Los presos por rebelión recluidos en el pasillo Cuba en la cárcel de Bellavista no ven opción alguna. Es más: la opción de negociación adelantada (con las FARC) no les interesa como alternativa.

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Ilustración: Conrado de Jesús Barrera, “Chucho”.

Por: Laura Sánchez Largo

No solo es asunto de palabras, cada organismo que acompaña el conflicto armado tiene diferentes formas de concebirlo, lo que ayuda a focalizar su trabajo en la marea incontenible que representa el conflicto interno armado en Colombia.

Una de ellas es la labor realizada por la Cruz Roja Internacional en Colombia, que representa el trabajo más grande que esta institución ha desplegado sobre el continente americano. El CICR se esfuerza por prestar atención a la protección de la población civil, asistencia a las personas desplazadas y a las comunidades afectadas por el conflicto, apoyo a los familiares de desaparecidos, visitas a los detenidos y una muy importante: la promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con sus nominaciones precisas sobre los actores que intervienen en el conflicto armado.

El CICR con su atención puesta en el conflicto armado interno y en sus víctimas, también reconoce implicaciones alrededor de concebir a los prisioneros a raíz del conflicto armado como activos actores beneficiados en el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que evita el sufrimiento humano en cualquier condición, contribuyendo a la resolución del conflicto en el país. Por lo cual el CICR asume que los grupos guerrilleros en Colombia acogen la normatividad que el DIH exige para reconocerse como actores armados en el conflicto, es decir, que aceptan públicamente su respeto a los derechos humanitarios ante cualquier situación.

La gente sueña con que acogerse es cambiar todo el panorama, entonces todo el panorama del conflicto armado en Colombia cambiaría radicalmente, dice Faruk Samán, Director de Comunicaciones del CICR en Medellín. Según Samán, las guerrillas colombianas se acogen parcialmente al DIH y el conflicto continúa sin resolverse.

El DIH define y clasifica los conflictos armados en dos: el internacional y el interno. Por eso el guerrillero preso en cárcel colombiana lo es a raíz del conflicto armado interno porque no se involucra con ningún otro país durante en conflicto. Mientras un prisionero de guerra solo es concebido como tal en un conflicto armado internacional que involucra actores armados de diferentes países.

Cuando el prisionero de guerra es capturado no se le acusa de ningún delito, al guerrillero sí. Nunca el preso de guerra va a una cárcel común, él va a una especializada, el guerrillero sí va a una cárcel común. El prisionero de guerra no pierde su rango militar al ingresar a la cárcel, el guerrillero sí, es un preso común. Todo prisionero de guerra tiene la opción de fugarse; el guerrillero no, por el contrario, si lo hace puede anexársele el delito de fuga de cárcel y es aumentada su pena. Si el prisionero de guerra es puesto a trabajar dentro de la cárcel se le debe pagar su trabajo en francos suizos y al finalizar el conflicto automáticamente debe ser liberado, debe tener libertad automática al acabar el conflicto. Mientras que el guerrillero no debe ser libre sino hasta la terminación del conflicto o al previo cumplimiento de su pena. Estas son apenas algunas de las diferencias entre las nominaciones de presos contempladas por el DIH.

El conflicto armado puede solucionarse con triunfos pequeños, de esos no siempre visibles y de esos no siempre recordados. Hace 15 años el CICR pedía a las FARC que no asesinaran a sus presos, y ellos en respuesta construyeron cárceles en la selva para no matar al preso, porque según el DIH cualquier prisionero a raíz del conflicto armado no puede ser lastimado y mucho menos asesinado. Faruk Samán agrega: ahora resulta escandaloso que las FARC mantengan cautivos en la selva a los civiles y militares, cuando pudieron estar muertos en cualquier momento.

Una vez Carlos Castaño secuestra a seis personas, y me dicen “¿usted qué siente?”. Y yo digo: una enorme alegría. “¿Por qué?” Porque eso quiere decir que Carlos Castaño va a empezar a aplicar el DIH porque se los llevó vivos y vivos los va a tener que volver a traer.

Cuba III (3)

Ilustración: Conrado de Jesús Barrera, “Chucho”.

A los continuos intentos del CICR por ayudar a la resolución de conflicto, las guerrillas colombianas continúan secuestrando, asesinando, extorsionando a los colombianos en cualquier rincón del país; por eso la aplicación parcial del DIH en Colombia ha configurado las formas de tratar a los presos dentro de las cárceles, por ejemplo, la cárcel de Bellavista y su Mesa de Paz y Convivencia ahora llamada Mesa de Derechos Humanos que ayuda a sostener la vida y la poca tranquilidad de todos los presos.

La mesa creada en el 2002, estaba conformada inicialmente por cerca de 25 internos que pertenecían a bandas delincuenciales, ex autodefensas y subversión; durante su funcionamiento hace seis años logró solucionar más de 90 conflictos y enfrentamientos entre combos y bandas de la ciudad. Ahora tres representantes del pasill Cuba acompañan el proceso: Nilson, Luciano y Alirio, personajes claves en la resolución de conflictos, convivencia pacífica y denuncias activas en el Patio 2.

Actualmente el CICR trabaja por los presos por rebelión en Bellavista llevándoles registro continuo:

Lo primero que hacemos es hacerle una hoja de inscripción o de seguimiento. Una vez inscrito lo empezamos a seguir por todas las partes del país. Para primero saber que existe y segundo las condiciones de reclusión en las que lo tiene su enemigo, porque acordáte que él está en poder del adversario. Es una persona prisionera a raíz del conflicto armado, entonces necesitamos saber cómo lo tiene el adversario y normalmente hay que saber las condiciones. Y, tercero, esta persona puede ser entrevistada en confidencialidad para saber su situación y poder ayudarles, dice Faruk Samán.

A partir de ahí el CICR inicia su ayuda a los guerrilleros, por ejemplo, preguntando si necesitan medicamentos, prótesis, cirugías o libros precisamente porque no son presos comunes; son presos a raíz del conflicto armado y se asume han quedado con secuelas físicas y psicológicas graves que deben sanarse.

Otra de las organizaciones que focaliza su trabajo por las garantías de los presos por rebelión es el Comité de Solidaridad por los presos políticos, cuyo nominación a los presos es ampliamente discutida por la opinión pública nacional. El Comité se dedica a las labores de promoción y de educación en derechos humanos en varias regiones del país, dirigidas a diferentes sectores sociales -en especial los más vulnerados- para hacer frente a las formas de persecución fundadas en motivos políticos. Por lo cual los guerrilleros recluidos para esta organización son presos políticos privados de la libertad en razón del conflicto armado y social que vive Colombia.

Según Fernando Vélez, abogado penalista de la organización, la defensa de los guerrilleros no es reivindicar su derecho a alzarse en armas:

No le hacemos apología a un grupo. Lo que le decimos es: vea señor Estado, usted tiene en sus manos al enemigo, no puede hacer lo que quiera con él, si lo va juzgar lo tiene que hacer conforme a las normas preexistentes, con el debido proceso y con los derechos y garantías que tiene como cualquier ciudadano, dice Vélez, aclarando que por el hecho de estar alzados en armas sus condiciones legales son las mismas que todos.

La mayoría de los guerrilleros recluidos en Bellavista son sindicados por el delito de rebelión, pero luego, al preso bajo su condición de sindicado o condenado, se le pueden sumar unos delitos conexos como extorsión, secuestro, homicidio entre otros que agravan el mismo delito de rebelión, donde la pena se aumentará hasta la mitad para quien promueva o dirija la rebelión.

Por ejemplo, en la toma de un pueblo por parte de un grupo subversivo alzado en armas, el guerrillero en su condición de rebelde mata al enemigo de guerra –un soldado del ejército colombiano– e incendia una casa de civiles y dos carros. Es capturado en combate, enjuiciado y acusado de los tres delitos básicos además del delito de homicidio, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, lesiones personales, entre otros más. Al sumar los delitos, el guerrillero es condenado a aproximadamente a 40 años de cárcel.

Caso concreto de condenas por el mismo delito se encuentra el ex comandante del Ala Oriental del ELN, Francisco Galán, quien fue condenado a 29 años y 9 meses de cárcel por el delito de rebelión, secuestro extorsivo y terrorismo, pero pagó solo 14 años y medio cuando se acogió a procesos de paz durante su reclusión en diferentes cárceles del país. En un inicio, Galán estuvo recluido en aislamiento total durante 11 meses.

Cuba III (2)

Ilustración: Conrado de Jesús Barrera, “Chucho”.

Fue capturado en Bucaramanga el 3 de diciembre de 1992. Sindicado por el Ejército y varios organismos de seguridad de dirigir la oleada terrorista del ELN en los años 1988 a 1990 y de ordenar la comisión de atentados terroristas a las redes energéticas del país.

Galán protagonizó varios incidentes judiciales. Después de su captura fue trasladado a la Cárcel Modelo en Bogotá, pero luego por razones de seguridad el Inpec decidió internarlo en una guarnición militar. El guerrillero interpuso una acción de tutela que en principio ordenó su reclusión de nuevo en una cárcel normal, pero luego la Corte Constitucional falló la tutela asegurando que el Inpec puede decidir en dónde recluir a sus presos sin explicación alguna. Por esta razón, Galán regresó a la guarnición militar en donde esperó la etapa del juicio y nuevamente fue trasladado a otra cárcel, esta vez la de Itaguí donde finalizó su condena y tuvo libertad condicional en el 2005.

Luego afirma que él logró hacer “de la cárcel un espacio útil para acabar con lo que había hecho”, porque su reclusión en el inicio no fue fácil. Después todo cambió. Pero tuvo que despojarse de toda la estructura ideológica y política obtenida durante su militancia en el Eln, algo que sus ex camaradas del pasillo Cuba de Bellavista se niegan a realizar y los vituperios contra él no se hicieron esperar.

–¿Y qué hay de Pacho Galán?

–¿Ese sapo?

Un sector de la sociedad colombiana alienta esperanzas sobre el futuro y las posibilidades de los diálogos adelantados en La Habana entre el gobierno colombiano y un sector de la insurgencia, los presos por rebelión recluidos en el pasillo Cuba en la cárcel de Bellavista no ven opción alguna. Es más: la opción de negociación adelantada (con las FARC) no les interesa como alternativa.

Aunque el Ejército de Liberación Nacional ha manifestado su interés en conformar una mesa única en el proceso de paz que adelanta las FARC con el Estado colombiano, esto aún no se ha acordado. El proceso lleno de escepticismo que nubla las conversaciones continúa su curso y los recluidos en Bellavista no ven con optimismo el cese del conflicto, mientras el Estado no garantice la equidad para los colombianos.

–¿Por qué?

–Porque así negociemos no habrá indulto para nosotros, porque no hay condiciones para eso. Tú me das, yo te doy ¿Justicia y paz?

Al menos eso piensa Nilson, miliciano del ELN recluido en Bellavista. Los militantes de ese grupo esperan participar del proceso cuando el Estado acepte una convención nacional con toda la sociedad civil donde se debata libremente sobre los recursos naturales, la restitución de tierras y la ley de víctimas, entre otros. Por eso no hay participación aún, dicen detrás de barrotes.

Nosotros no somos una bandita. Somos un proyecto político, aclara Nilson sobre el ELN. El grupo guerrillero busca es una solución política, que en diálogos con anteriores gobiernos no se concretó porque se captó –dice Nilson– una disposición de acabar con el movimiento insurgente, ya sea por las vías de la desmovilización o de la reducción militar.