La denuncia ambiental presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) el 27 de marzo de ese año (2015) dio lugar a una visita que justificó la necesidad de adelantar un proceso jurídico a través de la Fiscalía General de la Nación contra el empresario Rufino Santacoloma Villegas.
Por Unidad Investigativa
Solo el 3 por ciento del agua del planeta es dulce y para el siglo pasado ya habían desaparecido unas de las más importantes fuentes de este tipo de agua: el 64 por ciento de los humedales. Pero ni siquiera eso es razón suficiente para conservar la riqueza hídrica de un país con presencia de humedales en casi todos sus 1.103 municipios; el tercero en Sudamérica y el sexto en el mundo con mayor cantidad de agua dulce, después de Brasil; y con un potencial de cerca de 30.000 humedales, de los cuales cinco han sido declarados de importancia internacional, según la Convención para los humedales de Ramsar.
Y así como a nivel nacional se autoriza la explotación petrolera, que podría afectar un río de cinco colores, declarado desde el año 1948 patrimonio biológico de la humanidad -Caño Cristales-, como también se han afectado muchos otros ecosistemas del país como la Laguna el Sonso y la Ciénaga grande de Santa Marta; en Risaralda la urbanización de sitios aledaños a zonas protegidas por la ley 357 de 1997, no solo ha afectado sino que ha destruido suelos de naturaleza hídrica, que si bien no son igual de grandes como Caño Cristales o la misma Laguna del Otún, siguen siendo de importancia para el control de inundaciones y conservación de especies.
Para muchos las zonas verdes son solo potreros que atraen mosquitos, como opinan algunos habitantes del barrio La Graciela, en Dosquebradas, Risaralda. Pero lo que se suele desconocer es que un humedal es cualquier extensión de agua, ya sea pantano, turbera, lago o laguna, permanente o temporal, con aguas estancadas o corrientes. Y justamente en la parte de atrás de la casa de César Augusto Montoya, donde antes había una finca y luego fueron quedando solo bodegas que pertenecen a la zona de La Badea, hay una franja de tierra retroexcavada que se puede ver desde su ventana, sin perder la atención sobre una gran bodega que se encuentra en construcción al otro lado de la calle 12.
La zona intervenida por maquinaria hace más de un año fue un humedal pero para personas como César este cambio solo ha generado que “el zancudo se haya desaparecido mucho”. Aunque también contempla algo que en su conocimiento es insignificante, pero que en la función natural de estos territorios es relevante: según él “cuando llovía, por allí corría el agua que bajaba de la llovizna y ya”. Mas no era solo que el agua corriera y ya, el humedal cumplía su función de regulación hídrica absorbiendo el agua para evitar inundaciones.
César ha vivido aquí desde su niñez y ha visto como a las espaldas de su casa todo pasaba de ser un matorral verde para convertirse en estructuras hechas cemento y varillas de hierro. Pero el director de gestión ambiental del municipio de Dosquebradas, Fernando López Mustafá, cuenta que toda la zona no era precisamente un matorral: era un humedal y un guadual, pero “ese humedal desapareció, lo drenaron y todo eso lo construyeron donde están esas bodegas. Eso era de los Santacoloma”.
Sin embargo, la zona natural destruida entre la casa de César y las bodegas de los Santacoloma fue la única que tuvo resonancia a nivel regional en el año 2015. La denuncia ambiental presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) el 27 de marzo de ese año dio lugar a una visita, por parte de esta misma entidad, a partir de la cual se determinó que el humedal H27 -según la numeración estándar que se tiene- estaba siendo afectado por “vertimientos y movimientos de tierra tras la bodega 61 B, sector La Badea” motivo que justificó adelantar un proceso jurídico a través de la Fiscalía General de la Nación contra el dueño de las bodegas: Rufino Santacoloma Villegas, contra el maquinista que ejecutó el movimiento de tierras y contra el municipio de Dosquebradas.
El humedal había sido identificado en el año 2013 y consecuentemente registrado en el inventario de humedales de Dosquebradas, en donde ya se consideraba altamente intervenido, denotándose un “alto grado de abandono por parte de la comunidad del sector donde se identifican puntos de disposición inadecuada de residuos sólidos como: escombros y sobrantes de excavación”.
Aun así, en esa ocasión, el señor Santacoloma manifestó, al momento de recibir la visita de la CARDER, que ellos sí tenían los permisos pero se habían vencido, pues la última renovación la habían solicitado a la misma entidad en el año 2011. De igual manera el propietario aclaró que el predio no era suyo porque el terreno se había cedido al municipio en el año 2008. Entonces, ¿por qué solicitó la renovación de una licencia ambiental para intervenir un terreno que según él no era suyo?, y ¿por qué afectó todo un humedal que le pertenece al Estado y que, independientemente de que se encuentre en un predio de su propiedad o de propiedad del municipio, es de protección nacional y por ende no podía ser intervenido?
Actualmente la demanda que contempla los daños en los recursos naturales no ha superado el proceso indagatorio a cargo de la Fiscalía 33 de Dosquebradas. Y pese a que después de las visitas realizadas, por la autoridad ambiental del departamento, el 8 de abril y el 18 de junio de 2015, se exigió una restauración ecológica de la zona del humedal, aún hoy no queda más que tierra y escombros.
Por otro lado, este no es el único caso de denuncias contra Rufino Santacoloma por afectaciones ambientales. Entre los años 2012 y 2015 se adelantaron nueve procesos (ver) sancionatorios a través de la CARDER, dentro de los que se imponen medidas preventivas, se formulan cargos, se concluyen investigaciones y se acepta retirar las medidas de sanción que se adelantaban en su contra por petición del mismo demandado
De cualquier forma, ninguno de estos casos llegó a consecuencias mayores que la detención de actividades, cierre de propiedades y amonestaciones escritas; ya que justamente el único proceso -del año 2014- que implicaba una multa de 20 millones 376.155 pesos por concepto de corte de árboles y movimientos de tierra, que afectaban la quebrada Gutiérrez-Cristalina, fue el que posteriormente revocaron por petición de Rufino Santacoloma Villegas y por aprobación del entonces director general de la CARDER, Juan Manuel Álvarez Villegas.
¿Un asunto de familia?
Rufino Santacoloma Villegas es hijo del empresario José Carlos Santacoloma Villegas, creador y dueño de Moduplast, empresa que hace 36 años funciona en la zona industrial de La Macarena. Rufino, por su parte, es dueño de la Organización La Macarena, la cual se perfiló desde los años 1980 tras la creación de la empresa Carrocerías La Macarena; y a partir de 1988 empezó la construcción de las bodegas que actualmente conforman la zona industrial de La Macarena. Es propietario de la Plaza de Toros de Pereira, el Hotel San Antonio del Cerro, el Hotel Tangara, la Inmobiliaria Santacoloma y la Posada del Carmen.
En el año 2009 aportó 20 millones de pesos para la reconstrucción de la vía que conecta a Dosquebradas y a Pereira, desde el viaducto Cesar Gaviria Trujillo hasta Turín -zona que involucra al sector de La Badea- ya que reconoció que por el pésimo estado de las vías sus bodegas se estaban desvalorizando.
Los apellidos Villegas por parte de este empresario y por parte del ex director general de la CARDER -que además actualmente encara un proceso por irregularidades tras la nulidad de su reelección- no son casualidad, ya que el padre de Rufino Santacoloma Villegas y el padre de Juan Manuel Álvarez Villegas -el señor Miguel Álvarez de los Ríos- son primos.
Entes reguladores y voces expertas
Érika Madachowski, profesional de la CARDER y especializada en Fauna y SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas), explica que cuando los procesos de demandas se salen de las manos de esta institución es porque representan casos significativos: “cuando se da la denuncia se inicia el procedimiento sancionatorio ambiental, se hace un concepto técnico del daño, se calcula el daño y se pasa a la oficina jurídica y ahí avanza. A veces cuando la policía considera muy grave el daño se lo pasa a la Fiscalía de una vez, entonces se les adelanta por los dos lados la investigación”. Los casos más comunes en que se recurre a la Fiscalía son por afectación de bosque seco y por destrucción de humedales aislados que alimentan a otros, pero que se ven afectados por procesos agropecuarios o de construcción.
Tanto ella como el administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, Santiago Restrepo, manifiestan que los humedales son zonas protegidas por mandato nacional e internacional, y que independientemente de que estén identificados por las autoridades ambientales, o de que estén contemplados dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial para evitar que se construya sobre ellos, estas zonas son suelos de protección y por ende deben ser intocables.
Ahora, también se tiene que “los humedales son responsabilidad del propietario del predio y nosotros (la CARDER) delimitamos el humedal y a partir de ese límite, que puede ser la cuota máxima de inundación en tiempo de invierno, se dejan 15 metros de lado y lado, alrededor de toda la figura geométrica que tenga el humedal”, aclara Érika.
Y en los casos como el del humedal H27 de La Graciela, donde no se respetó una ley nacional, ni un dictamen internacional amparado por la RAMSAR, y mucho menos una regla de distancia entre el espacio intervenido y el área natural, ya no hay dinero ni sanción que lo pueda recuperar.
Santiago Restrepo, por su parte, también explica como la formación geológica en valle dada en territorio risaraldense determina que “la retención hídrica sea muy escasa y los únicos elementos que ayudan a retener el agua y a regular los caudales son los humedales”. Además, en la medida en que hay más terrenos inclinados resultan ser menos numerosos este tipo de fuentes hídricas y en Risaralda los humedales se caracterizan por ser mayormente delgados y largos, por lo cual resultan ser más difíciles de reconocer.
En Pereira, por su parte, hay unas zonas que son alarmantes en estos momentos, pues como dice Santiago “con la urbanización de toda la zona en Galicia y de toda la zona hacia el Consota, se están perdiendo humedales a una velocidad increíble y no pasa nada”.
Las autoridades de la CARDER también expresan que ese es uno de los sectores que han tendido a priorizar, iniciando así procesos de identificación por la cuenca baja de Pereira, que es por donde está creciendo la ciudad, exactamente por la zona de Cerritos.
Y con esta situación aparece un espejo de infracción, ya que en octubre del 2014 precisamente se impuso una medida preventiva contra Rufino Santacoloma “referente a las afectaciones ambientales realizadas en el predio Garrapatas 1 , ubicado en la Hacienda Malabar, parcelación Cauquillo, jurisdicción del municipio de Pereira, en donde se adelanta la adecuación del predio para construcción de infraestructura habitacional y lagos”.
Malabar queda sobre el kilómetro 7, ubicación determinada por Erika Nadachowski como punto de concentración de los humedales de Cerritos, los cuales además tienen unas características particulares: “viene una corriente, se abre como un humedal y luego se pierde como si se hundiera, se va como a la zona de acuíferos y después vuelve y sale una corriente más allá”. Y además de esto, en Malabar queda también la Reserva Natural Cauquita, una zona de conservación de flora y fauna protegida desde el año 2012 pero que puede verse afectada por otras actividades de construcción y urbanismo.
¿Será este también otro suelo de protección afectado por la actividad constructora de Rufino Santacoloma Villegas? En nuestra próxima entrega les contaremos sobre las afectaciones causadas en esta zona, y se explicarán los procesos sancionatorios que se deben adelantar frente a los infractores ambientales.
Notas relacionadas
https://www.traslacoladelarata.com/2016/06/14/humedales-zonas-destruir-ii/
https://www.traslacoladelarata.com/2016/06/22/humedales-zonas-destruir-iii/