Aunque ya retornaron a su resguardo, el desplazamiento relámpago de 741 indígenas en Risaralda deja más preguntas que respuestas. Las autoridades aseguran que el territorio está bien custodiado por las Fuerzas Armadas, pero otra cosa distinta manifiestan los indígenas.

Los indígenas desplazados recibieron atención por parte de varias agencias del Estado. El comandante del Batallón San Mateo desplazó de manera temporal la unidad de mando al corregimiento de Santa Cecilia. Foto Gobernación de Risaralda.

Por: Unidad Investigativa

El pasado 28 de abril Milton* atravesaba un potrero amasado por el ganado cuando tres hombres armados le salieron de la nada. Uno de ellos negro y los otros dos mestizos. Milton empujó a su hijo hacia atrás en señal de que se escapara. Y se escapó. Los hombres  encañonaron al indígena y lo hicieron desvestir. Luego lo bajaron a empujones hasta el río. Entre los árboles le preguntaron quiénes eran las autoridades de los resguardos Embera Chamí y Katío. Nombres, cargos, todo lo necesario para dar con esos “hijueputas”, según contó.

Luego lo subieron hasta una finca cercana y ahí lo amarraron. Su hijo ya se había puesto en contacto con la comunidad y prendieron las alarmas con la guardia indígena, “a punta de mensajes de Whatsapp”. La guardia salió hacia la vereda. Los hombres llenaron las paredes de algunas casas del camino con pintas, después se fueron dejando a Milton ahí.  “La guardia lo encontró amarrado de un palo”, dice Omar*, Embera Katío que vive en Pueblo Rico, Risaralda, y siguió de cerca la situación de su comunidad.

Salvo algunas heridas menores, Milton estaba sano y salvo. Omar se comunicó con los guardias y estos le contaron que en las paredes había amenazas para las familias que no se fueran, o aquellas que volvieran.

De inmediato se regó la noticia por toda la zona. Desde Aguasal, Kanchidó, Oscordó, Bajo Gitó, Cuna Gitó y El Cortijo se desplazaron más de quinientos indígenas. Caminaron hasta llegar a Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico. De los hombres armados no se supo más. Al día siguiente las autoridades del departamento de Risaralda fueron hasta donde se congregaban los Embera. 

Nelson Tamara, Teniente Coronel quien ejerce como comandante del Batallón San Mateo, dijo que la versión de los indios no concordaba ya que en los límites entre Risaralda y Chocó hay una alta presencia de militares y habló sobre una supuesta ONG que estaría entregando uniformes camuflados a los indígenas; luego ratificó que no había presencia de grupos armados en la zona. Ante los alegatos de los indígenas, muchos de los cuales no hablaban español, se instaló un Comité de Justicia Transicional para dar solución a la situación humanitaria ya que de los 741 desplazados, de los cuales 278 eran niños.

 

 

La calma del corregimiento se vio de nuevo alterada debido a la presencia de centenares de indígenas que debieron ser atendidos con medidas de urgencia.

 

¿Otra vez el oro y la sangre?

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, son 4.931 las personas desplazadas forzosamente en los últimos meses en la región pacífica, la cual colinda con Santa Cecilia. El motivo del creciente conflicto en esta zona del país tiene que ver con el control de los territorios dejados por las FARC.

Sin embargo, los límites entre Antioquia, Risaralda y Chocó han sido el escenario de una guerra bastante particular y compleja. En estas montañas donde se cultiva ñame, plátano y café también se saca mucho oro. Ahí es donde comienza la otra parte de esta historia, que, quizá, las autoridades no advirtieron en su interés de acelerar el retorno de los indígenas.

La historia tiene tanto de largo como de ancho y según el periodista Juan José Hoyos “tiene que ver con una mina de oro que descubrió en 1975, en las montañas de la parte de arriba del resguardo, un embera de Río Colorado llamado Aníbal Murillo. Y es una historia de oro y de sangre”. La mina en cuestión queda en el Alto Andágueda (Chocó) y la estela de muertes que desató compromete a empresarios antioqueños, religiosos, policías, mercenarios y guerrilleros que hicieron de los resguardos indígenas de la zona un infierno invivible.

Fue por esa mina que cayó el primer muerto y después toda una centena. Indígenas Chamí y Katios han protagonizado un círculo de venganzas de no acabar. Desde entonces en estas montañas no se respira paz y se vive con la zozobra permanente de una “nueva matanza”, dice Omar.  Hoy por hoy Andágueda sigue siendo explotado y no se sabe a ciencia cierta si son indígenas o foráneos los que sacan el oro. La única certeza es que el conflicto no ha sido desactivado y la interferencia de actores armados como el ELN, paramiltares y el mismo Ejercito Nacional promete empeorarlo. 

Dice Omar que las fuerzas militares están “mezquinando” la mina de Andágueda, foco histórico de múltiples desplazamientos indígenas hacia Santa Cecilia.

La belleza del paisaje en esta agreste topografía se ve a cada tanto en peligro por amenazas de actores armados que Pueblo Rico quiere dejar en el pasado.

Corredor de actores armados

Entre Chocó y Risaralda está Santa Cecilia. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que la zona es corredor de actores armados hacia el Chocó, donde actualmente existe una disputa violenta entre Autodefensas y guerrilleros del ELN. Los hombres que retuvieron a Milton no se identificaron como miembros de ninguno de estos grupos.

La comunidad piensa que la nueva avanzada tiene sello paramilitar; ya que “de lo otro no hay tanto (guerrilla), esos dejaron solos indígenas, ahora hay es de estos (paramilitares) que mandan por la whatsapp amenazas todos”, explica Omar.

Al finalizar la reunión del Comité de Justicia Transicional, el Secretario de Gobierno de Risaralda afirmó que “los indígenas aceptaron que no había ningún problema de seguridad en la zona”.

Asistidos con medicinas y mercados, los Embera retornaron a sus tierras tres días después del desplazamiento, pero quedó un sinsabor en boca de todos. Las autoridades no creen en que el secuestro de Milton haya ocurrido en realidad y los indígenas no se sienten atendidos en sus reclamos de más garantías en la protección de su territorio. La discordia pasa por la inmediatez con que se buscó resolver el retorno. “No hubo tiempo para entender la historia de fondo”, dijo un docente en Pueblo Rico que pide reserva de su nombre.

¿Cuál es la ONG que según el teniente coronel Tamara está uniformando indígenas?, ¿qué relación tiene con las minas de Andágueda? El año pasado hubo otro desplazamiento de al menos doscientos indígenas provenientes del resguardo de Kanchidó. ¿Por qué no se decidió en el Comité de Justicia Transicional  un estudio de riesgo para las autoridades indígenas?

Eva María Castro, representante de las víctimas de Pueblo Rico, confirmó que hay presencia de actores armados hacia los límites con Chocó; sin embargo, es de las que piensa que la motivación real por la cual los Embera se desplazaron pudo ser el hambre. “Acá la Gobernación de Risaralda, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fueron testigos de la miseria con la que viven esos indios”.

Omar la contradice. “Las autoridades Katío lo que quieren es que dejen en paz indígena, trabajando tierra, aprovechando oro, si gobierno no pone orden lo que pasa allá, vamos ir todos Bogotá”.