Acosadas: los contornos de una violencia silenciosa

Los límites son difusos y en bastantes ocasiones no es claro cuándo se traspasa del acoso callejero, con los comentarios, los piropos y silbidos, al acoso físico o las agresiones.

 

Por / Camilo Alzate

Valentina Morales dejó de vestirse con blusas ajustadas y faldas cortas desde muy niña. Quería evitar, como ella misma dice, que los hombres la miraran, que le murmuraran cosas, que emitieran silbidos y rechiflas a su paso. Prefería la ropa ancha y neutra, poco llamativa, sin lugar posible a suspicacias ni comentarios. “Yo creía que la culpa era mía”, dice. También recuerda la primera vez que, con apenas diez o nueve años, recibió insinuaciones ofensivas de los muchachos de su barrio mientras iba a la tienda.

Ya perdió la cuenta de las veces que algún fulano la molestó en el bar insistiendo que tomara una cerveza con él, también la cantidad de ocasiones que le han lanzado palabras obscenas en la calle o cuando sus profesores de la Universidad tuvieron gestos insinuantes, como esa ocasión donde uno de ellos se quedó a solas con ella en el salón, para un parcial, y él dijo sentir “una conexión” entre ambos. Paralizada por el miedo, no fue capaz de responder las preguntas del examen. Solo atinó a responderle “tengo mucha rabia, profesor”.

Valentina podría llamarse Carolina, que reprobó la materia de prensa cuando hacía su carrera de periodismo, pues prefirió no volver al curso luego que su profesor le escribiera por Facebook que deseaba que lo hiciera sentir satisfecho corporalmente tanto como lo hacía intelectualmente. Aunque puso la queja en la Facultad y sabe que a lo mejor sí hubo un llamado de atención, nunca vio que se tomaran medidas al respecto ni se garantizó la tranquilidad de ella como estudiante.

Carolina tendría que llamarse también Daniela y podría contar que una tarde no encontró fuerzas de gritar ni de correr ni de golpear mientras un señor se sentaba frente a ella en el Megabús y comenzaba a masturbarse; ella nada más quedó presa de un terror incomprensible que aún no logra explicar ni explicarse bien a sí misma.

Pero Daniela además debería ser María, a la que un célebre gestor cultural y director de teatro intentó besar y tocar sin su consentimiento cierta mañana cuando ambos quedaron encerrados en un ascensor yendo hacia una cita de trabajo.

Y María quizá sea Juliana, que no sale de fiesta tranquila desde cierta madrugada cuando uno de sus amigos intentó tocarla dormida. Juliana aún hoy es capaz de recordar el color biche de la camiseta que tenía puesta a los ocho años, la primera vez que un tipo la acosó en la esquina de su casa gritándole “si así es verde cómo será madura”.

¿Por qué los hombres creen que tienen derecho sobre mujeres que ni siquiera conocen? ¿Dónde empieza el acoso y dónde termina? ¿Qué lo configura? ¿Una palabra, una mirada, un gesto de insinuación, el manoseo, la agresión directa? ¿Sólo ocurre acoso en situaciones de poder? ¿Sentirse incómoda equivale a ser acosada? ¿Un lance es un acoso? ¿Un piropo? ¿Cuál es la diferencia entre el acoso callejero y el acoso sexual? ¿El acoso sexual está relacionado con el acoso laboral?

Ilustración / Lina Gómez

Denuncias que tienen obstáculos

“Todo está atravesado por las relaciones de poder”, opina Ángela Molina, doctora en investigación en ciencias sociales que lleva años estudiando el tema desde diversas vertientes feministas. “Y el poder tiene que ver con la capacidad de acceder y moverse por espacios, en este caso lo privado y lo público. Lo público ha sido el lugar de los hombres, son sujetos hegemónicos y ahí se mueven como iguales, tienen la idea de que les corresponde ese lugar. Las mujeres estamos confinadas al espacio de lo privado. El abuso, el acoso, la violación se consideran castigos sociales por estar en el lugar donde no nos corresponde”.

Los límites son difusos y en bastantes ocasiones no es claro cuándo se traspasa del acoso callejero, con los comentarios, los piropos y silbidos, al acoso físico o las agresiones. O la facilidad con que pueden solaparse el acoso sexual y el acoso laboral cuando existen jerarquías y relaciones de poder. O la línea tan sutil entre coqueteos que acaban transformándose en conductas molestas primero, luego en actos agresivos y violentos.

Cualquier parroquiano considera normal enviar una cerveza en el bar a un grupo de mujeres en otra mesa sin preguntar antes. Algún desconocido, desde el gerente hasta el celador, cree que por cortesía debe hacer comentarios halagüeños sobre la belleza y el aspecto físico de una mujer. “Para muchos, esos comportamientos no son percibidos como acoso, es algo tan naturalizado que los hombres pueden tocar, acercarse, hablarnos”, concluye Molina.

Para Gina Arias, docente de la Universidad Católica de Pereira y activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres, el asunto clave es el consentimiento: cualquier conducta que no sea consentida por ambas partes es potencialmente violenta. “Claro que existen matices, no es lo mismo hablar de una violación que de un comentario sexista –explica Arias–, las conductas de acoso son violencias simbólicas porque parecen sutiles, pero van generando un caldo de cultivo para otras violencias. Hay una naturalización de la violencia contra la mujer en la sociedad”.

Para prevenir, sancionar y atender casos de violencia contra la mujer se creó la ley 1257 de 2008. Además, Colombia suscribió la Convención de Belén de Pará, un acuerdo interamericano para erradicar las violencias contra la mujer. Según la ley 1257, la mayoría de casos de acoso caben dentro de una categoría genérica de violencia por daño psicológico, definido este como la “consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal”.

“Sin embargo, en la práctica es muy difícil aplicar esas normas”, reconoce María Ximena Dávila, abogada feminista de la Corporación Dejusticia. “No hay políticas públicas que permitan operativizar los contenidos”.

Existe una normalización y naturalización de las conductas machistas que impone trabas y obstáculos para que las mujeres puedan denunciar a los acosadores o lograr protección después de las agresiones. Juliana Prieto, actriz y estudiante de psicología, cuenta que nunca ha denunciado a uno de sus profesores de teatro cuando intentó agredirla y encerrarla en la sede donde realizaba los ensayos. No tiene más pruebas que su testimonio, por eso teme ser demandada por calumnia: “¿cómo probarlo? ¿Qué tal que nadie me crea?, si es un tipo que tiene poder, que tiene credibilidad, ni siquiera los casos más graves son atendidos. ¿A mí por qué me van a parar bolas si no me han violado?”.

Muchas veces la víctima es quien tiene que probar la agresión y termina sometida al escrutinio, lo que de facto hace que la mayoría prefieran no denunciar a sus acosadores o gestionar las situaciones violentas de otra manera. “Nos han criado para evadir, nunca decir no, sino sonreír y pasar derecho”, dice Daniela Patricia Gallo, también actriz, que reconoce que estas prácticas son comunes en el entorno cultural y académico. Daniela enumera episodios en los que, para “quitarse de encima” a hombres molestos, ha llegado a insinuar que es lesbiana o que su novia es alguna de las amigas que la acompaña.

En otras ocasiones, además del temor al escrutinio público también están las represalias directas. “El miedo opera en estos casos por la relación de poder”, explica Arias. Las estudiantes prefieren tolerar a sus profesores acosadores para ahorrarse inconvenientes con la nota, las actrices no dicen nada porque esperan ser tenidas en cuenta durante los montajes, las subordinadas no denuncian pues intuyen que llevarán las de perder en un proceso contra el jefe y así en cualquier situación mediada por relaciones jerárquicas.

Cuando una mujer quiere acudir a la ley lo que sigue es una nebulosa jurídica y normativa muy difícil de atravesar. ¿Cómo denunciar? ¿Ante quién? ¿Con qué pruebas? Las rutas no son claras, aunque existen precedentes y sentencias. “La Corte Constitucional y la Corte Suprema han reconocido que los casos de acoso sexual suelen suceder en espacios íntimos y cerrados, donde es imposible que haya pruebas documentales como fotos o videos, o incluso físicas, si se trata de un tipo de violencia que deje lesiones. No aplican los mismos estándares probatorios que a otros casos”, asegura María Ximena Dávila de la Corporación Dejusticia. “La regla básica es que quien denuncia tiene la carga de probar lo que sucedió, pero acá es distinto, las Cortes reconocen que es fundamental tener en cuenta el testimonio de la víctima, los indicios sobre el acto y la relación de poder entre víctima y victimario. Pero en la práctica sucede que los fiscales y jueces no aplican esto”.

Y luego está la cacareada prevención y atención a víctimas que resulta insuficiente. Laura Cardoza, psicóloga y especialista en temas de género que acompañó como asesora los diálogos de paz de La Habana, apunta que las rutas de atención para los casos de acoso no son claras y muchas veces ni siquiera existen, aunque la ley exige protocolos, por lo menos para las instituciones oficiales. “El tema de las violencias hay que tratarlo con un diálogo franco y abierto –opina Cardoza–, hay mucho por debatir en líneas muy delgadas entre el acoso, la incomodidad, el coqueteo. Todo no es igual y como no se debate, entonces todo se mezcla”.

Apenas en 2019 la Alcaldía de Pereira construyó una política pública de equidad de género, once años después de sancionada la ley 1257 de prevención de violencias contra la mujer. Aunque hay una decena de instituciones de educación superior en la ciudad, sólo la Universidad Tecnológica de Pereira ha creado protocolos y rutas de atención para atender los casos. “Carecemos de mecanismos y acciones para que el sistema judicial opere”, apunta Arias. “Entonces las víctimas, los colectivos, buscan otros mecanismos como la sanción social”.

Otras voces apelan a la acción directa y reivindican la exposición pública de los acosadores como un mecanismo válido. Fotografía / Santiago Ramírez

Justicia por mano propia21

La sanción social suele llevar nombre propio y sus mecanismos son las denuncias públicas y los “escraches”, que exponen al acosador por lo general con una publicación anónima o respaldada por firmas, recopilando testimonios que detallan los hechos ocurridos. En los últimos meses este tipo de denuncias se han multiplicado por cientos en el país.

El 12 de marzo en Medellín 16 actrices firmaron una carta pública denunciando agresiones sexuales y comportamientos violentos de José Félix Londoño, director de Teatro El Trueque, lo que desencadenó su renuncia y dio inicio a una investigación por parte de las autoridades. Pocos días después la Universidad del Valle expulsó por primera vez en su historia a un estudiante con múltiples denuncias por violación, que fueron lideradas por los colectivos feministas de la Universidad y terminaron motivando un proceso disciplinario que lo halló culpable de los hechos denunciados.

Pero no siempre las denuncias tienen rostro, lo que ha levantado críticas porque las consideran “linchamientos” y “venganzas”, tras una argumentación que suele invertir los términos: ahora son los hombres acusados de victimarios quienes se presentan como víctimas de “calumnias” y “persecuciones”. El escándalo reciente más sonado y polémico ha sido el del director de cine Ciro Guerra, denunciado en un reportaje con ocho testimonios anónimos de mujeres que lo acusan de diferentes agresiones. Su respuesta fue una demanda por calumnia argumentando que todo es un montaje para acabar con su buen nombre.

En el entorno local, varias mujeres realizaron el 8 de marzo su propio mural en rechazo al acoso en la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí expusieron a varios estudiantes con nombre, fotografía y una descripción de conductas denunciadas por las víctimas. Algunos de los implicados anunciaron que respondería con acciones legales, lo que puso sobre la mesa cuáles deberían ser los mecanismos adecuados para tramitar las denuncias.

La doctora Sonia Valencia, del Centro de Estudios de Género en la Universidad, es una de las promotoras de una ruta de atención propia en la institución para resolver este tipo de casos. Asegura que desde que se puso en práctica, a comienzos de 2019, la ruta ha tramitado denuncias que involucran a docentes, estudiantes y personal administrativo. “Algunas se han resuelto en términos de compromisos de no repetición, otras con procesos disciplinarios, otras han ido a autoridades externas”. No obstante, cree que es un tema que estamos “lejos de resolver” por las barreras que hay para que las mujeres hablen.  El reto, según ella es “que se asuma que la violencia contra las mujeres no es algo natural, que es algo que hay que eliminar de la vida cotidiana” para “construir relaciones que reconozcan la dignidad de las mujeres”.

Otras voces llaman a la acción directa y reivindican la exposición pública de los acosadores como un mecanismo válido y necesario en un país donde la justicia suele ser improcedente. Valentina Zapata es representante estudiantil y ha sido otra firme impulsora del Comité de Género y su ruta de atención en la UTP, pero señala varios problemas estructurales que hacen muy difícil que los casos se resuelvan. “La Fiscalía no tramita denuncias por acoso, si no hay violación o maltrato muy grave no actúan”.

Valentina justifica acciones como los escraches, algunos de los cuales ella misma ha liderado al interior del movimiento estudiantil: “el escrache es un mecanismo contra la violencia de género. La sanción social implica muchas más cosas que un procedimiento en la Fiscalía”. Insiste en que para la opinión pública “se vuelve importante abordar el tema cuando hay denuncias, pero no hay que esperar que llegue una denuncia para empezar a hablar del tema”.

Múltiples hechos de violencia y acoso reciben atención sólo cuando se hace la exposición pública del acosador, por la presión que esto genera ante la opinión y los medios de comunicación. El ejemplo icónico es el del movimiento Me Too, pero en Colombia tenemos casos emblemáticos como el del profesor Fredy Monroy en la Universidad Nacional, quien sólo fue destituido de su cargo cuando en 2019 circuló un video que lo mostraba intentando besar y acariciar una de sus estudiantes a la fuerza. Sobre Monroy ya pesaban quejas y denuncias formales de tres mujeres, al menos desde un año antes, sin que estos procesos hubieran trascendido.

Surgen también críticas a los escraches y denuncias públicas. Quizá la postura más célebre es la de Carlos Medina Gallego, un reputado violentólogo e investigador de la Universidad Nacional en Bogotá, quien terminó yéndose a golpes con un grupo de estudiantes en medio de una asamblea en septiembre del año pasado. Medina Gallego, sobre el que nunca ha habido una queja o señalamiento formal ni informal por acoso, ha sido acusado de “encubrir acosadores” tan solo por formular sus reparos a las denuncias que no siguen un proceso formal.

“Lo que yo he planteado es que el victimario también tiene derechos, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a ser derrotado en un juicio justo”, explica el profesor Medina. “La institucionalidad estatal y universitaria debe hacer un tratamiento adecuado de los casos. Con las víctimas se debe hacer justicia, pero me parece que las prácticas que están utilizando están lejos de hacer justicia. Es un feminismo que no contribuye a resolver el problema”, concluye Medina, recordando el caso del profesor Carlos Guillermo Páramo, quien fuera director del departamento de antropología de la Universidad Nacional. La casa de Páramo fue atacada y quemada con gasolina luego que un grupo de estudiantes lo acusara de “encubrir” a profesores acosadores en su facultad.

Arias opina que escraches y denuncias, aunque necesarias, pueden convertirse en un acto de venganza o de linchamiento público, “muchas veces el linchamiento no nos conduce a transformar el problema que queremos resolver”. Y en esto coinciden muchas de las activistas y colectivos, cuando afirman que el siguiente paso es conseguir mecanismos claros y confiables para la denuncia, prevención y protección.

“Como sociedad no queremos reconocer el acoso porque esto implicaría un cambio radical en lo que se entiende como violencia, en lo que se entiende como consentimiento, en lo que se entiende como las formas usuales para las relaciones entre hombres y mujeres”, dice Dávila. “Ver el acoso y reconocerlo como una violencia equivale a reconocer que la violencia de género es estructural y no sólo se da en los casos más aberrantes, sino que se da en niveles mucho más sutiles”.

Los límites de la violencia, que parecen tan claros en otros contextos, se tornan difusos y ambiguos en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Podemos lograr relaciones distintas sin espacio para la ambigüedad? Es un asunto que estamos lejos de resolver como sociedad mientras no haya un debate franco y abierto sobre el tema.

Mientras tanto, Fredy Monroy podría ser Javier, al que sus jefes prefirieron trasladar de facultad antes que expulsarlo, luego que decenas de estudiantes interpusieran quejas y denuncias formales contra él; pero Javier también debería llamarse Felipe, que tocó cierta noche a una de sus amigas sin consentimiento después de unos tragos; aunque Felipe no es muy diferente de Luis Fernando, que intimidaba y atosigaba con comentarios obscenos a una de sus compañeras usando perfiles falsos en Facebook, y Luis Fernando es un poco como Álvaro, al que las denuncias informales y también algún proceso judicial señalaron de acosador, sin que eso torciera jamás su brillante y exitosa carrera.