En ambos casos se trata de un abierto desafío a la filosofía de la Constitución cuando traza unas líneas claras de separación entre lo político, vale decir, lo público y lo religioso, que pertenece al fuero privado de cada persona.

 

Por: Gustavo Colorado Grisales

Cuentan las crónicas que monseñor Miguel Ángel Builes se paraba en el púlpito y proclamaba ante una iglesia repleta de feligreses, en su mayoría campesinos, que matar liberales no era pecado.

Como quien dice, un pastor encargado de promover la paz le daba a su rebaño licencia para matar prójimos en razón de su filiación partidista.

Y eso sucedió en los años más duros de la violencia entre liberales y conservadores, una guerra civil no declarada que duró por lo menos cuatro décadas y dejó alrededor de doscientos mil muertos.

Builes no era el único. Por esas fechas también se hicieron notorios clérigos como Cayo Leónidas Peñuela y Fray Mora Díaz en Boyacá, así como Daniel Jordán en los santanderes.

Todos tenían por lo menos dos características en común: un conservadurismo a ultranza y una intransigencia total frente a las libertades ajenas.

Vuelvo a evocarlos después de leer en los periódicos dos noticias que, en apariencia, no pasan de ser nuevos episodios en este catálogo infinito de lo pintoresco y de la sinrazón nacional.

En el primer caso, la alcaldesa encargada de Yopal, capital del departamento del Casanare, firmó antes de retirarse el decreto 036 del 9 de junio de 2017, a través del cual “hace entrega simbólica del municipio de Yopal al señor Jesucristo”.

¡Pobre Cristo! Pensé, luego de confirmar que no era una broma de esas que brotan por generación espontánea en la Internet.

Para quienes no lo saben, Yopal es una población con problemas gravísimos derivados de la corrupción, de la presencia de multinacionales petroleras y de la injerencia paramilitar en su territorio.

 La carencia de un acueducto que responda a las necesidades de la población es apenas uno de esos problemas. 

De modo que endosarle la tarea a Jesucristo constituye por lo menos un acto de irresponsabilidad política: igual que Pilatos en el relato bíblico, la mandataria se lavó las manos… con agua contaminada, supongo. 

La obligación de un gobernante consiste en gestionar con criterios técnicos, éticos y jurídicos los recursos y expectativas de quienes los eligieron. Sus creencias religiosas, igual que las de todos, son un asunto privado.

Pocos días después, el 28 de junio, Óscar Yonny Zapata, el alcalde de Aguadas, Caldas, una población conservadora como pocas en Colombia, anunció que seguiría el ejemplo de su colega de Yopal, aunque fue más osado: prescindiendo de intermediarios le entregaría su pueblo a Dios en persona.

Dejamos de lado el hecho incontrovertible de que estamos ante una evidente violación a los principios constitucionales de libertad de cultos. Más aún, la Constitución de 1991 define a Colombia como un país laico.

Y es aquí donde lo que parece una muestra más de nuestra capacidad para el esperpento merece un poco de atención.

En ambos casos se trata de un abierto desafío a la filosofía de la Constitución cuando traza unas líneas claras de separación entre lo político, vale decir, lo público y lo religioso, que pertenece al fuero privado de cada persona.

No es casual que las dos decisiones hayan sido proclamadas en junio, el mes de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús.

Es decir, se trata de un desplante a la institucionalidad que los mandatarios juran defender.

Y eso, en un país que intenta curarse las heridas de sus muchas guerras internas, resulta alarmante.

No olvidemos que habrá elecciones presidenciales en 2018. Y uno de los precandidatos es el exprocurador Alejandro Ordóñez, un hombre que no duda en calificar de aberraciones las libertades individuales, protegidas después de años de luchas emprendidas desde la legalidad.

Además Ordóñez invoca a la “Colombia creyente”, sugiriendo de paso que no solo apela a los votos católicos sino a los de las innumerables sectas que se multiplican cada día en el país, amparadas en el mencionado principio constitucional de libertad de cultos.                                        

Visto así, lo de Yopal y Aguadas puede ser un ensayo. Un arrojar el anzuelo a ver quién pica.

Si usted los analiza bien, notará que hay similitudes entre esos discursos y los de monseñor Builes y sus amigos.

De esas experiencias se concluye que el maridaje entre política y religión no conduce a nada bueno.

Razones suficientes para estar alerta. Siempre cabe la posibilidad de que desde Aguadas y Yopal se desate una nueva forma de locura colectiva.

Aquí somos así.

Por lo pronto, elevaré una plegaria para que alguien se apiade de Dios. No vaya a ser que al nuevo presidente de Colombia, en lugar de trabajar para mejorar las cosas, se le ocurra endosarle el destino de este maltrecho país.

PDT: les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada.

 https://www.youtube.com/watch?v=dvk6ovIuozE