Los concejales estudiaron el proyecto; resultados: 9, léase bien: 9 concejales, se declararon impedidos, lo que significa que 9 de 19 tienen cuotas burocráticas en la Administración, ahora creo que le llaman “mermelada”. De los 10 restantes que tomaron la decisión, solo 2 votaron en contra y 8 decidieron entregar su función política al Alcalde de la ciudad para que haga sin control alguno.

 

ADRIANAGONZALEZCOLUMNAPor: Adriana González

El Concejo Municipal pasado, en sus cuatro años de ejercicio político, nos costó a los pereiranos en total 12 mil millones de pesos. Los resultados de la actuación de los concejales no son tan alentadores que digamos.

Producto de no cambiar el reglamento interno en la forma de votación (de acuerdo al Acto Legislativo….), pretermitiendo la obligación de cumplir con la Constitución y la Ley, los concejales de Pereira votaron ilegalmente la mayoría de Acuerdos durante los cuatro años anteriores.

Los resultados son evidentes: el control posterior que puede hacer la rama judicial producto de las demandas ciudadanas ha suspendido provisionalmente: el POT, el Plan de Desarrollo de Enrique Vásquez, el Plan Parcial “Ciudad Victoria”, la contribución de valorización; y muy probablemente esas demandas se ganarán por la evidencia de la ilegalidad al momento de votación.

Ahora bien, ¿se justifica que los ciudadanos paguemos 12 mil millones de pesos en un Concejo municipal que nos ha dejado en el limbo jurídico? En mi opinión, no, y creo que si los mismos tuvieran algo de vergüenza deberían devolver sus honorarios al erario, pues evidentemente perdieron el examen.

Esta nueva administración montó su programa de campaña sobre “el cambio” y muchos de los actuales concejales también lo hicieron criticando las decisiones de los antecesores. Sin embargo, me atrevería a decir que van por el mismo camino.

Un ejemplo claro de lo anterior es nada más y nada menos que el proyecto de modernización o reestructuración administrativa que llevó el alcalde Juan Pablo Gallo al actual Concejo Municipal. En su proyecto da cuenta detallada de las necesidades del municipio, pero ojo: a renglón seguido pide poderes plenipotenciarios para actuar, para reestructurar y transformar el municipio de Pereira, sin control alguno, sin debate político y sin informar de sus actuaciones.

Los concejales estudiaron el proyecto; resultados: 9, léase bien: 9 concejales, se declararon impedidos, lo que significa que 9 de 19 tienen cuotas burocráticas en la Administración, ahora creo que le llaman “mermelada”. De los 10 restantes que tomaron la decisión, solo 2 votaron en contra y 8 decidieron entregar su función política al Alcalde de la ciudad para que haga sin control alguno.

La función de un Concejo Municipal, además del control político, es discutir lo que pasa sobre los temas de ciudad y las decisiones que el Alcalde municipal tome sobre el territorio. Sin embargo, si los concejales deciden otorgar poderes plenipotenciarios al Alcalde esto genera dos consecuencias directas.

La primera de ellas es una delegación incomprensible de “democracia”, pues quienes legal y constitucionalmente están para discutir y de alguna manera coadministrar entregan sus funciones esenciales al Alcalde.

La segunda es entregar la tarea esencial de “control”. La democracia occidental lleva más de doscientos años estableciendo medios de control político a quienes ejercen el poder, pues el poder sin control –y la historia lo ha demostrado, tanto en la derecha como en la izquierda– siempre termina abusando del mismo. Los excesos y los abusos del poder han sido por falta de control.

Por lo tanto, no le auguro a este Concejo un camino diferente al anterior –y espero ser la equivocada, por el bien de la ciudad–. Al parecer, los pereiranos nos gastaremos otros 12 mil millones de pesos –posiblemente mucho más–, en un Concejo que si bien ya aprendió a votar, ahora delega sus funciones –para las que fueron elegidos–. Tal vez se den nuevas demandas judiciales que vuelvan a dejar el Municipio en el limbo jurídico.