Han resucitado todas las alertas que se dieron en 2019, con la llegada del tan cacareado control preventivo y concomitante en manos de la Contraloría General de la República.
Escribe / Mauricio J. Tafur – Ilustra / Stella Maris
Hace tres años, en los pasillos del Congreso, empezaba una maratónica carrera por parte del señor contralor saliente, el pereirano Carlos Felipe Córdoba, para cocinar su tan polémica reforma constitucional al control fiscal. Tal tarea, en efecto, le demandó innumerables horas de cabildeo al lado de congresistas de todos los partidos políticos, y para conseguir mayor velocidad de aprobación a la reforma, el contralor poseía una carta propia de prestidigitadores. Un total de 2.600 nuevos cargos creados serían la golosina perfecta para ganar adeptos por montones y en tiempo record, contemplar ahora desde la Constitución el remedio a todos los problemas de la corrupción en Colombia: el rimbombante control preventivo y concomitante.
Según investigación reciente de Blu Radio, se hizo pública denuncia que gravita alrededor de exigencias de coimas millonarias por parte de funcionarios públicos que participan en los OCAD PDET Paz, en lo que aparenta ser un saqueo de más de 500 mil millones en recursos de regalías, que no llegaron a los municipios más pobres y golpeados por la violencia en el país. Un presunto latrocinio, en el que aparecen dos protagonistas estrellas: se trata de Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz Monsalvo, contralores delegados de postconflicto y de regalías, respectivamente, quienes que de acuerdo con la reportera Valeria Santos estarían cobrando 2 por ciento del monto de cada proyecto para dar concepto favorable a las propuestas presentadas en el OCAD, cuya secretaría técnica es ejercida por el Departamento Nacional de Planeación.
De tal forma que, frente a ese hecho tan grave, han resucitado todas las alertas que se dieron en 2019, con la llegada del tan cacareado control preventivo y concomitante en manos de la Contraloría General de la República. Para esos días, previa aprobación exprés de la reforma al control fiscal, quien puso todas las banderas rojas en los escritorios del Congreso fue la representante a la Cámara por Bogotá Juanita Goebertus, al ser la autora de ponencia negativa a la reforma, que era defendida con efusivo entusiasmo por las bancadas afines al gobierno de Iván Duque, el contralor, el auditor general y los ocho sindicatos de Felipe Córdoba.
Para efectos de síntesis, reseñaré entonces las principales preocupaciones que se plasmaron en dicha ponencia negativa, donde se advertía del daño institucional que traería consigo el control preventivo y concomitante, al advertirse que, en la práctica, este acabaría convertido en un control previo. Mecanismo perverso y por eso condenado a desaparecer en la redacción de la Constitución de 1991, debido principalmente a su alto grado de incentivos corruptos en la aprobación de cualquier proceso contractual público.
La historia que se repite
En vigencia de la Constitución Política de 1886, a partir del acto legislativo Nro. 1 de 1945, se contempló la siguiente disposición normativa constitucional:
“Artículo 93. El artículo 209 de la Constitución quedará así: La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la Contraloría General de la República”.
La Contraloría será una oficina de contabilidad y de vigilancia fiscal, y no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes al desarrollo de su propia organización.
El Contralor General de la República será elegido por la Cámara de Representantes para períodos de dos años (ver).
De esta disposición modificatoria de la Constitución de 1886 se derivaría la Ley 58 de 1946, la cual le daba competencia exclusiva al Contralor para conocer de todos los casos relacionados con la administración de los recursos del Estado, instrumento el cual sería posteriormente reglamentado por medio del Decreto 925 de 1976, y que explicaba entre otras cosas, los alcances del control previo y perceptivo, los cuales se mantuvieron vigentes hasta la expedición de la Constitución Política de 1991.
Surge entonces una pregunta, que consiste en saber: ¿por qué razones fue llamado a desparecer el mencionado control previo y perceptivo a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991? La respuesta a dicho interrogante se encuentra en que el control previo consistía fundamentalmente en la revisión de los actos antes de su ejecución y el control perceptivo se traducía en la revisión de los actos en el momento mismo de su ejecución. Mecanismos que “tuvieron sentido mientras lo permitieron el tamaño del Estado, así como su volumen de contratación, pero por razones del crecimiento nacional, los avances en materia tecnológica y el concomitante incremento de las prácticas corruptas, terminaron por convertir a dichos controles en talanqueras para el progreso del mismo” (Vásquez, 2000) y en palabras del anterior contralor general de la república, Edgardo Maya Villazón, el control previo que existía antes de la Constitución del 91 “se terminó porque se volvió extorsivo.” (ver)
Por lo que debido a los pésimos antecedentes de corrupción alrededor del control fiscal previo en cabeza de la contraloría y a la coadministración extorsiva que de ella se derivó, conllevó a que los constituyentes de 1991 decidieran prohibir tajantemente cualquier participación del organismo de control fiscal en las decisiones administrativas de sus vigilados, y “Por esta razón, la Constitución creó un control de primer nivel de naturaleza preventiva y administrativo que llamó control interno, para diferenciarlo del control externo, de segundo nivel, y de naturaleza posterior y selectiva” (ver). En fin, el tan controvertido control fiscal previo, en la práctica, se manifestaba como una coadministración, en la que la realización de las funciones de la administración eran obstaculizadas por la contraloría, a su vez, daba lugar a congestión en la entidad de control fiscal y a incentivos perversos para la corrupción, todo con el fin de lograr la agilidad de la ejecución del presupuesto.
Pues bien, todo esto acabó reproducido literalmente en el reciente escándalo antes mencionado, en el que los alcaldes, para obtener la aprobación de sus proyectos PDET paz en el OCAD, debieron ceder a las coimas que le exigían los dos contralores delegados que fueron nombrados por el ya famoso, pero debido a sus constantes escándalos, Pipe Córdoba. Lo que, en palabras de Valeria Santos en su columna de la revista Cambio el pasado 2 de julio, lleva a creer que: “cuando pensamos que no podíamos caer más bajo, conocimos que el contralor Felipe Córdoba se inventó un control concomitante, que en la práctica y en los OCAD Paz actuó como un control previo. Según las denuncias, eso sirvió para presionar a los alcaldes a pagar dádivas so pena de no contar con el concepto favorable”.
Definitivamente, la historia se repite siempre, primero como tragedia y ahora como una vulgar farsa con atisbos de corrupción, esto de acuerdo con los 25 alcaldes de municipios PDET que aparecen como denunciantes en la investigación adelantada por Blu Radio, quienes decidieron no callar más y parar por fin las extorsiones a las que se veían sometidos.