Las víctimas nos obligan a recordar a diario la historia y ser enfáticos en que, en búsqueda de la seguridad, no todo vale. Las libertades más elementales, la sensatez y la humanidad están nuevamente en juego en Colombia.

 

Por: Jairo Antonio López[1]

Hoy sabemos, por medio de un comunicado oficial, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el responsable de la explosión del coche bomba y asesinato de 21 personas al interior de las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional el pasado 17 de enero en Bogotá. Este hecho no sólo reintroduce una nueva variable de violencia y temor, al ya de por sí oscuro escenario nacional, sino que también redefine la dinámica política del país.

Más allá del acto violento, vehementemente rechazado por todos los sectores de la sociedad colombiana (y por quien les escribe), incluidos los movimientos y organizaciones sociales que durante décadas han luchado por una salida negociada al conflicto y el respeto de los derechos humanos, es importante preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene el rompimiento de las negociaciones entre el ELN y el gobierno nacional para la política nacional?, ¿qué debemos aprender de la historia reciente del país y qué retos afrontan los derechos humanos?

Más de seis meses estuvo detenido el proceso pues el grupo armado no cedía y cuestionaba el compromiso del gobierno, y luego de un “cese al fuego unilateral” a finales de año decidió ejecutar la acción bélica. Fotografía / La Nación

Crónica de una guerra anunciada

Cuando Iván Duque tomó ventaja para la segunda vuelta presidencial en el año 2018, representando al sector más recalcitrante de la derecha colombiana que se articula en el uribismo, ningún partido de la clase política tradicional dudó en adherirse a su victoria.

El gobierno uribista rechazó desde su llegada al poder los acuerdos de paz logrados con la antigua guerrilla de las FARC, así como la mesa de diálogos que el anterior gobierno adelantaba con el ELN. Duque condicionó las negociaciones con esta guerrilla a la liberación de todos los secuestrados, el cese de la extorsión y el uso de las armas.

Más de seis meses estuvo detenido el proceso pues el grupo armado no cedía y cuestionaba el compromiso del gobierno, y luego de un “cese al fuego unilateral” a finales de año decidió ejecutar la acción bélica. Estamos, pues, ante una crónica de una tragedia anunciada en el sentido de que las partes nunca quisieron avanzar en una negociación y la guerra se prolonga.

En este sentido, la nueva coyuntura abierta por el rompimiento de las negociaciones con el ELN vuelve a poner sobre la mesa, y en el discurso gubernamental, a un viejo conocido de la política colombiana: “la lucha contra el terrorismo”. Si bien el ELN es un pequeño grupo armado que tiene en sus filas entre 1.500 y 3.000 combatientes (en su momento las FARC contaban con aproximadamente 20.000), el impacto de sus acciones es suficiente para que el gobierno justifique una “amenaza terrorista contra la sociedad”.

Una revisión a la historia reciente nos permite entender que la violencia sólo ha generado más violencia, y que las políticas de “seguridad interna” y de militarización justificadas en “el combate al terrorismo” han servido para cometer los más atroces actos de barbarie y violaciones de derechos humanos.

Durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fueron múltiples los intentos por limitar y restringir libertades básicas justificados en la necesidad de garantizar seguridad nacional, además de lo anterior, aumentaron los números de desplazados internos, despojos, asesinatos y desapariciones forzadas.

Amparados en las orientaciones belicistas del gobierno, las Fuerzas Armadas cometieron crímenes atroces, sólo hay que ver los miles de casos de “falsos positivos”, víctimas inocentes ejecutadas para maquillar las cifras del éxito de la guerra y proyectar una imagen de victoria “frente al terror”.

Quienes se han beneficiado históricamente de la guerra han conservado sus privilegios; grandes terratenientes, empresarios, políticos locales y nacionales, están vinculados con la expansión de grupos paramilitares que despojaron millones de hectáreas y establecieron orden a sangre y fuego.

Estos privilegios se reproducen, igualmente, con el manejo macroeconómico ortodoxo que pone la carga impositiva sobre la clase media y mantiene beneficios a los sectores más ricos y acaudalados en uno de los países más desiguales del mundo (Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de riqueza y propiedad de la tierra).

Como ejemplo del peligroso paralelo histórico al que nos enfrentamos, solo este fin de semana el presidente Duque llamó al reforzamiento de las “redes de participación cívica” que recuerdan las “redes de cooperantes” puestas en marcha durante el gobierno de Uribe, en las cuales participaron organizaciones paramilitares.

Las miles de víctimas que viven en los territorios marginados, azotados históricamente por la guerra, y quienes ven caer a diario a sus líderes exigen la continuidad de los esfuerzos por sellar la paz y, principalmente, por no retornar a las políticas de guerra. Fotografía / Presidencia de la República

¿Quiénes ganan reavivando la lucha contra el terrorismo?

Pero más allá de los muy documentados saldos rojos y contrarios a los derechos humanos que han dejado las políticas de guerra, es importante entender que el atentado y el reavivamiento del lenguaje de lucha contra el terrorismo es, dramáticamente, una buena noticia para diferentes actores.

Por una parte, para el gobierno nacional que se encontraba envuelto en una crisis de legitimidad y favorabilidad (rozando las puntuaciones más bajas de aceptación en las “encuestas de opinión pública”).

Uno de los efectos de la “lucha contra el terrorismo” es que logra articular un discurso que divide a la sociedad entre “ciudadanos patrióticos” y “enemigos de la patria”, y, en este escenario, el gobierno encarna el “sentir” de amenaza de la sociedad, convirtiéndose en el protagonista de la lucha contra el terror y recibiendo respaldo en dicha causa.

Esta polarización y radicalización se vio expresada en las marchas del 20 de enero en las que furibundos simpatizantes del gobierno atacaron con amenazas a quienes llevaban consignas contra la guerra (se hicieron virales vídeos en este sentido).

Por otra parte, importantes grupos económicos y políticos que se encontraban envueltos en escándalos como los casos de corrupción ligados a Odebrecht logran sacar provecho de esta coyuntura.

Basta recordar cómo el Fiscal General de la Nación, sobre el cual pesan severas acusaciones de complicidad en las denuncias de corrupción en el caso de la constructora brasileña, ha salido a presentarse como uno de los grandes abanderados de la lucha contra el terror, brindando resultados inmediatos de las investigaciones, misma premura con la que no ha abordado los señalados casos de corrupción asociados a sus antiguos jefes.

Finalmente, y no menos importante, para los medios de comunicación, especialmente los televisivos, los cuales se encuentran en una severa crisis de sintonía y credibilidad, este hecho es una oportunidad para levantar audiencia (por todos es sabido que “la guerra y la violencia” venden). Esos mismos medios que no dudaron en catalogar como “personaje del año” al Ejército nacional justo en el año en que se hicieron públicos los casos de los “falsos positivos”, y que históricamente se han alineado con la línea editorial del gobierno, hoy bombardean las pantallas con imágenes del terror.

Aunado a todo lo anterior, el escenario geopolítico regional complejiza aún más el panorama. El rompimiento de los diálogos con el ELN ha sido asociado directamente con el gobierno de Venezuela, y ya se hacen sentir las voces de los gobiernos de derecha exigiendo mano dura y confrontación (Bolsonaro, Trump).

Igualmente, los hechos ocurridos en el último año en la frontera con Ecuador han llevado a que este gobierno también asuma una posición beligerante, perdiendo a un aliado histórico de los esfuerzos por la paz.

El panorama no puede ser menos alentador. Persiste, sin embargo, la paradoja y la esperanza: las miles de víctimas que viven en los territorios marginados, azotados históricamente por la guerra, y quienes ven caer a diario a sus líderes (han sido asesinados más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde que se firmó el acuerdo de paz), exigen la continuidad de los esfuerzos por sellar la paz y, principalmente, por no retornar a las políticas de guerra (de allí el “no a la guerra de Uribe Duque”).

Las víctimas, actores con real autoridad moral para alzar su voz y exigir un alto a la guerra y la violencia, necesitan respaldo incondicional y absoluto por parte de toda la comunidad internacional. Las víctimas nos obligan a recordar a diario la historia y ser enfáticos en que, en búsqueda de la seguridad, no todo vale. Las libertades más elementas, la sensatez y la humanidad están nuevamente en juego en Colombia.

[1] Sociólogo. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt-México.