La mujer, el botín de guerra de los violentos en Puerto Caldas. Foto: Laura Sofía Mejía L.

Puerto Caldas, entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’

El corregimiento de Puerto Caldas, en el municipio de Pereira, y limítrofe con Cartago, Valle del Cauca, es todo un enclave de pobreza en el que  la ausencia del Estado la han venido llenando ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’.

La mujer, el botín de guerra de los violentos en Puerto Caldas. Foto: Laura Sofía Mejía L.
La mujer, el nuevo botín de guerra de los violentos en Puerto Caldas.

Por: Cloro Fila

Surgidos después de la desmovilización de las Autodefensas Unidades de Colombia -AUC-, estos grupos han dejado una larga estela de muertes y violaciones de derechos en la región. A las denuncias se suma el hecho de que desde mediados del 2014 han sido secuestradas más de cinco adolescentes entre 15 y 20 años de edad y, según fuentes del sector, ellas han estado recluidas en el mismo corregimiento, a escasas viviendas del CAI de Policía, en un lugar conocido como “Hueco”, donde mujeres y niñas son explotadas sexualmente, y viven bajo la custodia de hombres que se autodenominan como ‘Urabeños’.

Tres de las jóvenes secuestradas estudiaban en el colegio Carlos Castro Saavedra, del cual ha desertado al menos 30 por ciento  de los  estudiantes. Según directivas de esta institución, la situación se debe al desplazamiento de sus familias y al reclutamiento de jóvenes que son utilizados para transportar armas, estupefacientes y algunos son llevados a otras regiones del país sin ser reportados como desaparecidos por sus familiares, por temor a las represalias. Una de las jóvenes secuestradas fue asesinada en un intento de huida y su cuerpo fue recogido, según testigos, en un vehículo particular, impidiendo el legal reconocimiento de la víctima.

La indiferencia con que se  ha manejado la situación se confabula con el confinamiento que hoy padecen los líderes comunitarios, impedidos por el miedo para hacer público lo que les viene sucediente a sus comunidades.

 

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Historial de amenazas

En el caso de Puerto Caldas, muchas de las víctimas han sido líderes de desplazados, presidentes de juntas de acción comunal y no pocos jóvenes que además viven bajo la amenaza continua del reclutamiento forzado y la explotación sexual.

Los homicidios han marcado a esta abandonada población. Foto: Laura Sofía Mejía L.
Los homicidios han marcado a esta abandonada población.

Solo entre septiembre y diciembre de 2013 más de veinte afiliados a la Fundación Nuevo Amanecer tuvieron que desplazarse otra vez por amenazas de muerte. El miedo se consolidó  más a partir del  29 de noviembre del 2013 con el asesinato de Dubier Escobar Herrera -desplazado de San José del Palmar-, siguió el 4 de enero del 2014 con la muerte de Jorge Alexander Sepúlveda Moscoso y el 2 de febrero con la muerte de Alonso Arredondo, asesinado en el sector de El Cofre. Líderes que denunciaron en su momento los atropellos de estos grupos para con la población desplazada. Otros miembros de esta Fundación fueron asesinados en otros municipios de Risaralda en el año 2013.

Un habitante de la zona, cuya identidad pide ser reservada,  manifiesta que en  sectores como San Isidro, El Cofre, Cafetalito y otros, el miedo de  las madres frente a la desaparición y el reclutamiento forzado de niños y niñas es permanente.

La grave situación de derechos humanos contra la población civil en Puerto Caldas, desatada por la disputa territorial entre estos grupos armados, se encuentra en uno de sus momentos más complejos. Pese a que para la Policía Nacional el número de homicidios en el  2013 llegó a siete, los habitantes dicen que han sido muchos más los asesinatos y las desapariciones. La falta de información sobre la situación de derechos humanos en este corregimiento acentúa la vulnerabilidad de estas familias.

Prueba de ello fue que entre enero y febrero de 2014 funcionarios de la Alcaldía de Pereira se acercaron al lugar para recolectar información asociada a la percepción del delito mediante un sondeo de opinión denominado ‘miedo al delito’. Sin embargo, hombres armados abordaron a los funcionarios y les arrebataron el material impidiendo la aplicación de la encuesta. Ése mismo año cerró con unas once familias de nuevo desplazadas desde el corregimiento, hacia las áreas urbanas de Pereira y Cartago. Algunas de las familias fueron expulsadas por amenazas como respuesta del grupo armado por haberse  opuesto al reclutamiento forzado de sus hijos.

Desde no menos de una década, este corregimiento viene siendo quizá el mayor receptor de población desplazada en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), comprendida por Pereira, La Virginia y Dosquebradas. Cientos de familias provenientes del Chocó, Valle del Cauca y Putumayo se han asentado en el lugar. Según el DANE, al 2005 el corregimiento contaba con 6.983 habitantes; hoy, para la Alcaldía de Pereira, son al menos 14.000 personas de diversas procedencias, quienes desde el 2008 han debido soportar la violencia post-desmovilización, con la llegada al lugar de los  ‘Rastrojos’, como estrategia para la movilidad de armas y el control  de puntos de expendio ubicados entre Risaralda y el Norte del Valle.

Pero es hacia el 2011, con la incursión de los ‘Urabeños’ en la zona, que la violencia se agudiza dejando a la población en medio de una disputaa muerte en la que han sido cooptadas bandas  locales como los ‘Memes’ y algunos vestigios de la antigua ‘Cordillera’.

Puerto CasitaLa pobreza y los pocos avances en el restablecimiento de derechos a la población víctima son  los principales factores de vulnerabilidad de las familias que viven en el sector. Además, los grupos armados ejercen control sobre los procesos organizativos de la población.

Organizaciones como ‘Fedevíctimas’ y la Fundación Nuevo Amanecer tiene afiliados en el corregimiento. Desde enero de 2014 el grupo conocido en el sector como los ‘Memes’, absorbidos finalmente por los ‘Urabeños’, prohibieron mediante panfletos el ingreso de líderes al corregimiento, so pena de muerte. “No regrese al corregimiento para evitar problemas”, fue uno de los mensajes que le llegó al vicepresidente nacional de Fedejuntas por medio de un habitante del sector. En un país donde los derechos de las víctimas avanzan paulatinamente, la intimidación de líderes ha significado un atasco para la atención y reparación integral de las mismas.

 

Negación

El nivel de control territorial por parte de estos grupos se demuestra con el hecho de que “las viviendas anteriormente ocupadas por estas familias hoy son objeto de vigilancia por parte de jóvenes armados con el propósito de impedir el reasentamiento de las mismas”, dice uno de los desplazados.

A pesar de la grave situación, el Gobernador de Risaralda Carlos Alberto Botero y el Alcalde de Pereira Enrique Vásquez han manifestado en repetidas ocasiones que en el Departamento de Risaralda y en el municipio de Pereira no existen ‘bandas criminales’.

Los habitantes de este lugar ubicado a orillas del río La Vieja,  han asumido una especie de ‘pacto de silencio’ basado en el miedo, a tal punto que las madres de las jóvenes secuestradas no se atreven tan siquiera a denunciar la desaparición de sus hijas ante las autoridades. Todo indica que la estrategia de expansión territorial de estos grupos pisa fuerte sobre las periferias  urbanas, que en casos como Puerto Caldas les han permitido hacer de las comunidades pobres reservorios sociales para la guerra.