El punto de confluencia entre dos de los grandes ríos del Chocó se encuentra al borde de la destrucción total, mientras que las autoridades competentes pueden hacer muy poco.

Por: Anny García

Lloró, municipio en el suroccidente del departamento de Chocó, se ubica con exactitud en el punto de confluencia donde el Andágueda vierte sus aguas al majestuoso Atrato. Sus pobladores indígenas y afrocolombianos, se caracterizan por ser alegres, trabajadores y hospitalarios; este ha sido un pueblo por tradición agrícola y minero.

Desde el año 2006 esta región y su gente han venido permitiendo el ingreso de la minería ilegal y a cielo abierto; situación considerada una de las tantas problemáticas en el departamento del Chocó, conocido como uno de los más ricos en biodiversidad y que le ha brindado al país gran parte de su riqueza tanto en flora como en fauna.

Uno de los habitantes que conocen bien la historia de esta región, Luis María Ibarguen Rentería, relata: “Bueno, comparado con la minería que se usó, póngale en los años cuarenta, la cual era con batea, que se hacía cuelga, se trabajaba con el almocafre y los cachos, esa era muy artesanal; comparada con ésta, que trae una destrucción masiva. Porque lo que se trabaja no vuelve a producir. Este municipio fue una región agrícola y minera, ya ambas cosas han mermado por problemas de la subversión; porque el pueblo que vive acá en la parte alta todos son desplazados por temor a los actores al margen de la ley, entonces en el campo ya no queda nadie. Voy a contarle  que en los año 2.009 – 2.011 se vieron más de 50 retroexcavadoras, trabajaron en diferentes puntos de la geografía del municipio, lo que sacaron ya se lo llevaron, solamente quedaron los cascotes”.

Presbítero Remo Segalla

 

El presbítero Remo Segalla desde su parroquia la Inmaculada Concepción, ya lleva algunos años levantando la voz de alarma y de súplica frente a la actividad minera ilegal en el municipio de Lloró.

El inconveniente con la minería en Lloró es que la solución del problema no ha logrado ir más allá de los papeles ya que después de todo la explotación minera continúa.

El padre Segalla lleva seis años trabajando en pro del cese de la explotación minera y maderera. “Yo fui a Codechocó, yo entraba a las oficinas; me hacían entrar y decir porque como soy sacerdote me tienen respeto, pero no hacen nada para mejorar la situación; Codechocó, que existe solo para proteger el ambiente, dice una cosa y luego hace otra”.

Él dice que ha sido mucho lo que ha hecho, pero siempre le salen con algo para que no moleste o para sacarlo del paso, aun así, la gente del pueblo es consciente de la labor tan importante que realiza.

El sacerdote habló de lo que le espera a Lloró con las multinacionales: “Es algo evidente, la minería va en contra de normativas, en contra de leyes. El mismo Estado no respeta las leyes que ellos expiden. Estamos en una ilegalidad; los mismos mineros dicen: no somos ilegales somos informales, porque ellos están pidiendo la autorización pero no la reciben, es una minería pirata. Ellos dicen, bueno saquemos todo lo que podamos antes que vengan estas multinacionales porque nosotros somos del país, pero si vienen los otros no lo son y el Estado parece preferirlos”.

Las multinacionales que hasta ahora tienen concesiones de tierras en Lloró son, Anglo Gold Ashanti, una  multinacional de origen sudafricano que se dedica a la explotación de oro en todo el país. Ashanti está siendo centro de polémicas en muchas partes, no se explica por qué de manera rápida y amplia se le han venido concediendo permisos y tierras para el trabajo en zonas que son reservas por parte de Ingeominas.

Según la revista Semana, “el ministro (Carlos) Rodado denunció algo más grave: que incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero de 2010, la entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías. Y, según pudo establecer SEMANA, apenas unos días antes le otorgaron a la minera multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en páramos, la mayoría en la zona de Santurbán. Es difícil que esto hubiera sucedido sin información interna de la entidad, pues no se explica de otra manera que estas solicitudes, que estaban en fila desde 2005 y 2008, fueran aprobadas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2010, justo antes del cambio de la norma”.

Otras de las multinacionales presentes son: Mineros S.A.  a quien le fue concedida el área de 1.452 hectáreas  para explotar recursos minerales del oro y sus concentrados, recientemente premiada por la gobernación de Antioquia por su supuesta gestión de minería responsable en el 2011,  y Vikingo S.O.M., empresa de la que no se pudo encontrar información alguna. Solo se conoce la dimensión del área que se le entregó en el departamento del Chocó, 3.552 hectáreas, para la explotación de plata, oro, platino y sus concentrados.

Un juego de pasar la pelota

En el municipio de Lloró se está viviendo de manera triste la destrucción de la tierra mientras en el panorama no aparece quién pueda detener esta situación. Quienes están explotando la tierra son personas ajenas al municipio y al departamento y a veces ni siquiera del mismo país. Lo complicado es que gran parte de los habitantes permiten esto, atemorizados por el miedo o porque los perjudiquen de cualquier forma.

Al ingresar  al municipio se logra ver de manera impresionante el extenso y profundo degrado ambiental. Terminada la explotación no se procede a rellenar ni a nivelar los terrenos, tampoco a reponer la capa de tierra fértil, ni a sembrar árboles maderables. En Lloró no se han diseñado alternativas viables de desarrollo.

Las autoridades competentes no han logrado detener la explotación y destrucción del ambiente, ni han desarrollado iniciativas para la recuperación de los suelos, como procesos de reforestación, tampoco han implementado proyectos productivos alternativos a esta actividad para permitir la subsistencia de la población o su desarrollo integral.

Se reitera que los correctivos que se toman con respecto a la minería de Lloró se quedan en el papel y son los mismos entes encargados de vigilar quienes  fuera de micrófonos lamentan su impotencia.

Ex Alcalde del municipio de Lloró, Edgar Antonio Rentería Córdoba

Por otro lado, el anterior alcalde Edgar Antonio Renteria Córdoba comenta su impotencia como  administrador del municipio, “Real y efectivamente son otros actores que tienen que ver en esta situación como es Codechocó que expide las licencias ambientales y Minercol que  expide el título minero como tal. No es la administración quien puede ejercer un control de manera directa, si no que son muchos actores que tienen que intervenir para poder controlar la minería en el municipio de Lloró”.

Acepta que la minería que se realiza en el municipio es informal, le da el nombre de informal por no decir ilegal. Como la minería en su totalidad es ilegal no poseen un listado de las minas y por ende el dinero con respecto a las regalías no se ve en el municipio,

“En estos momentos se ha hecho una negociación, entre los acuerdos a los que se llegaron con los mineros es que si sacan en el municipio deben declararlo en nombre de Lloró, son poquitos los que lo hacen, y lo hacen de manera mínima. Las regalías en nuestro departamento son un negocio. En ocasiones entran por regalías al municipio  6 ó 5 millones de pesos pero es mínimo para lo que se recoge acá”.

Por su parte, el sacerdote Segalla,  con respecto a las regalías del municipio complementa que “un minero me hizo ver que las regalías si las dejó ahí al nombre del municipio, pero la plata no sé donde va, no la veo, aquí son un misterio, la plata no se ve”.

La violencia, un obstáculo más

Según las autoridades el orden público ha sido uno de los obstáculos para que la minería ilegal cese; los grupos al margen de la ley no permiten el acceso a las minas. Rentería muestra su preocupación ante la presencia de actores armados en Lloró: “La situación del orden público hace que sea imposible para la fuerza pública llegar a estos lugares por la presencia de grupos al margen de la ley, lo que se requiere es alternar con todas las autoridades a ver si se pueden hacer desplegar unas comisiones que permitan controlar esta actividad que causa impacto negativo”.

Darío Cujar Couttín, Subdirector de Planeación de Codechocó.

El Subdirector de Planeación  de Codechocó,  Darío Cujar Couttín también habla sobre los impedimentos que se les ha presentado para el cese de la minería por culpa del orden público. “Se han  hecho operativos con la fuerza pública, pero estos operativos se han restringido en el sector de carretera que queda entre la entrada que va San Juan – Istmina, hasta el municipio de Lloró, pasando por Boraudó; donde se han decomisado algunas maquinarias. Sobre el río Andágueda no se han hecho operativos con fuerza pública por las condiciones de orden público, siempre se llega hasta la cabecera municipal.

La información que entregan las Fuerzas Militares y la Policía es que no se pueden desplazar por vía acuática debido a las condiciones  y la presencia de insurgentes”, notificó el subdirector Cujar.

Pero el Subdirector de Planeación no se queda solo en este tema, además da un aporte sobre lo que está haciendo Codechocó como entidad responsable, con relación a la minería ilegal y a cielo abierto en Lloró.

Codechocó como ente ha hecho varias visitas de control al municipio, ha identificado los entables mineros que están trabajando de forma ilegal en general en la cuenca, lo que es en la cuenca del Atrato que va hasta Capá; la parte alta que corresponde a Lloró y la parte del rio Andágueda, que llega hasta el rio de Bagadó. Después de las visitas, se han hecho resoluciones de suspensión de la actividad minera, estas se han enviado para que a través de la Policía Nacional y la alcaldía municipal se hagan efectivas. Desafortunadamente nunca se han hecho efectivas”.

Este municipio que es punto clave por la confluencia de dos ríos trascendentales en todo el departamento, está siendo afectado gravemente por la minería desmedida que se realiza en él, y las autoridades que deberían estar encargadas, no hacen más por miedo a  los grupos al margen de la ley.