La politiquería funciona ya que cada político tiene padrinos en cargos altos, los cuales los protegen cubriéndoles crímenes, dándoles prerrogativas económicas y al mismo tiempo una importancia que ellos no poseen. Ese patrón se repite en todas las regiones del país.

 

Por Daniel Felipe Valencia

Famoso por ser el comandante del Bloque de Búsqueda, unidad que dio de baja a Pablo Escobar, y aparecer en varias fotos junto al cadáver del narcotraficante, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, conocido también como el “Coronel Aguilar”, es uno de los personajes políticos más influyentes en el departamento de Santander. Así transcurrió la vida de Aguilar hasta el momento de ser capturado por segunda vez:

 

Según La Silla Vacía “la gestión de Aguilar en la gobernación de Santander se destacó por la mejoría de la seguridad y el orden público con una disminución significativa de las actividades de los grupos armados en la región. También ganó popularidad por la construcción del Parque Nacional Chicamocha, la recuperación de la Industria Licorera de Santander y la instauración periódica de consejos comunales por todo el departamento, imitando lo que hacía el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Hugo Aguilar durante el operativo que terminó con la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Eran tiempos en los que se consideraba como un héroe. Fotografía / Semana

El uso de dineros públicos para beneficios personales, como la construcción de una lujosa mansión y una hacienda; pago de nóminas a políticos que apoyaron su campaña y pésimos manejos administrativos en la adjudicación de contratos de la Licorera Santander y el negocio del chance, fueron algunas de las acusaciones que tuvo en su momento.

En Santander militaban, en aquel entonces, los frentes Isidro Carreño, Cacique Guanentá y Lanceros de Vélez, los cuales hicieron parte del Bloque Central Bolívar (BCB) y de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá (ACPB).

La idea era dividirse todo el territorio departamental para poder desarrollar su proyecto político, el cual tenía como finalidad posicionar aliados en los distintos niveles de la administración pública y privada, de esta manera lograr tener mayor influencia en los altos cargos del poder a nivel regional y nacional.

La fotografía del escándalo. Aguilar conduciendo un lujoso Porsche por las vías de Santander. Fotografía / Suministrada

El Porsche y su testaferro 

El 26 de marzo de 2017 Hugo Aguilar es visto en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca en un Porsche avaluado en 360 millones de pesos. Vanguardia Liberal publicó la foto del político en el carro, lo cual lo puso nuevamente en el foco de los organismos de control, los cuales comenzaron a rastrear el origen de sus propiedades y la existencia de posibles testaferros.

Aguilar asegura en declaraciones dadas al periódico El Frente que efectivamente compró el vehículo, pero tiempo después se vio en “aprietos” para pagar los honorarios de sus abogados y decidió venderlo en el año 2016 a “un ingeniero que tiene una empresa de seguros”.

Según la columna publicada en la revista Semana, escrita por Daniel Coronell y titulada “El ‘dueño‘ del Porsche”, la persona que figura como dueña del convertible que manejaba el político santandereano vivía hace buen tiempo en la pobreza absoluta.

“Los registros estatales muestran que Yeison Albeiro Sáenz Plazas -a cuyo nombre está el carro que cuesta más de 350.000.000 millones de pesos- recibía en el año 2004 subsidio rural de seguridad alimentaria, una ayuda destinada exclusivamente a los campesinos más pobres de Colombia”.

Además, asegura que “Durante el 2015, el súbito millonario que le compró el Porsche, estuvo viviendo de un contrato que le otorgó la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de las TIC y le pagó 3.000.600 pesos mensuales. Inicialmente pactaron que el contrato fuera por 28.800.000 pesos durante 8 meses, pero después le adicionaron 7.000.200 pesos”.

En una declaración presentada por Yeison para firmar el contrato, aseguró –bajo juramento- que no poseía ningún bien y que sus ingresos del año anterior habían sido de 19.470.000 pesos.

Estos datos fueron fundamentales para poder llevar a cabo la captura del parapolítico, ya que denotan la inconsistencia del montaje que pretendía armar para ocultar algunos de sus bienes.

Finca La Panchita, una de las propiedades de Aguilar. Fotografía / Noticias Uno

Sus propiedades, embargos y lavado de activos

 

El 11 de octubre de 2017 la Fiscalía presentó una solicitud de embargo a 32 de los bienes de Aguilar, los cuales estaban evaluados en 6.000 millones de pesos. Este dinero tendría como destino las más de 5 mil víctimas atribuidas al Bloque Central Bolívar, estructura paramilitar de la que él hizo parte.

Se solicitó el embargo de cuatro automotores, 20 inmuebles divididos entre casas, fincas, lotes, depósitos, oficinas y garajes localizados en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, San Gil, Boyacá, Socorro y Chitaraque.

Además, este año la Procuraduría inició una indagación preliminar a Mónica María Becerra, esposa del parapolítico, con el fin de conocer el respaldo financiero para la construcción de una vivienda en un predio de 800 metros cuadrados, ubicada en Ruitoque Condominio, uno de los sectores más lujosos de la ciudad.

Según Vanguardia Liberal, de acuerdo con la licencia de construcción suscrita en la Curaduría Uno de Floridablanca, “la propietaria del inmueble es Mónica María Barrera Carreño, quien, a pesar de disolver la sociedad conyugal con su esposo Hugo Aguilar, mantienen su convivencia y sus bienes superarían los 10 mil millones”.

La idea era legalizar y ocultar bienes y recursos obtenidos mientras estuvo relacionado con las estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las AUC.

La Fiscalía encontró que “no existe justificación ni soporte frente a 2.500.000.000 que harían parte del capital del exfuncionario, y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares, de los que se desconoce el origen”. Además, aseguran que hubo “un crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Santander”. Por estos casos se les imputará cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y afectación de bienes.

Los herederos

Aguilar acompañada por tres de  sus hijos. Fotografía / Facebook.

Desde que finalizó su mandato como gobernador de Santander, su influencia política, tanto en el departamento como a nivel nacional, continuó. Sus hijos Nerthink Mauricio Aguilar y Richard Aguilar han ocupado diversos cargos públicos, todo gracias a la maquinaria política de su padre.

Nerthink Aguilar es un ingeniero industrial con especialización en gerencia pública que, en el 2010, sin ninguna experiencia ni trayectoria política, se convirtió en Senador por el Partido de Integración Nacional PIN, con más de 50 mil votos. Todo gracias al capital político que tenía (o tiene) su padre.

Para esa ocasión, el diario El Tiempo tituló: “Hijos, hermanos y otros parientes de condenados por parapolítica se aseguran un cupo en el Congreso”, además su entradilla decía “salen para el Senado por el PIN los hijos de ‘La gata’ y del ex gobernador Hugo Aguilar. Además, la hermana del ‘gordo’ García”.

En el 2014, según La Silla Santandereana, “se convirtió el mayor cacique político de Santander, por encima de patriarcas liberales de la región como Horacio Serpa y Jaime Durán”, ya que consiguió más de 100 mil votos, los cuales lo posicionaron como el décimo senador más votado de Colombia, en esta ocasión con el partido Opción Ciudadana.

Gracias al caudal electoral que ya tenía, logró arrastrar dos curules a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Santander, estas fueron las de Ricardo Flórez y María Eugenia Triana. Este trío conformaba la bancada del Clan Aguilar en el Congreso de la República para esa fecha.  

En junio del presente año, Nerthink renunció a su curul en el Senado; según el diario Vanguardia Liberal varios militantes del desaparecido PIN afirman que el exsenador buscará ser el próximo gobernador de Santander.

Alberto Donadío, abogado dedicado al periodismo de investigación desde hace más de cuatro décadas y fundador la Unidad Investigativa del diario El Tiempo junto a Daniel Samper Pizano y Gerardo Reyes, afirma que su postulación es más de lo mismo. “Toda la red de corrupción se ayuda. Hay plata y apoyo de personas con mucho poder. Los Aguilar pueden perpetuarse a pesar de que tienen procesos y condenas”.  

A su vez, Jineth Prieto, periodista y editora de La Silla Santandereana, asegura que este es otro nuevo intento del Clan para rencaucharse en el mando de la región.

La otra ficha del coronel es Richard Aguilar Villa, abogado con especialización en derecho comercial y financiero, quien además posee una maestría en estudios legales internacionales de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

Antes de ingresar a la política había tenido algunos cargos de funcionario público. Fue el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Chile y, en el 2008, es nombrado cónsul general en Chile por el gobierno de Álvaro Uribe. Además, fue asesor jurídico y financiero del Congreso de la República.

En el 2011 se lanzó a la Gobernación de Santander por medio de firmas. Gracias a la popularidad que tenía su padre en la región logró vencer al candidato del Partido Liberal, Luis Fernando Cote, quien era apoyado por Serpa.

Su administración se distinguió por tener el slogan ‘Gobierno de la Gente’ y por la realización del Ecoparque Cerro el Santísimo, el cual fue pagado con recursos de regalías, las cuales, se supone, deben ser destinadas para satisfacer las necesidades de la población más vulnerable.

El costo en comienzo fue de 45 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones de pesos fueron de regalías y el resto de fondos públicos, pero al final terminó costando más de 60 mil millones de pesos.

En las elecciones legislativas de 2018 ganó una curul en el Senado con el partido Cambio Radical, al cual pudo ingresar gracias a la maquinaria política de su padre y su vínculo con Vargas Lleras; con 76 mil votos ratificó su poderío el Clan político de la región.

El exministro Virgilio Galvis Ramírez apoyó la candidatura de Richard Aguilar a la gobernación. Su familia es dueña del grupo empresarial de medios Vanguardia Liberal. Fotografía / Política y algo más

Otros partidarios del Clan Aguilar

En sus filas también están otros personajes de renombre y con gran poder en el departamento. Virgilio Galvis Ramírez, exministro de Salud en el gobierno de Andrés Pastrana, contratista y quien dirige el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, es uno de ellos. Además, es considerado como uno de los puentes entre los Aguilar y la clase empresarial.

Carlos Fernando Sánchez, otro de los allegados al Clan, fue pieza fundamental en los proyectos turísticos de los Aguilar en la región. Su vínculo con el parapolítico es clave para el respaldo de todos sus planes.

En el 2003 fue nombrado Director de la naciente Corporación Parque Nacional del Chicamocha (Panachi). Allí se hacía cargo de la planificación, asesoría, estructuración y administración de diferentes proyectos turísticos financiados con recursos de la gobernación.

Según La Silla Santandereana, los principales proyectos que lideró en su gestión fueron la culminación del Parque Nacional de Chicamocha (56 mil millones), el Acuaparque de Panachi (11 mil millones) y el Ecoparque el Santísimo (60.248 millones). Los tres presentaron atrasos y sobrecostos significativos.

En el 2014 fue candidato a la Gobernación de Santander por el movimiento político ‘Santander en Serio’, apadrinado por Hugo Aguilar, el contratista Roberto Rodríguez Ruiz, el entonces senador Nerthink Mauricio Aguilar y María Eugenia Triana. Su postulación al cargo generó controversia debido a que recogió 200.000 mil firmas en menos de un mes.

Su cercanía con el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de sus escudos, en opinión de algunos enemigos suyos. Fotografía / Presidencia de la República

Su poder político en la región

A pesar de los diversos escándalos en los que se ha visto inmerso el Clan Aguilar, siguen teniendo gran acogida y credibilidad en la región. Respecto a este fenómeno, Donadío dice que: “A ciertos políticos les creen ya que adquieren un poder económico, de ahí deriva esa ‘credibilidad’, simplemente por eso, no tiene nada qué ver con otras cosas. Si no tienen dinero nadie les cree”.

Agrega que la politiquería funciona ya que cada político tiene padrinos en cargos altos, los cuales los protegen cubriéndoles crímenes, dándoles prerrogativas económicas y al mismo tiempo una importancia que ellos no poseen. Ese patrón se repite en todas las regiones del país.

Prieto Rivera durante la presentación de su libro Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar. Fotografía / De racamandaca

Julio César Prieto Rivera, excomandante del Batallón Luciano D’elhuyar de San Vicente de Chucurí y quien ha realizado constantes denuncias de los nexos de Hugo Aguilar con el paramilitarismo, señala que “es inexplicable que la gente continúe votando por personas que tienen un origen político totalmente oscuro, ilícito y manchado de sangre. Desde el mismo nacimiento de Hugo como político está manchado de sangre producto de su alianza con paramilitares”.

Los Aguilar llegan a consagrar su caudal electoral gracias a los municipios pequeños y provincias de la región, donde en campañas electorales regalaron distintas cosas a los habitantes.

Lo cual, para una generación que poco sabe de política y de cómo funciona, es más que suficiente para creer ciegamente en un gobernante. Jineth Prieto comenta que regalaban planchas, ventiladores, sobres, etcétera; “eso genera recordación y esas personas recuerdan eso. No tienen en mente los procesos de corrupción o escándalos de parapolítica. Es un estilo de gobernar. El elector mira es que les haya hecho alguna obra o vía. De esa manera fidelizan votos”.

Es una inversión de los valores de la población y eso lleva a la comunidad a acoger o aceptar una expresión totalmente equivoca que es “roben, pero que al menos hagan obras”.

Hugo Aguilar y sus herederos políticos Nerthink Mauricio y Richard. Fotografía / La Silla Vacía

El gobierno de Hugo y Richard se caracterizaron por eso, populismo. Durante sus administraciones se dedicaron a hacer obras mínimas en cada municipio, buses, ambulancias, jardines y comedores infantiles; esa presencia con obras les significó una marcada diferencia con el resto de los dirigentes. Prieto Rivera lo califica como un proceder maquiavélico y gracias a esto ha logrado mantenerse vigente.

En Santander, en especial las zonas distanciadas de la capital, se desconoce sobre lo que rodea a los políticos. Así que, de esta manera, la corrupción es una situación muy compleja de finiquitar.

Una de las formas de acabar ese cáncer político es educando. “El día que se tenga un pueblo educado las decisiones van a cambiar. Cuando la gente entienda la importancia de la democracia y de conocer a sus gobernantes”, dice Jineth.

Ante esto, Donadío comenta que toda la elección popular de los alcaldes y gobernadores es un mecanismo mafioso de clanes que logran perpetuarse en el poder, ya que existen mecanismos de impunidad que lo permiten.

“Hay que abolir la elección popular en las regiones, ya que no es popular; los que votan son las mafias políticas que con su presupuesto logran comprar votos y perdurar en los cargos”. Él cree que hay que volver al mecanismo anterior, en el cual “los presidentes nombren a los gobernadores y que estos elijan a los alcaldes”.

Además, asegura que la elección popular es una farsa. Ocasionalmente hay casos distintos como el de Rodolfo Hernández o Leonidas Gómez, los cuales fueron elegidos por voto de opinión, pero “la idea de elección popular para los cargos regionales en teoría fue buena, pero cuando las mafias secuestran la administración pública hay que hablar de una falla. Una cosa que no funciona”.

Actualmente, para Prieto Rivera el Clan está en decadencia por muchas razones. La principal es que cada día es más evidente el comportamiento delictivo de Hugo Aguilar, particularmente con todas las estrategias que ha empleado para no pagar su deuda a las víctimas. Lo que le espera a futuro es terminar como el antiguo mandamás de la región, Luis Alberto ‘El tuerto’ Gil, marginado de la actividad electoral tras su condena en el escándalo de la parapolítica.