En la cuenca media del rio Otún los habitantes sienten miedo al hablar sobre la Asociación de Cebolleros: “no escriba mi nombre”, dicen muchos. Directivas hablan del proyecto como la mejor manera de proteger intereses colectivos.

 Por: Unidad Investigativa 

traslacoladelarata@gmail.com

Risaralda es el tercer productor de cebolla larga más importante del país y el municipio que contribuye con el 88 por ciento de la producción es Pereira. El negocio mueve alrededor de 10 mil millones de pesos al año y es controlado por la Asociación de Cebolleros de Pereira: “tienen el negocio redondo (…) las plazas las tienen totalmente monopolizadas (…) y el campesino está sujeto a lo que ellos le impongan”, así lo cuenta Jorge*, agricultor independiente.

El surgimiento

La Asociación de Cebolleros de Pereira (Aceper) aparece registrada en la Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2006, pero la organización viene de más atrás. Se tienen antecedentes, en el 2001, de una Asociación de Cebolleros y una Red de Seguridad de los Cebolleros. Dicha red fue autorizada por la secretaria de Gobierno municipal, en la alcaldía de Marta Elena Bedoya. En ese mismo año se da el surgimiento de grupos paramilitares en La Bella y La Florida, según informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo,  “los grupos paramilitares, inicialmente se instalaron en la región como parte de la red de seguridad de una asociación de cebolleros que acababa de fundarse en la zona”.

En un principio el grupo que incursionó fue el Bloque Cacique Calarcá de las autodefensas, que extorsionó a los agricultores, paralelo a este, en la zona aparece el Bloque Central Bolívar y la ya mencionada Red de Seguridad de los Cebolleros con el fin de hacer frente a la inseguridad. Guillermo Castaño, presidente del Comité Permanente, se refiere a esto como “una operación paramilitar, (…) ellos (Bloque Cacique Calarcá) generan inseguridad en un núcleo y después de eso aparecen ellos (Bloque Central Bolívar) como los que van a garantizar la seguridad; la red de seguridad es la que da el amparo legal”.

“La gente que salía inicialmente al camino a interrogar al campesino que bajaba con el producto (cebolla) era gente armada y sí, prácticamente yo por lo que alcancé a percibir, me atrevería decir que sí fueron paramilitares”, afirma Jorge. En un comienzo se instalaron retenes en la zona, estos buscaban controlar el flujo de lo que entraba y salía en cuanto a producción agrícola. La revista Noche y Niebla, en su edición número 23 de 2002, relata que los grupos paramilitares en la zona eran apoyados por terratenientes y grandes productores de la región, “quienes los respaldaban como una red de seguridad para los cebolleros”, fuera de eso a los campesinos se les cobraba un impuesto de movilidad, eran intimidados y obligados “a pagar 500 pesos por arroba”.

Castaño describe que su finca quedaba en un punto estratégico, al lado de la vía en que confluyen las carreteras que vienen de La Bella y la de La Colonia. “Fueron a decirme que entregara la casa, (…) con el argumento de que para controlar la cebolla”. Los paramilitares no solo hicieron retenes, también buscaron puntos clave de vigilancia.

Frente a estos hechos, a la zona acudió el Comité Permanente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se hicieron las denuncias respectivas y la Fiscalía hizo presencia. Dejan de asesinar e intimidar personas y desaparece el Bloque Central Bolívar en el 2005, en últimas, la instalación de los grupos paramilitares, agrega Castaño, se da con el fin de obtener “el control militar y económico sobre la zona”.

En la actualidad, manifiesta Rosemberg Ramírez, gerente comercial de Aceper, los teléfonos de la asociación están interceptados, y “está bien que investiguen, si debemos alguna cosa por qué no nos judicializan”.

Lo que es anormal en un principio, se termina volviendo normal. Ahora “pasan revisando, no con tono amenazante como antes, sino que la gente ya se acostumbró y les guarda el miedo”, comenta Cesar*, habitante de la zona.

Cebolla con sabor a dinero

El gestor de la Asociación de Cebolleros de Pereira es Henry Álvarez. Jorge sostiene que “él fue quien armo la asociación, fue el que dijo venga organicemos los campesinos que la cebolla está muy barata”. En el 2006 la arroba de cebolla se cotizaba en las centrales mayoristas a 6 mil pesos, mil pesos por encima del costo de producción, pues producir una arroba de cebolla vale 5 mil pesos. Para efectos de esta investigación se buscó contactar a Henry Álvarez, pero no fue posible localizarlo.

Ramírez enuncia que el objetivo de la asociación “es sacar el producto al mejor precio”, para que así el cultivador tenga una buena calidad de vida. Antes de surgir la asociación, los precios de la cebolla fluctuaban bastante -muchas veces la cebolla se subía a 24.000 pesos pero otras veces bajaba a 2.000 pesos- menciona Camilo*, otro habitante de la zona, pero con la asociación se mantienen los “precios regulados”. El valor de la cebolla permanece estable de dos formas: la primera, controlando el área sembrada para así evitar que se produzca más cebolla de la que se puede vender, y la segunda, cuando hay sobreproducción se pica la cebolla. Para Gabriel Rúa, presidente de Aceper,  “es tratar de que a las plazas no se lleve tantísimo producto y se inunden, pues se baja el precio”.

En contraposición a esto, Jorge considera que los objetivos de la Asociación son “monopolizar el negocio, cuando digo monopolizar me refiero a absorber las plazas, el mercado y quedarse ellos con la producción de cebolla. Una vez eso se dé, téngalo por seguro que los pequeños y medianos productores vamos a desaparecer”.

Las reglas de la asociación, expone Rúa, no impiden que el agricultor trabaje a su manera, “nosotros lo que vigilamos mucho es que no se crezca la producción”. Para evitar la sobre producción, los pequeños y medianos productores redujeron en un 20 o 25 por ciento el área que sembraban, “qué pasó, a los pequeños nos obligaron, midieron para que bajara y cumplimos, los grandes antes sembraron más”, alega Alberto*, productor asociado.

La reducción del área sembrada ha llevado a que el pequeño y el mediano productor se estanquen, apenas sí se sostienen, pues la Asociación, asevera César, es la que decide “cuánta cebolla puede sembrar usted, qué área de su finca la puede cultivar usted en cebolla y son los que determinan el precio. La cebolla esta semana valió a tanto”. Respecto al precio de la arroba de cebolla, Ramírez asegura que es determinado por “la demanda del mercado, si hay mucha, toca favorable”.

En La Florida, La Bella y El Manzano hay un monocultivo: la cebolla larga. El volumen comercializado en la actualidad oscila entre 18.000 y 19.000 arrobas semanales que tienen un valor estimado en el mercado de 185 millones de pesos. Pero el valor de la arroba ($10.000 por arroba en junio del 2011) no es fijado de acuerdo con las condiciones del mercado. El precio es fijado por un comité de personas y Alberto dice que  “ahí están Henry Álvarez, Rosemberg Ramírez, son los dos que se encargan de eso, son los grandes productores y los encargados de la comercialización, o sea de manejar las plazas, lo que ellos llaman controlar las plazas, es un equipo grande, ahí está Julio Berto (Franco), son los que se encargan de manejar las plazas, controlar la entrada de piratas y fijar los precios”.

“La asociación brinda estabilidad (…) busca mejorar la calidad de vida del campesino, todo trabajador tiene su moto, deshipotecaron las fincas, tienen sus hijos estudiando”, reconoce Ramírez. Contrario a esto, Roberto*,  ex agricultor de cebolla, advierte que de la asociación  se “benefician unas personas, no todas. (…) Esas diez personas son de ahí mismo, de la gente que escogió él (Henry Álvarez), métase aquí y la junta directiva, venga usted, fulano es el Presidente de la junta, (…) eso es de ellos, eso no es de la comunidad”.

El monopolio

Rúa piensa que “la crítica que se le hace a la Asociación es una cosa tan ridícula, (…) si fuera tanto el monopolio entonces la gente que se está llevando el producto por otra parte quién le dice algo, (…) pueden llevar a donde quieran”. Por la misma línea, Ramírez declara que los productores “tienen libertad, si no quieren pertenecer a la asociación, listo firmen la carta de retiro y se van, (…) cada productor es libre de vender su producto donde quiera, la persona no está amarrada”.

En un principio se hizo un estudio de las plazas para determinar cuánta cebolla se vendía – dice el presidente de la Asociación-, luego en la zona la asociación se programó con “los productores, entonces nosotros sabemos que Mercasa se come mil arrobas de cebolla, por decir cualesquier cosa, entonces hacemos arrancar mil arrobas de cebolla para llevar para Mercasa”.

Frente a lo dicho por Rúa, el economista Juan Pablo Saldarriaga afirma que “ahí se están comportando como monopolio, (…) al comportarse como monopolio ellos ya pueden fijar precios, hay una demanda establecida, pero ellos pueden controlar vía precios o vía cantidades el mercado, entonces si ellos determinan las cantidades a vender, controlan el precio en el mercado, de tal forma para obtener un precio mucho más alto que aquel que tendrían si operaran bajo competencia perfecta”.

Paralelo a lo dicho por Rúa y Ramírez, Sonia Guzmán Vargas en su trabajo de grado, “Valoración de un sistema productivo agropecuario priorizado y su relación con los servicios eco sistémicos en cuenca del río Otún”, presentado a la Universidad Javeriana en marzo de 2010, describe que todos los productores de cebolla tienen un vínculo obligado con la Aceper y “es importante indicar que ningún productor, transportador o comercializador que no esté autorizado puede sacar cebolla de la zona. Los miembros de la Asociación indican que ellos se encargan del acopio y que la comercialización es responsabilidad de otros actores”.

Para Manuel*, miembro de la escuela campesina de agroecología, “el monopolio se maneja en esa junta directiva de la asociación”. Además asegura que el campesino que no participe de la asociación es bloqueado, “sale del mercado suciamente, no limpiamente, entonces todos tienen que hacerlo a través de la asociación”.

El productor que desee comercializar la cebolla de forma independiente lo puede hacer, pero la asociación al darse cuenta toma medidas. Roberto sostiene que “ellos salen a ver dónde está vendiendo y allá le caen, ellos con el viaje se hacen a un lado a vender también, a cómo está dando, él está dando a $5.000, póngala a $4.000. Ya lo pone a perder $1.000 pesos por arroba; no paga ponerse en ese trote”. Esta práctica no es nueva para la Asociación, pues en un principio –dicen los campesinos- con el fin de controlar la plaza de Pereira, Armenia, Chinchiná, Santa Rosa y Manizales, Henry Alvarez le compró la cebolla a los campesinos y la fue regalando de plaza en plaza con el fin de tomar el mercado.

Esas medidas, manifiesta Saldarriaga, son “prácticas de competencia desleal, el monopolista puede fijar, con el fin de excluir a sus rivales del mercado, precios mucho más bajos por un periodo de tiempo, de tal forma de capturar el mercado. Esas competencias no son usualmente legales”.

Esta situación –obedece a una dinámica caracterizada por el abandono de las obligaciones de las entidades político administrativas- y esto lleva expone Guillermo Gärtner, ex director del Observatorio de Convivencia de la UTP, a que “algunos sectores que están vinculados a la producción, a asumir ellos la propia defensa con todas las posibilidades de arbitrariedad y demás que ello representan, en el caso de la justicia privada”.

Cebolla y política

Aceper “está patrocinando a un trabajador para que sea candidato al Concejo de Pereira, Julio Berto Franco, es de allá de La Bella y lo tienen bien adiestrado. En este momento es el discípulo aventajado de Octavio Carmona”, relata César.

Franco hace parte del comité de personas que se encargan de la comercialización de la cebolla. Sobre el ex representante a la Cámara Carmona se puede mencionar que fue inhabilitado en el 2005 por celebración indebida de contratos superiores a 7 mil millones de pesos. Tanto Carmona como Franco apoyan la candidatura de exgobernador Carlos Alberto Botero a la gobernación de Risaralda (ver foto).

Para Guillermo Gärtner esto es “explicable dentro de las leyes de relación de la economía y de la política”. De la política porque representa los intereses de determinados grupos (la Asociación),  en este caso “los intereses económicos de los productores de cebolla para llegar y acceder a determinadas instancias de poder político”.

El candidato al Concejo de Pereira Julio Berto Franco (en la foto), precisa que su liderazgo va a ser “serio” y que en la cuenca media del río Otún hay “una asociación de cebolleros y hay personas que lógicamente no están de acuerdo con estar asociados y están por fuera de la asociación”, pero en su propuesta política, “caben todos, asociados y quienes no estén asociados, todo el mundo, sin color político, es un liderazgo serio, contundente y lo que quiero es trabajar por todas esas comunidades en general”.

“Ellos tienen un candidato al Concejo y aspiro que no gane”, afirma Roberto, como también aspira César a que esto tenga algún eco en los medios, pues “la situación de los pequeños y medianos productores es alarmante”.

 *Las fuentes pidieron reservar su nombre por seguridad