La tensión entre Constitución y paz se agudizó después del plebiscito gracias a los errores del gobierno, que han puesto en riesgo la institucionalidad y el futuro de la paz. Y todo en medio del silencio de los defensores del proceso.

Por: Javier Revelo Rebolledo* / Razón Pública

A propósito del comunicado de la Corte Constitucional que avaló el fast track, es el momento de hacer una pausa, reflexionar y debatir sobre la forma como este proceso de paz, exitoso en muchos aspectos, está alterando principios básicos de la Constitución y está poniendo en riesgo la estabilidad del proceso.

Escribo estas líneas preocupado por el silencio de sectores liberales y de izquierda, que por alcanzar la paz bajaron el volumen de su voz crítica. Sigo convencido de la importancia de la paz, pero me preocupa que al defenderla se termine abusando de las reglas del juego. Los errores del gobierno son cada vez más difíciles de justificar y una paz que ni vence ni convence es insostenible en el tiempo.

Lo preocupante es que con su silencio están dejando que el uribismo, que nunca ha defendido la institucionalidad y que suele combinar las formas de lucha, se oponga a la paz utilizando de forma oportunista el discurso de la defensa de las instituciones. Mi crítica no es una justificación de más violencia ni de la desobediencia: es una alerta sobre los riesgos del proceso y sobre la importancia de romper el silencio.

Las bondades del proceso de paz no pueden servir para legitimar la arbitrariedad ni para ir en contra de los pilares centrales de la Constitución. Los errores del gobierno nos tienen en una situación trágica en donde las tensiones entre el fin de la guerra, la Constitución, la democracia y la sostenibilidad del proceso de paz parecen imposibles de resolver. La decisión de implementar los acuerdos de paz sin volver a las urnas, luego de la derrota del 2 de octubre, es un error y aquí busco explicar por qué.

 

La tensión entre paz y Constitución

 

Acuerdos y diálogo por procesos de paz en el país. 
Foto: Presidencia de la República

La democracia constitucional busca limitar el poder de los gobernantes y de las mayorías. La esencia de una constitución es controlar el poder político para prevenir sus abusos. Dos pilares centrales de toda constitución son el sistema de pesos y contrapesos y la dificultad de reformar la constitución. Flexibilizar estos pilares supone entonces un gran riesgo.

Pues bien, el denominado fast track, el procedimiento especial para agilizar la implementación de los acuerdos de paz, materializa este riesgo, ya que reduce los tiempos legislativos, disminuye la calidad de la deliberación parlamentaria, da poderes al presidente y facilita las reformas constitucionales.

Las bondades del proceso de paz

no pueden servir

para legitimar la arbitrariedad.

Muy pocos negarían entonces que el fast track es una flexibilización de los límites constitucionales, así algunos lo magnifiquen como una “ruptura” y otros lo minimicen como un régimen “excepcional” o “transicional”. Quienes minimizan esa flexibilización la justifican por la importancia de lograr la paz, de promover una rápida implementación de los acuerdos y de garantizar que su contenido no cambie sobre la marcha. La paz se tiene que implementar con mecanismos extraordinarios, porque su estabilidad depende de una implementación rápida.

Para muchos -entre ellos las FARC y el gobierno-, la Constitución de 1991, que nació como un pacto de paz, empezó a ser concebida como una limitación que debía ser flexibilizada para lograr la paz. La tensión entre paz y Constitución no es trágica en sí misma, sino que se volvió así gracias a los errores del gobierno que cada vez dejan menos margen de acción.

 

Paz, Constitución y democracia

Para reconciliar la paz con la Constitución, el gobierno decidió involucrar al pueblo y así mostrar que la flexibilización de la Constitución se justificaba por la paz y por la decisión del pueblo soberano.

El llamado al pueblo para resolver esta tensión entre paz y constitución no es nuevo en nuestra historia. Se ha usado para promover salidas a la guerra, tanto negociadas como de mano dura, e ilustra el debate entre democracia y constitucionalismo. Sirvió para legitimar la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1991, una nueva reelección que supuestamente le permitiría a Uribe ganar la guerra, y el fast track, en el caso de Santos, para implementar los acuerdos.

Santos decidió convocar a un plebiscito que muy pocos criticaron abiertamente, pero que muchos temimos. El temor a la derrota era tan grande que el gobierno bajó los umbrales sin pudor. La Corte Constitucional fue la única que intervino para limitar las consecuencias jurídicas del plebiscito y decidió que sus resultados solo obligaban al gobierno.

Luego de los resultados del 2 de octubre, el llamado al pueblo se le devolvió a Santos como un boomerang que debilitó los acuerdos y además resucitó a la extrema derecha de cara a las elecciones de 2018.

Luego de la derrota, el gobierno trató de convencer a los opositores. La comunidad internacional dio señales de apoyo, los defensores de la paz marcharon y surgieron nuevas propuestas. Así se fue forjando la idea, tan peligrosa como irreal, de que el Congreso podía refrendar los acuerdos “popularmente” porque representaba al pueblo. Como si cambiar las reglas del juego sobre la marcha no fuese un problema y como si el voto de los congresistas fuese igual de democrático y legítimo que el voto popular.

Aunque es cierto que los congresistas representan al pueblo y que sus decisiones tienen valor en una democracia, también es verdad que son solamente representantes. Por eso, las decisiones que toma el pueblo por sí mismo suelen tener más peso que aquellas que sus representantes toman por él.

La democracia no se reduce al voto y existen otros mecanismos de participación. El problema es que usar otro mecanismo implica un cambio acomodado de las reglas de juego que va en contra de la expectativa que el plebiscito creó en la ciudadanía. La paz pasó del pueblo al Congreso, quedando en manos de las élites que criticamos por clientelistas e intolerantes con las minorías.

La paz entra por la puerta de atrás, con menos límites constitucionales y lo hace en contra del voto popular. Sin el pueblo, la importancia de la paz es la única justificación real del fast track. Pero el costo de esta paz es el empoderamiento del ejecutivo, el debilitamiento del legislativo, la facilidad de reformar la Constitución y el desconocimiento del voto popular. Sin el pueblo, el gobierno tendrá que seguir insistiendo en la ficción de que no es sí, el pueblo no es el pueblo y refrendar es consultar. ¿A nadie le preocupa esto?

 

La paz de hoy y la de mañana

 

Congreso aprobó proyecto de ley que modifica la Ley de Orden Público en el marco del proceso de paz.

 

 

 

 

 

 
Foto: Presidencia de la República

Lo peor es que la refrendación “popular” del Congreso no solo afecta el orden constitucional, también dificulta la construcción de una paz estable y duradera.

Un gobierno legítimo, decía Max Weber, es capaz de ganar obediencia sin necesidad de imponerse por la fuerza. La imposición aumenta cuando la legitimidad disminuye. La refrendación, que es un acto esencialmente político, se ha vuelto una discusión jurídica cada vez más incomprensible para el ciudadano común.

Una vez derrotado en las urnas, para asegurar la sostenibilidad de la paz el gobierno debió ir en busca de un triunfo electoral que transformara a los ganadores del 2 de octubre en perdedores y viceversa. Sin este triunfo, la paz pende de un hilo, pues los ganadores se sienten peligrosamente robados y los perdedores siguen adelante porque tienen el poder.

Solamente un triunfo electoral habría desterrado la idea de que el voto popular ha sido ignorado y habría facilitado la obediencia con menos imposición. Ni el Congreso, ni los cabildos, ni cualquier otra alternativa con reglas distintas y que sea menos exigente que el plebiscito lo habría logrado. El peligro es que, como muestra nuestra historia, hacerle el quite a los resultados electorales suele ser el germen de más violencia.

La paz pasó del pueblo al Congreso,

quedando en manos

de las élites que criticamos.

Como Uribe, Santos flexibilizó la Constitución por la necesidad de terminar la guerra, pero a diferencia de él está buscando la paz por la vía negociada, cuenta con el respaldo de las Cortes y es claramente impopular. Sus fines difieren, pero sus medios se asemejan.

Entre el fast track de Santos y la resistencia civil de Uribe se está gestando un ambiente delicado, donde la democracia constitucional termina modificada por la política de paz -o de guerra- del momento. Lo excepcional se convierte en regla y la Constitución se va transformando de un pacto de paz a una carta de batalla impuesta por los perdedores.

Si solo nos gusta la ciudadanía que piensa como nosotros, no debería sorprendernos que solo defendamos la democracia cuando ganamos y la Constitución cuando nos sirve. Me pregunto con qué argumentos nos opondremos a una coalición de extrema derecha que quiera reformar -incluso cambiar- la Constitución, y que además lo haga en contra del voto popular. Si el fin justifica los medios hoy, no veo por qué no podrá hacerlo mañana. Podrían decir que, como el Congreso representa al pueblo, el proceso de paz se puede echar para atrás fácilmente y por la misma vía.

Una paz que ni vence ni convence es insostenible. Ayudaría mucho que el gobierno no la embarre más, que el sistema de pesos y contrapesos opere, que se asuma que el déficit político no se soluciona con un superávit jurídico, y que quienes trabajamos por la paz alcemos la voz para defender la paz y la democracia constitucional.

El peligro no está en la crítica, sino en el silencio. Todavía el gobierno está a tiempo de entender que, luego de la derrota del 2 de octubre, tiene que ganar en las urnas para aliviar las tensiones entre la paz de hoy, la Constitución, la democracia y la paz del mañana.

* Candidato a doctor en ciencia política de la Universidad de Pennsylvania.