La inestabilidad económica y el desempleo en Pereira ponen en riesgo las fuentes financieras, la integridad y seguridad de la ciudadanía. En Risaralda no hay condenados por usura. Ley muerta.

Por: Heidi Hoyos
Heidi_x666@hotmail.com

Fotografía tomada de: El Colombiano.

La realidad muestra que los préstamos populares, conocidos como ‘gota a gota’, han funcionado por décadas en Colombia y en regiones como el eje cafetero, como toda una tradición con una estrategia publicitaria muy efectiva: “el voz a voz”. La lucrativa actividad tiene como principales clientes a comerciantes y empleados de negocios que manejan dinero a diario.

En determinadas clases sociales, especialmente las clases baja y media, se estima que lo más usual es que tengan un pequeño negocio en su casa (tienda, cacharrería, papelería, peluquería, otros).

El Estado establece proyectos, que aún no han dado buenos resultados, proponiendo así mejor empleo, mejor trabajo y más  facilidad para obtener créditos y quizás una buena estabilidad económica, vinculando a largo plazo bancos, asociaciones y cooperativas, las cuales la ciudadanía echa de menos y en algunos momentos no tienen el conocimiento previo sobre ello.

Es por esto que las personas prefieren hacerlo más fácil, sin papeleos, sin fiadores, sin estudios de crédito y deciden buscar a los llamados “gota a gota”, sin tener en cuenta  que esto es un delito agravado y que es el interés más alto del mercado.

La usura y la ley

Tras la intervención de las denominadas pirámides por parte del Gobierno, ahora los negocios que están en la mira del ejecutivo son los denominados préstamos ilegales. Dentro del estado de emergencia social, se estableció un decreto que llevará a la cárcel a quienes cobren intereses por encima del tope legal de usura.

Según la abogada Carmen Mery Hoyos “de este fenómeno son víctimas aquellas personas que pasan por necesidades financieras bastante delicadas, además en ocasiones dichos prestamistas afectan la personalidad o intimidad de los acreedores y debido a esto es que el código penal estipuló una ley que indica que la usura y aquellas personas que desempeñan está labor estarán custodiadas”.

El artículo 305 del Código Penal y la Superintendencia bancaria exponen que aquellas personas que estén involucradas en el delito de usura deberán pagar una condena no excarcelable, es decir, que debe de ir a prisión en un periodo correspondiente de dos a siete años y le tocará pagar multas de 200 a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En cuanto a esta norma expedida en noviembre del 2008 se puede afirmar que son varios los prestamistas y acreedores quienes infringen la ley, debido a que el temor abruma a la sociedad, por ello se descarta que muchos individuos que dependen de los prestamistas prefieren callar por beneficio propio; por lógicas razones son la fuente de ingreso de cientos de familias risaraldenses de escasos recursos. El afán y la necesidad son la motivación para acudir a los prestamistas.

Según el Sistema Penal Acusatorio de Risaralda indica que no reposa ninguna información acerca de cuántas judicializaciones y sentencias de condena hay en los últimos tres años, asegurando así que en la base de datos del Centro de Servicios Judiciales no hay registro alguno que indique encarcelamientos por conducta de usura. Las investigaciones acerca de este delito son mínimas al igual que las judicializaciones.

Manjar para prestamistas

En la actividad existen dos clases de prestamistas, que también son conocidos como ‘agiotistas’, ‘goteros’ o ‘paga-diarios’, quienes prestan sumas pequeñas de dinero que no superan los $3 millones y maneja plazos de uno a dos meses. Los intereses van desde 5% hasta 20%, y entre más rápido se pague, menor es el interés. Sin embargo, en algunos casos esos intereses pueden llegar a ser hasta del 200%.

Según Olmedo Rincón*, un prestamista, “quien necesita el dinero acude al ‘agiotista’, y de acuerdo con la suma y el plazo solicitado, se fijan los intereses a cobrar. Si el cliente acepta, debe entregar una letra de cambio que respalde la deuda, inmediatamente recibe la suma de dinero que solicitó, una factura como constancia y la copia de una especie de talonario, que está dividido en un número de casillas que corresponden a los días que durará el préstamo”

Cabe aclarar que la primera cuota se descuenta cuando se le entrega el dinero al cliente, es decir, si el préstamo es de $1 millón, por 30 días y con un interés del 20%, el usuario, de entrada, sólo recibe $960 mil. “Todas las operaciones se hacen en efectivo, nunca en cheque, y si el cliente se atrasa en una cuota, se le empiezan a cobrar intereses sobre intereses y se le retiene algún electrodoméstico o herramienta de trabajo, con el fin de ejercer mayor presión y lograr el pago cuanto antes”, dice Hoyos.

El éxito del negocio está garantizado en un país como Colombia, donde la población bancarizada (con acceso a servicios bancarios), no llega al 40 por ciento, los estudios de crédito son exigentes y tardan mucho y el estar reportado en una central de riesgo cierra las puertas a un crédito otorgado por entidades financieras vigiladas.

Por el lado de los ‘agiotistas’, la palabra pérdida es prácticamente desconocida, pues si un cliente incumple con sus pagos, se hacen efectivos títulos de propiedad de carros, casas u otros inmuebles que el usuario entregó como prenda de garantía; de lo contrario estos acuden a mecanismos de presión tales como amenazas y hechos físicos violentos como lo es el caso de Olga Santa, una empleada del servicio doméstico: “me alcancé con seis cuotas de 30 mil pesos, realmente me sentí en un laberinto al no tener el dinero para cancelar la cuota, decidí entregar el televisor, siendo el único aparato que tenia de valor, pues era esto o eran mis hijos, quienes tendrían que pagar con su propia vida”. En ocasiones suele ser de alto riesgo acceder a un préstamo de este tipo.

Miradas profesionales

Los prestamistas ilegales conforman una línea bastante amplia fomentando cada día más la competencia bancaria y afectando la economía comercial y familiar, así lo constan varios expertos en economía quienes a diario se ven perjudicados por este acontecimiento social, tal como dice el economista José Fernando Montes: “son pocos los ciudadanos que son vulnerables a este fenómeno. Lo cual implica  temor y desconocimiento del crédito por la cantidad de requisitos y trámites, los cuales impedían a la gente acceder a los servicios bancarios. Actualmente en Colombia los bancos y corporaciones financieras ofrecen programas de microcrédito a seis años para personas que desarrollen una actividad productiva en los sectores de industria, comercio o servicios, los cuales pertenezcan a estratos medios y bajos.

Acudir a un crédito legal suele ser complicado para la sociedad debido a la inestabilidad económica de los ciudadanos. El desempleo y los escasos recursos  se extienden entre una alta parte de la población y es por ello que el “banco callejero” es un beneficio para los agiotistas: “la facilidad y las recomendaciones por conocidos, aunque los bancos prestan a muy bajo interés, seguimos siendo la competencia bancaria número uno”, afirma Olmedo Rincón.

Para expertos en micro-finanzas, además de las medidas penales, trabajan en adecuar los servicios financieros a la población de menores ingresos (costos y procesos), para facilitar la vinculación con información transparente y de manera responsable y hacer más asequibles las transacciones con precios más económicos.

Recientemente, según un informe de la Asociación de Compañías de Financiamiento (Afic), es indudable el crecimiento de los microcréditos que cada vez le quitan espacio a los agiotistas, debido a que este mercado va dirigido a micro o pequeños empresarios, de estratos uno, dos y tres, a quienes no les resulta tan fácil acceder a los créditos que tradicionalmente otorga el sistema financiero. Según Afic, se estima que en el país hay casi dos millones de personas que tienen préstamos de microcréditos.

Básicamente lo que se busca es el beneficio y el desarrollo del país acabar con los prestamistas ilegales que abastecen determinadas zonas del país, pues este “banco callejero”, es uno de los más poderosos de la región es quien impone el crecimiento de pobreza e inseguridad, llegando al límite de la descomposición del sector empresarial.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.