Si tal propuesta llegara a cristalizarse todo esto no hará más que empujar de nuevo a las mujeres a buscar el auxilio de los abortos clandestinos, con todas las consecuencias que ello trae para su vida y salud.

 

Por Gloria Inés Escobar

Hoy, después de doce años de haber logrado, al menos en el papel, que en tres casos las mujeres puedan legalmente interrumpir su embarazo de modo voluntario, este derecho adquirido a través de la lucha, se ve amenazado.

Estos doce años que han corrido después de que la Corte Constitucional aprobara el derecho de las mujeres a abortar en solo tres casos no han sido fáciles, al contrario, han sido dolorosos y tristes. Las mujeres que han querido hacer uso de este derecho han encontrado todas las trabas posibles por parte del Estado representado en sus funcionarios. Para no cumplir con lo que deben hacer, quienes tienen la responsabilidad de aplicar las normas se han inventado una serie de obstáculos que han hecho casi imposible acceder a este derecho.

Como si esto fuera poco, ahora se quiere poner una traba más, limitar el tiempo en que las mujeres puedan interrumpir su embarazo. Hasta ahora, no hay un límite de semanas para que una mujer pueda hacerlo pero a partir del caso de una mujer que logró acceder a un aborto a las 26 semanas de gestación, después de una larga disputa legal, la magistrada Cristina Pardo (quien en 2014 se declaró objetora de conciencia frente al aborto) ha aprovechado el hecho para revivir la discusión en torno a la interrupción del embarazo (para la magistrada, feticidio) y así llevar a que la Corte Constitucional examine la posibilidad de plantear un límite en los meses de gestación para que sea viable acceder al aborto legal en el país.

Este hecho a todas luces no tiene otra intencionalidad que tratar de poner más palos a la rueda de la despenalización del aborto. Si como está aprobada la sentencia que permite acceder a este derecho es difícil hacerla cumplir, ponerle límites de tiempo es dar una oportunidad de oro para que, a través de las ya acostumbradas dilaciones por parte del sistema de salud, les sea imposible a las mujeres abortar legalmente.

Si tal propuesta llegara a cristalizarse todo esto no hará más que empujar de nuevo a las mujeres a buscar el auxilio de los abortos clandestinos, con todas las consecuencias que ello trae para su vida y salud.

Finalmente, recordemos que todas estos obstáculos que se ponen para no aplicar la ley afectan casi que exclusivamente a las mujeres pobres y marginadas del país, pues como lo hemos repetido infinidad de veces, para una mujer con recursos económicos el problema de ineficiencia, negligencia y negación de prestación de servicios médicos para interrumpir un embarazo se soluciona con dinero en una clínica privada o en el extranjero.

Hay que defender el derecho ganado y continuar la lucha por la despenalización total del aborto sin ninguna restricción.

Por las mujeres más pobres y marginadas: ¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito!