El periodista Aldemar Solano Peña fue condenado a cinco días de cárcel y multa de un salario mínimo mensual debido a que no quiso retractarse de una nota hecha con base en los maltratos que subalternos denunciaron contra la juez Gloria Patricia Mayorga del municipio de Sesquilé, Cundinamarca. La nota se basó en documentación aportada por varios de sus escribientes. Algunos de ellos con nombre propio y mostrando copia de las respectivas quejas disciplinarias por maltrato.

En primera instancia otro juez de Chocontá había fallado a favor del comunicador y en contra de la juez, quien entabló una tutela “solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen”. La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) se manifestó públicamente contra el fallo de segunda instancia y “solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos”.

La nota inicial, “Denuncian acoso y matoneo por parte de la Juez de  Sesquilé“, publicada en el blog Garabatos el 12 de noviembre de 2016 fue censurada y por ello es legalmente imposible reproducirla en TLCDLR, debido a que hay un fallo judicial en contra de su difusión. A pesar de ello, como medio defensor de la libertad de expresión, no podemos silenciar ante lo que consideramos atropello por parte de un representante judicial, opinión que es compartida por la FLIP, que en su comunicado aporta el siguiente fragmento:

“La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

  • El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
  • El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.”.

(Ver comunicado completo)