Imagina que vives en la ribera de un río ancho que conecta tu casa con el océano Pacífico. Alrededor te abraza la selva y en el cielo de vez en vez los atardeceres forman un remolino entre nubes con trazos naranja. Pasas tu vida, a veces entre el silencio, a veces entre el ruido. Una mañana un estruendo de ráfagas te altera, no eres el blanco, pero sí la trinchera. No demoras en reconocerlo. Pasan 31 años y los fusiles no paran de sonar.
Escribe / Maritza Palma Lozano – Ilustra / Stella Maris – Fotografías / Santiago Ramírez Marín
En la subregión del San Juan, Chocó, denominada de esta manera porque la conecta el río San Juan, es evidente la continuidad y recrudecimiento del conflicto armado después del Acuerdo de paz firmado en el 2016 con la guerrilla de las FARC. El hecho no sorprende, pero para las comunidades cada bala, cada enfrentamiento, cada nuevo actor queriendo controlar el territorio son motivo de desasosiego. En palabras de Juan Houghton, activista político e investigador social, “los fierros se sacaron de las comunidades, por un tiempo, pero la vida que estaba asociada a la existencia […] de la guerra se mantuvo, todos esos valores asociados a la guerra, todas esas estructuras, estas formas de intercambio, de cooperación, de confrontación que se desarrollaron en la guerra se mantuvieron, entonces cuando llegaron los nuevos actores armados fue muy fácil que se reactivara la guerra y que estos grupos en lapsos supremamente rápidos crecieran y se convirtieran en un actor determinante en estos momentos en la política regional”. Houghton actualmente conoce de cerca el caso del departamento del Cauca, otra región afectada por la guerra sin fin en Colombia.
En Chocó, los grupos armados que siguen reciclando la estructura de guerra establecida años antes en la región por el bloque Noroccidental o Iván Ríos de las FARC, son el Frente de Guerra Occidental del ELN y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Todos a su vez han reciclado la guerra del narcotráfico. Verdad Abierta explicó la avanzada guerrillera y paramilitar en Chocó desde los años 2000:
Los paramilitares llegaron entonces al sur del Chocó no solamente para combatir a las guerrillas sino para prosperar en el negocio de las drogas. Hay que aclarar que la presencia de las guerrillas había sido tímida en el sur del Chocó. Es más, las guerrillas ni siquiera eran fuertes en el sur chocoano. El ELN llegó a Itsmina y zonas aledañas buscando su parte en la economía del oro, y desde los 90 aparecía por la carretera Carmen del Darién-Quibdó. Las Farc, que eran fuertes en el norte del Chocó, sólo llegaron al sur, cuando su Bloque Móvil, Arturo Ruiz, subió desde Buenaventura hacia el norte, ya entrados los años 2000.
Si bien las AGC se hicieron públicas en 2008, antes el control paramilitar lo ejercían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); mientras las FARC operaban desde 1971, entre finales de los 90 y 2006 tuvo presencia la guerrilla del Ejército Revolucionario Guevarista, y el M19 y el EPL tuvieron una aparición fugaz antes de su desmovilización en 1990.
De forma implícita, hasta el 2020, ELN y AGC tenían un delimitado control territorial por el cual no se tocaban, pero durante el 2021 la avanzada paramilitar de las AGC ha arremetido, mientras el ataque del Ejército Nacional contra el ELN le juega a favor.
La Defensoría del Pueblo advierte que en todo el Chocó al 2021 han quedado confinadas 27.701 personas, mientras han sido desplazadas 5.943, además de 209 casos de desplazamiento intraurbano.
Elizabeth Moreno, presidenta del Consejo Comunitario General del San Juan, explica que como líderes “hacen las denuncias de una crónica de una muerte anunciada”, pero la respuesta estatal es nula y en el mejor de los casos insuficiente o limitada a la militarización, “situación que nos pone más en riesgo teniendo en cuenta que donde está la fuerza pública siempre llega el actor armado”. Elizabeth es reiterativa al explicar que la grave crisis del San Juan no solo se da por el conflicto armado, también lo generan los megaproyectos extractivos y mineros, el despojo territorial, las amenazas por desastres naturales, el abandono estatal y “la permisión del Estado de que en nuestros territorios sucedan cosas […]. Nosotros mismos a veces como líderes no podemos hablar, no podemos denunciar porque nos estamos poniendo la lápida encima”.
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¿QUÉ PASA CON EL CONFINAMIENTO FORZADO?
El recrudecimiento del desplazamiento forzado interno y el confinamiento en Chocó, durante el 2021, ha afectado nueve municipios, entre ellos Litoral del San Juan, Medio San Juan e Istmina. En estos dos últimos, en junio hubo desplazamientos y confinamientos en Monte Bravo, Panamacito, Potedó, Cocové y Trapiche (Istmina); en agosto en Dipurdú del Guácimo, La Unión, San Miguel, Fugiadó e Isla de la Cruz (Medio San Juan) y en septiembre en San Miguel, Isla de la Cruz (Medio San Juan), Unión Chocó y San Cristóbal (Istmina).
Frente a esto, el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) manifestó en comunicado público del 22 de octubre: “desde el mes de junio del presente año, y con mayor intensidad desde el mes de agosto, los grupos armados han acrecentado su presencia y disputa por el control del territorio, generando situaciones de confinamiento, restringiendo derechos fundamentales como la libre movilidad, el acceso a bienes y servicios esenciales de al menos 1.391 personas; desplazamiento forzado de 965 familias (1.227 personas)”.
Las comunidades desplazadas vuelven pronto a sus territorios, no porque existan garantías o porque cese el peligro, lo hacen porque no hay opción, pues si el ruido de las balas no genera que vuelvan la mirada hacia sus comunidades, el sórdido desplazamiento menos. Mientras, hay otras poblaciones que ni siquiera conciben la posibilidad de irse de sus territorios planteándose que, si lo hacen, los grupos armados tomarán lo único que les queda: su tierra.
En ese contexto surge otro fenómeno: el confinamiento forzado. El mundo entero entendió un poco, durante la pandemia, lo difícil que es verse obligado al encierro de la casa sin tener las mínimas condiciones para satisfacer sus necesidades humanas. Así, pero cambiando al COVID por la guerra, se encuentran actualmente 58 comunidades afro y 10 resguardos indígenas Wounaan.
“Las personas confinadas vivimos en un punto de zozobra que genera una inestabilidad emocional puesto que no sabemos qué va a pasar en la noche, puesto que no sabemos qué va a pasar en la madrugada, qué actor va a llegar a perturbar el sueño, a perturbar de pronto la tranquilidad”, indica Elizabeth y complementa diciendo que estar confinados también implica autoimponerse un toque de queda para no circular en el río después de que caiga el sol, aparte de no poder trabajar en las cosechas, “las personas que habitamos en esta región vivimos de un diario, de lo que cultiva, de lo que caza, de lo que pesca […] si no nos permiten llegar a donde tenemos los colinos, los cultivos de papa china, de plátano, de arroz, de maíz, también se ve comprometida la seguridad alimentaria”.
Leonelson Tascón Chiripua, docente de la comunidad de Taparalito, zona rural de Litoral del San Juan, explica: “nos hemos debilitado culturalmente porque para ir a conseguir los materiales ya no es fácil ir al monte, por ejemplo, para ir a cortar el palo de Jagua tenemos que ir allá y labrar y traer, pero ya los viejos por temor no han podido salir, igualmente para ir a conseguir la pintura corporal, uno busca la parte más cerca y trae en el día, [porque] para nosotros la pintura es protección”. Concluye: “hemos resistido dentro del territorio porque dejando el territorio libre ellos entran con más facilidad”.
Según reporte de la Unidad de Víctimas durante el 2021 han sucedido 107.105 hechos victimizantes en todo Colombia, que han afectado a 129.390 personas, de estos hechos 106.655 corresponden al confinamiento de 82.142 personas.
EL RUIDO DE LOS PERROS
El 19 de septiembre hombres armados de las AGC llegaron a Unión Chocó y San Cristóbal, dos comunidades indígenas Wounaan. Tras sentirse encerrados y en peligro, los habitantes buscaron comunicarse con entidades que dialogaran con las AGC y les permitieran salir. En la noche, usando botes propios y de otras comunidades se desplazaron 584 personas de Unión Chocó y 359 de San Cristóbal. Las familias quedaron repartidas entre Unión Wounaan, La Lerma, Puerto Olave, Macedonia e Istmina. Allí permanecen aún a diciembre de 2021.
Testimonio habitante de San Cristóbal
German Membache, docente de Unión Chocó, cuenta: “nosotros estamos muy afectados porque nos tocó dejar animales domésticos, tenemos cerdos de la Institución educativa indígena Pitulo Chirivico, nos tocó dejarlos, no demoran en dar las aves ponedoras, gallinas ponedoras, muchas familias dejaron eso y algunas pues las trajeron, pero la mayor parte de las familias dejaron sus aves ponedoras [y] los cultivos de pan coger seguramente van a dañar, van a crecer las malezas y se nos van a perder”.
El 14 de octubre, en el marco de la caravana por la vida y por la paz, algunos líderes indígenas, entre ellos Germán Membache y Hugo Neth Bailarín Chamarra, junto a un representante de Acadesan, gestionaron una lancha para visitar los dos caseríos desalojados. De ida fue la incertidumbre de encontrar a integrantes de las AGC, de regreso la satisfacción de algunos habitantes de Unión Chocó por haber recuperado algunos perros de caza y enseres. En el camino, el río pasó de hondo a pando, casi rozando con las piedras pequeñas en las curvaturas, luego, el silencio profundo del primer caserío, algunas casas desordenadas y nada más que vacío… se trataba de San Cristóbal. La indecisión atacó porque llegar a Unión Chocó implicaba ir más adentro. Finalmente, los hombres se encontraron serpenteando hasta toparse con el ruido de los perros, imparable, hambriento, en el segundo caserío.
Germán aclara por qué esto se trata de una revictimización. “Nosotros este impacto de desplazamiento forzado no es la primera vez, en el año 2006 nos desplazamos también por el asesinato de nuestros dos líderes indígenas en esta zona del Medio San Juan, estuvimos en el municipio de Istmina tres meses y esta es la segunda vez que nosotros estamos padeciendo esta situación. Realmente desde las comunidades indígenas del departamento del Chocó invitamos que el gobierno nacional mire las necesidades que nosotros estamos pasando. Necesitamos que haya un diálogo mancomunado con los sectores políticos, necesitamos que el gobierno cumpla el acuerdo de La Habana, necesitamos que el gobierno realmente busque lo que tiene que hacer al menos para reducir el impacto de la violencia que estamos padeciendo en Colombia”.
Por su parte, Hugo Neth, comisionado de juventudes de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó, agrega: “desde que la guerra empezó en el año 90 el problema ha sido muy serio con las juventudes, ¿por qué?, porque a las juventudes nos han perseguido como un objeto, porque realmente ellos tienen poco desarrollo de ideas y a ellos les parece todo lo que un grupo armado le proponga, eso conlleva a que las juventudes indígenas –y no solo a indígenas– a tomar otras decisiones: quizá acabar con la vida, o quizá irse con ese grupo al margen de la ley obligados.” Y hace un llamado: “las instituciones garantes deben colocar realmente la lupa sobre estas comunidades, [por]que cada día nos atropella una guerra que no nos pertenece, en general en el departamento de Chocó, no solamente río San Juan, sino Atrato y Alto Baudó. […] Nosotros como Embera en todo momento nos afecta, no estamos prestos de seguir viviendo así”.
En efecto, según Indepaz, a partir de su balance de noviembre, concluye que “entre enero y septiembre de 2021 se registraron 106 eventos de desplazamientos en Colombia con 27.727 víctimas” y “la región del Pacífico, que comprende los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, es la más afectada por hechos de desplazamiento […] durante 2020 y 2021”.
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LA GUERRA SE RECICLA
Uno de los factores que sostiene la guerra es el reclutamiento forzado. Helmer Quiñones, coordinador del Equipo Asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con pueblos étnicos para los Acuerdos de Paz, explica que los jóvenes negros son víctimas de todos los grupos armados, desde el Ejército, hasta los grupos guerrilleros y paramilitares. “Imagínate crecer en un lugar donde no puedes caminar, donde no puedes hacer, donde a los únicos que ves bien y que pueden caminar y pueden proceder son los grupos armados”, menciona y se extiende “los jóvenes realmente no tienen empleo, no tienen infraestructura de educación, no tienen nada […] y finalmente vinculándose o no vinculándose, ellos creen que los van a matar, mientras se vinculan erradamente creen que se vuelven poderosos porque se ven con un fusil, porque se ven con algunos pesos -imagínate les pagan menos de un mínimo si acaso les dan algo de plata- pero es tanta la miseria, que ellos creen que eso es una solución. Después mueren, no pasa nada, las mamás no tienen a quién reclamar y así llevamos 30 años y básicamente la juventud afrodescendiente está totalmente excluida. Entonces nosotros por eso es que hablamos de un genocidio”.
Por otra parte, Andrés* -a quien llamaremos así por protección- expone cómo la desatención a situaciones como los desplazamientos y confinamientos forzados se relacionan con las condiciones que propician el reclutamiento:
“¿Qué pasaría si yo durara dos semanas sin tener alimentos? ¿Qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi mente, qué pasa en mis emociones? ¿Cómo transforma a un ser humano durar dos semanas durmiendo en el piso? ¿Qué sucede cuando uno solo puede comer un pequeño plato de arroz una vez al día durante dos semanas? ¿Qué pasa? […] Es que ni siquiera se entiende que la prevención del reclutamiento pasa por ahí. Es que una parte de esos niños y niñas que hoy están pasando hambre ahí, después de vivir esa infamia de estar pasando hambre, de estar pasando indignidad, de dormir a la intemperie, de no tener ropa, de no tener un jabón para bañarse, de no poderse lavar los dientes, una parte de esos niños –por esa experiencia– dentro de diez o quince años va a tomar las armas, con rabia, con desesperación, con cualquier motivación que tengan, y podrán ser las armas de la guerrilla, de los paramilitares, del Ejército, del narcotráfico, del crimen organizado, pero están sembrando violencia cada vez que hacen pasar hambre a la población. […] Hay una cosa profunda de sembrar violencia cada vez que la institucionalidad de la manera más olímpica decide que se va a demorar un mes, dos meses, tres meses para entregar unas precarias, insuficientes, inadecuadas, atenciones humanitarias”.
Otros factores son la negación de los actores armados y los mecanismos de desmovilización que no cobijan a todos los grupos o que son parciales y no tienen seguimiento.
Por una parte, en la historia reciente de Colombia ha sido reiterativo, primero, negar el conflicto armado, después a algunos actores –fundamentalmente paramilitares– hasta llamarlos con distintos nombres o subestimar el tipo de grupo que son, como ha pasado con las AGC. Este grupo ha sido posicionado en la opinión pública como Clan Úsuga y más recientemente como Clan del Golfo. “La forma de nombrarlos tiene una intencionalidad, primero no reconocerlos como un actor armado con características de ser un actor armado en el marco del DIH –estamos hablando de un actor con miles y miles de hombres uniformados con fusiles– y segundo desconocerles también su construcción política en el sentido de su rol como actor paramilitar”, añade Andrés*.
Según Andrés* este grupo paramilitar tiene hondas raíces en las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), desmovilizados en el 2006, quienes dejaron “gente con bajo perfil en la zona del Urabá, [y] algunos lugares del Chocó” que nunca se desmovilizaron y tienen acceso a armamento que nunca fue entregado. De ahí su sólida reaparición en el 2008, cuando “distribuyeron panfletos en más o menos seis departamentos, y en una gran cantidad de municipios, e hicieron un paro armado”, agrega.
En Noanamá, el 17 de septiembre las AGC dejaron un panfleto indicando que “la población puede tener la certeza y la tranquilidad de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC” nunca va a atentar contra ellos” (sic), en cambio, “esas acciones del ELN comprenden entre otros hechos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario el desplazamiento forzado, haciéndole creer a las comunidades que somos nosotros quienes los están amenazando, robándole sus pertenencias, violando las mujeres y prohibiéndoles trabajar a todos”.
Frente a esto, Andrés* también explica que “esa estructura paramilitar hace un proceso de aprendizaje de lo que fue su dinámica de los 90 y de los 2000, que fue una dinámica de guerra de arrasar, de desocupar territorios enteros para, entre otras cosas, poder favorecer el despojo [por parte] de ellos mismos y de empresarios, y digamos que esa estrategia de los 90 y los 2000 no les salió bien. Ellos en muchos lugares no lograron lo que se habían planteado: no lograron arrasar, despojar y montar toda una economía nueva borrando lo que ya había existido de población”, entonces “los paramilitares de los 90 no les interesaba ganar mentes y corazones, necesitaban aterrorizar a la población y vaciar el territorio. Este momento actual del paramilitarismo, de las AGC en particular, sí tienen una lógica muy clara de pretender ganar mentes y corazones, y eso implica limitar el uso de la violencia”.
Además, encontramos el proceso fallido de negociación con el ELN que en palabras de Houghton no funcionó porque el gobierno colombiano escogió un modelo de negociación por partes y “porque en el fondo nunca han abandonado la tesis de que por lo menos a alguno de esos sectores se les puede derrotar militarmente”.
Según el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), una de las mayores dificultades para el gobierno colombiano en el proceso de paz con el ELN es “la reticencia del ELN a incluir términos como la dejación de armas que ven como una rendición y como condición. Los guerrilleros proponen deponer sus armas una vez vayan viendo que se cumplen los acuerdos en la implementación”, además de “la insistencia del ELN en no dejar de secuestrar hasta que se liberen los presos políticos o se acceda al cese al fuego, y la concurrencia de hechos como atentados a oleoductos, acueductos y otras infraestructura que perjudican a la sociedad civil y parecen demostrar la falta de voluntad de la guerrilla para llegar al fin del conflicto armado”. Esto se suma a que “el ELN no es una organización jerárquica y sus decisiones se toman por consenso a través de Congresos Nacionales, por lo tanto en la mesa, los representantes del ELN no están facultados a tomar decisiones, todo debe consultarse con el Frente Amplio (unos 1500 combatientes armados y unos 3000 miembros civiles que también forman parte de la guerrilla), lo cual hace las negociaciones más complejas”.
Leivinson Cruz Aguilar, integrante del equipo jurídico de Acadesan dice: “nosotros somos un territorio de paz, un territorio de reconciliación y queremos que esos acuerdos que se firmaron en La Habana realmente se cumplan, que se hagan efectivos. Se cometieron errores, pero a veces sobre la marcha se corrigen errores y uno de los errores que cometieron es que cuando las FARC hizo la dejación de las armas, el gobierno no llenó esos espacios donde estaba las FARC y esos espacios hoy son disputa por parte del actor armado y es allí donde la población civil queda en medio de fuego cruzado”.
Entonces, el proceso de paz con las FARC no fue más que como sacar agua de una canoa rota, en un contexto donde la implementación de los Acuerdos de paz sigue sin llegar a territorios como la subregión del San Juan.
Houghton finaliza: “necesitamos tener un gobierno que le apueste a la terminación de la guerra asumiendo que tiene que hacer cambios en el régimen político y abordando problemas de desigualdad socioeconómicas”, además de reconocer a los actores de la guerra como actores políticos para lograr escenarios de interlocución y negociación, ya que “cuando tú ves que esta gente para conseguir plata quiere gobernar, quiere controlar el territorio, quieren mandar en las alcaldías y otras instancias del gobierno, quiere ganarse un sector de la población, tú no estás hablando solamente de un grupo delincuencial, estás hablando de un actor que tiene claros comportamientos como actor político”.
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LAS COMUNIDADES GRITAN
“Estábamos allí en Chambacú por la situación del niño que la fuerza pública mató en el combate, en el bombardeo de Corriente de Palo, un niño de trece años que pudo ser el hijo de cualquiera de los que estamos aquí. Y no es justo que nuestros hijos se mueran, que nuestras niñas se mueran, que nuestras mujeres sean violadas. […] Nosotros contamos también, contamos para las elecciones, contamos para el país que se lucra, para las EPS, para las instituciones educativas, para las instituciones de salud, para el mismo Estado que le entran unos recursos en nombre nuestro y se quedan con ellos”, dijo Elizabeth Moreno frente a personas de la comunidad de San Miguel reunidas en la iglesia del pueblo el 15 de octubre.
El 16 de septiembre el Ejército Nacional bombardeó a cinco kilómetros de Corriente de Palo para atacar al líder del Frente Occidental del ELN, Ogli Ángel Padilla Romero (‘Fabian’). Ese día murió José Yuver Hurtado Moreno y otros tres menores de edad: una mujer y dos hombres, los tres de 17 años, según Medicina Legal.
Carlos Victoria Díaz, integrante de Acadesan y habitante de Corriente de Palo indica: “el conflicto armado en Colombia no va a acabar, ese no va a acabar porque ese no nació ayer, pa’ la historia que yo he visto no nació ayer, pero sí se puede lograr que los que están en el conflicto armado, los que están en la guerra, ellos no son un árbol, ellos no son un objeto, ellos son personas igual al que está hablando, ellos ingresan a la guerra desde las mismas familias, ellos tienen mamá, tienen papá, tienen hijo, entonces ellos, más que ellos no sabe nadie, que así como a ellos les duele cuando tienen un accidente, así también nos duele a nosotros cuando nos ponen en estas condiciones, entonces lo que yo les pido es de que dialoguen”.
En el San Juan, los últimos meses dos personas han quedado heridas por minas antipersonal. “Necesitamos que hoy el gobierno busque estrategias y el reconocimiento de esas afectaciones, de esos daños que causan también a la población, donde se ve comprometida la vida de nuestros niños, que hoy nosotros clamamos justicia para estas familias que han sido afectadas y revictimizadas por el conflicto armado”, expresa Elizabeth.
Alertas sobre estos hechos han existido infinidades. La situación de desplazamiento fue advertida por la Defensoría del Pueblo desde agosto a través de “Alerta Tempana de Inminencia 020- 21, para los municipios de Medio San Juan e Istmina (Chocó), en la que se advierte la situación de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios y elevado riesgo de enfrentamientos –que infringen el principio de precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH)–, sobre la población afrocolombiana perteneciente a los Consejos Comunitarios de Acadesan, Cocominsa y al Resguardo Indígena de Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del Pueblo Wounaan”.
Desde la vocería internacional, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha publicado alertas, también desde agosto, documentando confinamientos y posteriores desplazamientos en esta misma zona del Chocó. El 20 de agosto notificaron el confinamiento de 2.783 personas y el desplazamiento de 935 habitantes afrodescendientes de Dipurdú del Guásimo –presentado el 15 de agosto “luego de tres días de continuos enfrentamientos” –, estas personas, a su vez estuvieron confinadas en las comunidades receptoras (La Unión, Isla de Cruz y San Miguel). Mientras, el 24 de agosto indicaron el confinamiento de 2.694 personas, lo cual se presentó desde el 10 de agosto afectando 10 resguardos indígenas Wounaan, tanto del Litoral del San Juan, como de Buenaventura; y el posterior desplazamiento de 118 personas, presentado el 14 de agosto “en las comunidades de Puerto Guadualito y Unión San Juan”. El 4 de noviembre OCHA indicó que “a la fecha, se ha registrado un incremento del 24% en el número de víctimas por confinamiento del departamento, que a la fecha asciende a 33.376 personas confinadas y en el mismo periodo de 2020 fue de 25.534”.
Ver Alerta temprana Defensoría del Pueblo
Pese a esto, todo sucede como si nada pasara. La misma OCHA indica que para los casos de agosto la Personería del Medio San Juan realizó “la toma de declaraciones a las personas confinadas” y la alcaldía “una primera entrega de alimentos a las comunidades confinadas”; sin embargo, la misma administración “ha declarado que no tiene capacidad presupuestal para dar una atención humanitaria rápida a las comunidades afectadas. Situación que estaría dando paso al retorno sin condiciones de seguridad de algunas familias desplazadas”.
Para Helmer Quiñones se convierte en una forma de racismo estructural: “aquí el apartheid consiste en que tú no tienes nada”. Elizabeth Moreno concluye: “sabemos que para nosotros los afro, los negros, lo poquito que hemos ganado ha sido a través de las luchas constantes de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, para poder hoy ocupar diferentes espacios, tales como la ley 70 que nos ha permitido ser hoy propietarios y autoridad en nuestros territorios, pero si decaemos, ¿qué será de nuestras nuevas generaciones? Tenemos que ser esos pilares de fuerza que permanezcan en el tiempo […] y también tenemos que pensar esos relevos generacionales, y es desde allí donde tenemos que empezar a cuidar, a vigilar las actividades y las acciones de nuestros hijos para que sigan los caminos de la verdad”.
Esta investigación fue realizada con el apoyo de:
