable que los puntos pendientes  impliquen cambios de esta naturaleza.

Sin duda será difícil llevar a cabo este acuerdo de justicia. El nuevo sistema supone una confianza enorme en el Estado y en su capacidad para administrar justicia. No solo implicará grandes esfuerzos y altos costos, sino vencer los poderosos intereses corporativos de la justicia que se negarán a perder sus privilegios.

Aun así el conflicto colombiano no se está acabando por la vía militar, sino porque como nación nos dimos cuenta de que su costo es insoportable y que –una vez lograda la derrota estratégica de la guerrilla– resultaba preferible la salida negociada.

Ese menor costo parece ser el der crear una nueva justicia, que no es lo mismo que una revolución en la justicia.

* Profesor asociado de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).