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“Uno cuando tiene una edad de 15, 16, 17 años casi siempre piensa en las armas, es la fase del conocimiento donde uno quiere explorar las armas, el camuflado hasta que llega alguien y le dice: –camine conmigo que le vamos a pagar “tanto”, usted va andar en camionetas, usted va a tener camuflado, fusilería, usted va a llegar hacer comandante en 6 o 7 meses”. Carlos es una de las miles de personas que, como el mismo lo expresa, “uno llega muchas veces a los grupos armados a base de mentiras”. De esta manera entró a ser parte del conflicto armado en Colombia, un problema que ha vivido el pueblo colombiano por varias décadas.
Pero lo que ocurre con la Ley de justicia pareciera repetir lo expresado en una frase popular: “hecha la ley, hecha la trampa”, ya que un amplio sector de las personas que se acogieron al programa del gobierno, encontraron una fuerte falla en su interior, y desde su creación hasta la actualidad han sacado provecho de este error. Se trata del carrusel, como es conocida por parte del gobierno y de algunos participantes del proceso de desmovilización, el cual se presenta en los siguientes beneficios que obtienen al acogerse al programa de justicia y paz.
Para el año 2003 el Programa para la Reintegración a la Vida Civil (PRVC) contaba con una población beneficiaria de alrededor de 1.200 desmovilizados. Para ellos el PRVC contenía los siguientes beneficios: estipendio mensual para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de salud; educación básica y media, y capacitación para el trabajo; atención psicosocial mediante talleres colectivos o intervenciones individuales; y capital semilla para el desarrollo de un proyecto productivo. Por la participación en la educación básica reciben un beneficio económico de 150 mil pesos, la misma cantidad reciben por asistir a los talleres psicosociales, e igual cantidad por realizar la capacitación para el trabajo.
La etapa final que brinda el gobierno, aparte del acompañamiento psicosocial, es la capacitación para el trabajo, y para llegar a esta se debe cursar la escolaridad básica, al finalizar esta etapa se deja de obtener una de las tres partes de la ayuda económica. Entonces para evitar que el Gobierno deje de brindar este beneficio económico a los desmovilizados, algunos dejan de asistir a sus clases, para perder el año escolar y de esta manera tener que repetir el curso, sabiendo que el gobierno seguirá brindando el subsidio. También para evitar el fin del aporte, algunas personas se trasladan de ciudad, teniendo así que volver a cursar su año de educación y reiniciar los talleres psicosociales. Es decir, una parte de los participantes del programa de desmovilización quieren que el gobierno les dé el mayor aporte lucrativo, hasta que la ley sea modificada.
“La asistencia psicosocial hace parte de la reintegración social y económica, y se desarrolla a través de los talleres, que se realizan en grupo, de acuerdo a la etapa del proceso de reintegración en la que se encuentren. Todo esto lo evalúan los psicólogos quienes dictan los talleres, de acuerdo a las necesidades y aspectos a fortalecer, todo está respaldado por asesorías individuales, visitas domiciliarias, actividades con la comunidad y actividades familiares, lo último es uno de los aspectos más importantes ya que todo lo que sucede al interior de la familia permite una mejor recepción, por parte de la persona que viene de los grupos armados”, dice Jorge Jaramillo, psicólogo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR).
Viviendo en el limbo
La Ley de Justicia y Paz creó una jurisdicción especial para juzgar a los integrantes de grupos armados que dejaran las armas, confesaran la verdad de los delitos cometidos y repararan a las víctimas. A cambio, recibirían penas de prisión mucho menores que las ordinarias (ocho años frente a condenas que pueden ser tres veces mayores) y se reincorporarían a la vida civil. Según la propia ley, los beneficios aplicarían para los hechos que se hubieran cometido antes del 25 de julio de 2005, fecha en que la norma entró en vigencia.
Para entonces el Gobierno ya había adelantado decenas de desmovilizaciones de grupos paramilitares, como consecuencia de los acuerdos logrados en Santafé de Ralito. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 2003 y 2005 se desmovilizaron 14.097 integrantes de grupos paramilitares. A esto se suman grupos de guerrilleros de las Farc que se acogieron a la norma, que estaba inicialmente concebida para las autodefensas.
Para amparar a los paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron tardíamente bajo la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno hizo una interpretación según la cual esa restricción había sido eliminada por una ley posterior. De esta forma, miles que no tenían antecedentes judiciales quedaron en libertad mientras se resolvía su situación jurídica y otros tantos fueron postulados para los beneficios de la ley. Pero en febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia desechó esa teoría y dijo que los beneficios de la Ley no podían cobijar a quienes se hubieran desmovilizado después de julio de 2005, o a quienes cometieran delitos posteriores a esa fecha. El Gobierno argumenta que con esa decisión cerca de 25 mil desmovilizados quedarían en el limbo jurídico y, frente a eso, podrían optar por volver a la vida criminal.
Esta situación preocupó a gran cantidad de personas, ya que todo ese proceso que se venía gestando para lograr la paz, se podía venir al piso. El solo hecho de pensar que más de 15 mil personas volvieran a la vida delictiva, puso en apuros al Gobierno para idear una nueva ley que solucione este problema.
“La Ley de Desmovilizados –afirmó el Presidente Santos– nos permite honrar el compromiso con más de 32 mil personas que decidieron corregir su camino, reconstruir sus vidas y volver al seno de sus familias y la sociedad. Este es un mensaje que debe llegar a la selva, a quienes aún dudan de la palabra del gobierno: Nosotros le cumplimos a quien nos cumple”.
Es por esto que en diciembre del 2010 se presentó la ley 1424 en donde se estipula que todas las personas que se acogieron al programa de desmovilización tendrán que confesar todos los actos criminales en los que haya participado durante su estadía en el grupo armado, de esta manera garantizara su proceso de reintegración a la vida civil.
Como ángel y demonio
“Cuando uno llega le dan un entrenamiento, pero el entrenamiento en la mayor parte es psicológico, en donde a usted le hacen ver que el enemigo es el Gobierno, que es un Gobierno oligarca, que al que le tiran más duro es al pobre, que nunca le colaboran al pobre. Y se lo repiten tanto que uno termina por creer que eso es cierto”, expresó Carlos, quien fue paramilitar durante varios año, cuenta su historia, siendo consciente ahora que alimentó durante varios años una guerra sin sentido. Ahora agradece poder regresar a la vida civil junto a su esposa e hijos.
“En el Granada, municipio del departamento de Antioquia, terminan siendo 1.600 hombres. Son grupos que surgen con el conocimiento del Gobierno de que no existían y que fueron conformados para la desmovilización”, reveló Éver Veloza, alias ‘HH’, exjefe del Bloque Calima desde una cárcel de Estados Unidos.
Estas declaraciones, sumadas también al escándalo por la desmovilización ficticia de 62 guerrilleros del bloque Cacica La Gaitana en el años 2006, dejan en evidencia que la intención del Gobierno no es acabar con el conflicto, sino mantenerlo a flote.
La historia de Colombia siempre ha estado marcada por el conflicto armado que se genera en su interior. Dicho conflicto ha sufrido varios cambios a través de los años, dependiendo de los intereses que defiende tanto el Gobierno como el pueblo. El paramilitarismo surge como una necesidad por parte de los grandes terratenientes nacionales, inversionistas extranjeros y el mismo Gobierno, de cuidar sus grandes extensiones de tierra y mantener controlados a los rebeldes que se alzaron en armas en su contra.
Con esa dinámica funcionó el conflicto por varias décadas en el territorio nacional, pero a finales del siglo pasado el Gobierno buscó la manera de permitir el reingreso a la vida civil y se empezaron a realizar los procesos de desmovilización.
Las primeras desmovilizaciones en Colombia se dieron durante los años noventa cuando nueve grupos guerrilleros se desmovilizaron, dejando a 4.817 individuos acogidos al programa que el gobierno de ese entonces diseñó a través de la Oficina Nacional de Reinserción. Estos grupos fueron el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín (MPM), y el Frente Francisco Garnica y el MIR – COAR. Este fue el primer acercamiento por parte de los grupos armados y el Gobierno para buscar la paz del país.
Finalmente, nadie puede definir con exactitud, cuál es el interés por parte del Gobierno, lo único claro es que todos los altibajos que han tenido los procesos de paz parecen perjudicar no solo a los mismos involucrados en el conflicto, sino también a todos los colombianos.