Situación de desplazamiento, violación de derechos humanos, poca atención del gobierno municipal y condiciones de vida deplorables, son los reclamos de los representantes indígenas. Autoridades no tienen respuestas o reclaman por la falta de veracidad de las acusaciones.

 

Por: Karla Agudelo Urquijo

César  Augusto Osorno Franco

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“El problema es que somos fuente y somos medio”, así lo manifiesta Hernando González, Gobernador indígena de Pueblo Rico, municipio del departamento de Risaralda, quien asume el rol de ser el responsable de velar por las comunidades indígenas y sobre los problemas actuales de los resguardos con las  entidades del gobierno.

Marcan las tres de la tarde, los medios de comunicación, los representantes del gobierno y presuntos participantes entran y salen del pequeño salón donde se realiza otra reunión. Los líderes de resguardos indígenas reclamarán, después de varios intentos, una vez más por sus derechos. Esta vez no se conformarán con un no, o con un tal vez, por lo tanto denunciarán todos los actos de violencia que se ha han presentado durante los últimos años, mientras se sigue a la espera de una respuesta de la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

En Risaralda es alto el número de casos en los cuales comunidades indígenas se encuentran en riesgo de ser despojadas de sus tierras y territorios, lo que evidencia serios conflictos que se relacionan con intereses de orden económico. El drama de desplazamiento, violencia, salud y educación en Risaralda no se detiene, decenas de familias siguen siendo expulsadas de sus territorios, especialmente en los municipios occidentales, por estructuras armadas que continúan actuando impunemente.

“Silenciar” es uno de los términos que más pronuncian los habitantes, ya que son víctimas del conflicto que se vive día a día y que ha trascendido hasta llegar a la muerte y desaparición de personas. “Acá en mi pueblo sí se han visto actos de violencia, porque hay varias bandas comunes que atracan a las personas, y además se han desaparecido varios individuos en la carretera del pueblo, cosa que nos afecta mucho, ya que el Ejército nos promete seguridad y lo que vemos es inseguridad”, afirma Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Los habitantes, en su mayoría, se sienten desprotegidos ya que las entidades que brindan  seguridad no cumplen el papel como debería ser. Estas esperan a pase un suceso mayor para poder tomar represalias sobre el asunto. Es así como el Coronel Álvaro Fernando Bocanegra, comandante del batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, confronta que la situación de orden público en Pueblo Rico es segura desde hace tres años, además expresa que no ha habido ningún enfrentamiento del Ejército con grupos al margen de la ley en territorios del municipio desde el año 2008.

Rosalba Nakabera, indígena afectada por la violencia, ha decidido romper el silencio y contar sobre la desaparición de su esposo, ocurrida hace nueve años. “Él salió en el año 2002 de la vereda de Minitas a vender panela molida, yuca y plátano a Santa Cecilia para poder comprar el mercado. Él se subió en el bus de las 11 de la mañana y lo bajaron unos encapuchados. Cuando yo salí a buscarlo y a preguntar por él, me dijeron que si era el que vendía la panela, que a él se lo habían llevado… yo no hice el denuncio, me daba miedo”.

Como este caso son muchos, ya que por miedo se callan muchas voces que soportan la humillación y sufrimiento al perder a sus esposos, hijos y padres, como testifica Orlando Querangama,  líder indígena de la comunidad La Loma.

 

Actualmente el conflicto que viven los habitantes con los entes gubernamentales crece de manera drástica, poniendo un contexto en el cual se incrementa la demanda de violencia, conflicto de territorio y desplazamiento de grupos indígenas. De acuerdo con versiones de habitantes de Pueblo Rico y grupos indígenas, el gobierno sólo utiliza estrategias para evadir los temas que generan discordia, aplazando cada vez más las demandas que cada líder antepone para  que el conflicto tenga un fin.

“Debemos ser partícipes del desarrollo, mas no ver pasar el desarrollo”, dijo un poco alterado Jaime Mena Buenaños, alcalde de Pueblo Rico. “No nos sirve de nada, no colabora ni con un vaso de agua, solo piensa como todo político en su bienestar, mejor dicho, para él nosotros no somos nada”, dice Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Comunidades indígenas contra Alcaldía de Pueblo Rico

“No ha hecho nada, esta administración no ha hecho nada para el pueblo”, afirma José Alba García, habitante de Pueblo Rico y principal opositora del Alcalde Buenaños. Es así como muchas voces especifican que el Alcalde de Pueblo Rico, Jaime Mena, no se esmeró por proteger a sus habitantes, que lo único que realizó fue sacar mil disculpas para poder tapar los verdaderos actos de su administración. “Yo tengo un problema con unos indígenas desplazados de La Soledad, se le ha pedido el favor al señor Alcalde por medio de videos, como también a la Personera y no hacen nada, no colaboran para nada”, manifiesta García.

“Nosotros vinimos porque un volcán se derrumbó en mi casa y por eso nos vinimos a esta casita, y el Alcalde no nos ayudó ni un poco, el gobierno menos, y le decimos a Jaime que nos ayude y que más tarde, y por eso yo no subo por allá porque siempre me dejan sin nada”, asegura Raúl Charichy, afectado por la catástrofe natural.

 

Buenaños reitera que la situación en el municipio, con respecto a los indígenas, es un poquito más complicada en relación a las demás personas de la comunidad, no obstante, ellos al menos pueden recibir recursos que envía el Estado por el sistema general de participación. “La población campesina es pobre, las condiciones de vida son deprimentes, nosotros como Alcaldía los ayudamos en todo”.

En la reunión de Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos, el Comité Regional Indígena (CRIR) presentó a las autoridades civiles, militares y otras entidades estatales, las siguientes consideraciones con el ánimo de aportar elementos a la discusión para implantar una estrategia que brinde condiciones de seguridad y garantía a defensores y defensoras, y a líderes sociales en el desarrollo del trabajo a favor de los derechos humanos en Risaralda.

“Llevamos más de 10 reuniones presentando los mismos casos de violencia, pero parece como si sólo vinieran a sentarse a escuchar y no poner cuidado a lo que necesitamos saber”, exclama Hernando Aguirre, representante ante el gobierno por los grupos indígenas.

 

Es un caos al escuchar todas las demandas que se presentan en Risaralda y más en la parte occidental, otra vez el gobierno no tiene explicación de los sucesos ocurridos en estos territorios. Aguirre lee con mayor cuidado todos los actos de violencia que se han presentado en los dos últimos años. En el lado izquierdo, donde están ubicadas todas las entidades del gobierno, se ve la incomodidad, ya que no tienen cómo responder a  dichas demandas. “Fuimos acusados hasta de corruptos”, es así como se expresa el Coronel Bocanegra al llegar al batallón San Mateo de Pereira.

“El gobierno lo único que hace es posponer las respuestas que pedimos con mayor respeto”, comenta Alberto Guazorna a su amigo Guillermo, integrante de la etnia indígena Embera Chamí.

Pasan cinco horas, con las mismas discordias, malentendidos, sugerencias y no se llega a ningún acuerdo. Es allí donde se escucha por primera vez la voz del Defensor del Pueblo Luis Carlos Leal, admitiendo que esta reunión una vez más ha sido desperdiciada, proponiendo así a los entes del gobierno y líderes de resguardos indígenas que se reunieran el 1 de junio, para así entablar por fin una solución a todas las problemáticas que se enunciaron.

El desplazamiento forzado y la violación a derechos humanos en el municipio de Pueblo Rico, se producen en un contexto de conflicto armado. La población, los indígenas y demás habitantes callan ante la problemática del entorno, como pasó en los años 80 con la llegada del M-19 al municipio. Esta guerrilla despojó y arruinó a miles de familias, trayendo disputas en territorios indígenas, obligándolos a huir a lugares desconocidos, es lo que dice el sociólogo Luis Adolfo Martínez en su libro “Conflicto, Desarrollo y Derecho a la Vida”.

Demandas, súplicas y  rezos es lo que hacen con mayor fervor los líderes de los resguardos afectados, dirigiéndose a los entes del gobierno, pero todo pareciera quedar en promesas, sin lograr alguna solución.