En Colombia, el Centro Democrático, el partido de Gobierno, fue el encargado de promover el miedo a una conspiración internacional. El desenlace de los acontecimientos en Chile y Ecuador, donde los gobiernos se vieron obligados a ceder a las pretensiones de las manifestaciones, debería servir como lección al gobierno Duque y a la clase política que lo respalda.

 

Por / Edgar Quintero Herrera y Mariana Durán

En medio de una región convulsionada, atravesada por estallidos sociales y la renuncia forzada de un presidente, Colombia entró en paro nacional. Convocado por centrales obreras y diversas organizaciones sociales para protestar contra la política económica del gobierno de Iván Duque, la movilización logró sumar a múltiples sectores de la sociedad con un amplio número de demandas y sin un liderazgo político claro. Las comparaciones con Bolivia, Chile y Ecuador son inevitables: gobiernos impopulares, clases medias que exigen redes de protección social más amplias y un apoyo creciente al autoritarismo.

En octubre, la tensión y la incertidumbre se apoderaron de la política latinoamericana. Ecuador fue el primer escenario del nuevo ciclo político. Una gran movilización indígena irrumpió en las calles de Quito, exigiendo la derogación de un decreto donde el gobierno de Lenin Moreno aplicaba una serie de medidas económicas. Entre ellas, la eliminación de los subsidios a la gasolina. La presión de las protestas obligó a Moreno a trasladar la presidencia a Guayaquil, occidente del país, evitando las manifestaciones que se tomaron el centro de la capital.

Ecuador fue el primer escenario del nuevo ciclo político. Una gran movilización indígena irrumpió en las calles de Quito. Fotografía / El Comercio

En paralelo a la crisis ecuatoriana, el aumento del precio del pasaje del metro de Santiago, en Chile, fue el catalizador de una serie de protestas masivas. Las demandas de los manifestantes desbordaron el malestar por la medida y se transformaron en una crítica generalizada a la clase política chilena y a las condiciones sociales de la población. La imagen de una democracia consolidada y una economía de mercado exitosa encaminada, según los indicadores internacionales, a tocar las puertas del mundo desarrollado, se desdibujó ante el espejo de cientos de miles de personas lanzadas a las calles.

Y para completar el cuadro nervioso que sufre la política en el sur del continente, los fantasmas de la represión, tan común en el siglo XX, reaparecieron en Bolivia. El 10 de noviembre, el presidente Evo Morales renunció después de cerca de 14 años en el poder, presionado por el ejército y por intensas protestas en contra de su gobierno. La ruptura constitucional tuvo como antecedente las elecciones presidenciales del 20 de octubre, donde la oposición acusó al tribunal electoral de manipular los resultados a favor de Morales. Las denuncias de fraude fueron respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y generaron una crisis política de consecuencias insospechadas y que hoy siguen encendidas.

 

Conexiones regionales

No es fácil trazar una línea común que conecte a los acontecimientos políticos que han desestabilizado a la región en los dos últimos meses. La acumulación de demandas sociales insatisfechas que convergen en una movilización nacional, con un gobierno debilitado por bajos niveles de popularidad, pueden igualar los casos de Chile y Colombia. La discusión sobre el régimen pensional y, en general, los bienes y servicios del Estado de bienestar, como la salud y la educación, son puntos que están en el centro de sus protestas en ambas naciones. Por el contrario, Ecuador y Bolivia comparten las contradicciones de sus sistemas políticos, dominados durante más de una década por dos figuras potentes: Rafael Correa y Evo Morales respectivamente.

Lenin Moreno llegó a la presidencia de Ecuador con el mandato de continuar las políticas de Correa, crítico del orden económico internacional. Sin embargo, Moreno rompió con su antecesor y abandonó las banderas del correísmo. Negoció un préstamo de $500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solventar el déficit fiscal del país, condicionado a reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo. El decreto, finalmente derogado, desató la poderosa movilización indígena. El rechazo que sufrió su reforma tributaria por el órgano legislativo pareció confirmar que su gobierno, elegido bajo un signo progresista y una apuesta económica heterodoxa, carga aún con una herida abierta que socava su gobernabilidad.

En Chile y Colombia floreció el malestar y la presión ciudadana por ampliar el Estado de bienestar. Fotografía / El Mercurio

En Bolivia, por su parte, la concentración del poder por parte de Evo Morales, quien controlaba las mayorías del órgano electoral y el tribunal constitucional, empezó a quebrar las bases democráticas del sistema de gobierno y la alternancia en el poder, como una de sus condiciones básicas de la democracia. Es cierto que después de las elecciones del 20 de octubre, la oposición boliviana se lanzó contra el gobierno de Morales por fuera de la institucionalidad y fraguó un golpe de Estado con el respaldo decisivo de las fuerzas militares, pero minimizar la responsabilidad de Morales en la crisis política y el posterior vacío de poder es, simplemente, negarse a comprender la realidad compleja del país andino.

En Chile y Colombia floreció el malestar y la presión ciudadana por ampliar el Estado de bienestar. En Ecuador y Bolivia, todo eso son las consecuencias de dos sistemas políticos frágiles, dominados por hombres fuertes y carismáticos. Son muchos los matices nacionales, estructurales y de coyuntura, así como el origen y el comportamiento de sus actores políticos.  Todos comparten, finalmente, un marco común: el sostenido deterioro de las convicciones democráticas de los latinoamericanos.

Desde el 2010 el apoyo a la democracia ha disminuido en América Latina, según el Latinobarómetro. Salvo en Chile, donde aumentó tres puntos porcentuales, el 2018 registró en Bolivia, Colombia y Ecuador una caída frente al 2017. En este último de manera dramática: el entusiasmo por la democracia entre los ecuatorianos cayó un 19%.

El hastío de los latinoamericanos con la democracia coincide con los efectos de la crisis hipotecaria del 2008 y la caída de los precios de las materias primas, según el análisis del Latinobarómetro. Y ante las modestas perspectivas de la economía regional, el retroceso democrático sigue a la orden del día, transitando por un sendero del cual no se le ve claridad de a dónde puede llegar o desembocar.

Desde el 2010 el apoyo a la democracia ha disminuido en América Latina, según el Latinobarómetro.  Fotografía / Cortesía

Manual suramericano para superar una crisis política

Desde el acuerdo de la mayoría de partidos chilenos para abrir un proceso político que concluya en la redacción de una nueva constitución, hasta la autoproclamación como presidenta de la opositora Jeanine Añez, en Bolivia, sin las mayorías exigidas legislativas por la Carta Magna boliviana para reemplazar a un presidente que renuncia, el recetario suramericano para encauzar una crisis política es variado y caótico.

Las teorías conspirativas como causas de las movilizaciones sociales, generalmente relacionadas con la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, y renovadas recientemente con la supuesta presencia de agitadores del Foro de Sao Paulo, estuvieron presentes en las primeras respuestas de los gobiernos de Chile, Colombia y Ecuador.

En Colombia, el Centro Democrático, el partido de Gobierno, fue el encargado de promover el miedo a una conspiración internacional. El desenlace de los acontecimientos en Chile y Ecuador, donde los gobiernos se vieron obligados a ceder a las pretensiones de las manifestaciones, debería servir como lección al gobierno Duque y a la clase política que lo respalda.

Finalmente, las señales del presidente Duque sugieren que no ha tomado nota de lo que sucede en el vecindario. Durante las últimas semanas, aprovechó las declaraciones públicas para reducir el paro general a un asunto de orden público y sembrar la duda sobre el carácter pacífico de quienes salieron a las calles. La falta de voluntad política para abrir espacios de diálogo con los sectores sociales y el intento por restarle legitimidad a sus demandas, es un arma de doble filo. Y últimamente apunta en contra de los gobiernos. Aún es temprano para saber el desenlace, pero en los agitados panoramas del vecindario, Colombia hizo su ingreso a la paranoia e inestabilidad que, como una gripa, contagió desde hace meses a Suramérica.