El hacinamiento se ha agravado muchísimo bajo Santos.  Pero la fiebre no está en las sábanas: una pésima política criminal no se corrige privatizando las cárceles.

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Foto: Ama_Nita19

 

Por: Camilo Ernesto Bernal Sarmiento* / Razón Pública

Campos de concentración

Hace quince años la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionalen las cárceles colombianas. Pues hoy la situación es más grave: el sistema penitenciario enfrenta la peor crisis de sobrepoblación de toda su historia y se acerca peligrosamente al modelo de los campos de concentración.

Las cifras oficiales muestran que bajo el gobierno Santos las tasas de encarcelamiento se han disparado:

  • En 2010 ingresaron 8.452 personas nuevas a prisión;
  • En 2011 esa cifra se duplicó y alcanzó un récord histórico (16.007 reclusos nuevos);
  • En 2012 disminuyó levemente (12.289 reclusos)[1].
  • En solo tres años de gobierno de la prosperidad democrática, la sobrepoblación penitenciaria aumentó en 30,6 puntos porcentuales, al pasar del 24 al 55 por ciento de hacinamiento[2].

Las cifras para 2013 reflejan el mismo panorama:

  • En mayo, el sistema recluía 117.528 personas, superando en 41.802 la capacidad instalada de los 138 establecimientos que están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)[3].
  • El preocupante índice nacional de sobrepoblación —55 por ciento — es aún mayor en las cárceles de las regionales Noroeste (87 por ciento) y Norte (83 por ciento)[4].
  • Finalmente, la población reincidente en el delito y que reingresa a prisión asciende a 15.786 personas, es decir, el 13 por ciento del total de reclusos.

Para eliminar la sobrepoblación harían falta 42 cárceles nuevas con capacidad para mil personas cada una. Para atender el crecimiento anual, el Estado tendría que construir entre 13 y 16 cárceles nuevas de estas dimensiones.

Naturalmente, no hay gobierno que logre tales metas ni presupuesto que pueda resistirlas. En consecuencia, los nuevos reclusos deben ser embodegados en las cárceles y penitenciarias existentes, agravando con ello el hacinamiento, la degradación y la crisis humanitaria [5].

Pese a la gravedad de la situación, la emergencia carcelaria se declaró apenas el pasado 31 de mayo. Los motivos son indiscutibles:

“las deficiencias en la infraestructura carcelaria, el hacinamiento, las pésimas condiciones de higiene y salubridad, las deplorables condiciones del sistema sanitario (duchas, albercas, inodoros), la falta de un suministro de agua suficiente y de calidad, los olores nauseabundos y la proliferación de enfermedades son condiciones de vida que atentan contra la dignidad humana e impiden garantizar los derechos fundamentales de los reclusos”[6].

En este contexto, el  loable objetivo de la resocialización no pasa de ser un chiste cruel…

Mientras tardaba la declaratoria de emergencia, algunos jueces valientes de distintas regiones y de varias competencias judiciales ordenaron al INPEC impedir el ingreso de nuevos reclusos en 16 establecimientos, hasta que hubiese terminado la violación de los derechos fundamentales[7]. Como reconocimiento, recibieron estas palabras de la Ministra de Justicia: “Lo único que generan (sic) las decisiones judiciales que ordenan el cierre de cárceles es caos”.

Aciertos, vacíos, equivocaciones

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Foto: El Turbión

De semejante estado de cosas surge una pregunta obligada: ¿el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario[8] es eficaz para remediar el hacinamiento y la violación de los derechos humanos en las cárceles?  La respuesta es negativa, aunque con algunos matices.

· En primer lugar debe advertirse que esta grave situación es endémica y no coyuntural: obedece a la aplicación de un conjunto de medidas de política criminal que, solo de manera tangencial, están relacionadas con el Código que ahora pretende modificarse.

Dicha política criminal — que la Corte Suprema de Justicia ha caracterizado como “reactiva; carente de fundamentación empírica; incoherente; alejada de una perspectiva de derechos humanos; (…) poco reflexiva frente a los desafíos del contexto colombiano y subordinada a la política de seguridad”[9] — se ha concretado en decenas de leyes que impulsan el encarcelamiento masivo mediante la detención preventiva como única medida cautelar para ciertos delitos, el aumento constante de las penas y la reducción de beneficios penitenciarios y penas alternativas.

El problema penitenciario tiene su origen fuera de la prisión:

  • En el populismo punitivo del gobierno y del Congreso;
  • En la aplicación del derecho penal con un acento eminentemente carcelario por parte de fiscales y jueces;
  • En la falta de control ciudadano frente al mal funcionamiento de la administración de justicia.

Este proyecto de ley, por su naturaleza, no puede modificar esta política ni controlar los excesos del sistema penal; y mientras esto no cambie, toda reforma jurídica de las cárceles será una vana promesa.

· En segundo lugar — y ya en relación con el proyecto que ahora deberá discutir el Senado — puede decirse que incorpora varios aciertos, presenta vacíos e incurre en equivocaciones:

– Aciertos:

  • La construcción de centros especializados de atención médica y psiquiátrica en los centros carcelarios;
  • Las audiencias virtuales para facilitar el trabajo de los jueces de ejecución de penas;
  • La consolidación de algunas instancias de gestión y administración, como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Sistema de Información (SISIPEC).
  • La “flexibilización” de algunos requisitos para conceder la prisión domiciliaria, la libertad condicional y la suspensión de la ejecución de la pena. 

– Vacíos:

  • No se adoptó la recomendación de crear el certificado de disponibilidad carcelaria, según el cual ningún juez podrá ordenar la reclusión de una persona si las instituciones penitenciarias no cuentan con un cupo digno.
  • Pese a su intención de incorporar los estándares internacionales, el proyecto no adopta ningún  mecanismo nacional de prevención contra la tortura en las cárceles[10], por ejemplo, a través de visitas de inspección de carácter periódico a los establecimientos de reclusión.  

– Equivocaciones:

  • Sin lugar a dudas el proyecto se equivoca al censurar el ingreso de los medios de comunicación a los centros de reclusión, ya que estos han permitido a la ciudadanía conocer la compleja situación de los reclusos.
  • Pero la equivocación más grave es quizás la de privatizar el sistema penitenciario.

 

Ahora, ¿una locomotora carcelaria?

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Foto: bixentro

El proyecto consagra la privatización de la vigilancia interna de los establecimientos, así como la posibilidad de privatizar la construcción, mantenimiento, conservación y administración de los centros. También establece que otros servicios podrán prestarse mediante el esquema de asociación público-privada.

Todo indica pues que el gobierno Santos optó por impulsar nuevas oportunidades de  inversión para el capital privado, aprovechando la crisis penitenciaria.

Y por ello, el trámite de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario es una auténtica simulacra[11] — para consolidar el armazón legal de la nueva locomotora carcelaria y de las asociaciones público-privadas para la ejecución penal.

¿Dudas? El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó un convenio de “Fortalecimiento de la capacidad penitenciaria y carcelaria” con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para diseñar y construir por concesión ocho mega–proyectos de cárceles con 36.000 nuevos cupos. Cinco de ellos ya se han evaluado y serán ubicados en Barahona, Picota, Virginia, Barrancabermeja y Popayán[12].  La CAF entregará este mes al Ministerio un estudio de viabilidad basado en el análisis de costo–beneficio de este tipo de proyectos.

Mientras se conocen sus resultados, es posible aprender de la experiencia de otros países que ya se equivocaron privatizando sus cárceles — como Chile — experiencia que conoce bien la Ministra de Justicia por su reciente visita a ese país.

Efectivamente, un estudio de la CEPAL publicado en 2012 concluyó que “la inversión por recluso en el sistema público–privado es muy superior a la realizada en el sistema público. El costo por interno en los nuevos recintos no solo incluye el pago a los privados por la construcción y operación, e incluso un pago variable por recluso, sino también el costo de la vigilancia y la seguridad (…) el costo diario por interno en el sistema público alcanza los 11 dólares y se eleva a 35 dólares en el sistema público-privado”[13].

¿Colombia está en condiciones de derrochar el dinero público entregándoselo a los inversionistas privados? ¿Es legítimo delegar la administración del castigo penal?

Sólo resta esperar que el Senado de la República —siempre dispuesto a endurecer el sistema penal — esté a la altura de las circunstancias, y legisle fortaleciendo los aciertos, llenando los vacíos y corrigiendo las equivocaciones de este proyecto de ley, en defensa de los derechos de las personas sometidas al encierro.

* Criminólogo, socio fundador e investigador de la Corporación Punto de Vista (www.cpvista.org).

twitter1-1@camiloebernal

 

 CITAS

[1] Ministerio de Justicia y del Derecho (2013). Concepto Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria. Bogotá, D.C., martes, 28 de mayo de 2013. Pág. 9. Tabla: Histórico de población intramuros. Fuente SISIPEC web.

[2] Ministerio de Justicia y del Derecho (2013). Pág. 10.

[3] En estas cifras y porcentajes no se incluyen a las más de 1.000 personas retenidas, por falta de cupos carcelarios, en Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y en las Estaciones de Policía.

[4] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) (2013). Informe estadístico mayo 2013. Avance de la revista entre muros. Bogotá: junio de 2013. Págs. 17 y ss.

[5] Los medios de comunicación impresa y digital han difundido la crisis carcelaria de manera amplia y bastante gráfica. Al respecto, véase el especial “Estar preso en Bogotá” del periódico El Tiempo http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/
estarpresoenbogot/, y los constantes reportajes del periódico el Espectador y la revista Semana.

[6] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) (2013). Resolución número 001505 de 31 de mayo 2013 “Por el cual se declara el estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional deI INPEC”. Pág. 2. Esta resolución declara el estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria por el término de siete (7) meses, hasta el 31 de diciembre de 2013, con el fin de conjurar la grave situación de salud de los penales.

[7] Los establecimientos afectados por el cierre están ubicados en: Medellín (2), Pereira, Bucaramanga, Tuluá, Cali, Florencia, Puerto Triunfo, Armenia, Santa Rosa de Cabal, Magangué, Cómbita, Bogotá, La Ceja, Cúcuta y Manizales. Ministerio de Justicia y del Derecho (2013). Pág. 21.

[8] Proyecto de ley número 256 de 2013 Cámara, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Informe de ponencia para segundo debate. El trámite legislativo del proyecto puede verse aquí.

[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (2013). Casación N° 33.254, actor: Daniel Fernando Angulo Gómez.  Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos Martínez Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2013. Pág. 67 y ss.

[10] El Estado colombiano ha rechazado de manera constante la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que entró en vigor en junio de 2006.

[11] Según recuerda Leopoldo Múnera, en teoría política se denominasimulacra a la participación de la sociedad en debates destinados a legitimar decisiones previamente adoptadas.

[12] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) (2012). Oficio 2245, de 5 de diciembre de 2012, firmado por el Teniente Coronel Pompy Arubal Pinzon Barón, Director Custodia y Vigilancia INPEC. Oficio que responde la comunicación 8200-DICUV Bogotá, dirigida por Diego Alonso Arias Ramirez. Págs. 7 y 8.

[13] Rozas Balbontín, Patricio; Bonifaz, José Luis; Guerra-García, Gustavo (2012). “El financiamiento de la infraestructura: Propuestas para el desarrollo sostenible de una política sectorial”. Santiago: Naciones Unidas, Cepal, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Págs. 249 y ss.