De nada parecen haber servido las batallas legales que la comunidad veredal de San Jorge, en Soacha, ha dado a lo largo de varios años. La explotación de una mina de arena continúa a pesar de las sanciones y evidencias sobre el menoscabo del ambiente y el riesgo para la economía y salud de sus habitantes.

Trenaco Mining hace parte la sociedad empresarial extranjera TRENACO SA (empresa matriz en Suiza; en su junta directiva están los mismos de la junta directiva de RED INK LTDA) quienes formalizan en el mismo año, cuando Trenaco Mining inició la operación minera en Soacha, la empresa TRENACO S. A. Sucursal Colombia.

 

Por: Alexandra X. Gómez

En el 2012 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) concedió una licencia ambiental para la extracción de arenas en la vereda San Jorge del municipio de Soacha, pese a ubicarse el título minero en zona de páramo y de importancia hídrica para la región.  Actualmente las actividades en la mina se encuentran suspendidas por una sanción ambiental que suma tres infracciones relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones, actuaciones que no han sido suficientes para derogar esta licencia ambiental.

El 7 de julio de 2009 Ingeominas otorgó el contrato de explotación minera IF 08801 a Omar Cerón con un área de 63.5 hectáreas por 30 años, la cual se conoce como la Mina Caracolí, ubicada en la vereda San Jorge.

En el año 2006 menos del 10 por ciento del título minero fue adquirida por Yisney Cerón, hija de Cerón, por un valor de 30 millones de pesos, según la escritura pública N°2165, que corresponde a 6 hectáreas 3.089 metros cuadrados.  

Cerón tiene concesión para la explotación del subsuelo, pero aún del suelo no es propietario. Habitantes de la vereda San Jorge señalan “que los propietarios de las 57.5 hectáreas restantes esperaban negociar con Cerón la venta de estos predios, pero él ofreció un valor menor de su avalúo y no se pudo llegar a una concertación”.  

 

La operación minera

En marzo de 2014 se establece un contrato de operación minera entre Omar Cerón y Trenaco Mining and Services SAS, que implicaba la cesión de derechos. “El mejor negocio de la minería en Colombia no es explotar una mina, sino adquirir un título minero para luego venderlo”, afirma el columnista Mauricio Galvis.  

Trenaco Mining se constituyó en el año 2008 como sociedad comercial RED INK LTDA y en el 2013 cambió su nombre. La composición accionaria de esta empresa para el año 2011 estaba conformada por Carlos San Miguel, Felipe de la Vega, Carlos Alberto Gutiérrez y RED INK SA PANAMÁ.

Trenaco Mining hace parte la sociedad empresarial extranjera TRENACO SA (empresa matriz en Suiza; en su junta directiva están los mismos de la junta directiva de RED INK LTDA) quienes formalizan en el mismo año, cuando Trenaco Mining inició la operación minera en Soacha, la empresa TRENACO S. A. Sucursal Colombia. Esta tiene como empresas subordinadas: CI Trenaco Colombia SAS, Puerto Sungim SAS, Trenacoal Gr SAS, Alcoholes Andinos SAS y Mackenzie Coal  SAS.

Como objeto social en la mayoría de estas empresas, incluso de Trenaco Mining, está centrado en actividades relacionadas con los hidrocarburos, administración de puertos marítimos, comercialización de mercancías en el exterior, explotación de minerales preciosos y en menor medida la extracción de material de cantera.

En el año 2016 la investigación de Panamá Papers revelo las conexiones de TRENACO S.A. Sucursal Colombia por desviar dineros a paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En el año 2015 Cerón, ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), presenta la solicitud de desistir de la cesión del 100% de derechos del título minero a Trenaco Mining, la ANM negó este requerimiento en enero 2016 mediante la resolución N°0515 con el argumento que “debe ser un acuerdo mutuo entre las partes”.

En marzo de 2016, en la asamblea general de accionistas de Trenaco Mining, establecen liquidar la empresa y en octubre del mismo año deciden reactivar nuevamente la sociedad, la cual se encuentra vigente.

 

La licencia ambiental

Según el contrato de concesión, se contempla “que la cota más baja de intervención corresponde a los 3000 msnm y la máxima 3269 msnm”. Dicha altitud corresponde a presencia de bosque alto andino y que respecto a la legislación ambiental merece especial protección, según lo estima la política de protección de páramos a través de la resolución N°0769 del 2002 del Ministerio de Ambiente. En contravía a los principios que allí se enuncian, la CAR otorgó en el 2012 la licencia ambiental habilitando la operación minera.

Aunque la altitud es una característica que se obvió, la misma CAR en diversos informes técnicos de seguimiento a la licencia menciona que en el título minero se encuentran especies endémicas de ecosistema de páramo, está atravesado por fuentes hídricas afluentes del río Soacha, se encuentra la presencia de rocas de grupo Guadalupe que funcionan como reservorios de agua. “Es un ecosistema de importancia hídrica y biótica”, afirman en la Resolución DRSOA N°029 del 04 mayo de 2016 de la CAR.

Desde la aprobación de la licencia ambiental, la CAR ha impuesto las siguientes medidas preventivas y suspensión de las actividades mineras:

Primera suspensión: sustracción de área frente a la reserva forestal protectora

Esta medida fue proferida el 26 de julio de 2012 por no haber presentado la sustracción frente a la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenta Alta del Río Bogotá que se encontraba en traslape con la zona de influencia del título. El Ministerio de Ambiente en el 2014 ordenó la realinderación de la Reserva y el área minera quedó por fuera de esta y por ende se levantó la medida en mayo de 2014.

Segunda suspensión: no hay plan de manejo arqueológico

La suspensión se da el 29 de julio de 2015 por iniciar actividades mineras sin la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH. Al dar cumplimiento al requisito, se levantó la medida el 28 de diciembre de 2015.

Posteriormente la Contraloría, tras comunicación con el ICANH por la Acción Popular interpuesta por la comunidad ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, informó que “el documento no fue emitido por el Instituto (…) el consecutivo no existe, lo cual hace presumir la ilegalidad del documento”. Este expediente sigue abierto en la CAR y líderes de la comunidad señalan que “al haber sido expedida la licencia mediante uso de documento falso la convierte en explotación ilícita”.

Por el cúmulo de irregularidades, a partir del 2015 la comunidad impulsa una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Actualmente se discute allí de dónde saldrán los fondos para realizar un peritaje ambiental externo a funcionarios de las entidades ambientales.

Tercera suspensión: sin concepto técnico definitivo

Desde el 05 de mayo del 2016 la CAR estableció la suspensión de la mina, con fundamento en varios informes técnicos que mencionan el incumplimiento a las obligaciones, condiciones y restricciones impuestas en la licencia ambiental.

Entre varios asuntos está la ausencia de un plan de manejo de residuos peligrosos, el procedimiento para la extracción de material fuera del área autorizada y falta de una socialización oportuna con la comunidad de las actividades mineras, entre otros. La Contraloría evidenció “que el concepto dado por la Curaduría N° 1 de Soacha no es consecuente con las consideraciones que para la zona donde se ubica el contrato minero se definieron en el POT del municipio de Soacha”, que es considerada como una zona de desarrollo agrícola. Ante esto la comunidad instauró una denuncia penal y queja disciplinaria.

Transcurrido un año de suspensión, la CAR manifiesta que “se están realizando las actividades de seguimiento y control a la licencia (…) y  se encuentran surtiendo las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009 (que establece el procedimiento sancionatorio ambiental) para proceder a tomar una decisión de fondo”. Si esta Ley es el marco de análisis de la CAR, aquella solo estipula sanciones y no otorga facultades para la derogación de la licencia ambiental.

 

El negocio de la arena

Entre el período de 2012 al 2015 la ANM reporta que los recaudos por regalías de la Mina Caracolí suman 2.025.678 pesos por la extracción de 17.308 metros cúbicos de arena. En el mercado de compra y venta de arena el metro cúbico tiene un valor promedio de 50.000 pesos, es decir, que obtuvieron 865.400.000 millones de pesos por un período de 4 años de extracción. Esté calculo puede ser algo inferior por la variable de la tarifa de metro cúbico en años anteriores. 

El certificado de registro minero expedido el 27 de enero de 2016 expresa que “el contrato cuenta con dos órdenes de embargo, la primera emitida por el Juzgado Circuito de La Mesa, instaurado por la Comercializadora Internacional Guachetá Coal Ltda y la segunda emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, por un proceso ordinario de responsabilidad civil instaurado por Guillermo Piñeros Camargo”.

Para el 2012 se constituye una hipoteca sobre las 6 hectáreas que son propiedad de la hija de Cerón por valor de diez millones de pesos con COLTEC S.A.  y en el 2013 FIDUPETROL S.A. expide una medida cautelar de embargo que al año siguiente se cancela. En el inicio de la fase de explotación de la mina, Cerón y su hija utilizaron el terreno para respaldar el préstamo de dinero ante fiducias.

El abogado Andrés Prieto considera “que el señor Cerón tenga por común denominador en curso procesos ejecutivos de hipotecas y embargos o ya cancelados sobre el titulo minero y algunos bienes inmuebles que fueron de su propiedad puede ser un indicador de su iliquidez económica o una estrategia jurídica que hacen muchos empresarios para proteger sus bienes, porque pueden pagar el valor de la obligación contraída sin necesariamente levantar el embargo y no se puede embargar dos veces el mismo bien”. 

Trenaco, ante un informe técnico, sostuvo “realizar actividades de riego en la vía correspondiente al programa de manejo de emisiones”. Videos de la comunidad evidencian totalmente lo contrario.

Impactos ambientales y sociales

Durante la fase de adecuación y de inició a la etapa de extracción de la mina el colectivo ambiental Caminando el Territorio y líderes de la comunidad lograron hablar con funcionarios de Trenaco Mining quienes señalaron que ya habían realizado aproximadamente  “un 53% de intervención sobre el área” y “transitaban 22 volquetas al día”. Para la comunidad “el tránsito de volquetas doble troque con su peso estaba afectando el acueducto comunitario, el estado de la carretera y al paso iban levantando tierra y esparciendo arena que dañaban los cultivos de alverja, fresa y otros que son la manera de ganarnos la vida y si iba uno en la vía pues le tocaba tragarse todo el polvo (…) eso en un futuro produce problemas respiratorios”. Trenaco, ante un informe técnico, sostuvo “realizar actividades de riego en la vía correspondiente al programa de manejo de emisiones”. Videos de la comunidad evidencian totalmente lo contrario.

En posteriores informes de seguimiento Cerón informa a la CAR que se han realizado “remoción de cobertura vegetal y materia orgánica en el área de concesión, el cual fue utilizado para la conformación del jarillón del sur”. En los procesos de adecuación líderes de la comunidad afirman “que se eliminaron cerca de 200 frailejones”. Para ese momento la CAR señaló al titular “el área donde se encuentran realizando el avance de la explotación minera no está contemplada en la licencia ambiental, el suelo orgánico carece de manejo ambiental y obras de preservación para el proceso de restauración pos minería”. 

A líderes de la vereda San Jorge les preocupa la restauración ambiental, en tanto que “tenemos por ahora la suspensión de la mina y hagamos la hipótesis que se cancela la licencia ambiental y el título minero. ¿Quién responde por el daño que produjeron? Si ya no tienen el negocio de la arena qué les va interesar solucionar por ejemplo la tala de frailejones quienes crecen un centímetro por año y los de aquí estaban altos”, advierten.

En Soacha existen 65 títulos mineros vigentes en ejecución para la extracción de arcillas, arenas y materiales de construcción. Gonzalo Chía, director regional (Soacha – Sibaté) de la CAR, afirmó que “Soacha y Sibaté en Cundinamarca es donde se genera mayor explotación minera”, lo cual pone en riesgo la vocación agrícola de estos municipios.

“Si no se pone cuidado el municipio de Soacha va quedar sin agua y sin quién produzca el alimento de muchos bogotanos, porque lo que cultivamos sale para Soacha y Abastos. Nuestro futuro será la mendicidad de comer ladrillos en Soacha para subsistir”, afirma un campesino de la vereda San Jorge.

 

En espera de una decisión

Aunque la CAR se encuentre en proceso de investigación sobre la licencia ambiental de la Mina Caracolí, la sentencia de la Corte C-035 de 2016 prohibió la minería en zonas de páramos y ordena que si la actividad minera no es compatible se podrá estipular el fin de las actividades extractivas.

Por otro lado, el principio de precaución contemplado en la legislación ambiental advierte la adopción de medidas protectoras ante la evidencia de un daño ambiental, según lo consagra la Ley 99 de 1993. “Ni la sentencia de la Corte, ni el principio de precaución lo quieren ver las autoridades ambientales”, señalan líderes de la vereda.

El Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ afirmó durante la audiencia pública “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Ecosistemas Estratégicos”, realizada el 22 de mayo de 2016 en la vereda San Jorge, que “esta es una comunidad que prueba que agotados todos los mecanismos de participación: ha intentado vías legales por cuenta de una Acción Popular, está exigiendo una Consulta Popular, ha convocado una Audiencia Pública ¡y que hoy se les diga  todavía que son bienvenidos a presentar quejas! Si reconocemos que esta es una población que ha agotado todo estos mecanismos, creo que la respuesta está del lado de las instituciones (…)  En ejercicio de una función pública coordinada hay una moratoria de las actividades extractivas que están afectando el derecho fundamental al agua y el derecho a un medio ambiente sano”

Eleázar González, alcalde de Soacha, expresó durante la audiencia pública: “el pueblo es el que manda, pero ojalá no llegáramos a una Consulta Popular, que determináramos el cumplimiento de una norma, para así no desgastar al Estado, a la comunidad, pero si fuera menester no le temo a la Consulta Popular”

Ha pasado un año desde la audiencia pública y ninguna de las instituciones ambientales se ha pronunciado ante las exigencias de la comunidad de la vereda San Jorge en relación con la Mina Caracolí.