Para entender en detalle la actualidad del interés e importancia que asignan el Banco Mundial y los grandes jugadores internacionales a la tierra hoy, es importante remitirnos a la crisis financiera y alimentaria de 2008, cuando la industria de los alimentos aprovechó la situación para especular y presionar el alza en los precios de los alimentos, a través del mercado de commodities

 

Por: Emilio García Gutiérrez*

1.Antecedentes

Durante el Gobierno anterior en materia de política pública se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo en cuyo capítulo de agricultura levanta la prohibición de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar y fomenta la conformación de ZIDRES –Zonas de Desarrollo Empresarial– en tierras baldías de la Nación.

Con ello se renuncia a la prédica de los principios y valores constitucionales desarrollados en la Ley 160 de 1994, en la que se reglamenta, de una parte, el derecho de campesinos de escasos recursos, así como de los indígenas y afrodescendientes al acceso justo y equitativo a la propiedad de la tierra rural, y, de la otra, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como mecanismo opuesto a la inequitativa distribución de la tierra, su concentración y fraccionamiento.

Estos contenidos de la política obedecen a las recomendaciones del Banco Mundial, para quien resolver el problema de la tenencia de la tierra y en consecuencia formalizar la propiedad son requisitos para la “dinamización del mercado de tierras”, que permitirán dar todas las garantías y seguridad a inversionistas interesados en adquirirlas (2).

Para entender en detalle la actualidad del interés e importancia que asignan el Banco Mundial y los grandes jugadores internacionales a la tierra hoy, es importante remitirnos a la crisis financiera y alimentaria de 2008, cuando la industria de los alimentos aprovechó la situación para especular y presionar el alza en los precios de los alimentos, a través del mercado de commodities (3).  A escala mundial, tan sólo en febrero de 2008 se crearon 160 fondos de inversión de commodities agrarios, de allí la especulación en los mercados de futuro.

Este texto busca los antecedentes de la actual política de tierras en Colombia, su concentración en zonas como la Altillanura del Meta y como esta política de Santos en el gobierno anterior es incoherente con los Acuerdos de La Habana y los perjuicios que se traen para el departamento del Meta y los campesinos pobres.

En Colombia existen grupos económicos y personas que también han ingresado con fuerza en toda esta dinámica de acaparamiento de tierras. Fotografía / Canal Llanero

2. El acaparamiento de tierras en la Altillanura

En el Plan Nacional de Desarrollo anterior,  en su capítulo de agricultura, se pretende facilitar el acceso a tierras a inversionistas colombianos y extranjeros para la puesta en marcha de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, especialmente en regiones como la Altillanura. Adicionalmente, a partir de los contratos de inversión en las ZIDRES –Zonas de Desarrollo Empresarial–, en contratos de leasing se transferiría finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción, sustituyendo el necesario incentivo a la producción agropecuaria por un estímulo a la acumulación de tierra en propiedad y al paso a la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional (4).

Quizás ese sea el mayor interés detrás de los anuncios de la formalización de la propiedad en Colombia, puesto que la claridad del dominio es requisito indispensable para la inversión, y de allí que sea una exigencia del Banco Mundial en la política de tierras.

Adicionalmente a lo señalado, en Colombia existen grupos económicos y personas que también han ingresado con fuerza en toda esta dinámica de acaparamiento de tierras. Por ejemplo, la firma Invernac, sociedad de la familia Santo Domingo, que siembra soya y maíz en la Altillanura colombiana, para lo cual ha señalado que quiere replicar el modelo del “Cerrado” brasilero.

Se sabe que el Presidente del Grupo Río Paila ha conformado una alianza con Santo Domingo y le alquila cuatro mil hectáreas. También la empresa Agropecuaria Aliar S.A., perteneciente al Grupo Contegral (Sindicato Antioqueño) y a inversionistas santandereanos (en total 28 empresas nacionales).

Este proyecto, “La Fazenda”, se adelanta en Puerto Gaitán, Meta, desde el 2001, promovido por Jaime Liévano, propietario del citado grupo y Presidente de Avidesa MacPollo. En la primera fase se sembraron 7.500 hectáreas de soya y 2.500 de maíz, de las proyectadas 35 mil y 40 mil hectáreas (5), respectivamente. Estos productos se emplean en alimentar cerdos y aves con destino a la producción de carne que es vendida en almacenes de cadena en Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades (6).

También están Harold Eder del Grupo Manuelita, que tiene 40 mil hectáreas en Meta y Casanare. 20 mil hectáreas en San Carlos de Guaroa (Meta) con cultivo de palma de aceite, de estas 6.500 son propias y 14 mil pertenecen a proveedores y en Orocué (Casanare) otras 20 mil hectáreas en palma para agrocombustibles.

Luis Carlos Sarmiento, con Corficolombiana, maneja cultivos de palma, caucho, arroz y algodón, tiene 16 mil hectáreas en los llanos. El brasilero Germán Efromovich, con inversiones de más de 100 millones de dólares, en cultivos de piña, café y palma aceitera. Otros brasileros no se quedan atrás, como dos de los miembros de la fundación brasilera Blairo Maggi, del grupo Maggi, y Sergio Marchett y Julio Cambruzzi, del grupo Mónica Semillas (7).

Asimismo, otras empresas como Cargill, El Tejar (8) y Los Grobbo de Argentina [9]. Hasta el momento han iniciado actividades los Grupos Mónica Semillas con más 3 mil de las más de 12 mil hectáreas adquiridas en Puerto Gaitán, Meta –Predio El Chaparral– y Cargill (10) (a través de su fondo Black River), con un proyecto denominado Colombia Agro que cuenta con 25 mil hectáreas en La Primavera (Vichada).

No sobra decir que el encarecimiento de la tierra se precipita a un ritmo que raya en “burbuja” de precios. Por ejemplo, hace cinco años una hectárea de tierra cerca de Villavicencio costaba dos millones, pero hoy puede llegar en algunos casos a más de los cien millones.

Pareciera que los campesinos de la zona valen menos que los chanchos, el combustible para los carros y el caucho para las ruedas. Fotografía / Agencia UN

3. Por fuera como las guayaberas

Paulatinamente se fue incrementando la llegada de empresarios que circundaban la altillanura entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

El canal llanero en su Blogspot (11), menciona que también está Bioenergy, un megaproyecto que promueve el cultivo de caña para agrocombustibles, y Mavalle, con considerables extensiones de caucho.

Continúa anotando que, lo extraño es que a estas empresas los programas gubernamentales las están apoyando con incentivos y subsidios, pese a cambiarle el uso al suelo, generar grandes desequilibrios ambientales y enormes desigualdades, en torno a la distribución de las tierras.

Pareciera que los campesinos de la zona valen menos que los chanchos, el combustible para los carros y el caucho para las ruedas. Se reducen cada vez más las posibilidades de subsistencia de los campesinos en medio de un vecindario agroindustrial. Los campesinos están desamparados en medio de la abundancia, cuando no tienen las garantías y el apoyo estatal con que cuentan los agroindustriales.

Sobre este aspecto, el DANE informó que hay 42 millones de hectáreas de uso agropecuario y la agroindustria tiene 33,5% de la tierra; así mismo, más de 90% de las unidades productivas tienen menos de 50 hectáreas, pero ocupan más de la mitad del área cultivada.

De igual manera, el DANE informa que el inventario pecuario del país, a corte del segundo semestre de 2014, sumaba cerca de 745 millones de cabezas, en lo que la mayor participación la tiene el sector avícola, con 720 millones de aves.

Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta son los departamentos donde más cabezas de bovino hay. Respecto a eso último, es de recordar que el desarrollo que se plantea para la Altillanura, tanto en el Plan de Desarrollo de Santos, en el proyecto de ley de Zidres y en el plan Colombia Siembra, contempla las plantaciones de cereales, que, en gran proporción, se destinarían para el alimento balanceado de las aves.

En ese sentido, no es difícil imaginar que será determinante la infraestructura de transporte que se desarrolle –o no– para llevar la producción desde la Altillanura hasta las zonas donde hoy, efectivamente, está la mayor producción avícola, donde se consumen los alimentos (12).

Bien, desde los inicios de la negociación en la capital cubana queda claro que el documento “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, firmado en junio de 2014 entre el Gobierno y las FARC, recoge uno de los ejes centrales de la solución al conflicto colombiano; este grupo armado estima así que el problema agrario es vital para los intereses del país.

De hecho, en las entregas parciales de los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario se reafirma lo que estudios basados en muestras parciales de información u opiniones informadas han concluido: en Colombia existe un severo problema agrario sin resolver desde hace varias décadas.

Evidencia de ello se encuentra en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, cuyo índice Gini rural muestra que en Colombia la concentración de la tierra es de 0,85 (dicho coeficiente muestra que cuando el valor es más próximo a 1 la posesión recae en pocos individuos, y si es más cercano a 0 está más distribuida entre las personas).

Esto quiere decir que el 0,4 % de los propietarios (alrededor de 144.000 de los 3.600.000 que se calcula que existen) posee el 41,1 % de los 113 millones de hectáreas censadas.

En ese sentido, los datos arrojados por el Censo revelan que casi el 70 % de las unidades de producción agropecuaria son pequeñas (menos de 5 hectáreas) y representan menos del 5 % del área censada, pero en ellas se produce el 70 % de los alimentos del país.

A este panorama hay que agregar que en Colombia existen más de seis millones de desplazados y que, de manera violenta, en años recientes se han expropiado entre dos y ocho millones de hectáreas. De hecho, los títulos de propiedad sobre la tierra han estado mediados por actos de apropiación discutibles, cuando no de robo directo con medios “legales” sobre tierras baldías.

Dentro de los despojos más recientes se encuentran las escandalosas titulaciones de tierras en la Altillanura, apoyadas en maniobras de prestigiosos bufetes y la creación de sociedades de papel en Europa que “compran” unidades agrícolas familiares, para englobar posteriormente.

Se trata de sendas violaciones a la Ley 160 de 1994, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

Toda la descripción del escenario rural indica que en el país hay un severo e histórico problema agrario, cuya solución no puede ser un mero acto humanitario (13).

Es un acto de elemental racionalidad económica capitalista adelantar los acuerdos que en materia agraria fueron pactados en La Habana, pese a que, a decir verdad, no parezca que se vaya a realizar una radical “Reforma agraria integral”, aunque se cumplan completamente los puntos y subtemas del borrador de 21 páginas firmado entre las partes.

Por eso, crear un fondo de tierras, formalizar la pequeña y mediana propiedad (para garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores), declarar que por siete años las tierras transferidas a campesinos serán intransferibles e inembargables, garantizar la restitución de las tierras a víctimas de desplazamiento forzado, formalizar el catastro rural para que se pague el adecuado impuesto predial y se propicie su uso conveniente y sostenible, son medidas apenas lógicas y racionales para crear o ampliar el mercado interior para el capitalismo colombiano, incluso sin acuerdos con las FARC.

Además de la referida estructura de la propiedad rural colombiana, merece la pena mencionar otras condiciones de la economía agraria mundial en las cuales se debe tener en cuenta que existe un mercado constituido por alimentos y materias primas, en el que el fin de un petróleo barato resalta la urgencia del desarrollo de las energías renovables.

Esta situación hace cada vez más estrecha la relación entre la economía agraria y la economía energética del planeta; el incremento en los precios del crudo podría conducir a los altos costos de los alimentos, además, el agronegocio disputa la captura de la renta agrícola y la misma propiedad territorial: ese es el objetivo de Cargill, Mónica Semillas, Manuelita y Sarmiento Angulo, así como otros grandes grupos empresariales que están buscando apropiarse de la tierra de la Altillanura (14).

De hecho, ya es sabido que los mismos grandes emporios rentísticos petroleros mundiales incursionan en la compra y arriendo de tierras agrícolas en todo el mundo; en África, por ejemplo, los contratos sobre la tierra son muy conocidos.

Por eso, el cierre de la frontera agraria pactado entre Gobierno y FARC en el punto 1.10 del borrador conjunto (delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental) se viola, más aún cuando el CONPES 3797 de enero de 2014 busca justamente lo contrario: emprender grandes inversiones públicas para ampliar la frontera agraria colombiana hasta los 300.000 km2(kilómetros cuadrados) de la Orinoquia.

*Catedrático Asociado ESAP. Los conceptos aquí emitidos son responsabilidad del autor y no comprometen a la entidad.

 

Notas

(1). Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere.

(2) Disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0247/articulo01.html

(revisado por última vez el día 8 de noviembre de 2016)

(3) Munévar, Daniel (2010). “Volatilidad en los precios de alimentos: una mirada desde América Latina”, Documentos de Discusión No. 1-CADTM. Disponible en: http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/DD_1_CADTM.pdf

(revisado por última vez el día 8 de diciembre de 2015)

[4] Héctor Mondragón. ¿Burbuja de Tierra en vez de Empresa Agrícola y Pecuaria? Grupo de Agricultura y Comercio, Alianza Social Continental. 2011. World Bank. (2010). Rising Global Interest in Farmland. ¿Can it yield Sustainable and Equitable Benefits?

(5) Cámara de Comercio de Villavicencio. En: http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/

CPE-Informe de coyuntura E 2008.pdf (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2016)

(6) Aliar S.A. avanza en plan de inversión a cuatro años de US$ 130 millones en Puerto Gaitán, Meta. En: http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/2008-03-25/Articulo Web 7 nota interior porta -4030092.html (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011).

(7) www.fundacaomt.com.br (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

(8) Tejar le apunta a la altillanura colombiana; sería la segunda inversión extranjera en esta zona del país. En: http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/Artículo Web Nota interior porta 6744227.html (revisado por última vez el día 8 de  enero de 2013)

(9) Unidad Agrícola Familiar (UAF) marginó a grupo Los Grobbo. Véase: http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/Articulo Web Nota interior Porta 7749354.html (revisado por última vez el día  8  de enero de 2013); y para expandir siembra de soja en Colombia el entonces presidente Álvaro Uribe convocó a grupo Los Grobbos. Disponible en: http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/2008-07-23/ Articulo Web Nota interior Porta 4390575.html (revisado por última vez el día 5 de  enero de 2013 )

(10) Cargill, multinacional estadounidense que está entre las 10 empresas más grandes del mundo. Su ingreso a Colombia fue propiciado por los problemas en Venezuela. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cargill-espera-aclarar-al-gobierno-venezolano-situacion-de-la-planta-que-sera-expropiada_ 4860411-1 (revisado por última vez el día 5 de  junio de 2016)

(11) http://canalllanero.blogspot.com.co/2015/09/el-nuevo-campesino-llanero-en-la.html.

(12) .  El Espectador, María Alejandra Medina C, 27 octubre del 2015 –“Hay 42 millones de ha de uso agropecuario. Agroindustria tiene 33,5% de la tierra”

(13).  Carlos Guillermo Álvarez. “La tierra en los acuerdos de La Habana”. Diciembre 12 de 2015, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional de Colombia.

(14). UN Periódico impreso No. 195, diciembre 12 de 2015. www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-tierra-en-los-acuerdos-de-la-habana.html