Aunque hay una legislación vigente, todavía es pobre para la gran magnitud de este delito. La falta de capacitación, de sensibilización y de control son las principales causas de que este tráfico se pronostique como la actividad ilícita del futuro, responsable de la extinción de la biodiversidad colombiana.
Por: Karem Valencia Vélez
Colombia es el segundo país en biodiversidad de animales y primero en aves, lo que genera que sea un blanco para las organizaciones del tráfico de fauna silvestre, el cual, después del narcotráfico, es el segundo negocio que permite más ganancias ilícitas en el país.
Según datos de la DIJIN (Policía judicial) en el año 2010 se incautaron 261.205 animales silvestres y en lo que va de este año se han incautado 360.999 especies. No obstante, este delito no es prioridad para el gobierno colombiano. Aunque hay leyes que condenan esta actividad, todavía nadie ha sido enjuiciado, siendo los animales decomisados los únicos perjudicados, pues luego de los operativos pasan en cautiverio meses, años y, en algunos casos, toda su vida.
Según el informe “International Crime Threat Assessment”, del gobierno norteamericano, el tráfico ilegal de especies tiene un valor anual estimado entre 6 y 10 mil millones de dólares.
En el libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentran 447 especies colombianas, de las cuales 119 están en vía de extinción. Colombia, mediante la ley 17 de 1981, se unió a la convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), suscrito en Washington en el año 1973, donde se compromete al cuidado de la biodiversidad, por medio de la implementación de medidas de control para con este tráfico, pero aun así no se evidencia rigurosidad en su aplicación. Adicional a esto existe la ley 99 de 1993, la ley 1333 de 2009 y, sobre todo, el Código Penal con su art. 328, el cual estipula penas de prisión por tráfico de fauna silvestre de entre 48 y 108 meses y multas hasta por 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, ninguna persona ha estado tras las rejas por este delito y la mayoría de veces sólo se hacen procedimientos administrativos.
Fallas en el control ambiental
La única fiscal ambiental, Gloria Elsa Arias Rangel, asegura que “esto se debe a que no es fácil pretender probar todos los requerimientos que la norma pide y mucho menos conseguir las pruebas. Es que todos se tapan con todos”. Además, para que por lo menos se logre medida de aseguramiento para un traficante, se tiene que demostrar no sólo que sea un peligro para la sociedad, sino que también haya un concierto para delinquir y pertenezca a un tráfico estructurado.
Un alto funcionario de la DIJIN en Bogotá, que prefirió no ser identificado, al igual que la Fiscal cree que hay falta de capacitación a la hora de tomar pruebas en las incautaciones, ya que piensan que como hay protocolos establecidos para la toma de evidencias en diferentes crímenes, así debería ser en el tema ambiental para que éstas lleguen a la Fiscalía y lograr el debido proceso.
El funcionario asegura que “todavía no estamos capacitados para los procesos del fortalecimiento de investigación y criminalística de fauna silvestre”.
No solo es falta de capacitación, también se evidencia falta de control y compromiso por parte de algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), “las CAR tienen un compromiso de velar por sus especies, su región. ¿Qué hacen en Bogotá especies del Huila, de Córdoba […] ¿en dónde está la actividad de control y vigilancia que deben ejercer?”, comenta inconforme la fiscal Arias. El problema es que si las CAR dejan que estas especies salgan de los departamentos, es más difícil devolverlos a su hábitat natural ya que la clasificación por parte de los biólogos en los centros de recepción y rehabilitación animal no es fácil, pues varias de éstas tienen sub-especies. Muchos animales en sus características morfológicas se ven iguales, pero genéticamente pueden ser diferentes dependiendo de la región del país de donde provengan.
Arturo*, integrante del Grupo de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente de la DIJIN, dice que “si bien es cierto existen estos delitos, muchas veces la Policía Nacional hace lo que debería hacer el lado administrativo: las CAR. Cuando asumimos cargos, asumimos responsabilidades”. Los cargos directivos de las CAR son designados por gobernadores, alcaldes y otros actores políticos. Lo que lleva a pensar a la fiscal Arias que estos últimos, por compromisos políticos, permiten delitos ambientales. “Por ejemplo, a veces un director de una CAR sabe que están haciendo minería ilegal, pero no dice nada. Claro, la mina es del Alcalde, su amigo” y agrega “las corporaciones autónomas saben por dónde salen los animales, entonces que monten un puesto de control”.
Erika Nadachowski, encargada del Proyecto de Fauna de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) asegura que “es imposible tener un control total sobre el departamento y menos en un país donde hay problemas de guerrilla, donde hay zonas donde no podemos entrar”. Para Erika las medidas no solo deben ser puestos de control policivo, ya que aunque es una medida necesaria, no es suficiente. Según Nadachowski el problema radica en la cultura y las CAR deben enfocarse en la educación y la sensibilización, pues mientras haya demanda, hay oferta.
Otros factores
La falta de sensibilización ciudadana es un factor muy importante. La mayoría de personas no saben qué tipo de animales pertenecen a este delito, no saben las contravenciones que se pueden cometer por su tenencia, tanto para ellos como sus familias, pero sobre todo los perjuicios para el medio ambiente. Al sacar animales de su hábitat se alteran los ecosistemas y todos los procesos evolutivos, no solo de su especie, sino también de la vegetación. Por esto mismo en Bogotá se incorporó en los planes educativos institucionales el PRAES (Proyecto Ambiental Escolar). Andrea Padilla, responsable nacional de prensa y comunicaciones de la protectora de animales Anima Naturalis Internacional, comenta “los profesores que imparten los PRAES generalmente no están capacitados… no pasan de enseñar cómo sembrar un arbolito y así…”
Según Claudia Brieva, directora de URRAS (Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres) hay pleno desconocimiento del tema y la mismas autoridades incurren en este delito “Los soldados, que son parte de la fuerza pública, vuelven de servicio y llegan con la iguana para la novia, la lora para la mamá… la gente que conoce el tema es realmente muy poquita”.
Otra problemática son las limitantes que tienen los organismos de control para combatir este tráfico. Andrea asegura que “en Colombia la legislación es supremamente precaria, puede que esté esa legislación, pero a nivel judicial – policivo no tenemos nada […] el tema de los animales sigue siendo menos en este país”. Según fuentes, en Bogotá se conoce que en las tres principales plazas de mercado (la del Restrepo, la del 20 de julio y la de Kennedy) se establece este comercio, pero las autoridades encargadas se ven frenadas por el concepto de debido procedimiento. Además, estos tienen que entrar con uniforme, lo que les avisa a los traficantes para esconder los animales.
Debido al desempleo, regiones como el departamento de Córdoba tienen poblaciones que devengan su actividad económica de este tráfico, lo que genera mayor dificultad a la hora de combatirlo: “es un tanto difícil ya que tú tienes que llevar unas propuestas económicas. No le podemos decir, muérase de hambre pero usted no puede traficar animales”, comenta Nadachowski. Según ella, en estas regiones la salida no es simplemente judicializarlos, ya que muchos lo hacen porque es el único trabajo que pueden conseguir. La falta de personal por parte de todos los organismos de control es evidente. Solo hay una fiscal a cargo de todos los delitos contra el medio ambiente. Las CAR pueden tener un promedio de 100 empleados, pero la mayoría no van a trabajo de campo. El Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS) más importante a nivel nacional solo tiene 17 empleados, entre biólogos, veterinarios y aseadores.
Empresarios, principales traficantes
La mayoría de traficantes son por lo general empresarios. La DIJIN tiene identificadas empresas alemanas y holandesas las cuales en tanques de peces ornamentales camuflan peces arahuanas, que en Europa pueden costar 400 euros. También están siendo investigados empresarios colombianos que bajo el nombre de sus empresas y sus permisos, están llevando a cabo este tráfico. “Hay empresas que se prestan… también hay personas las cuales lo hacen por medio de empresas sin que éstas sepan […] mucha gente con permiso para exportar ciertos productos aprovechan para exportar animales”, cuenta Arturo. La identidad de las empresas no puede ser revelada ya que se encuentran en proceso de investigación.
En lo que va de este año la DIJIN ha capturado 138 personas dejadas a disposición de la Fiscalía. Según datos de ellos mismos, el 80 por ciento de la actividad operativa en cuanto a incautaciones, se realizan en Antioquia, Córdoba, Sucre y Cesar; siendo estos los departamentos con mayor índice de tráfico de fauna silvestre a nivel nacional.
Según un documento de la Policía Ambiental, en Colombia, se han identificado tres principales rutas. La primera se origina desde los departamentos del Cesar y Córdoba hacia Bogotá. La segunda en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Putumayo y Meta hacia Bogotá y las fronteras del país. Y la tercera inicia desde Chocó y Antioquia hacia Bogotá y las principales fronteras del país.
Según la DIJIN, una de las principales rutas al exterior es desde Bogotá hacia Panamá.
Hay otras tres rutas para el tráfico exterior, la primera donde se trafican aves, pieles de reptiles, mamíferos y anfibios desde Colombia hacia República Dominicana, Ecuador, México, y Estados Unidos (Florida, Nueva York, Texas y California). En la segunda ruta se comercializan pieles de reptiles y mamíferos para usos de la moda hacia Europa (Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suecia, Croacia), Turquía, Nueva Zelanda, y Estados Unidos (Florida). Y en la tercera ruta se trafican reptiles, anfibios, insectos y especies hacia el continente asiático (Malasia, Indonesia, Japón, Taiwán, Singapur, Corea y Tailandia) y Europa (Finlandia).
Este tráfico es muy parecido al modo en que opera el narcotráfico. Según informe de la Europol, muchos de los carteles de drogas por sus mismas rutas también trafican fauna silvestre. Generalmente estas organizaciones están conformadas por personas de una misma familia, que cuentan con la infraestructura y los equipos necesarios para sus operaciones.
Estos grupos están conformados por recolectores, que generalmente son de la región de la especie extraída, mayoritariamente indígenas, al cual se le hace una remuneración económica bastante baja a comparación con el valor final del animal. Después está el tema del transporte, donde se contratan diferentes vehículos, ya sea lanchas, buses, etc. Las empresas o personas que prestan este servicio saben de la ilegalidad de la actividad. “Las empresas de transporte urbano deben establecer control a los conductores, ellos saben. Cuando se involucra la responsabilidad de la empresa, ahí sí establecen medidas”, manifiesta la Fiscal Gloria Arias. Y finalmente están los grupos de comercio, los cuales se encargan de hacer los contactos y por último vender los ejemplares.
La Policía Nacional ha identificado otros tipos de modus operandis de estas organizaciones: el tráfico a nivel turista, el tráfico por pedido y el tráfico por internet. Esta última modalidad crece notoriamente en los últimos años. Una Investigación sobre el comercio de especies en internet realizada por IFAW (Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat) reveló que miles de animales y productos derivados de estos son puestos en chats y subastas.
Entre las rejas del cautiverio
El Crrfs es el centro de recepción animal más grande a nivel nacional. A este llegan todos los animales provenientes de decomisos e incautaciones, donde se busca rehabilitar los animales y reincorporarlos a la vida silvestre. Este centro cuenta con 17 empleados, quienes se encargan de cuidarlos y supervisar el proceso de rehabilitación y liberación.
Al llegar, los animales son puestos en cuarentena; en esta primera fase se les proporcionan los medicamentos necesarios y la dieta adecuada, según su especie. Cada uno de los animales se encuentra en jaulas independientes con adaptaciones de su hábitat natural. En el caso de las especies que viven en manadas se acercan las jaulas individuales para familiarizarlos. Después de cerciorarse sobre la salud del animal y de acuerdo a comportamientos identificados, afinidad con otros animales, se trasladan a jaulas comunitarias en donde se empiezan a conformar grupos. Estos se evalúan para determinar si son aptos para vivir en sociedad, es decir, que establezcan sus propios roles jerárquicos, posteriormente pasan a jaulas aisladas donde se desacostumbran de la figura humana y por último cuando el animal está preparado, se procede a la liberación.
Muchos no corren con esta suerte, ya que algunos han sido mutilados por sus anteriores dueños, lo que provoca un rechazo a la hora de adaptarse con otros animales, generando así problemas en su estado anímico, llegando a deprimirse, sintiéndose excluido y vulnerado, Judith Cárdenas, bióloga del Crrfs comenta: “aquí la idea es darle la oportunidad a todos los animales hasta el último momento para que lo vuelvan a lograr… hay casos muy tristes, han llegado loras sin paticas, con el pico partido. También está el caso de un miquito mochito, porque supuestamente era muy inquieto en la casa que lo tenían y le mocharon la mano. Hay tortugas mochitas, sin paticas…”. Gran variedad de animales mueren de tristeza en el proceso de rehabilitación.
Urras es otro centro de recepción animal, ubicado en la Universidad Nacional, pero no solo recibe decomisos, también hace consultas veterinarias externas sobre mascotas poco convencionales, lo que permite sensibilizar sobre la problemática y finalmente lograr que las entregas sean voluntarias. “Los animales que más nos llegan son tortugas, segundo loros y tercero primates”, dice Claudia Brieva.
Este centro posee una metodología educativa la cual consiste en no contarles a las personas que llevan los animales que es un delito, ni que están infringiendo la ley, sino que los concientizan. Según Claudia Brieva hacen un vínculo con la gente explicándoles el porqué no deben tenerlos y lo mucho que sufren los animales en esta situación. Lo que genera que el 70 por ciento de la personas que van a consulta los devuelvan. “La idea es hacerlo más por las buenas”, agrega Brieva.
“El 70 por ciento de las entregas son voluntarias y la mayoría del 30% restante los entregan porque el animal está muy enfermo, ya está que se muere… porque no pueden con él”, cuenta Liliana Rojas, veterinaria de Urras.
El momento de liberación para muchas especies se ve afectado por la difícil clasificación por parte de los biólogos para determinar el hábitat natural de donde provienen y así reincorporarlo correctamente. Para esto, el ministerio de Medio Ambiente, en un convenio con la DIJIN y el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, creó el primer laboratorio de genética para especies de fauna silvestre en Latinoamérica, en donde se capacitan tres funcionarios de la DIJIN, los cuales van a diferentes partes del país a recoger muestras sanguíneas de las diferentes especies y por medio del desarrollo de la genética molecular, poder identificar estas diferencias genéticas entre las especies y subespecies y así mismo el lugar al cual pertenecen a la hora de ser liberarlos.
Enjaulando esperanzas
La creación de la ley 1333 del 2009 y la modificación del artículo 328 del código penal, es un paso más hacia esta lucha, pero en este tema el atraso es evidente. Si Colombia no le da a los delitos ambientales el estatus y la importancia que merecen, según Arturo, “en 15 ó 20 años, estos delitos serán los delitos del futuro”.
Para Nadachowski “la mayoría de animales llegan en mal estado, algunos toca eutanasiarlos, a tortugas les han hecho un hueco con un taladro para poder amarrarlos, animales que les han amputado una mano o los colmillos y no pueden comer, animales que les han dado con un palo y les han sacado un ojo, entonces se les infecta horrible…”
Según Brieva, en las filas de la Comisión Nacional de Televisión estuvo tres años un comercial sobre la sensibilización del tráfico del tití, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente. Nunca salió al aire, pues no lo aprobaron.
La fiscal Arias cree que hay falta de compromiso institucional, quiere que al tema ambiental se le dé el estatus que merece “No se encuentra jurisprudencia. No se encuentra un fallo que se refiera a un delito penal ambiental. Hay fallos administrativos…”
Mientras la judicialización de los traficantes no sea severa y la cultura ciudadana de Colombia no empiece a cambiar, no solo este tráfico y el maltrato animal, si no todos los delitos ambientales irán creciendo paulatinamente; extinguiendo los recursos no renovables, recursos que ya extintos nunca volverán. De cada 10 animales traficados, solo llegan a su destino uno o dos. El resto muere.
Mientras tanto, seguirán viéndose por allí animales descaderados por patadas, mutilados a sangre fría, separados de sus familias y de su hábitat, para estar de por vida encerrados en pequeñas jaulas cuadradas en medio de selvas de cemento y en las que nunca tendrán el calor de hogar.