Un trabajo de acompañamiento y de investigación, que se mantuvo durante varios años, explora sobre la manera como la desaparición de personas en Tijuana, México, repercute en las dinámicas sociales y en la construcción de grupos de afinidad entre sus parientes que los buscan. Publicación de El Colegio de México.

 

Título: Drama social y política del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana.

Autora: Carolina Robledo Silvestre

Editorial: El Colegio de México

Páginas: 223

Año: 2017

 

Por Antonio Molina

#AquíFaltaAlguien es una campaña que en Colombia lanzó la Cruz Roja Internacional para llamar la atención de la sociedad sobre los desaparecidos. Según los informes de esa organización, en nuestro país todavía hay 88.500 personas de las que nada se sabe, de un total registrado de 124.000 casos a lo largo del interminable conflicto armado de más de cinco décadas. En México, han desaparecido 29.000 entre 2006 y 2016, según los registros oficiales que ahora son públicos, pero que durante mucho tiempo permanecieron ocultos.

Estas cifras, que de pronto alertan a los lectores afanados, esconden tras de ellas situaciones de mayor complejidad complejidad que apenas son posibles de entender cuando se conoce a los parientes de una persona que desaparece. Este abordaje es el que esos mismos lectores podrán encontrar en Drama social y política del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana, fruto del trabajo de tesis doctoral en sociología de la comunicadora social periodista Carolina Robledo Silvestre, egresada de la UCP, quien hace una década se radicó en México y en la actualidad ocupa una cátedra Conacyt en Ciesas Ciudad de México y coordina el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF).

Como bien lo explica la autora en la introducción, “…el interés principal de este trabajo es entender su experiencia colectiva (la de los deudos) y social del duelo; reconocer las formas compartidas de vivir el dolor, de organizarse y ubicarse en el debate público como grupo…”. Por supuesto, esos miles de dramas personales se hacen evidentes, incluso desde la nota inicial escrita por Fernando Ocegueda Flores, padre de un joven mexicano desaparecido, pero llama la atención el énfasis de esta investigación en analizar la manera como se construyen redes, tejidos de apoyo moral o de amistad, en un primer momento, para luego terminar en la creación de un sujeto político con carácter colectivo.

Pero para encauzar al lector, vale comentar de manera tangencial sobre la llamada “Guerra del narco”, iniciada en México en 2006 al asumir el gobierno el presidente Felipe Calderón, en una actitud que en su momento contó con el apoyo popular, pero que paulatinamente ha devenido en un auténtico conflicto interno donde las fuerzas del Estado, apoyadas por grupo civiles de autodefensa, se enfrenta a numerosos carteles de la droga, en un coctel que incluye feroces pugnas internas entre la delincuencia organizada. Esta guerra ha dejado hasta el momento más de 200.000 muertos, muchos de ellos civiles que no tenían relación directa con alguno de los bandos.

En este contexto se ubica la investigación, a través de siete capítulos que evidencian la actitud indolente del Estado, el miedo de la ciudadanía, la complicidad de varios agentes estatales, la intimidación de los medios de comunicación, pero, sobre todo, rescata la capacidad organizativa de la propia comunidad que en medio del caos, con el apoyo de varias agencias internacionales de la sociedad civil, se presenta ante las autoridades para exigir resultados o, de manera dolorosa, toma iniciativas como la búsqueda de los desaparecidos por parte de las familias y allegados, en un ejercicio que ha dado algunos resultados, con el agravante de servir también para afectar el lugar del crimen. ¿Pero para qué una escena del crimen impoluta cuando la impunidad de la justicia y las alianzas deshonestas de las policías locales parecen ser el sello?

En el último capítulo, por ejemplo, se comenta sobre la crisis general del Estado de derecho dejada en evidencia por los parientes de los desaparecidos. Evidencia, además, la impunidad y corrupción de los gobiernos de los diferentes estados, lo cual lleva a la intervención del gobierno federal como contraparte de los familiares en busca de sus seres queridos.

Esta especie de Estado fallido en lo local y estatal parece reforzarse con la insistencia de un hecho en apariencia absurdo: la desaparición no es un delito en todas las entidades federales. Por eso la autora afirma: “Mientras se mantenga esta condición, el estado actual de las cosas difícilmente cambiará. Lo cierto es que ya se ha abierto una brecha donde seguirán disputándose estos cambios tanto en el orden local como en el federal”. Una lucha en la que la sociedad civil organizada tiene un papel preponderante.