Las universidades públicas son víctimas de un gobierno que no aporta garantías. En parte, el progreso de la Universidad Pública se debe al hecho de haber cumplido la tarea de crecer desmesuradamente con el mismo presupuesto.

 

Texto y fotografías: Hernán Tena Cortés

La crisis nacional de la educación pública no es un tema de Juan Manuel Santos o Iván Duque, uno de sus orígenes data desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, tras el artículo 86 de la ley 30 de 1992.

No obstante, entristece ver cómo diferentes grupos sociales buscan responsabilizar a un individuo, adjudican a Gustavo Petro el histórico paro o peor aún, llaman guerrilleros a los estudiantes que sólo marchan porque sus derechos están siendo violentados y su futuro quizá termine siendo la crónica de una muerte anunciada.

Y es que tal parece que los ciudadanos no han entendido que la solución de la crisis no se encuentra en la izquierda o en la derecha, y que todos debemos trabajar por un bien común llamado Colombia.

En síntesis, actualmente hay un déficit aproximado de 18,2 billones de pesos.

El artículo 86 de la ley 30 de 1992 establece que el financiamiento de las universidades públicas crece de acuerdo al IPC y como este último no crece, el rubro para las instituciones se congela.

En síntesis, actualmente hay un déficit aproximado de 18,2 billones de pesos, 3.2 corresponden a funcionamiento y 15 a infraestructura. Además, hay una necesidad de 60 mil millones para diciembre próximo con el fin de cubrir gastos de nómina.

Se infiere que el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo nunca pensó en el crecimiento de las universidades y que éste tampoco ha sido factor prioritario para sus sucesores.

Avanzando un poco en el tiempo recordemos que en el año 2016 se estableció la ley 1819 con el fin de adoptar una mal llamada reforma tributaria estructural. En dicho proyecto se estableció un rubro con el fin de financiar la educación superior pública; no obstante, rectores de estas instituciones se preguntan en dónde están esos recursos, pues aseguran que a sus cuentas no han llegado e hipotetizan que se destinaron para el financiamiento de las becas del programa Ser Pilo Paga, es decir, quedaron en manos de los privados.

En términos matemáticos y reales, los aportes a las universidades públicas pasaron del 73% en 1993 al 48% en 2016, y en 2007 se registraron 1.360.000 estudiantes matriculados, contra 2.390.000 diez años más tarde.

De ahí se puede inferir que la Educación Pública le cumplió al gobierno en términos de cobertura y éste parece aplicar un oxímoron llamado silencio.

En El Tiempo hablaron los rectores y explicaron que los proyectos de ley 052 y 058 de 2018 no deben ser aprobados.

En El Tiempo hablaron los rectores y explicaron que los proyectos de ley 052 y 058 de 2018 no deben ser aprobados, pues estos no fijan ningún incremento para la educación superior.

Además, explicaron que mientras el gobierno nacional asigna un seis o siete por ciento de crecimiento anual, las instituciones crecen un diez por ciento en materia de docentes, número de estudiantes y programas misionales.

Así mismo, profesores también manifestaron inconformidad, pues explican que la ya mencionada reforma tributaria les ocasionó una reducción en sus salarios y no una financiación al sistema.

Terminaron diciendo que hasta el 21 de octubre del año en curso hay plazo para reformar el presupuesto general de la nación y hacer traspasos de fondos. En ese sentido, podríamos concluir que manifiesto del gobierno por falta de recursos es falaz.

Dada toda esta problemática, se estableció paro nacional desde el 11 de octubre hasta el 21 del mismo mes y se programaron actividades como velatones, toma de instituciones, de ciclovías, de vías nacionales y plazas públicas.

En adición, el martes 16 de octubre algunos profesores de estas universidades, iniciaron huelga de hambre y enviaron carta al presidente Iván Duque para que gestionara una solución a la crisis lo antes posible.

Carta que el presidente y su gabinete responden con el oxímoron del silencio. Fecode, por su parte, ya envió comunicado apoyando las marchas y manifestó que el gremio en general está al borde del colapso.

El panorama no parece aclarar, en el camino hemos podido comprobar que ser Pilo Paga nació como un aparente incentivo para estudiantes de instituciones públicas que obtuvieran un buen puntaje ICFES.

Si bien el fin de la propuesta fue atractiva y la gente del común pensando en un bien individual la aplaudió, la ejecución del programa fue un fiasco, pues con lo que se financiaron 40.000 pilos y se lucraron los bolsillos de privados que algunos estaban en riesgos de quiebra, en universidades públicas se hubiesen financiado 500.000 estudiantes.

Yo si me permito preguntar: ¿en qué cabeza cabe la viabilidad del proyecto bajo esos parámetros?

Dicen que es matemáticamente posible reasignar un billón de pesos del Ministerio de Defensa al de Educación, acabar con el programa Ser Pilo Paga.

¿Se ha pensado en soluciones?

Expertos, rectores y estudiantes presentan diferentes propuestas para superar el déficit. Dicen que es matemáticamente posible reasignar un billón de pesos del Ministerio de Defensa al de Educación, acabar con el programa Ser Pilo Paga, tomar $423.000 millones de pesos del ICETEX para el presupuesto de Educación Pública e inyectar $289.836 millones al Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, como se dijo antes, es matemáticamente posible, pero para un gobierno guerrerista, neoliberal y corrupto como el actual, esto quizá no sea viable.

 

¿Qué dice el gobierno?

El 17 de octubre, en medio del histórico paro que quedará registrado una vez más en nuestra historia, María Victoria Angulo habló en la FM sobre las manifestaciones y el direccionamiento que tendrá un billón de pesos anunciado horas antes por el presidente Duque.

En resumen, la ministra dijo que estos recursos no pueden ser destinados al funcionamiento de la educación pública porque son regalías y por normatividad deben ser dirigidos a inversión.

Por otro lado, un día antes el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había dejado claro que no había plata para cubrir las necesidades del sector. En ese sentido, podemos identificar una comunicación interrumpida entre el gabinete del actual gobierno.

La nieta del fundador de la universidad de los Andes, egresada además de dicho claustro, propone que sean los egresados de las universidades públicas quienes financien la educación.

¿Se le fue la paloma a la senadora Valencia?

Salí del colegio un día cualquiera, sintonicé el programa de Vicky Dávila en la W Radio y corroboré los alcances del gobierno que un alto porcentaje de compatriotas eligió y otro tanto de importaculistas permitió elegir.

Ahí decidí, entonces, instar a apoyar el paro de la educación superior pública y proximamente el posible cese de actividades del magisterio, pues esto no es por el bien de un movimiento político, pero sí por el de esos millones de colombianos que no tienen cómo ir a la universidad privada.

La nieta del fundador de la universidad de los Andes, egresada además de dicho claustro, propone que sean los egresados de las universidades públicas quienes financien la educación; es decir, motiva a los que hoy se benefician a donar el 20% de su salario una vez empiecen a trabajar.

En números, esta neoliberal en nombre del centro democrático plantea que si un profesional se gana $1.000.000 de pesos done $200.000 para financiar la educación.

Periodistas le proponen que ella empiece dando ejemplo y done un porcentaje de esos 30 millones que se gana y ella responde negativo porque es egresada de universidad privada, dando a entender que a pesar de haber sido elegida para representar al pueblo, la crisis de este, no le corresponde.

Una vez más, propuestas del gobierno buscan que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Analizada la propuesta, se puede decir que de manera indirecta pretende acabar con la gratuidad y dificultar la dura tarea de mejorar la calidad de vida en uno de los países más desiguales del mundo.

Busca que los ciudadanos de a pie financien la educación a través de tres fuentes, mientras altos funcionarios desvían recursos y dan prioridad a la guerra.

 

Síntesis

  • Las universidades públicas son víctimas de un gobierno que no aporta garantías. En parte, el progreso de la Universidad Pública se debe al hecho de haber cumplido la tarea de crecer desmesuradamente con el mismo presupuesto.
  • Éstas 32 instituciones requieren de 2 billones de pesos para funcionar, un billón menos de lo asignado para Defensa, así la prioridad del gobierno parece ser la guerra.
  • Al aumento de cifras y al cumplimiento en términos de calidad el gobierno respondió con un abandono total.
  • Es algo así como el padre que abandona a sus hijos y vuelve a buscarlos cuando estos triunfan, pues es común ver a los altos funcionarios aplaudiendo logros y siendo oportunistas cuando algún académico se destaca.
  • No obstante, cuando sí deben responder aplican un silencio rotundo que para el pueblo se traduce en una algarabía total.
  • Yo apoyo las manifestaciones de la educación pública y me uno al canto que hoy es común en las calles: “Oiga señor, no se haga el huevón, que su hijo es estudiante  y usted es trabajador”

 

Datos curiosos

  • Ante el anuncio del actual presidente sobre la terminación del programa Ser Pilo Paga, directivos de universidades públicas tuvieron alivio, pues se ilusionaron y creyeron que estos recursos se iban a invertir en la financiación de sus instituciones.
  • En medio de la crisis universitaria el gobierno nacional anunció una inyección de tres billones de pesos para defensa.
  • Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica, inició una huelga de hambre junto con tres profesores más.

Las edificaciones de las distintas universidades se están cayendo.

Twitter: @Hernan_Tena

Correo: heteco2010@gmail.com