En Colombia se localiza 49 por ciento de los páramos del mundo. Esto le da una posición privilegiada al país, que por ende exige la preservación imprescindible de tales ecosistemas. Su riqueza es colosal –en recursos acuíferos, fauna flora y minerales preciosos–, por ello están en la mira de múltiples y encontrados intereses.

El suministro de agua se enfrenta a la explotación minera como elemento de desarrollo económico.

Texto / Daniel Felipe Valencia. Fotografías / Angélica Tello

El páramo de Santurbán está ubicado en los departamentos de Santander, donde se ubica el 28 por ciento de su territorio y Norte de Santander, en el cual está el 72 por ciento. Posee una extensión aproximada de 142.000 hectáreas; entre los 2.800 y 4290 metros sobre el nivel del mar. Son 48 municipios de Colombia los cuales se abastecen con agua proveniente de la cuenca hídrica, 15 en Santander y 33 en Norte de Santander. Un total de 2.200.000 personas se surten con el agua que se origina allí.

 

 

Su biodiversidad es exuberante, hay 457 especies de plantas vasculares, helechos y afines, y 293 especies de fauna vertebrada, además cuenta con 26 lagunas, 42 especies de aves y 39 especies de mamíferos. Aproximadamente el 85,9 por ciento del área evaluada, lo cual equivale a 17.973,63 hectáreas, está cubierta por ecosistemas de alta montaña. Es muy rico en musgos, los cuales forman un espeso colchón de gran importancia para la regulación hídrica de las cuencas hidrográficas.

En el país los páramos están protegidos constitucionalmente (Artículos 9, 79, 80, y numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución de Colombia de 1991), y según lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y demás subsiguientes del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), y en específico por el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, numeral 4, que define dentro de los Principios Generales Ambientales que “Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”.

Mapa donde se localiza el páramo de Santurbán y complejos montañosos aledaños.

La legislación protege, pero…

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano expidió la Resolución 2090 el 19 de diciembre de 2014, “por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, y se adoptan otras determinaciones”

En julio del año 2015 el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez interpusieron una tutela ya que dicha delimitación fue expedida sin la participación de las comunidades afectadas y vulneraba sus derechos.

La cual tuvo respuesta en noviembre del 2017 por medio de la sentencia T-361, ya que la Corte Constitucional falló a favor y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar una nueva delimitación en la cual hubiese participación y sean tenidas en cuenta las comunidades; esta debería estar lista finalizando el 2018. Entre los requerimientos establecidos están una convocatoria amplia, pública y ambiental de actores.

Se establecieron como veedoras de dicho proceso a las gobernaciones de Santander y Norte de Santander; las alcaldías de Bucaramanga, Vetas, California, Suratá y Cúcuta; además de las Corporaciones Autónomas de la Frontera Nororiental y Defensa de la Meseta de Bucaramanga. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación vigilan el pleno cumplimiento del fallo.

Dayana Corzo, quien hace parte de la comisión jurídica del Comité, dijo que existe preocupación debido a que, para ellos, la sentencia es muy “potestativa”, ya que el Ministerio está haciendo “básicamente lo que considera que puede hacer bajo sus capacidades, pero no se habló del presupuesto para el cumplimiento de dicho fallo, ni garantías”.

Son 48 municipios de Colombia los cuales se abastecen con agua proveniente de la cuenca hídrica, 15 en Santander y 33 en Norte de Santander.

A pesar de esto, el dictamen es claro: la participación debe darse consensuada y tiene que ser vinculante con los accionantes, que en este caso es el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. “No es solamente que el ministerio desde Bogotá delimite teniendo unos presupuestos que para nosotros no son ni siquiera válidos y legítimos”, señala Corzo.

Uno de los requerimientos de la Corte Constitucional para reestructurar la delimitación fue que se realizara una fase de información pública. El Ministerio de Ambiente realizó el domingo 18 de marzo dicha sesión informativa sobre los estudios y el proyecto de delimitación del páramo de Santurbán, donde también estuvieron presentes el gobernador de Santander Didier Tavera, el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y demás alcaldes del área metropolitana; acompañados por la comunidad y colectivos defensores del páramo.

Del recinto salió ‘abucheado’ el ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo, quien dijo al periódico Vanguardia Liberal que “ante la falta de condiciones de parte de algunos asistentes, se levantó la sesión de acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, dejando constancia ante la Procuraduría, la Defensoría y demás entes de control, de que ese nodo fue previamente concertado con representantes de la comunidad y los accionantes”. Ante eso, la comunidad manifestó que su inconformidad se debía a que no habían sido escuchados.

“Las actividades mineras hacen parte de un proyecto de sociedad sostenible, así por definición no lo sean en sí mismas”: Brigitte Baptiste.

Por otra parte, Brigitte Luis Guillermo Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en diversas ocasiones se ha mostrado a favor del proyecto minero en Santurbán. En una columna de opinión que escribió para la Revista Semana Sostenible en la versión impresa, en la edición número 21, afirma que: “Las actividades mineras hacen parte de un proyecto de sociedad sostenible, así por definición no lo sean en sí mismas”. Lo que no puede pasar es que la carga compensatoria recaiga sobre los más débiles y vulnerables, como sucede con la discusión parcial de las consultas populares”.

Dayana Corzo afirma que Baptiste es un ‘brazo’ técnico del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el gobierno colombiano y por ende no debería tener estas posturas, las cuales están abiertamente inclinadas en busca del beneficio de empresas mineras.

Además, comenta que respeta esa posición, pero que no es momento para confiarse en esos comentarios o afirmaciones hechos por Baptiste; aunque es una autoridad en el tema, está parcializada. “Se debe declarar de alguna madera impedida y buscar un concepto más imparcial del tema”. Señala Corzo: “Qué concepto puede dar a favor de la comunidad si es contrario totalmente a lo que está pensando la población. Creemos que ella está del lado de donde hay mucho más dinero y que nosotros, como es el Instituto von Humboldt, no podemos cuestionarlo”.

Dayana Corzo afirma que Baptiste es un ‘brazo’ técnico del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el gobierno colombiano.

Intereses de los alcaldes

Algunos alcaldes que se han implicado en la discusión de la minería en el páramo han manifestado sus posiciones frente al tema. El mandatario del municipio de Vetas, Orlando Rodríguez, afirmó en una entrevista que “no podemos seguir durmiendo en la riqueza y viviendo en la pobreza. No podemos quedarnos atrás, sino que tenemos que promover el desarrollo para la región”, coincidiendo con el alcalde de California, Hugo Lizcano, quien aseguró a Portafolio que “tanto las autoridades civiles como la comunidad de la población han revisado y monitoreado los trabajos de la empresa explotadora Minesa (Sociedad Minera de Santander) y confían que no se afectarán los recursos hídricos de la región ni de la ciudad de Bucaramanga”.

Ambos, con la premisa de que están a favor de la minería bien hecha y como la propone Minesa, vinculada a la trasnacional Mubadala Development Company.

Según La Silla Santandereana, estos alcaldes son ‘la palanca’ de Minesa en Santurbán y respaldan los proyectos mineros y promueven “toda iniciativa pública o privada que cumpla su función social”.

Además de que alinearon discursos, La Silla encontró que desde febrero la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, Asomusanturbán (integrada por los seis alcaldes de Soto Norte), firmó un convenio de $30 millones con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”.

En el convenio existe una cláusula que comprometen tanto a la asociación como a sus asociados (alcaldes), con los intereses de Minesa. Explícitamente los advierte de no hablar “mal” de la empresa.

Apartado del convenio de Minesa con algunos alcaldes, donde se exige un pacto de silencio.

Según La Silla, “la causa de Minesa y los alcaldes es común, hablando su mismo idioma, con convenios de no agresión, y apareciendo en videos institucionales, la minera interesada en extraer 9 millones de onzas de oro en las próximas dos décadas en Santander recibe un espaldarazo y pone a los alcaldes como su palanca”.

Con videos donde ciudadanos apoyan el proyecto, Minesa trata de convencer a la comunidad. “Así sí, minería bien hecha”, repite la información promocional. Fotografía / Minesa

Empleos dudosos

Minesa tiene como casa matriz a Mubadala Development Company, compañía de inversión y desarrollo del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que lidera operaciones globales en diferentes sectores económicos, los cuales incluyen metales y minería, semiconductores, petróleo y gas, energías renovables, sector aeroespacial y servicios de salud.

Periódicos como The New York Times han realizado señalamientos respecto a la forma y la estructura bajo la que trabaja Emiratos Árabes y sus políticas laborales, las cuales podrían incidir en el proyecto minero de Santurbán.
Según artículos periodísticos, existen reportes de persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y una serie de denuncias sobre varios casos de excesos de los empresarios con los trabajadores.

Además, inconsistencias en las protecciones contempladas en las directrices laborales, tal y como lo divulga un informe realizado por la firma internacional de investigación Nardello & Company.

Un artículo publicado en mayo de 2015 por The New York Times afirma que muchos de los trabajadores, la mayoría reclutados en el sur de Asia, habían recibido paupérrimas comisiones de reclutamiento al obtener su trabajo y que solamente a unos pocos les estaban pagando lo que se les había prometido, los demás vivían en condiciones miserables.

Estas acusaciones funcionan como medida preventiva para los posibles tratos y manejos que tenga en un posible futuro la empresa minera con los trabajadores colombianos.

En la página 80 del Estudio de Impacto Ambiental se habla del número de personas que serán contratadas para la realización del proyecto minero; en este se estima que se contratarán un máximo de 1.900 personas.

Lo llamativo del documento es que dentro de ese rango de trabajadores están incluidos ‘terceros’, los cuales son llamados empleados indirectos. Para ser más específicos, funciona de la siguiente forma: si hay una tienda cerca al sitio de trabajo de las instalaciones de Minesa y un funcionario de dicha empresa la compra, este tendero es considerado un trabajador más de la compañía minera, así no reciba ni un solo peso de la misma. Estos están cuantificados en los “1.900 empleos” que prometen.

Además, la gente de la zona no está calificada para realizar labores de ingeniería de minas, ni manejar máquinas para realizar los procesos productivos que se pretenden ejecutar, por lo tanto, serán extranjeros los que se contratarán para dichas labores. La gente de Soto Norte solo será empleada como mano de obra barata.

En la página 80 del mismo Estudio se asegura que en 23 años ese número de empleadores se reducirá a menos de un tercio, lo que equivale aproximadamente a menos de 500 personas trabajando para la empresa.

 


Protesta ciudadana

La comunidad santandereana se ha manifestado con el  fin hacer valer los derechos de las comunidades implicadas, defender el agua y el medio ambiente.

25 de febrero de 2011. Cerca de 40 mil ciudadanos protestaron en contra del proyecto Angostura, de la entonces Greystar Resources, que pretendía explotar a cielo abierto 1.100 hectáreas en la serranía de Santurbán.

15 de marzo de 2013. Marcha ‘100 mil voces por el agua’, en la cual se exigía la suspensión inmediata de las actividades de las multinacionales mineras en los complejos biogeográficos de los páramos de Santurbán y Almorzadero.

6 de octubre de 2017. ‘Gran Marcha por el Agua’, la cual reunió unas 55 mil personas, bajo la consigna ¡Agua sí, oro no! Los participantes manifestaron durante la jornada su oposición al proyecto de Soto Norte de la minera árabe Minesa.

@DFelipeValencia