“Ahora lo que nos toca es cuidarnos entre todos”. Dice Andrey que desconocidos han pasado en camionetas tomándoles fotos a los personas del campamento. Por eso las represalias de los afectados por el sellamiento son una preocupación para los  líderes de la Mesa Ambiental…

 

Vista de parte de una de las canteras a cielo abierto que funciona en Ciudad Bolívar.

Vista de parte de una de las canteras a cielo abierto que funciona en Ciudad Bolívar.

Por: Felipe Chica Jiménez

María, a sus 55 años de edad, es un ejemplo de convicción y perseverancia. Tiene sobre sus  hombros una historia de vida difícil, como la de muchas mujeres a su edad. Su más reciente lucha fue contra la minería.  “No dejamos pasar ni una sola volqueta  y logramos que la Alcaldía sellara la entrada a la mina; así que  mañana voy al culto y le doy gracias a dios por los que ganamos”. Ella, junto con otros miembros de la comunidad de Potosí, en la periferia de Ciudad Bolívar, sostuvieron por 30 días  el bloqueo a la entrada principal de la mina conocida como La Esmeralda, dedicada a la extracción de piedra de cantera y material similar.

Todo comenzó el sábado 4 abril,  cuando una volqueta cargada con material de la mina quedó sin frenos y arrolló una mujer quien perdió la vida al instante. Andrey, líder del colectivo “No le saque la piedra a la montaña”, dice que ése fue el detonante para que la comunidad en general decidiera tomar cartas en el asunto. “No reunimos de inmediato y decretamos el día domingo a media noche como hora cero para comenzar el bloqueo”.

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Así las cosas, el lunes 6 de abril unas 15 volquetas no pudieron entrar a la mina ya que un grupo de carpas, rocas y un fogón de leña les impidieron el paso. Ya hacía tiempo atrás que la Mesa Ambiental “No le saque la piedra a la montaña” había asumió una lucha titánica contra la empresa Canteras Unidas La Esmeralda -CUE-, sin embargo ése día comenzó para la comunidad un periodo  de resistencia contra la minería y contra CUE, que cuenta con cuatro frentes de explotación: Azoteas 1 y 2, La Esmeralda, La Estrella y Oasis, que hacen parte de un título minero de 169 hectáreas, por 30 años, propiedad de los hermanos Helberto y Alonso Porras desde el 17 de agosto de 1995, cuando Ingeominas y  la Corporación Autónoma Regional -CAR- les  otorgó la licencia.

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Títulos como los de los hermanos Porras, son solo algunos de los otros 40 existentes en Bogotá, los cuales comprometen una extensión de 6.937 hectáreas, según la Agencia Nacional Minera. El impacto ambiental de esta actividad no solo tiene que ver con la desaparición de cerros completos, también con la afectación a la salud humana que desde hace más de 19 años padecen en la localidad de Ciudad Bolívar. “Le hemos solicitado al Hospital de Vista Hermosa que nos dé el dato de cuántas personas han ingresado por enfermedades respiratorias, pero se ha negado a darnos información”, dice Andrey. Lo cierto es que no son pocos los habitantes del sector los que dicen que las enfermedades broncorrespiratorias son comunes en niños y adultos mayores, a causa del polvillo que genera la extracción de material para la construcción y el tránsito continuo de volquetas cargadas con el material extraído.

La mayoría de los títulos mineros se encuentran dentro del perímetro urbano de Bogotá, en contacto directo con asentamientos humanos marcados con una historia de desplazamiento forzado, vulnerabilidad ante el desastre y pobreza. “Ninguna ciudad capital de América Latina cuenta con una situación semejante”, dice  uno de los jóvenes que hace presencia en el plantón.

Aquí  las casas y barrios han sido construidos por la gente y sin la ayuda del Estado”, dice un miembro del colectivo “No le saque la piedra a la montaña”. La precariedad de los servicios y el espacio público son notorios y las vías barriales en su mayoría son caminos de polvo moldeados por la escorrentía de las aguas lluvias. “Por eso no estamos de acuerdo con la minería en Ciudad Bolívar, porque aquí no se ve reflejada toda la riqueza que le sacan a la montaña”, dice otra joven del sector.

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¿Qué sigue después del sellamiento?

Ahora lo que nos toca es cuidarnos entre todos”. Dice Andrey que desconocidos han pasado en camionetas tomándoles fotos a los personas del campamento. Por eso las represalias de los afectados por el sellamiento son una preocupación para los  líderes de la Mesa Ambiental, de tal forma que la Defensoría del Pueblo le dijo a la Mesa Ambiental que adelantaría las gestiones pertinentes para emitir una  alerta temprana que cobije a los miembros de este colectivo como medida de protección.

Según Andrey,  lo que sigue es presionar a la Alcaldía para que emprenda una “consulta popular anti minera”, como medida para presionar al Gobierno Nacional, ya que es éste quien que por medio del Decreto 934 de mayo de 2013 les otorgó a las autoridades mineras y ambientales del orden nacional la potestad de restringir áreas de actividad minera.  A los argumentos para frenar la minería en la capital se suma el hecho de que los costos económicos de la mitigación de riesgos ambientales, producto de la extracción de material, han superado  en los últimos dos años los 2.300 millones de pesos, sin que el Distrito haya recibido ningún aporte de esta actividad por concepto de regalías.

5El plantón, levantado por la comunidad voluntariamente ante lo que consideran un triunfo jurídico, es muestra del inconformismo que se vive en esta localidad a causa de la minería. Vigilar el cumplimiento de la medida por parte de las empresas mineras es la otra tarea que deben emprender los pobladores del sector de Potosí, que se suma a la propuesta de declarar el “Árbol del ahorcado” -el único eucalipto que ha sobrevivido a la minería en los predios del título- como patrimonio cultural de la localidad de Ciudad Bolívar. “Fueron  30 días de mucho trabajo, de traer agua y leña para cocinar, pero nunca faltó la comida y de aquí no nos movimos”, concluye María.