Las señales de alarma en Chocó son muchas. La combativa Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció hace unos días una posible matanza paramilitar en los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Medio Atrato. Unos días antes, el Grupo de Trabajo por Colombia también alertó sobre la grave situación de Quibdó, Istmina y Apartadó.

Por: Equipo Otramérica / Varias fuentes

Justicia y Paz emitió el pasado 29 de abril una alerta temprana sobre una posible masacre paramilitar que se estaría planificando para los primeros días de diciembre. La fuente de primera mano de la Comisión Intereclesial afirmaba también que la impunidad para esta masacre estaría asegurada con un ardid que posibilitaría exculpar por omisión a la Brigada 17 del Ejército de Colombia.

Los denunciantes plantean que esta nueva amenaza se produce por la “la creciente presencia paramilitar ocurre en medio de una alta militarización en Curvaradó”. Y dan pistas claras de lo que está ocurriendo: “Una veintena de hombres armados de los grupos paramilitares instalaron campamentos en predio colectivos de la comunidad de El Guamo, Curvaradó. Los paramilitares que se identificaron como integrantes de las “Autodefensas Gaitanistas”, desde las nueve de la mañana el pasado sábado intimidaron a la población e ingresan a sus viviendas permanentemente. Advirtieron que harían limpieza de ladrones, preguntaron por la presencia de la guerrilla y afirmaron que avanzarían hasta el cerro Cara de Perro para enfrentarse con la guerrilla de las FARC”.

El cerro Cara de Perro, en donde se encuentra un lugar sagrado de los Emberá, parte del Resguardo Indígena es apetecido por empresas mineras para la exploración y explotación de oro, cobre, molibdeno. El riesgo o amenaza consiste en la posibilidad de pérdida del territorio ancestral en el Jaikatumá montaña sagrada, ubicada en proximidades al cerro Ellausakirandarra (“Careperro”), perteneciente al resguardo de Urada Jiguamiandó, y lugar sagrado para las comunidades indígenas Emberá y afrodescendientes del Jiguamiandó, por parte de la empresa norteamericana Muriel Mining Corporation para la exploración y explotación minera, segñun informa e proyecto Con los pies en la Tierra del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Salva la Selva nos da más detalles e indica que Muriel Mining Corporation (con sede en Colorado, Estados Unidos) tiene una concesión de 30 años -prorrogable otros 30- para explotar el proyecto Mandé Norte un área de 16.000 hectáreas de los departamentos de Chocó y Antioquia, de las cuales 11.000 están en área de cerro Ellausakirandarra.

La Comisión de Justicia y Paz informa que entre “los paramilitares que se asentaron en El Guamo se encuentra el reconocido como Andrés Moreno. Estos se movilizan en motocicleta hasta el caserío Santa María y de allí llega al Guamo. En Santa María se encuentran predios de comunidades negras ocupados de mala fe por empresarios que han amenazado constantemente a quienes reclaman sus tierras. Los paramilitares hace pocas horas advirtieron a miembros del Consejo Comunitario que si informaban de su presencia sufrirían las consecuencias”.

Los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sido territorio de guerra y sobre el expolio de tierras acontecido allá por parte de empresarios de la palma africana y los paramilitares hay abundante información e, incluso, sentencia judiciales en contra de las compañías. En 2010, la Corte Constitucional ordenó proteger sus vidas y sus tierras y la Fiscalía empezó a investigar a 24 palmicultores que presuntamente se aliaron con paramilitares para robar sus predios. Aunque esta orden ha sido incumplida de forma sistemática.

Señalamientos

Por otra parte, sigue la denuncia de Justicia y Paz, “el pasado domingo 25 de noviembre en el programa radial “Entre Etnias”, emitido en Apartadó, afirmaron que la Comisión de Justicia impedía el progreso y era la responsable del asesinato de Argento Díaz, Manuel Ruiz y próximamente daría muerte a la líder María Ligia Chaverra. En la actualidad por los crímenes de Argento Díaz, Manuel Ruiz y su hijo Samir se investigan a empresarios de la ganadería extensiva, la palma aceitera y el banano, como también el papel de la policía y la Brigada 17 por su posible responsabilidad por acción u omisión. La lider María Ligia Chaverra ha denunciado el papel del empresariado en la usurpación de tierras y contra su vida pesan graves amenazas e intentos de judicialización fundada en falsos testimonios”.

Ante las permanentes denuncias de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, así como de los líderes de la región, las autoridades no han tomado ninguna medida preventiva para evitar un nuevo baño de sangre en estos dos ríos cuyas comunidades fueron de las más golpeadas por la ofensiva paramilitar entre los años 1997 y 2001. Ahora, de nuevo están en el foco de los armados.

Mientras, tras una misión de reconocimiento en el Medio y Alto Atrato, el Grupo de Trabajo por Colombia denunció “el clima generalizado de violencia en las diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó, por el aumento y constante accionar de grupos armados ilegales y su relación con la explotación ilegal de recursos naturales y minerales”. La mancuerna es conocida en la región y ha sido denunciada de forma sistemática por las organizaciones étnicoterritoriales de afrodescendientes e indígenas.

De hecho, el Grupo de Trabajo también ve un alto riesgo en la concesión “legal” de tierras para la explotación minera sin un proceso adecuado de consulta previa e ignorando a las comunidades. Pone como ejemplo lo ocurrido con las tierras colectivas tituladas a nombre de la CoComopoca, organización que agrupa a 43 comunidades afrocolombianas que lucharon por 13 años para lograr el reconocimiento de su territorio. Ahora, el mismo Estado que les entregó el título de propiedad colectiva ha concesionado el 75% de su territorio (unas 55.000 hectáreas) para la explotación minera.