Diez periodistas quisieron demostrar que el relato de la guerra no define al pueblo de San José de Uré, pero fueron obligados a callar violentamente. Hoy corren tiempos de implementación del acuerdo de paz y Uré sigue siendo epicentro de asesinatos y desplazamientos que se cuentan en los medios nacionales. Los reporteros locales todavía no se atreven ni a soñar con ejercer el periodismo.

 

Por / Liga Contra el Silencio

Entre el 27 y el 29 de julio pasados ocurrieron dos triples homicidios y el desplazamiento de 67 familias en San José de Uré, municipio del sur de Córdoba, en límites con el Bajo Cauca antioqueño. Los hechos fueron noticia en la prensa nacional, pero en la emisora comunitaria La Voz de San José, único medio de comunicación del pueblo, no se dijo nada al respecto. “Los actores armados de todos los bandos nos escuchan”, dice Juan Alberto*, un experiodista de la emisora.

La Voz empezó a funcionar en 2002, cuenta Arturo Sotelo, uno de sus fundadores. Entonces, el sacerdote William Guzmán les permitió a los jóvenes periodistas ubicar dos parlantes en el techo del templo dedicado a San José, el patrono del pueblo. Con esos parlantes, cuenta Sotelo, “anunciábamos avisos deportivos y convocábamos reuniones, pero necesitábamos un medio que llegara hasta las veredas”.

En Uré la vida es fundamentalmente rural y comunitaria. El municipio tiene 13.345 habitantes, según el último censo del DANE, y comprende dos consejos comunitarios afro, tres comunidades indígenas embera katío y campesinos organizados. Aunque este enclave tiene su origen en un palenque de negros cimarrones que conquistaron su libertad en épocas de la colonia española es el municipio más joven de Córdoba, creado apenas en 2007. Aún así su riqueza histórica es innegable y solo se compara con la de la naturaleza que les rodea. La quebrada Uré, que en realidad es un cristalino río, baña el casco urbano y es el centro neurálgico de la vida cultural y económica de los uresanos, pues han vivido tradicionalmente del barequeo de oro en ese afluente. 

En este lugar sincrético, musical, alegre, resiliente -que se ha sobrepuesto una y otra vez a episodios de violencia-, 10 jóvenes acompañados por el párroco Guzmán crearon el Colectivo de Comunicadores de San José de Uré. Gracias al patrocinio de USAID y la Fundación Gabo realizaron el diplomado ‘Innovación y periodismo: nuevas prácticas para nuevos escenarios’ y recibieron algunos equipos para fortalecer La Voz de San José. Durante 2015 y 2016 el proyecto andaba sobre ruedas y los periodistas adquirieron destrezas que les permitieron incluso hacer notas para NP Noticias, el noticiero televisivo de Caucasia, Antioquia.

Juan Alberto cuenta que cogía su cámara e “iba a mostrar lo mucho que era San José de Uré. Las cosas buenas, la parte humana”. Por su lado, Sotelo recuerda que cada miembro del colectivo cumplía una labor social y que se trasladaban incluso hasta los corregimientos y las veredas; su apuesta personal siempre ha sido por la cultura y el deporte.

Sin saberlo, el colectivo trabajaba para contrarrestar lo que la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie describe como “el peligro de la historia única” y explicó estos riesgos en un libro y en una famosa charla Ted. Haciendo la analogía con Uré, significa que la población del palenque, como los colombianos que solo saben de él a través de las noticias, deberían poder acceder a relatos diversos sobre este lugar y no únicamente a aquellos que lo dibujan como una zona en eterno conflicto. Adichie explica que la historia única “roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana y enfatiza en nuestras diferencias en vez de en las similitudes”. 

Sotelo y sus colegas cubrían todos los temas de la región, incluyendo los hechos de violencia cuando ocurrían, hasta que los grupos armados les obligaron a callar cualquier alusión al conflicto. Así aparecieron la censura y la autocensura. “Evitamos tocar lo relacionado con [lo] judicial. Que cogieron, que mataron, que capturaron, que hirieron o que cualquier cosa. Nosotros todo ese tema lo dejamos a un lado”, cuenta Juan Alberto. 

“Yo quise aprender, trabajar en colectivo, contar lo que ocurre en la región, lo bueno que tiene Uré, un pueblo negro, y también las cosas que pasan porque esta tierra está en disputa con los grupos armados, pero esto último es mejor ni decirlo porque da miedo que aparezcas en un panfleto y se metan contigo o con tu familia”, declaró Pablo*, otro de los antiguos periodistas. 

Cuando USAID terminó su proyecto y los comunicadores se quedaron sin ingresos fijos, al miedo se sumó la necesidad y el colectivo se desintegró. “Tampoco se puede seguir haciendo periodismo porque eso no da para comer”, explica Pablo. La Voz de San José sobrevive a duras penas y, como toda la comunidad, está sometida al silencio impuesto por los armados.

La quebrada Uré es el centro de la vida comunitaria. Fotografía / Liga Contra el Silencio

La ineludible historia única

El sur del departamento de Córdoba es un conjunto de pueblos rodeados de municipios antioqueños donde se libraron conflictos y donde se fortalecieron las Autodefensas. Además de Uré están Valencia, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Cristian Mantilla, de la corporación Pensamiento y Acción Social (PAS), explica que esta no solo es una región priorizada para la implementación del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, sino que desde principios del milenio se hicieron promesas a la comunidad tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, derivada de la Ley 1592 de 2012, conocida como Justicia y Paz. 

La historia reciente del sur de Córdoba incluye a protagonistas e hitos de la guerra interna del país. La guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las AUC y el Frente 18 de la extinta guerrilla de las Farc nacieron, operaron y se desmovilizaron en estos municipios.

Aún persisten estructuras residuales de estos grupos armados en el territorio, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’, un grupo con raíces paramilitares dedicado al narcotráfico, y ‘Los Caparrapos’, un frente de las AGC que se emancipó y ahora les disputan el control territorial. Además, actúan en el territorio disidencias de las Farc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un estudio del investigador social Víctor Negrete dice que hasta 2016 había 138.148 víctimas del conflicto reconocidas en estos municipios, lo que corresponde al 52 % del total de pobladores (264.902) que reportó el último censo del DANE. Esto significa que más de la mitad de los habitantes del sur de Córdoba son sujetos de reparación por sufrir de primera mano el conflicto armado.

Por eso Uré y su vecindario fueron municipios seleccionados para adelantar la Reforma Rural Integral (RRI), el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la estrategia de Zonas Futuro creada para garantizar la seguridad y el desarrollo económico de la población vulnerable. Sin embargo, para Mantilla de PAS, “a pesar de que ha habido avances en términos normativos, en términos concretos no se han garantizado los derechos a las comunidades rurales”.

Y la violencia sigue inmutable. El 27 de julio los vecinos de la vereda La Cabaña hallaron los cuerpos de Elizabeth Melendres, de 64 años, Vitaliano Feria Morales, de 66 años, y Édison Melendres López, de 36 años, que habrían sido asesinados con arma blanca por Los Caparrapos, según dio a conocer en un comunicado la Fundación Social Cordoberxia. Este grupo es apodado por los lugareños como los ‘mocha cabezas’ debido a su método para asesinar que infunde terror en la población. Una de las vecinas de La Cabaña, que no quiso ser identificada, contó a La Liga que los armados le exigieron a toda la comunidad que desocupara la vereda “que no nos querían al día siguiente ahí, a partir de la 1 de la tarde”. 

En octubre de 2018 Uré ya había incrementado en 1.600 % su tasa de homicidios con respecto al 2017, según la Alerta Temprana 071-18 de la Defensoría del Pueblo, que llama la atención sobre el riesgo inminente para la población. Para marzo de 2019 Uré era el municipio con más asesinatos del país, según publicó El Tiempo. 

Rubén Darío Ulloa, enlace municipal para la atención a la población víctima del conflicto, dice que Uré no tiene infraestructura para atender estas movilizaciones forzadas. Fotografía de La Liga Contra el Silencio.

El crimen de Los Caparrapos desencadenó el más reciente éxodo hacia el casco urbano de Uré, donde más de 60 familias desplazadas pasan los días en el Centro de Integración Ciudadana (CIC) del municipio. Los CIC son canchas polideportivas cubiertas, construidas desde el gobierno de Juan Manuel Santos para promover la seguridad y el encuentro en zonas afectadas por la violencia. La millonaria inversión tiene muchos reparos en todo el país y, en Uré, el CIC funciona ahora como albergue diurno para los desplazados del posconflicto.

Rubén Darío Ulloa, enlace municipal para la atención a la población víctima del conflicto, dice que Uré no tiene infraestructura para atender estas movilizaciones forzadas y que los espacios públicos están cerrados por la pandemia de la COVID-19, así que los desplazados son acogidos para pasar las noches en casas de amigos y familiares. Durante el día sí permanecen en el CIC y son atendidos “bajo la modalidad de olla comunitaria”. 

Gracias a la ayuda del chef local Caliberto Sotelo Torres las familias cuentan con un comedor. El día de la visita de La Liga el chef explicó que personas de entre los mismos desplazados le ayudan. Aún así la situación es difícil y los desplazados se quejan de no contar con medidas de bioseguridad para protegerse del coronavirus. Una vecina explicó que no tienen agua ni jabón para lavarse las manos. Ulloa solo dice que están activando el plan de contingencia.

Cabe recordar que este no es el único desplazamiento activo en Uré. El año pasado, en zona rural del municipio cobijada por el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, varias familias indígenas embera fueron desplazadas y acogidas temporalmente en la comunidad de Ibudó Bosque. Según Mantilla de PAS, ellos todavía no han retornado. “La comunidad de Dochama quiere regresar pero no ha habido garantías y tienen miedo de que haya minas antipersonas”, cuenta. La Liga publicó una historia similar ocurrida también en 2019 en el municipio vecino de Puerto Libertador.

El panorama ya era desolador cuando llegaron las represalias por la masacre de La Cabaña. 

Las AGC asesinaron el 29 de julio a Yorvis Yesid Velarde Vergara, de 15 años, Luis Mario Payares Cali, de 16 años, y John Jairo Velarde Andica, de 46 años, en la vía que de Uré conduce a Montelíbano. La Defensoría del Pueblo ya había anticipado el grave riesgo para la vida de campesinos e indígenas en la Alerta Temprana 054 del 18 de diciembre de 2019

Además, esta violencia crece, contra todo pronóstico, en zonas altamente militarizadas. “Siempre nos hemos preguntado por qué el Ejército con una capacidad tan grande de hombres en ese territorio no puede controlar a estos grupos armados que hay sobre toda esa zona”, le dijo a Verdad Abierta Arnobi Zapata, coordinador territorial de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor) y representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc), tras los homicidios.

Así fue como Uré volvió a ser noticia nacional por la violencia contra su población. En La Voz de San José, en cambio, no se dijo nada sobre la autoría de estos homicidios, las disputas territoriales o el nuevo desplazamiento forzado.

La población embera katío y la afro tiene presencia destacada en el municipio. Fotografía / Liga Contra el Silencio

Callar, callar y callar

El año pasado, Herney Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José de Uré fue asesinado y Juan Alberto continuaba en la emisora. El periodista comunitario convocó una marcha pacífica en protesta por el acto de violencia pre electoral. La movilización nunca se llevó a cabo, en cambio “llegaron a la emisora y me dijeron la amenaza. Que me callara y que me abriera”, cuenta el reportero que no dudó en salir de la región.

Hoy Sotelo y dos compañeros sostienen lo que queda de La Voz de San José, rebuscándose el sueldo con cuñas radiales. La emisora no cuenta con licencia de funcionamiento y abarca solo 12 de los 516,2 kilómetros del municipio. Se publican avisos deportivos y culturales, suena vallenato, salsa y champeta, y cuentan algunas noticias, siempre del orden nacional y nada relativo al conflicto armado porque “acá todos sabemos quiénes son las moscas (informantes de los grupos armados)”. 

Por ahora ganó la censura. “Hay cosas que pasan acá que no son normales”, cuenta un poblador que pidió no ser identificado. “A veces hay un muerto y dicen ‘que ninguno tome fotos’, ‘que ninguno diga nada al respecto’, es complicado, pero entonces le toca a uno, ajá… callar, callar, callar y callar. A eso se debe la sobrevivencia, o sea, el periodismo no ejercerlo más bien para curarse uno de problemas”, añade.

Doce periodistas resultaron víctimas de agresiones, amenazas, hostigamientos, obstrucción a su labor y al acceso a información en Córdoba durante 2019, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En lo corrido de 2020, esa organización ha reportado 10 casos, de los cuales ocho han sido amenazas contra la vida de los comunicadores.

Mantilla, de la corporación PAS, cree que “uno de los factores para que exista esa censura y ese silenciamiento, además de la violencia directa, es el nivel de impunidad, de cooptación y de debilitamiento del Estado local”. Se refiere a la sospecha constante de que un funcionario público tenga vínculos con los grupos armados, una duda que los uresanos prefieren no comprobar por su propia cuenta, pues las investigaciones que vinculan a líderes políticos de la región con estructuras paramilitares son de ayer y de hoy. 

El ejemplo más cercano que ha salido a la luz es en el vecino municipio de Tierralta, donde la Produraduría abrió el año pasado una investigación contra el alcalde Fabio Leonardo Otero Avilés y su secretario de Gobierno, Willington Ortiz Naranjo, por el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, cometido frente a su pequeño hijo y que quedó en video para la conmoción de todo el país.

Además, las comunidades del sur de Córdoba han visto crecer los intereses extractivistas en sus territorios. La operación de la minera multinacional Cerro Matoso y las represas de Urrá S.A. han causado conflictos socioambientales que tratan de paliar con responsabilidad social empresarial. Pero cuenta Mantilla que en los municipios no se han dejado de dar visitas de grupos para prospección de nuevos proyectos que inquietan a los ciudadanos, sobretodo porque transitan libremente en zonas que están controladas por delincuentes y por tanto vetadas para la comunidad y hasta para algunos funcionarios.

La salida para estos problemas no es sencilla, por eso el silencio es la norma en la región y por fuera de ella se reafirma con contundencia la historia única de la guerra. Hasta el periodista Sotelo, con su optimismo inatajable, se modera para soñar: “Quiero que reactivemos el colectivo, pero necesitamos ayuda. De todas formas acá hay temas que son intocables”.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la integridad de las fuentes.