Después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha recibido un apoyo internacional para el periodo de posconflicto, no por nada, Suecia decidió instalar el Centro de Investigación para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI)…

 

Por: Juan Daniel Serna Morales

Con la firma definitiva del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del 2016 en Bogotá, se inició una nueva era para la nación colombiana, un periodo de posconflicto con aires de reconciliación después de una guerra casi que injustificada durante algo más de 50 años.

El Acuerdo de Paz representa para el país un compromiso que va más allá del cumplimiento de sólo obligaciones con los desmovilizados. Implica un fortalecimiento en las responsabilidades que el estado debe asumir frente a los conflictos socio ambientales que se presentan en el territorio y que dejaron la huella del conflicto.

El fortalecimiento de las políticas ambientales en las diferentes escalas territoriales (nacional, departamental o municipal) para mitigar los impactos de los proyectos de desarrollo presentes y emergentes, es todo un reto y algo en lo que se debe trabajar fuertemente para poder frenar los impactos que hasta ahora eran invisibles por la presencia de las FARC en algunos de los territorios donde se desarrollaban de una manera silenciosa algunos proyectos de orden gubernamental y con respaldo internacional, pues ya se conocen muchos de los casos en los que se le otorgan licencias ambientales y concesiones a algunas multinacionales extranjeras que contribuyen a las problemáticas ambientales de los territorios. Su justificación es la inversión en el país.

El caso de la región amazónica colombiana es uno de los que más preocupa desde hace unos años. A pesar de haber obtenido su reconocimiento como sujeto de derechos este año, la deforestación en la región amazónica es una problemática ambiental que debería tener en alerta a todas las entidades gubernamentales comprometidas con la protección de la cuenca del río Amazonas y su ecosistema tropical.

La revista Semana Sostenible publicó el 22 de enero del 2018 un artículo escrito por el periodista Andrés Bermúdez Liévano, en donde se aborda uno de los asuntos más preocupantes para este país, medioambiente y posconflicto.

En su artículo La carretera amazónica que tiene aterrorizados a los científicos colombianos, acomete contra las construcción de una vía que conectará San Vicente del Caguán con el Guaviare, la cual no tiene luz verde del gobierno como lo menciona él, pero que se ha convertido en un punto focal en materia de deforestación.

En el área forestal las FARC representaban una “autoridad ambiental”, según han narrado algunos líderes comunales, que imponían leyes al campesinado sobre la tala de bosques para cultivos o ganadería.

Esto ya deja para pensar qué es lo que hacen realmente las verdaderas autoridades ambientales para evitar este tipo de eventos.

La carretera BR 163 en el estado de Pará, en Brasil, convocó a la protesta de muchas entidades mundiales por el enorme daño que causó. Fotografía / Greenpeace

Llegan los megaproyectos

¡Balas fuera, pero motosierras entran! Este podría ser un título para una verdadera noticia, en donde se expongan las problemáticas e impactos ambientales que representa para el país la construcción de este tipo de proyectos de desarrollo en infraestructura vial.

San Vicente del Caguán y Guaviare eran territorios donde estaban consolidados algunos de los frentes de las FARC. Después de la firma del Acuerdo de Paz, la mayoría de los militantes de este grupo guerrillero fueron abandonando estos territorios; no se puede hablar de una totalidad porque aún están presentes algunos disidentes que no se movilizaron hacia la paz.

Los avances en materia de protección medio ambiental podrían darse a pasos agigantados gracias a la desmovilización de la mayoría de los excombatientes que se encuentran en un estado de reinserción social. Sin embargo, existen intereses en otras instancias que podrían atrofiar este proceso.

Las actividades extractivistas, como la explotación minera y petrolera, parecen un impedimento determinante en el avance de políticas ambientales que cobren fuerza y sean estrictas antes de la instalación de proyectos de este calibre. Y más con la apuesta que se podría estar realizando con la llegada del fracking a Colombia.

Se supone que, con la reforma constitucional de 1991, se dio paso para que Colombia asumiera compromisos de responsabilidad ambiental, como se esclarece en los artículos 79 y 80:

 

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

 

Parece que a Colombia no le hace falta apoyo, sino un compromiso por asumir las labores en materia de protección ambiental y cumplir con los pactos acordados en la cumbre contra el cambio climático en París, 2015. Fotografía / Las dos orillas

Legislación insuficiente

Sin embargo, este tipo de acciones establecidas en la Constitución política, en la que se debe velar por la protección de los recursos naturales, no parecen contundentes cuando se refiere a la buena planificación de los territorios y los proyectos de desarrollo que se generan en estos. Como ejemplo, se puede mencionar lo ocurrido en Barrancabermeja con el derrame de crudo del pozo Lizama 158, la hasta ahora inmanejable situación de Hidroituango; o en un contexto histórico, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, como lo es El Cerrejón en la Guajira.

Los tres proyectos han concatenado un conjunto de impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades aledañas. No sólo ha sido el cruce de fuego entre el ejército y los grupos armados lo que repercute sobre los ecosistemas y la población. Este tipo de proyectos da indicios de las malas gestiones gubernamentales.

Incluso, con la Ley 99 de 1993 y el surgimiento del Ministerio de Ambiente, reemplazando al Inderena; también aparece el concepto de Licencias Ambientales. Como requisito al trámite de estas, se les exige a los ejecutores de proyectos la presentación de un diagnóstico ambiental de alternativas y estudios de impacto ambiental para poder determinar las acciones que se llevarán a cabo en los planes de contingencia que también se deben desarrollar, en caso de obtener la licencia ambiental. A pesar de esto, las exigencias ambientales se pueden considerar todavía pobres

La institucionalidad ambiental en Colombia es deficiente como para implementar y ser exigentes con las políticas ambientales que se demandan.

Después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha recibido un apoyo internacional para el periodo de posconflicto, no por nada, Suecia decidió instalar el Centro de Investigación para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI), por sus siglas en inglés. David Purkey, director del centro, menciona en una entrevista a Semana, que una de las razones por las cuales se eligió a Colombia para establecerse fue:

Colombia, particularmente, está viviendo un momento muy interesante en esta nueva etapa del posconflicto. En ese sentido, vemos la oportunidad de crear un Modelo de Transición Sostenible, pues si analizamos otros países en el mundo que han atravesado procesos similares, por lo general el impacto ambiental ha sido enorme, como es el caso de Angola.  El riesgo está en el creciente acceso a los recursos naturales, antes limitados por la presencia del conflicto y una deficiente presencia del Estado. Es una prioridad desarrollar e implementar una política de sostenibilidad en estas regiones a corto y largo plazo.

 

Parece que a Colombia no le hace falta apoyo, sino un compromiso por asumir las labores en materia de protección ambiental y cumplir con los pactos acordados en la cumbre contra el cambio climático en París, 2015; en la cual el país debe tener un papel protagónico ya que cuenta con las “facilidades” para entrar en los territorios que antes estaban invadidos por los grupos armados y ejecutar planes que beneficien a la conservación medio ambiental.

Quien asuma el cargo de presidente de la República de Colombia para el periodo          2018-2022 tendrá que enfrentar junto con las entidades territoriales, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los comités ambientales municipales, el conjunto de problemáticas que azotan a los territorios que van hacia un periodo de no violencia, cumplir con las propuestas hacia una mejora del medio ambiente y soportar las tesis en la cuales Colombia ha participado y se ha comprometido, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las tareas pendientes por hacer.