La Seguridad Democrática fortaleció las Fuerzas Militares pero debilitó el control civil y permitió que aumentaran los abusos. Una mirada experta sobre cifras y hechos bajo los gobiernos de Uribe y de Santos.   

 

Por: Francisco Leal Buitrago* / Razón Pública

No es solo un “escándalo”

En tiempos electorales cualquier político quiere pescar en río revuelto. Pero en la turbulencia política del país hay sardinas (muchas y menos provocativas) y salmones (pocos y más apetitosos). Y en este ambiente los escándalos militares son unos salmones apetitosos.

No se trata aquí de aprovechar el auge de la noticia, sino de mostrar un problema delicado que viene creciendo desde hace tiempo y cuya responsabilidad le compete a gobiernos sucesivos, en particular al de Álvaro Uribe.

La ineficacia militar frente a la subversión venía de tiempo atrás y se prolongó hasta el desastre político del Caguán. Esa ineficacia fue producto de la prolongada autonomía de los militares en el manejo del orden público y la incapacidad de los gobiernos para corregirla.

Al final, este problema llevó a más injerencia gringa, mediante aumentos en la “ayuda militar” y el aprovechamiento de un supuesto “Plan Marshall” planteado por Andrés Pastrana al inicio de su gobierno.

Tal injerencia se concretó en el Plan Colombia y en un cambio en el dispositivo militar para enfrentar a la subversión.

 


Entre 2002 y 2010 hubo 1.119 casos registrados de
Falsos Positivos.
Foto: Natalio Pinto

Uribe y los militares

Quienes sacaron provecho político de estos cambios fueron Álvaro Uribe y su gobierno. Mediante la publicitada política de Seguridad Democrática (PSD) este gobierno enfrentó a las FARC y anunció su derrota en corto tiempo.

Pero las dificultades que encontró, sumadas a un deficiente manejo estratégico, provocaron el aumento sostenido de recursos para cumplir con un objetivo que se tornó esquivo.

En agosto de 2002, el pie de fuerza era de 313.406 efectivos, 203.283 de las Fuerzas Militares y 110.123 de la Policía Nacional. Ocho años después, al finalizar el gobierno, los efectivos habían aumentado a 426.014; 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional.

En 2010, el presupuesto del Ministerio de Defensa sobrepasó los 15 billones y medio de pesos, de los cuales poco más del 63 por ciento correspondía a las Fuerzas Militares y el resto a la Policía Nacional.

Según el Departamento Nacional de Planeación, en ese año se gastaron 21 billones de pesos en defensa y seguridad, de los cuales el 90 por ciento se destinó a funcionamiento y solo 10 por ciento a inversión.

Si bien es cierto que la magnitud de la embestida militar contra las FARC y el ELN redujo significativamente su capacidad, hasta finales del primer período de Uribe no se habían producido golpes contundentes. Fue durante el segundo período cuando se vieron las primeras acciones exitosas, cuando el actual presidente ejerció como ministro de Defensa.

A ello contribuyó la tardía reacción de las FARC, movida por su arrogancia al persistir en su eventual triunfo, pese a su disminuida capacidad militar.

Misión no cumplida

El despertar de la guerrilla y el deterioro de la PSD se hicieron evidentes desde finales de 2008. Dos noticias mostraron el agravamiento de los problemas derivados de la seguridad:

1. La PSD fue objeto de mayor presión por parte del Presidente, lo que se reflejó en estímulos improvisados para obtener resultados medidos en ‘muertes enemigas’ (body count). La consecuencia fue el aumento de crímenes llamados ‘falsos positivos’, que la opinión pública conoció desde su negación inicial, en 2008, hasta su reconocimiento a cuentagotas. Según investigaciones, entre 2002 y 2010 hubo 1.119 casos registrados.

Tales crímenes reflejaron la presión de Uribe por resultados sin importar las consecuencias, acompañados por un rápido aumento del pie de fuerza. Esta rapidez trajo consigo una deficiente preparación profesional y efectos negativos como la comisión de delitos en medio del conflicto armado. La insistencia del Presidente y su miope visión del entorno internacional lo llevaron a rechazar reclamos de organismos internacionales por violación de los Derechos Humanos

2. El repunte paramilitar durante el segundo período de Uribe fue bautizado como “bacrim” (bandas criminales). Este eufemismo buscaba inculcar la idea del éxito oficial en la desaparición del paramilitarismo, cuando lo cierto es que los paramilitares siempre se han relacionado –o mezclado– con narcotraficantes y bandas criminales.

Por su parte, el manejo caudillista de la cambiante opinión pública logró condescendencia con el paramilitarismo y odio contra las FARC. Estas contribuyeron con sus crímenes a acrecentarlo y cuando los “paras” se sintieron traicionados por el gobierno y reaccionaron con denuncias a políticos del entorno gubernamental, Uribe los extraditó.


El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una visita a
Washington en el año 2007.
​Foto:  A Look Askance

Rupturas y continuidades

La sorpresa dada por el presidente Santos –elegido en buena medida con votos del ‘uribismo’– al iniciar su deslinde de la pesada herencia del gobierno anterior se dio primero en cambios de política exterior. Fue un contraste con la adelantada por Uribe, quien provocó repetidas crisis con los países vecinos. También hubo sorpresa en el diseño y aprobación de algunas políticas sociales, aunque con falencias en su ejecución.

Pero la mayor sorpresa fue conocer el inicio sigiloso de negociaciones con las FARC, mediante supuestas filtraciones de inteligencia. Todo esto despertó una enconada reacción de Uribe y sus áulicos al sentirse “traicionados” por Santos.

Pese a esas diferencias políticas entre Uribe y Santos, hubo continuidad en el antiguo modelo de desarrollo –centrado en el neoliberalismo– y en su incapacidad para orientar la economía hacia un inicio sostenido de solución a los graves problemas sociales del país.

También hubo continuidad en el énfasis represivo, comenzando por la confirmación del crecimiento en efectivos y presupuesto en Defensa y seguridad y el empleo sobredimensionado de recursos militares.

Los positivos resultados de los golpes contra cabecillas de la guerrilla hubieran podido obtenerse sin el excesivo uso de recursos utilizados ante el miedo a fracasar. Por noticias en medios de Estados Unidos se supo luego del apoyo militar gringo –con inteligencia y bombas inteligentes– a esos golpes, desde el segundo período de Uribe.

 

Los militares crecidos

Debido a la prolongada confrontación con las guerrillas, la ideología conservadora propia de las instituciones militares –generada por su función de salvaguarda de la soberanía nacional– se acrecentó, sobre todo durante el gobierno Uribe, dado el constante estímulo oficial a la polarización de la opinión pública.

La negación de la existencia del conflicto armado interno por ese gobierno y la equiparación de la subversión con bandidos, terroristas y narcotraficantes fue su corolario, y estuvo respaldado por la degradación de las guerrillas. Este hecho, el veloz crecimiento del pie de fuerza y la presión presidencial por resultados fueron factores destacados que alimentaron los desmadres militares.

Según afirmación de sectores castrenses y figuras públicas que los apoyan, la desmoralización de las tropas, por causa de castigos injustos motivados por el desconocimiento que tiene la justicia ordinaria de los vericuetos operativos, han dificultado el ‘fin del fin’ del conflicto.

Esto se agravó –agregan– con la desprotección de las tropas a causa de la desaparición de la justicia penal militar. De ahí la conocida lucha castrense por recuperar lo que supuestamente se perdió, además de hacer énfasis en lo que llaman ‘la guerra jurídica’, que indica la supuesta animadversión de la justicia y otros sectores con los militares.

Este panorama indujo a Santos a nombrar a su fiel escudero, Juan Carlos Pinzón, como su segundo ministro de Defensa para contrarrestar la embestida del uribismo. Pinzón proviene de familias castrenses, comulga con sus ideologías y tiene ascendencia con sus subalternos.

Por eso no le cuesta trabajo estimular diatribas del lenguaje castrense contra las guerrillas, además de reafirmar el mensaje bélico presidencial contra las FARC. Con ello, se trata de mostrar que el gobierno no ha bajado la guardia en la seguridad.

En ese ambiente de convivencia entre ministro y subalternos, frente a una institución castrense compleja y sobredimensionada con relación a una subversión notoriamente disminuida, las funciones administrativas del Ministerio fueron sobrepasadas por los intereses políticos.

De hecho, en su comunicado del 17 de febrero, Pinzón no resolvió las inquietudes que flotaban en la opinión pública sobre los escándalos. Y el presidente, con titubeos desde que se destaparon las “chuzadas”, zanjó supuestamente el asunto con cambios en la cúpula castrense.

Santos se encuentra así en una encrucijada frente a la coyuntura de su reelección, enarbolando la única bandera que le queda: la paz; en medio de diversidad de fuerzas sociales disgregadas, identificadas con su desencanto con la política.

Los escándalos militares de la inteligencia –rama susceptible a desmadres difíciles de prevenir, aún más con la ley respectiva aprobada el año pasado–, los que le siguieron sobre corrupción derivada del manejo amañado de abundantes y dispersos recursos con controles difusos, y una supuesta salida política adecuada del gobierno facilitarían –una vez que se defina la coyuntura electoral– el inicio de la normalización de las instituciones castrenses.

Estas se salieron de madre, con ayuda del mal ejemplo de las corruptelas políticas y el manejo politiquero de gobiernos anteriores, en detrimento de una anhelada paz que no halla consenso en sus medios para alcanzarla.

De hecho, la vocería de tal ideología, representada en el llamado Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las FF.MM., afirmó, el pasado 17 de febrero, en comunicado a la opinión pública:

Que ofrece su total respaldo a las Fuerzas Militares frente a los actuales hechos de conocimiento público… Que las Fuerzas Militares no son una organización criminal, como quieren hacerla aparecer quienes malintencionadamente manipulan la información para estigmatizarlas, buscando debilitarlas por ser uno de los pilares fundamentales de la democracia colombiana… Que rechaza la forma agresiva y parcializada como actualmente se adelanta una campaña mediática en contra de las Fuerzas Militares…”.

Pero si no se logra claridad política en el caos de intereses de la coyuntura electoral, la voz cantante del espíritu de cuerpo –que tiende a justificar toda conducta militar– acabará por imponer su bandera sobre la visión politiquera de corto plazo.

* Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes.