Al instalar el nuevo congreso, el presidente aseguró que hace falta una reforma política y que el Ejecutivo ya adelanta proyectos en ese sentido. Pero ¿hace falta la reforma?, ¿para qué?, ¿qué conviene- o no conviene- reformar?

Por: Fernando Cepeda Ulloa*/Razón Pública

 

Una reforma incierta

Se espera que una reforma política sea el producto de estudios muy serios sobre lo que  quiere lograrse, donde se comparen experiencias similares y se analicen los impactos sobre  el sistema político como un todo. Lo que deberíamos estar haciendo ahora sería la crítica constructiva a esos estudios y a las propuestas que se hubieran derivado de ellos.

Pero ese no parece ser el caso. Más aun: aunque algunas reformas pasadas resultaron de ese tipo de estudios, en realidad se hicieron a medias o simplemente no cristalizaron.

El Congreso de este año se inauguró con varios sectores políticos que concuerdan en la necesidad de una reforma política. Cómo armonizar estas iniciativas con las que se están discutiendo en La Habana es un gran interrogante, pues en los diálogos con las FARC este tema es, por lo menos, todo un capítulo, el de “participación política”, punto dos de la Agenda. También el tema “territorial” está en el corazón de esta negociación.

Cabe preguntarse si la reforma incidirá sobre las elecciones regionales del 15 de octubre de 2015, si estas ocurrirán dentro del actual jurídico o si serán afectadas por los acuerdos de La Habana.

Entonces cabe preguntarse si la reforma incidirá sobre las elecciones regionales del 15 de octubre de 2015, si estas ocurrirán dentro del actual marco jurídico o si serán afectadas por los acuerdos de La Habana.

Tomemos un ejemplo. Inicialmente se anunció la unificación de todo el calendario electoral. Semejante propuesta ha tenido malos antecedentes, como cuando bajo el gobierno de López Michelsen se separó el calendario para las elecciones de Congreso y de presidente. Entonces había elecciones que llamábamos de “mitaca” para la Cámara y las corporaciones territoriales (Asambleas y Concejos Municipales).

Ahora se plantea solamente la unificación de las elecciones del Ejecutivo nacional, departamental y municipal, al parecer sin las de las correspondientes corporaciones. Pero habría que mirar con lupa esa iniciativa.

Para comenzar, sería inevitable, entonces, introducir la segunda vuelta para las elecciones de alcaldes y gobernadores. ¿Cómo repercutiría esta nueva figura sobre las elecciones presidenciales? ¿Cómo las presidenciales afectarían las territoriales? ¿En la primera vuelta? ¿En la segunda?

Es muy arriesgado anticipar estos fenómenos de comportamiento electoral y de estrategia política, ni siquiera haciendo ejercicios de simulación.

Ha sido imposible conseguir el texto de la propuesta gubernamental en ese sentido. No aparece en la página web del Ministerio del Interior, ni en la de la Presidencia, ni en la del Congreso. Algunos me dicen que la propuesta no está materializada en un artículo concreto de reforma constitucional, y que es más bien un desiderátum.

Con todo, no sobra hacer unas reflexiones al respecto si es que esa opción llega a considerarse seriamente.


El pasado 16 de junio el presidente Santos anunció
su intención de eliminar la reelección y de ampliar
el periodo presidencial a seis años.
Foto: Presidencia de la República

La unificación electoral

Parece que se está formulando una propuesta constitucional para la unificación de los períodos de presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes.

Tanto la primera vuelta presidencial de 2014 como la segunda nos permiten hacer un ejerció interesante, a sabiendas de que en la realidad las cosas funcionarían de otra manera. Tomemos el caso de Bogotá en la más reciente jornada electoral.

Digamos que hubiera habido primera vuelta para la Alcaldía en elección unificada. ¿Quién habría ganado si se decide en primera vuelta? El candidato del Centro Democrático. Por supuesto, las cosas habrían ocurrido de otra manera, pues las fuerzas políticas se habrían comportado de otra forma.

Y si se decide en la segunda vuelta, ¿quién habría sido el alcalde? Pues un santista porque, aunque ocuparon el quinto lugar en la primera vuelta, la coalición les dio el primer lugar en la segunda vuelta. Y ¿quién habría sido el candidato? ¿Petro? ¿Rafael Pardo? ¿Gina Parody?

Evidentemente, el ejemplo ilustra pero no sirve porque el comportamiento electoral habría sido otro, y el alineamiento de las fuerzas políticas ante esa perspectiva habría sido también diferente, quizás muy diferente.

Habría que ver en cuántos países los poderes Ejecutivos nacional y territorial se eligen al mismo tiempo y verificar cómo son las tradiciones que han facilitado ese mecanismo y cuáles han sido sus consecuencias para la gobernabilidad democrática.

Esa información habría que contrastarla con las tradiciones colombianas, su fuerte  regionalización, una de sus más importantes fortalezas y, también, con la gobernabilidad territorial.

Me atrevería a sugerir que las elecciones de Congreso se realicen separadamente de las de presidente y vicepresidente pero en una fecha posterior a la escogencia del presidente.

Lo que sí parece que está propuesto en la reforma es la unificación del calendario electoral para la elección de Congreso, presidente y vicepresidente. La pregunta sería entonces: ¿el Congreso se elegiría en la primera vuelta o en la segunda?

¿Cuál sería el propósito de esta reforma?, ¿que las mayorías parlamentarias coincidan con las que eligen al presidente? Si ese es el objetivo, sería preferible que esto ocurriera en la segunda vuelta, pero es probable que si se plantea para la primera vuelta, la segunda quede eliminada de hecho.

En ese caso, la movilización de las maquinarias de los congresistas, unida a la fuerza del gobierno, garantizaría el triunfo del candidato presidencial. En este caso sería coherente  eliminar la reelección inmediata porque esta quedaría asegurada para el presidente-candidato.


Una de las propuestas de la actual reforma es la
unificación del calendario electoral para las
elecciones de congresistas, Presidente y
Vicepresidente.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Las otras propuestas

Pero hay una gran preocupación en torno a la conveniencia de mantener el equilibrio de poderes y el sistema de controles mutuos en virtud de las ventajas que ofrece para este propósito la separación del calendario electoral para escoger los diferentes poderes públicos.

Si se quiere hacer un cambio que contribuya a la gobernabilidad democrática, me atrevería a sugerir que las elecciones de Congreso se realicen separadamente de las de presidente y vicepresidente pero en una fecha posterior a la escogencia del presidente, dos o tres meses después, porque es probable que la ciudadanía busque al mismo tiempo darle gobernabilidad al presidente y mantener un equilibrio frente al Ejecutivo.

Parecería muy sofisticado pero se pueden examinar al respecto ejemplos de países que tienen ese tipo de calendario electoral. Ojalá el argumento en favor de una eventual unificación del calendario no sea de tipo presupuestal.

No hay aquí espacio para referirse, aunque sea superficialmente, a otros temas y preguntas. Por ejemplo, ¿se debería extender ese poder nacional, así de uniformado y concentrado, a cinco o seis años?

Eso sería cerrar todas las válvulas de escape y todas las oportunidades para que el descontento encuentre una canal legítimo y pacífico de expresión, para alimentar la protesta directa y hasta violenta. ¿Haríamos eso en tiempos en los cuales estamos invitando a una mayor conflictividad social, política, social y étnica para ponerle fin a la conflictividad armada?

No conozco estudios que muestren cuál pudo ser la ventaja de haber eliminado las elecciones de mitaca, o sea, las que se realizaban cada dos años. ¿Mejoró el funcionamiento de las corporaciones de elección popular? ¿Se facilitó la gobernabilidad y se hizo más democrático el proceso de decisiones?

No se trata del facilismo sino de mejorar la gobernabilidad democrática. Lo que se debe buscar es mejorar la calidad de nuestra legislación, la calidad del control político, la calidad del debate público y la calidad de las políticas públicas.

El sistema de listas de candidatos cerradas para la elección de corporaciones parece una buena idea, pues ayuda a la disciplina, y hace a los partidos, hoy tan raquíticos, más responsables de su actuación política. Además, reduce el clientelismo y cierra la puerta a formas muy clandestinas de corrupción, que siempre busca cómo instalarse.

El voto obligatorio no es una buena idea.

El voto obligatorio no es una buena idea. En nuestro contexto se ha traído a colación varias veces pero no ha cristalizado y por muy buenas razones. Nuestra tradición de voto como un derecho no es despreciable.

Habría que estudiar los países que han tenido esa tradición, los que la han introducido en las últimas décadas, los que han suprimido el voto obligatorio para, entonces, llenarse de razones para adoptar uno u otro camino.

También hay caminos alternativos. Por ejemplo, el voto obligatorio en las capitales de los departamentos y en Bogotá. Un experimento interesante del cual se podría aprender mucho. Pero, claro, eso no iría con la unificación del calendario electoral o complicaría mucho el tema.

En otras ocasiones se ha propuesto introducirlo por un período de ocho años, a manera de pedagogía electoral. Sin embargo, no parece convincente esa iniciativa

En el caso de la reelección presidencial. ¿Será cierto que desequilibró la división de poderes y dañó el sistema de controles y balances? Me gustaría conocer los casos concretos. Dicen que el presidente tiene ganada la reelección dado su poder; entonces ¿qué pasó en la primera vuelta?

Con respecto a la segunda vuelta de 2010, la misma coalición que ganó entonces perdió en la primera de 2014 cuarenta y cuatro puntos. En la segunda, cuando resultó triunfante, perdió dieciocho puntos, y eso que era una coalición ampliada con el mayor opositor en 2010, Antanas Mockus, y con uno de los contrincantes de la primera vuelta en 2010, el entonces candidato del Polo Gustavo Petro.

La reelección en esta primera prueba post Uribe demostró que no se logra fácilmente. Este no es un país reeleccionista. Curioso que la democracia con mayor tradición en América Latina sea la que dice que no está preparada para eso. Quizás por eso mismo.