En el caso de la Fuerza Pública hay muchos hechos que recuerdan ese tiempo del 96 y 97, cuando había una connivencia con el paramilitarismo. En el Pacífico vemos que tienen otra vez el mismo modus operandi.

 

Texto / Camilo Alzate. Fotos / Íngrid Serrate

Luis Evelis Andrade es un emberá que salió hace muchos años de su natal río Salaquí, en el Bajo Atrato, para convertirse en un reconocido dirigente del movimiento indígena. A la cabeza de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Andrade denunció los atropellos y violaciones de derechos humanos que sufrieron las comunidades étnicas con la política de seguridad democrática, durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe, luego fue representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena. Sobre paz conversamos con él en La Delfina (Buenaventura), donde estuvo como un comunero más participando de la minga social por la vida, el territorio y la paz.

“Yo pienso que el gobierno tiene la responsabilidad de generar todos los mecanismos para que ese diálogo se reactive, lo que no le quita la responsabilidad al ELN de revisar sus formas de actuar”: Luis Evelis Andrade. Fotografía / Servindi

¿Cómo ve la situación humanitaria hoy en los territorios indígenas a dos años de la firma de los acuerdos de La Habana?

Yo diría que la situación es más grave que en los momentos más difíciles de la guerra. En medio de la guerra, sobre todo con las FARC, la gente desarrolló una capacidad de interlocución, de incidencia, para buscar protección. Había unas estructuras de mando muy definidas de los grupos armados, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, eso permitía mayores niveles de interlocución y maniobra que lograban compromisos de los grupos armados para que respetaran la autonomía de los pueblos indígenas, para que respetaran los derechos humanos. En ese contexto pudimos salvar muchas vidas.

Firmados los acuerdos de La Habana lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violación a los derechos humanos en todos los territorios, en especial en la zona costera del Pacífico, desde Tumaco hasta Juradó, yendo a la frontera con Panamá, pero también en zonas como el Catatumbo. Yo diría que hay un agravamiento de la situación humanitaria, porque a excepción de la Fuerza Pública y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es muy difícil interlocutar con estos nuevos actores armados, bien sea estas llamadas disidencias, o los nuevos grupos de paramilitares, o los grupos asociados al narcotráfico. Es muy complicado maniobrar para que respeten la autonomía y los principios del DIH.

En el caso de la Fuerza Pública hay muchos hechos que recuerdan ese tiempo del 96 y 97, cuando había una connivencia con el paramilitarismo. En el Pacífico vemos que tienen otra vez el mismo modus operandi.

La intensidad en las operaciones militares ha bajado, pero para mí eso es distinto a la gravedad.

Esa zozobra es innegable, pero ¿no es exagerado afirmar que la situación es más grave que antes? Acuérdese de los tiempos de Uribe, de los miles de desplazados, los bombardeos, las masacres, los señalamientos. Es evidente que la confrontación ya no tiene esa magnitud.

La intensidad en las operaciones militares ha bajado, pero para mí eso es distinto a la gravedad, porque precisamente el hecho de que la oficialidad y el Estado actuara antes de esa manera permitía denunciar con mayor claridad y contundencia. El hecho de que existieran unas FARC organizadas que desarrollaban operaciones con consecuencias graves y nefastas, como Bojayá o el cerco al río Jiguamiandó, en el caso del Chocó, eso permitía que la gente se moviera y denunciara. Hoy es muy difícil, nuestros paisanos dicen que se han refinado las maneras de operar: en el caso del ELN estamos viendo una dispersión, no hay organicidad en los mandos. En el Bajo Atrato yo no recuerdo que en treinta años de presencia de las FARC haya caído un niño en minas antipersonales, y hoy sí, siendo el ELN más pequeño y menos fuerte militarmente.

Lo otro es que en la década pasada, antes de las negociaciones, sabíamos que había una presencia muy fuerte de los actores armados, pero había capacidad de diálogo. Y hay que decirlo así, aunque el gobierno lo vea como un delito, pero todas las comunidades aprendieron a desarrollar capacidad de interlocución con la guerrilla, con los paramilitares y el Ejército, para exigir respeto al DIH. ¿Hoy en día usted con la disidencia quién conversa? Ellos tienen un interés por el narcotráfico, a momentos vemos que se juntan con los paramilitares, eso hace que la situación sea más grave, la mafia no tiene control, ni se rige por derechos humanos, la mafia se lleva por delante todo lo que afecta sus intereses, eso hace que la comunidad y sus dirigentes se vuelvan más vulnerables. De pronto la intensidad y la presencia militar ha disminuido, pero ahora no hay con quién interlocutar, no hay garantías. Además, hubo un debilitamiento de las organizaciones.

…terminado el conflicto con las FARC casi todo mundo tuvo tendencia a pensar que ya no iba haber problemas de derechos humanos

¿Era algo que venía desde antes o fue un debilitamiento a raíz del proceso de paz?

En parte, porque terminado el conflicto con las FARC casi todo mundo tuvo tendencia a pensar que ya no iba haber problemas de derechos humanos, pero está demostrado que después del conflicto si no hay respuestas concretas, si no hay resocialización, vinculación a la vida laboral, lo que se ve es una degradación, como sucedió en Centroamérica. Ese es uno de los factores.

Lo segundo es que las organizaciones entraron a una dinámica de manejo de recursos, pero olvidaron que sus territorios siguen siendo estratégicos, no sólo por la guerra misma, sino por los negocios. Ahora está la pelea por el narcotráfico, por el control de las rutas, la pelea por la base social que legitime todos esos procesos de ilegalidad, pero también se agrava cuando miramos los territorios con otras perspectivas: está el tema minero, el tema petrolero, el tema de la biodiversidad, en fin, todos los recursos naturales. En el momento en que la gente empiece a exigir sus derechos van a ser perseguidos y mirados con sospecha; el interés por esos territorios y sus recursos no ha pasado, apenas va a escalarse. Hay riesgos individuales y colectivos, por eso digo que debemos fortalecer las organizaciones en el tema de la autonomía.

Hay una ausencia institucional, si bien es cierto que se crearon programas, unidades para intervenir el territorio, eso no está funcionando.

¿No se suponía que con el fin del conflicto se abría la oportunidad para que las organizaciones y actores civiles se fortalecieran?

Eso habría ocurrido si hubiera presencia real del Estado, no sólo presencia militar, que también es débil. Por ejemplo, en el norte del Chocó salen las FARC y el territorio es copado y disputado por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas. Hay una ausencia institucional, si bien es cierto que se crearon programas, unidades para intervenir el territorio, eso no está funcionando. Los ríos siguen taponados, no tenemos vías, no hay programas de salud o educación, no hay mecanismos que potencien la productividad para que la gente no tenga que meterse a los circuitos del narcotráfico. Esa esperanza y esa ilusión que teníamos todos de que terminado el conflicto iba a empezar una nueva época se está viendo desdibujada y muy lejana porque la institucionalidad no ha hecho lo que tiene que hacer. Se necesita inversión social, recursos económicos para que la gente sienta que de verdad llegó la paz, no esa ausencia y esa orfandad, ahora las comunidades indígenas están encerradas y confinadas.

El río Arquía, en el Chocó, uno de los puntos con mayores dificultades en el bajo Atrato.

Si con Juan Manuel Santos la cosa ya venía medio atascada, ahora hay un gobierno decidido a desmontar los acuerdos. Por ejemplo, dejaron morir el programa de sustitución de cultivos ilícitos para empezar otra vez con la erradicación forzosa.

Eso es muy grave, es no entender la realidad, porque se ha demostrado que la erradicación forzosa no resuelve el problema. La fumigación afecta la coca y se lleva todos los cultivos que haya cerca, como los de pancoger, y lo que genera es que el cultivo se va extendiendo a otras regiones. En Putumayo y Guaviare se empezó con la erradicación y la coca se fue a Nariño, de Nariño el problema empezó a crecer por el Cauca hacia arriba hasta el Chocó. Ya los cultivos no se están haciendo en las zonas selváticas y lejanas: en el Bajo Atrato siembran coca en las zonas deforestadas, en los potreros, o en áreas que fueron utilizadas por los paramilitares para sembrar palma.

Yo creo que es una miopía política del gobierno, la erradicación no va a resolver los cultivos, sólo los va a extender, y el narcotráfico tiene mucha capacidad de movilidad y arraigo por la misma realidad que vive la gente. En regiones donde no hay acceso a la electrificación y al mercado la gente prefiere sembrar coca.

Independientemente de lo que uno pueda pensar de las FARC y sus comandantes, que cometieron delitos, independientemente de eso, este acuerdo de La Habana plantea unas cosas muy interesantes para la sociedad colombiana. Voy a ser atrevido: casi que este gobierno tendría que asumir eso como parte de su plan de desarrollo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí está: hay que hacer reforma agraria, hay que dotar de tierra al que no la tiene, hay que adecuarla y ponerla a producir, hay que generar vías, hay que llevar la tecnología y la información, hay que implementar procesos educativos. Eso llevaría a que la misma gente dijera “aquí no cabe el narcotráfico”, también la gente está cansada de la guerra. En esos territorios donde no ha habido institucionalidad hoy debería llegar el Estado entrando con todo para recomponer el tejido social. Más que comunidades a la espera de asistencialismo y ayuda deben ser comunidades que se vuelvan productivas, pero este gobierno por sus posiciones radicales no entiende eso.

 

El gobierno también cerró una oportunidad histórica de avanzar en la paz con el ELN ¿Qué opina al respecto?

Yo pienso que el gobierno tiene la responsabilidad de generar todos los mecanismos para que ese diálogo se reactive, lo que no le quita la responsabilidad al ELN de revisar sus formas de actuar. Ellos tienen que revisar ese tema de la organicidad. Creo que pudiera darse un diálogo en medio de la confrontación, pero acogiéndose a unos principios humanitarios de respeto a la población civil. Uno no entiende cómo el ELN pone minas en zonas aledañas a la comunidad, eso no debe ocurrir, deben hacer un compromiso por no afectar a la población civil.

En manos del gobierno está generar las condiciones para que se reactive ese diálogo, no cerrarse ni estar en esa posición tan radical, lo que debe primar es el interés por acabar con el conflicto armado. Ese planteamiento lo hago para el gobierno, pero también para el ELN.