Son decenas de víctimas que le siguen reclamando al Estado por la desaparición de sus seres queridos en la fallida ‘Operación Orión’ en la Comuna 13 de Medellín. Hoy se conmemoran 14 años de un operativo militar que causa vergüenza por la alianza entre las Fuerzas Armadas gubernamentales y grupos ilegales de derecha, conocidos como autodefensas.
Texto y fotos por: Carlos A. Marín
“Podemos decir que estamos viviendo una tranquilidad, no una paz, tranquilidad porque todavía hay una guerra silenciosa”, expresó Cristina Zapata, habitante del tramo II del barrio La Independencia.
Fue el 16 de octubre del año 2002 cuando se desarrolló la ‘Operación Orión’en la que el Estado, a través del Ejército, la Policía y los paramilitares de extrema derecha, ingresó a la fuerza en los sectores más golpeados por la violencia en la Comuna 13, al occidente de Medellín.
El objetivo: enfrentar a sangre y fuego a los milicianos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al ELN (Ejército de Liberación Nacional), a los CAP (Comandos Armados del Pueblo) y grupos armados ilegales de la delincuencia, cuyos intereses se enfrentaban por el control de la zona.
Se dio así una lucha a plomo por el dominio del territorio al tratarse de un lugar estratégico para el transporte de drogas y armamento hacia la región costera de Urabá.
Cristina Zapata, de 26 años, vivió en carne propia los enfrentamientos entre la insurgencia en aquella época. “Nosotros pasábamos por la cancha y veíamos las balas que pegaban en el suelo, nos acostumbramos a ver muertos”, explica la hoy supervisora de las escaleras eléctricas del sector.
Aun así, en ese implacable mar de violencia, a Zapata, quien tenía 12 años cuando se desarrolló el macabro movimiento por parte del Estado, le costó entender la situación en la que por poco pierde la vida.
Los disparos llegaron desde todos lados. “Las balas pasaban por las ventanas, fueron dos noches y tres días complicados; pero ya estábamos preparados porque la operación fue antecedida por otras operaciones”, dice.
Mano dura
El actual Senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ganó la presidencia el 26 de mayo del 2002. De inmediato puso a prueba su temple contra las fuerzas insurgentes de izquierda.
Después de posesionarse el 7 de agosto ordenó la ‘Operación Antorcha’, la misma que fue precedida por múltiples operaciones en el gobierno de Andrés Pastrana, pero ninguna tuvo un impacto importante hasta la llegada de Uribe al poder.
Por supuesto, los resultados para los intereses del Gobierno no fueron suficientes en Antorcha, entonces desde la Presidencia se orientó a una arremetida mayor.
El 16 de octubre del mismo año, la combatividad demostró mano dura en la política de ‘Seguridad Democrática’ utilizando más balas que fuerza.
Se ordenó en conjunto con el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez, hoy Gobernador de Antioquia; la ministra de defensa, Martha Lucia Ramírez, y el Comandante del Ejército, Mario Montoya, arreciar contra los barrios más vulnerables de la comuna sin medir las consecuencias.
La ‘Operación Orión’ logró lo que las pacificadoras operaciones no habían hecho antes: masacrar todo lo que oliera a guerrilla.
La inmensa operación tuvo la participación de cinco batallones de la IV Brigada del ejército, la cual tiene sede a solo 15 minutos de la comuna. La FAC (Fuerza Área Colombiana) colaboró con helicópteros que desde el aire dispararon su artillería contra todo lo que se moviera en tierra.
A este operativo se sumaron la Policía Nacional, el DAS (policía secreta) y el Bloque Cacique Nutibara (paramilitares de derecha), este último perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), de quienes siempre se ha dicho tuvieron alianzas con el entonces Presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez.
En total, 1.500 hombres contra las guerrillas, los grupos armados de la delincuencia y la población civil. Solo hubo asistencia humanitaria de la Cruz Roja Colombiana
En varios testimonios, el extraditado Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Comandante del Bloque Cacique Nutibara, aceptó la participación de los paramilitares en el operativo que dejó a más de 90 desaparecidos ajenos al conflicto, que hasta hoy tienen en vilo a familiares, amigos y conocidos.
Resultados
El Estado logró desestabilizar la incursión de las guerrillas, se detuvieron 460 personas, se dieron de baja a 75 más otros que quedaron fuera de combate (militares, policías, guerrilleros y paramilitares) y el saldo más rojo lo dejaron las 95 personas desaparecidas, todas ellas de la población civil.
“En ese tiempo, cuando entraron los militares, nos pidieron las cédulas para saber si éramos milicianos, nunca las devolvieron”, puntualizó Wilmar González, líder comunitario del barrio La Independencia I.
El Bloque Cacique Nutibara (BCN), comandado por ‘Don Berna’, se hizo al poder del territorio, remplazando a las guerrillas, provocando el origen de una guerra silenciosa por el control de los barrios Belencito Corazón, La Independencia, 20 de Julio, Villa Laura, Betania, El Salado, frente a otros grupos ilegales.
El BCN no tenía presencia en dicho lugar antes de la operación, por lo que su participación fue intencionada.
La percepción de los más de 200 mil habitantes que tiene la Comuna 13 no cambió, el único que se vanaglorió por los sucesos fue el Gobierno.
Los medios de comunicación entregaron cifras respaldadas en los datos oficiales del Ejército y la Policía, desconociendo el derramamiento de sangre en la periferia.
Fue entonces cuando las voces de los familiares de los desaparecidos no se hicieron esperar. Todos apuntaron a La Escombrera, un botadero de basuras, donde según afirman exparamilitares, vecinos y miembros de la fuerza pública, permanecen los restos de los 300 desaparecidos, incluidos en este número paramilitares y guerrilleros.
Se crearon movimientos sociales en favor de las víctimas para reclamarle a Estado por aquellas personas que se fueron para nunca más volver. Se creó una comisión de la verdad, que a la luz de la justicia hasta el momento no ha resuelto mucho.
El ojo de la comunidad internacional se posó sobre las empinadas escaleras, y los ranchos que son comparados con las favelas de Río de Janeiro por los turistas.
Un sinnúmero de juristas persiguen la responsabilidad del gobierno, demostrando que las víctimas no están solas, muy a pesar de la descarada posición del gobierno por adormecer la cruenta realidad.
Uno de los pocos avances ocurrió en el año 2005, cuando se logró concertar la desmovilización de los paramilitares. Momento crucial en la justicia colombiana, ya que se le dio vida a la Ley de Justicia y Paz; sin embargo fue un recurso estatal sin impacto comunitario.
Los paramilitares se quitaron el uniforme, entregaron sus armas y regresaron a delinquir, vestidos de civil y con otros nombres. Los pocos que fueron encarcelados continúan orientando desde las cárceles a lo que ahora se denominan las BACRIM (Bandas Criminales).
Pese a que para Cristina Zapata y para Wilmar González la comuna cambió, todavía persiste la violencia entre combos.
“La ida de la guerrilla permitió que pudiéramos realizar proyectos que antes no eran posibles, ahora les podemos dedicar más tiempo”, complementó González.
Por su parte, Cristina Zapata en la actualidad es consciente que al trabajar para el municipio tiene una oportunidad de crecer, como no sucedió antes cuando la inseguridad y la violencia eran más evidentes.
Presente
Si bien Cristina Zapata goza de un buen momento en su vida, la realidad es que las escaleras eléctricas instaladas hace cuatro años dentro de los proyectos innovadores del municipio sirven como corredor solo para turistas.
Nadie puede delinquir en la zona debido a que son más de cuatro mil personas las que al mes visitan esta obra de modernización que vistió de gala el barrio la Independencia.
“Hay que respetar al turista, al gringo, con los turistas no se pueden meter”, expresa Alejandro, un adolescente de 17 años, quien abandonó el colegio hace dos años, convirtiéndose en la representación de la deserción escolar para migrar a otra actividades ilícitas.
Para Alejandro la dinámica de la comuna es sencilla. Hay duros en los barrios que lideran la venta de droga, manejan las vacunas y deciden quiénes entran y quiénes salen. Los que están en la cárcel, también manejan desde allá.
“Cada 15 días se vacuna (extorsiona) a los tenderos, a los parqueaderos, a los negocios, a los comerciantes, a los vendedores de gaseosa, a los del gas, aquí todo el mundo tiene que pagar, el que no pague que se atenga”, expresa el adolescente.
Las balaceras, aunque se han reducido en comparación con el 2002, todavía se presentan en los lugares alejados a las escaleras eléctricas. “Anoche se escucharon los disparos en el 20 de julio, esto todavía es caliente”, dice el joven.
Wilmar González viene trabajando de la mano de ediles, presidentes de juntas y grupos artísticos juveniles para transformar la visión que se tiene de la que hasta hoy es la comuna más conflictiva de las 16 que tiene Medellín.
Sin embargo, este humilde hombre no olvida que de las vacunas o de la venta de drogas no se puede hablar. “Nosotros podemos hablar de las actividades, de los proyectos, de las mejoras en educación, escolarización; pero de lo otro no podemos, de eso se encarga la Policía”, respondió cuando se le hizo la pregunta acerca de las vacunas por parte de los grupos ilegales.
Esta difícil situación la contrastan los tenderos. Carlos, quien administra su tienda justo al lado de las escaleras eléctricas, comenta que “el ambiente es calmado, la situación ha mejorado, muy de vez en cuando lo vacunan a uno”.
Mientras que otro tendero, quien tiene su local a 500 metros de las escaleras, se abstuvo de dar declaraciones. Mientras se le indagaba sobre el asunto decidió cerrar la puerta de su tienda, sosteniendo no conocer nada al respecto, mostrándose algo nervioso.
Ese tendero, Alejandro señala sin reparo alguno, paga vacuna cada 15 días. “Vaya pregúntele al señor de la tienda, él le cuenta, él sabe cómo es”.
Son pues las escaleras eléctricas un proyecto innovador, pero también el resarcimiento del Estado por el dolor causado. Es la cortina de humo que muy pocos quieren destruir, y que compromete a la comunidad con el presente y el pasado, sin alejar lo uno de lo otro.
Estado
La Comuna 13 ha sufrido transformaciones positivas. Aunque las violencias no han parado, solo se han transformado de acuerdo a la época, los intereses del gobierno y la dinámica del mercado de la droga.
Los desplazamientos, que fueron más de 2.000 antes del año 2003, se redujeron significativamente; pero continúan porque el territorio tiene dueños, dueños en el lugar y dueños desde los centros penitenciarios.
Hasta el momento las estrategias innovadoras de la capital antioqueña que venden al país la imagen de una ciudad latente comercial, ajustada a la innovación mundial, no han permitido que los esfuerzos se direccionen a determinar la culpabilidad del gobierno local y nacional en la ‘Operación Orión’, que más que ser una estrategia en contra de la insurgencia, fue un gesto desgarrador, según la mirada de organizaciones de derechos humanos.
Ni los abogados de las víctimas, ni los colectivos, ni los grupos sociales, han logrado que se haga justicia, menos aún que se llegue a la verdad.
Todavía persiste la ilusión de que a La Escombrera, donde podrían reposar los cuerpos de los desaparecidos, llegue el Estado, el principal victimario de la Comuna 13 de Medellín.