La paz genuina se construye sobre la verdad. Por eso en el momento difícil que atraviesan las negociaciones en La Habana, es conveniente revisar los actos y los argumentos de lado y lado a la luz de la ética y el derecho de guerra.

FARC-Colombia

Foto de Laradiodelsur.com

Por Hernando Gómez Buendía

Creo y van tres

“Crisis en La Habana”, anunció hace ocho días la revista Semana en su portada: “Al secuestrar dos policías, las FARC refuerzan el creciente escepticismo que rodea la negociación y les dan munición a los críticos del proceso (énfasis añadido) ”.

Este titular-editorial era una especie de profecía auto-cumplida, porque ha sido la prensa oficialista quien más rayos y centellas ha llovido sobre las actuaciones de las FARC y sobre las declaraciones de sus voceros en la mesa de negociación, desde que el proceso se inició en septiembre del año pasado:

  • Primero fue el discurso inaugural de “Timochenko”, grabado “en las montañas de Colombia” y transmitido desde Oslo, discurso que los medios describieron como un “baldado de agua fría” (la frase se repitió ad nauseam, pero la tomo de un editorial de El Espectador), porque planteaba reformas radicales para el agro.
  • Después fue el anuncio  de un cese de fuego unilateral a partir del pasado 20 de noviembre, que en general fue recibido por los medios como un engaño o una falsa promesa.
  • Y ahora fue la captura de los dos policías, seguida por la advertencia  de que las FARC seguirían “secuestrando policías y soldados” (según El Tiempo), lo cual produjo la portada-editorial y la censura unánime de los medios. De hecho este anuncio provocó el ultimátum o casi el ultimátum por parte del vocero del gobierno: “si las FARC no tienen voluntad de paz, que lo digan, para no hacernos perder el tiempo”, afirmó sin rodeos Humberto de la Calle.

Y sin embargo hay que decir que esta vez —o a lo largo del proceso— son las FARC quienes más han aportado al logro de la paz.

El discurso y la tregua

Me apresuro a añadir que, en mi opinión, el discurso de Timochenko contiene falsedades o exageraciones (aunque todos los datos sobre el sector rural en Colombia sean inventados, porque hace 42 años no se levanta un censo agropecuario),  y que las propuestas de las FARC en materia agraria me parecen sumamente discutibles (por ejemplo, la de esta semana: 1.) La legalización de los cultivos de marihuana, coca y amapola).

Son las FARC quienes más han aportado  al logro de la paz. Foto: Infolatam

Son las FARC quienes más han aportado
al logro de la paz.
Foto: Infolatam

Pero el punto aquí es otro: las FARC son una guerrilla campesina y comunista que lleva 48 años de curtirse en combate, y que por fin llega  a una mesa de negociaciones. ¿Cómo sorprenderse entonces de que sus ideas sean diferentes de las de los gremios, las autoridades o los periodistas?

Más todavía: el jefe de las FARC no habló de expropiación masiva, ni de propiedad estatal o colectiva de la tierra: su posición en efecto fue agrarista en vez de comunista. Y a esto le añado que el ministro de Agricultura y los muchos informes oficiales coinciden en denunciar el despojo de tierras, la extrema desigualdad y el atraso del campo, de modo que también ellos están pidiendo reformas radicales.

El anuncio de un cese temporal de fuego fue sin duda una maniobra política e incluso una jugada oportunista por parte de las FARC. Pero tampoco hay duda que fue el gobierno quien desde un comienzo y con firmeza se ha negado a pactar o siquiera a conversar sobre la tregua.

En este punto creo yo que el presidente Santos tiene toda la razón: aunque es difícil entender o aceptar que siga la matanza mientras se habla de paz, un cese al fuego necesitaría de alguna instancia imparcial que lo certifique (como serían los “cascos azules”), porque de otra manera las violaciones acaban por abortar el proceso de diálogo (y así lo prueba la experiencia colombiana y mundial). Por eso este gobierno escogió  negociar en medio de la guerra.

También por eso las FARC tienen la opción de ofrecer una tregua unilateral como muestra saludable de buena voluntad.

Otra cosa es si cumplieron su palabra; y en honor a la verdad hay que decir que el Ministerio de Defensa y diversos analistas reconocen que los ataques de esa guerrilla disminuyeron entre 50 y 80 por ciento durante los dos meses que duró su tregua.

El presidente Santos  admitió que las FARC “cumplieron con la tregua, aunque con excepciones”, y estas excepciones parecerían poder atribuirse a las dificultades de comunicación entre el Secretariado y algunos frentes guerrilleros.

¿Secuestros o capturas?

Pero la “crisis” más reciente resultó del “secuestro” de los dos policías y del anuncio oficial  de las FARC: “nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que sean rendidos en combate”, con la reiteración del compromiso de no efectuar “retenciones de carácter económico” y la insistencia en la idea de que el conflicto debe “regularizarse”.  Aquí el lenguaje es esencial, y la guerrilla fue muy cuidadosa:

  • En el primer punto tienen la razón. Puesto que estamos en un “conflicto armado interno” (y el presidente Santos así lo reconoce), y puesto que no hay cese de hostilidades, es lícito mantener los operativos militares, incluyendo la captura de enemigos “rendidos en combate”. Los soldados y policías en manos de las FARC no son “secuestrados”, porque tienen el carácter de combatientes en un conflicto regulado por el Derecho Internacional Humanitario. Este mismo derecho sin embargo exige que los prisioneros de guerra sean tratados “humanamente en todas las circunstancias” (artículo 13 del Convenio de Ginebra), no con las cadenas al cuello y los castigos brutales que utilizan las FARC.
  • En el segundo punto nunca las FARC han tenido razón. La base del derecho de guerra es la diferencia entre combatientes y no combatientes, o población civil expuesta al conflicto. El secuestro extorsivo o no extorsivo de civiles es un delito repulsivo y, bajo ciertas circunstancias, es un crimen de lesa humanidad. En nombre de la “lucha de clases” sin embargo, y como un “impuesto de guerra”, las guerrillas comunistas de varios países han tratado de justificar esta práctica; y tanto así que las FARC promulgaron su famosa “Ley 002”, cuya derogatoria nos confirman ahora.

Bienvenido el anuncio, pero los guerrilleros igual tendrán que responder por esa pesadilla del secuestro

  • En el tercer punto hay una ambigüedad. La “regularización de la guerra” es una figura vieja del derecho internacional (en 1820, por ejemplo, Bolívar y Morillo firmaron el tratado de ese nombre) que en parte corresponde al actual DIH y en parte implica acuerdos adicionales al DIH para aliviar los males del conflicto armado.

El gobierno rechaza -con razón- esta propuesta porque “se trata de acabar el conflicto, no de prolongarlo” . Pero el gobierno no tiene razón si  con la “regularización” se trata de suspender desde ya las violaciones al derecho de guerra que ambas partes cometen: torturas, ejecuciones sumarias, reclutamiento de niños, violencia sexual y otros horrores que abundan en Colombia.

La insistencia legítima de Santos en “acabar” el conflicto no excluye ni exime del deber de someterse  a las reglas de la guerra, mientras la guerra siga.

Estrategias en vez de principios

Esta es, entonces, la verdad: las FARC han sido más serias y más constructivas que el gobierno en sus declaraciones públicas alrededor del proceso de paz.

Advierto que no creo que lo hagan por respeto a los principios, sino porque tienen un alto interés en que el proceso tenga  éxito: todo lleva a creer que los cambios en el balance militar que logró la Seguridad Democrática, más una nueva lectura de la situación política e internacional, persuadieron a los mandos guerrilleros  de que llegó la hora de la paz. ¡Es muy buena noticia!

Es más: agregaría que el simplismo y la dureza en las respuestas del gobierno no son tanto una falta de principios, cuanto una forma de cuidar su imagen ante la crítica implacable de expresidente Uribe y la algo así como media Colombia que se siente interpretada por él. Es cuestión de estrategia de Santos frente a Uribe.  Pero así y todo estas salidas oficiales deslegitiman y debilitan un  proceso de paz que Santos escogió y con el cual esta política y moralmente comprometido.

El derecho a la guerra

Las sinrazones del gobierno consisten sobre todo en el manejo descuidado de las bases del derecho que regula la ejecución de las acciones bélicas: el jus in bello que llaman los estudiosos, y cuya esencia cabe en una frase: no todo vale en la guerra.

Pero hay otro derecho, el jus ad bellum,  según el cual no toda guerra vale, sino que hay unas justas y otras que son injustas.

Hago la distinción para que no se esconda la otra — y la más dura— verdad de este conflicto: la guerra de las FARC no es justa. Su insurrección contra el Estado colombiano es ilegítima.

El alzamiento armado solo es justo cuando la población esté sujeta a lo que el padre Mariana hace siglos llamó “la tiranía insoportable”, cuando las autoridades se sostienen a base de la represión o de la fuerza bruta. Pero este no es ni ha sido el caso de Colombia. Cierto que aquí tenemos una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo, que abundan la injusticia, el pisoteo de derechos, la exclusión de los débiles. Pero no tenemos ni hemos tenido un Estado totalitario, una dictadura asfixiante, contra lo cual no quede más remedio que alzarse en armas. De hecho, cojitranca y todo, tenemos una de las democracias electorales más solidas del hemisferio.

Incluso, en gracia del argumento, podría admitirse que Manuel Marulanda (“Tirofijo”) y sus colonos de Marquetalia, injustamente atacados por el Ejército, tenían el derecho de crear las “autodefensas campesinas” que con el curso del tiempo llegarían a ser las FARC.

Pero si vamos a la historia, habría que recordar cómo las guerrillas, igualmente comunistas, de Juan de la Cruz Varela, se desarmaron cuando el gobierno dejó de agredirlas: una cosa es la legítima defensa y otra distinta es la insurrección revolucionaria.

El punto es importante y por eso lo elaboro un poco más. Desde los tiempos del padre Mariana se ha escrito mucho sobre la “guerra justa” o, como se dice hoy, la “guerra de necesidad” o guerra inevitable (por contraste con la “guerra de elección”, o de carácter optativo).

Puesta en forma resumida, la teoría ética exige cuatro condiciones para justificar la insurgencia armada contra el Estado: que la causa sea noble, que no exista otra manera de acabar la tiranía, que  el movimiento esté apoyado por el pueblo, y que  exista una posibilidad razonable de derrocar el régimen.

Pues bien: aun cuando las FARC tuvieran un motivo noble (el de acabar las injusticias sociales), es claro que en Colombia es posible expresarse por la vía electoral; más claro aún es que la población no apoya a la guerrilla; y, por si falta hiciera, es evidente que las FARC no  han podido ni pueden tomarse el poder por medio de las armas.

Las FARC no tienen, pues, derecho a hacer la guerra, y esto  sencillamente significa que ellas son responsables, no solo de sus actos militares, sino de todos los horrores que ha traído esta guerra tan larga y degradada.

La paz no puede construirse sino sobre la verdad.

Vea el artículo publicado en Razón Pública aquí.